La vicepresidenta no cree que el hecho fue planificado únicamente por Sabag Montiel, Brenda Uliarte y “los copitos”. La querella presentó pruebas e indicios que apuntan a grupos de derecha financiados por empresarios ligados al macrismo. La Jueza capuchetti desestimó esas rutas investigativas y se circunscribió al «grupito de loquitos sueltos». Continúa la investigación sobre el diputado Milman, ligado a Patricia Bulrich, pero sin voluntad de investigar a fondo.
¿Cómo se planificó el atentado a Cristina y las dudas que los investigadores aún intentan esclarecer?
Grupos y referentes de la nueva derecha y libertarios; el diputado Gerardo Milman (entonces aliado central de la candidata presidencial Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio); la vecina de Fernández de Kirchner y una panelista de Crónica TV están mencionados en el expediente en distintas presentaciones de la querella que representa a Fernández de Kirchner como posibles vínculos con los autores ya identificados: Fernando Sabag Montiel (autor material del intento de homicidio agravado, el hombre que apuntó a la cara de CFK), Brenda Uliarte (co-autora, señalada como instigadora); y Gabriel Nicolás Carrizo, presunto partícipe secundario.
Sin embargo, hasta el momento, las pistas han sido analizadas por dos jueces y dos fiscales de instrucción -en el expediente del atentado y otros sobre el grupo Revolución Federal- y tres jueces de la Cámara Federal de Apelaciones sin avances contundentes que prueben una conexión directa de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo con posibles responsables políticos o intelectuales del intento de magnicidio.
El juicio
Los tres procesados por el hecho deben afrontar un juicio oral y público pero ese escenario no será en el corto plazo. Todo indica, hasta ahora, de acuerdo con el expediente, que el intento de magnicidio fue planificado por una pareja de clase media-baja, recientemente encuadrada en el movimiento de la nueva derecha surgida a partir de la pandemia por el Covid-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, la crisis económica y la ausencia de una red de contención familiar y estatal.
El arma fue obtenida por Sabag Montiel de un vecino que había trabajado en seguridad. Todo indica que la bala no salió de la recámara por un error de procedimiento del hombre de 35 años y que su su pareja -quien lo humillaba y ninguneaba públicamente- quien lo habría instigado a cometer el hecho. “El acto fue más simple de lo que todos creen”, dijo Sabah Montiel en las entrevistas con los psicólogos que lo evaluaron en el último año. ¿Cuáles fueron sus intenciones? “Ajusticiar a una chorra” y “provocar una reacción en el pueblo”.
El expediente se encuentra en el Tribunal Oral Federal (TOF) número 6, que tiene una particularidad: los tres cargos están vacantes. Actualmente, está compuesto por los jueces Sabrina Namer, Ignacio Formari y Daniel Obligado, pero ocupan los cargos como subrogantes y estas subrogancias se sortean cada dos años. Por lo tanto, no es posible saber a priori quiénes serán los jueces que lleven adelante el juicio oral y público.
La fiscal a cargo de la acusación será Gabriela Baigún. La expectativa en los tribunales de Comodoro Py es que el TOF 6 fije fecha de juicio durante septiembre. A partir de entonces, comenzará un proceso previo a las audiencias públicas: las partes -fiscalía y defensas- podrán solicitar la producción de nuevas pruebas que no se hayan realizado durante la instrucción a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.
Último pedido
La última presentación de la vicepresidenta en el expediente plantea que la Justicia debe investigar a la panelista de Crónica TV Delfina Wagner, quien actualmente habita en la vivienda de Ximena Tezanos Pintos, vecina de Fernández de Kirchner en Recoleta. Según el escrito, podría ser el nexo entre la banda detenida por el intento de magnicidio, la organización Revolución Federal y el círculo del diputado del PRO Gerardo Milman, ya que una presunta socia de una de las colaboradoras del legislador también trabaja en el canal de noticias. El mismo canal en el que Uliarte y Sabag Montiel aparecieron poco tiempo antes del atentado protagonizando un móvil en la vía pública.
Una de las principales quejas de la querella, representada por los abogados penalistas Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira, es que la jueza Capuchetti no realizó a tiempo las medidas de prueba que podrían haber arrojado información sobre las pistas políticas, algunas de las cuales se están realizando actualmente tras la orden de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
En el juzgado, sin embargo, plantearon que no existían indicios suficientes como para ordenar medidas invasivas contra terceros, es decir, que las sospechas de CFK no estaban justificadas. La misma tensión se dio con la fiscalía de Rívolo, cuando el fiscal quedó a cargo de la instrucción. CFK intentó apartar a ambos magistrados del expediente, sin éxito
Pistas abiertas
Actualmente, el expediente por el intento de magnicidio tiene al menos dos medidas de prueba pendientes: el análisis del teléfono celular del diputado Milman; y una pericia caligráfica sobre una anotación hallada entre las pertenencias de Uliarte, hasta el momento, ideóloga del intento de homicidio.
Ambas medidas fueron solicitadas por la querella y ordenadas luego de varios meses.
Milman quedó involucrado en el caso el 23 de septiembre de 2022, cuando Jorge Alberto Abello, empleado administrativo del bloque del Frente de Todos en Diputados, se presentó como testigo ante la jueza Capuchetti y declaró que el 30 de agosto -dos días antes del hecho- escuchó en el bar Casablanca que el diputado Milman decía a dos mujeres jóvenes: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Luego, Abello dijo haber escuchado que una de las mujeres le preguntó a Milman por su chofer. “Lo mando a Tucumán porque es un hablador al pedo”, fue la respuesta que le atribuyó a Milman.
Los hechos fueron negados tanto por el diputado como por las dos mujeres, que resultaron ser la secretaría administrativa y una asesora de Milman en el Congreso.
Luego vinieron las declaraciones testimoniales de ambas empleadas parlamentarias, en las que hubo contradicciones que despertaron más sospechas. Pero ambas negaron haber escuchado a Milman pronunciar las frases atribuidas por el testigo Abello. Se analizaron los teléfonos celulares de las dos asesoras.
Más tarde, una de las mujeres se presentó ante la fiscalía para declarar que Milman había encargado el borrado de sus teléfonos y el propio a un técnico informático.
El abogado de Milman, Manuel Barros, argumenta que no existen “elementos objetivos” de una presunta participación o conocimiento del diputado opositor sobre el hecho -que es la palabra de Abello contra la de Milman y las asesoras- y que ordenar el secuestro de su celular implicaba invadir su derecho a la intimidad.
Ante la Cámara Federal porteña, Barros también afirmó en junio último que no habían surgido resultados positivos en el entrecruzamiento de los teléfonos de Milman, sus asesoras y Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo.
La querella considera que la jueza Capuchetti ha cometido “mala praxis” al negarse en reiteradas oportunidades a profundizar la pista Milman. “Milman no me da ni frío ni calor”, dijo Ubeira ante los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia durante la audiencia en la que la querella reclamó ante la Cámara Federal porteña el secuestro del teléfono del diputado. “No sé si Milman tiene alguna participación respecto de este acto pero hay cosas no tienen ningún tipo de explicación”, aseguró el abogado de Fernández de Kirchner.
La segunda medida que la querella quiere practicar es una pericia caligráfica a un escrito hallado entre las pertenencias de Uliarte que se refiere a “la regla de Tueller” para dilucidar si la joven es la autora de esa anotación. Los abogados de la vicepresidenta quieren descartar que Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo sean los autores de la anotación. ¿Por qué? Porque no creen que sea de ellos, dado sus escasos conocimientos sobre tiro y defensa personal.
La “regla de Tueller” es practicada principalmente dentro del ámbito policial, en materias como tiro policial o tácticas policiales. También se la conoce como la regla de los 21 pies (6,4 metros). Lleva su nombre por el sargento Dennis Tueller, del departamento de Policía de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, quien estudió cuánto tiempo se requiere como mínimo para que un policía pueda sacar su arma y disparar; 1,5 segundos. En ese tiempo, una persona en buen estado de salud puede correr 6,4 metros (21 pies, en el sistema métrico estadounidense).
Revolución Federal
El entonces interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, denunció en 2022 “un hecho que guarda estrecha relación con el intento de homicidio” de Fernández de Kirchner: la presunta actividad ilícita llevada a cabo por el grupo Revolución Federal en sus redes sociales y actos públicos. Este grupo encuadrado en la nueva derecha y en su momento aliado del candidato presidencial Javier Milei, es objeto de otra investigación en un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollícita.
“No podría descartarse el aporte de tal agrupación en el intento de homicidio de la actual Vicepresidente de la Nación, sea este la investigación de Brenda Uliarte, su auxilio, cooperación o financiación”, sostiene la denuncia de Rossi.
Sin embargo, la Justicia aún no ha encontrado ningún vínculo directo entre los integrantes de Revolución Federal y el intento de homicidio de Fernández de Kirchner.
Sólo hay datos aislados, como que el 18 de agosto de 2022, Uliarte concurrió a una manifestación organizada por el grupo frente a la Casa Rosada bajo las consignas “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”, y en la que arrojaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov contra la sede de Gobierno. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, fue otra de las consignas.
Los integrantes de Revolución Federal, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, están procesados por llevar adelante “un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Llevaron, por ejemplo, una guillotina al Obelisco y la Plaza de Mayo. También se encuentran procesados por amenazas e incitación a la violencia colectiva por los escraches a políticos y actos en la vía pública que terminaron con desmanes.
