El proyecto tiene la firma por los senadores Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio, Martín Doñate y José Mayans, el jefe de la bancada y el único de este grupo que votó a favor del acuerdo con el FMI.
Pero la vocera presidencial Gabriela Cerruti anticipó que no esta vez no hay grieta interna e informó por twitter que el gobierno nacional «valora» el proyecto, por lo que se entiende que tendría respaldo de toda la bancada y tal vez de los aliados que le dan mayoría al Frente de Todos en el Senado.
El gravamen subirá a 35% si los bienes se declararan pasados seis meses de entrada en vigencia de la ley. Y quienes ignoren el aporte y tengan bienes en el exterior podrán recibir una pena de prisión, como ya está establecido en la legislación vigente pero rara vez se aplica.
«Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero», aclararon los senadores en un comunicado.
El proyecto también incorpora la figura del colaborador para quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Obtendrán nada menos que un 30% de lo recaudado por la información que aporten.
La ley modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Y busca hallar a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país y continúen con actividad comercial en Argentina.
De esta manera, entre las entidades que podrán revelar las operaciones que realicen se mantiene el Banco Central de la República Argentina, pero tendrá acceso «directo a la información de cualquiera de las operaciones que realicen las entidades financieras».
Y también podrán acceder a los datos el jefe de gabinete, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS).
También «todos los entes u organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados, siempre que las informaciones respectivas estén vinculadas con el análisis y estudio de las tarifas o precios».
Los sujetos exceptuados, mencionados precedentemente, deberán guardar absoluta reserva de la información que llegue a su conocimiento y serán responsables ante cualquier incumplimiento de dicha obligación.
Según la información a la que accedieron los senadores del Frente de Todos, al 31 de diciembre de 2021 hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país.
Y sólo 69.000 millones de dólares se declararon, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020. Si se aplicara un 20% sobre el resto se recaudaría cerca de 70 mil millones, muy por encima de los 45 mil que se le debe al FMI.
«Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación- son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica», señalaron los senadores.
