Por: Enrique Mestres*

El frágil puente entre la ley y las aulas.

En la Argentina, la educación destinada a las minorías lingüísticas habita una paradoja constante: cuenta con un marco legal e institucional normativamente avanzado, pero enfrenta serias barreras estructurales y financieras que dificultan su aplicación efectiva. Desde las comunidades originarias del Gran Chaco hasta los centros urbanos y las zonas de frontera, garantizar la enseñanza sin perder la identidad cultural representa un desafío complejo que pone a prueba los compromisos del Estado.

Un modelo con respaldo constitucional.

El corazón de esta política es la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), consagrada por la Ley de Educación Nacional 26.206 como una de las ocho modalidades del sistema educativo, en consonancia con el artículo 75 de la Constitución Nacional. Su propósito es preservar e integrar las lenguas de los pueblos originarios —como el Qom, Wichí, Guaraní, Mapuzugun y Quechua— junto con el Español.

A diferencia del histórico enfoque asimilacioncita o de la educación transitoria —que usaba la lengua materna solo como un puente temporal hacia el castellano—, la EIB busca un modelo de mantenimiento y enriquecimiento. La meta es desarrollar ambas lenguas de forma continua e incorporar la cosmovisión y saberes de cada pueblo dentro del currículo escolar. Para lograrlo, se diseñó la figura del Auxiliar Docente Aborigen (ADA) o Maestro Bilingüe, quien conforma una «pareja pedagógica» junto al docente de grado.

La geografía del bilingüismo

La aplicación de estas propuestas traza una cartografía diversa a lo largo del territorio nacional. En el Norte originario, provincias como Chaco, Formosa, Salta y Jujuy concentran la mayor cantidad de escuelas EIB orientadas a las lenguas Qom, Wichí, Mocoví, Quechua y Chorote, mientras que en Misiones el enfoque se articula en torno a las comunidades Mbyá Guaraní. Hacia el sur, en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut, los esfuerzos se orientan a la revitalización del mapuzugun en zonas precordilleranas y rurales.

Esta dinámica bilingüe también se extiende a las zonas de frontera y a los grandes centros urbanos. En localidades limítrofes con Brasil, como Puerto Iguazú o Bernardo de Irigoyen, funcionan programas bilingües en español-portugués para dar respuesta al contacto lingüístico cotidiano. Por su parte, en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, la presencia de minorías migrantes e indígenas se aborda mediante programas de Español como Lengua Segunda (ELSE) y proyectos interculturales puntuales.

Análisis de las áreas críticas: los nudos gordianos del sistema.

A pesar de este andamiaje normativo, la brecha entre la teoría legislativa y la realidad cotidiana del aula se profundiza al examinar el funcionamiento interno del sistema. Uno de los nudos más complejos radica en la vulnerabilidad de la propia pareja pedagógica. Los Auxiliares Docentes Aborígenes suelen padecer una clara desigualdad frente al docente de grado titular, ya que carecen de la misma estabilidad laboral, remuneración y reconocimiento profesional. Esta falta de delimitación clara en sus funciones termina relegándolos con frecuencia a un rol de meros traductores de disciplina o asistentes secundarios, anulando su potencial como coeducadores en igualdad de condiciones.

A este escenario se suma la acuciante falta de materiales didácticos estandarizados y culturalmente pertinentes. Elaborar contenidos en lenguas originarias no implica realizar una traducción mecánica, sino encarar un proceso riguroso de adecuación fonética, semántica y cultural. La escasez de presupuesto frena de manera sistemática la edición de libros, cartillas y recursos digitales en lenguas como el wichí o el qom. Como consecuencia directa, las escuelas terminan recurriendo a textos estandarizados en castellano, lo que termina reeditando la imposición del idioma dominante por la vía de los hechos.

El problema se agrava al mirar la formación docente. La oferta de educación superior con especialización en interculturalidad es sumamente acotada en el país, lo que impide a los institutos terciarios cubrir la demanda de maestros formados en metodologías de enseñanza del español como segunda lengua o en la didáctica de lenguas originarias. Esto deriva en una situación cotidiana problemática: docentes criollos sin conocimientos de la lengua local son destinados a aulas bilingües sin contar con las herramientas pedagógicas mínimas para desempeñarse en ese contexto.

Todo este entramado desemboca en un fenómeno cada vez más visible: el acelerado desplazamiento lingüístico. En muchas comunidades, la sustitución del idioma materno por el español avanza a ritmo firme debido a la presión social y la influencia de los medios de comunicación. Esta realidad obliga a la EIB a redefinir su propia función. Cuando los niños llegan a la escuela siendo hablantes pasivos o monolingües en español, la institución ya no puede limitarse a enseñar en la lengua materna, sino que debe transformarse con urgencia en un espacio de revitalización lingüística para rescatar un idioma en riesgo de extinción.

El impacto directo del recorte presupuestario

La fragilidad de estos pilares se agrava considerablemente ante el repliegue y ajuste del gasto público en el área educativa. La reducción de las transferencias nacionales hacia las provincias y el congelamiento de los fondos específicos para programas socioeducativos asestan un golpe directo a la modalidad, comenzando por el congelamiento de cargos que impide nombrar nuevos auxiliares bilingües en las escuelas rurales que los necesitan con urgencia.

Asimismo, la parálisis en la inversión pública deteriora la infraestructura de los establecimientos interculturales, ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social y geográfica que sufren la falta de obras edilicias, la ausencia de conectividad y la escasez de recursos básicos. En última instancia, sin docentes capacitados, sin materiales adaptados y sin un acompañamiento pedagógico continuo, el sistema escolar se ve forzado a replegarse en la enseñanza tradicional y monolingüe en español, desmantelando en la práctica cotidiana el derecho constitucional a una educación intercultural.

Garantizar la Educación Intercultural Bilingüe en la Argentina exige superar la brecha entre la consagración legal y la práctica pedagógica. Si bien el país cuenta con las bases normativas para proteger la pluralidad lingüística y cultural, la sostenibilidad de este modelo depende de una inversión pública continua que fortalezca la formación docente, garantice la estabilidad laboral de la pareja pedagógica y provea recursos didácticos adecuados. Sin un compromiso estatal firme y federal, el derecho a una educación inclusiva corre el riesgo de reducirse a un enunciado retórico, postergando la deuda histórica con los pueblos originarios y las minorías del país.

* Enrique Mestres es Profesor en Ciencias Sociales especializado en Conducción Educativa.

La entrada Educación Intercultural Bilingüe en la Argentina: promesas de ley y aulas en tensión se publicó primero en Data Política y Económica.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes lo que definieron como una “nueva prueba” que, según sostienen, demuestra la inocencia de la ex presidenta en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria.

Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego dieron una conferencia de prensa en la que explicaron los alcances del nuevo elemento incorporado y brindaron detalles de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena contra la ex mandataria.

Beraldi fue el encargado de anunciar “la incorporación de un elemento nuevo, una nueva prueba que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente”.

El abogado aseguró además que las “tres toneladas de prueba” que había presentado la Fiscalía durante el proceso fueron “desvirtuadas” y consideró que las imputaciones formuladas contra la ex jefa de Estado resultaron “absolutamente falsas”.

“La verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada”, afirmó antes de explicar el origen de la documentación que ahora la defensa considera determinante.

Según relató, durante el juicio de la causa Cuadernos la Fiscalía presentó como testigo a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que exhibió una planilla de Excel en la que figuraba el destino de los fondos provenientes de un fideicomiso destinados a obra pública.

“Nosotros no habíamos podido ver eso antes”, señaló Beraldi. A partir de la aparición de esa información, que según explicó contenía el detalle de las inversiones realizadas mediante ese fideicomiso, los abogados solicitaron acceder a los datos e iniciaron su propio análisis.

---

De acuerdo con la defensa, el resultado contradice uno de los puntos centrales de la acusación en la causa Vialidad.

---

“Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el período de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”, afirmó Beraldi.

A partir de esos datos, el abogado sostuvo que queda desmentida la hipótesis de que desde el Poder Ejecutivo se hubiera montado un mecanismo para favorecer al empresario santacruceño.

“Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”, afirmó. También señaló que las empresas del empresario “estaban en lugares muy relegados” en relación con los fondos recibidos y que las firmas ubicadas en los primeros puestos “no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento”.

Beraldi calificó el hallazgo como “monumental” y explicó que, después de analizarlo, se comunicó con Valim y Borrego por considerar que la documentación podía tener implicancias más allá del ámbito judicial argentino.

“Era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas”, sostuvo.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner incorporó así este nuevo elemento a su planteo internacional contra la condena dictada en la causa Vialidad, mientras insiste en que la ex mandataria fue condenada de manera injusta y que la documentación conocida posteriormente permite cuestionar la hipótesis sobre un supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Báez.

La entrada La defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva prueba y afirmó que demuestra su inocencia en la causa Vialidad se publicó primero en Data Política y Económica.

 Redacción DATA Política y Económica

El Ministerio de Trabajo bonaerense tuvo que intervenir esta semana en el conflicto de Granja Tres Arroyos, una de las avícolas más importantes del país: dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos en Capitán Sarmiento (700), Esteban Echeverría (450) y Pilar (50), con quince días hábiles de plazo para que la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación negocien una salida. La compañía adjudicó los despidos a la caída de las exportaciones y a la gripe aviar; el gremio lo rechaza y sostiene que el consumo de pollo sigue en alza.

En paralelo, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses inició cortes de ruta en Cañuelas para exigir la convocatoria del Consejo del Empleo Municipal, previsto desde hace una década por la Ley 14.656 y nunca implementado. El Ministerio de Trabajo publicó la resolución reglamentaria, pero el gremio cuestionó que no respeta la representatividad de la norma y anticipó nuevas medidas de fuerza.

Ambos conflictos son la superficie visible de un cuadro fiscal más profundo: la Provincia pierde recursos por goteo constante desde Nación, ve caer su propia recaudación y administra ese doble estrangulamiento mientras el entramado productivo se achica y los reclamos salariales de sus propios trabajadores se acumulan.

Menos coparticipación federal

Según un relevamiento de Ámbito Financiero sobre datos de agosto, Buenos Aires fue una de las jurisdicciones con menor transferencia per cápita del país: $88.686 por habitante, apenas por encima de la Ciudad ($48.223) y muy por debajo de Tierra del Fuego ($428.125). El estudio señaló que el acumulado del año confirma una contracción de los recursos coparticipables: el conjunto de provincias más la Ciudad perdió 1,2% de fondos respecto de 2025, pese a una leve mejora en agosto por el buen desempeño del Impuesto a las Ganancias.

El ajuste se profundiza en el reparto que la propia Provincia hace a sus 135 municipios. Según Perfil, la coparticipación provincial cayó 9,5% real en el primer cuatrimestre, de $1,46 billones ajustados por inflación a $1,32 billones efectivamente girados. Luján —sede de esta redacción— figura entre los distritos con mayor caída real, junto con San Isidro, Saavedra, Leandro Alem, Lezama y Morón.

La recaudación propia también se cae

El segundo canal de la crisis fiscal es interno: la recesión erosiona la base imponible provincial. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, difundido por El Cronista, midió que la recaudación tributaria propia de provincias y la Ciudad acumula, a mayo, una caída real del 7,8% frente a 2023 —4,5% si se excluye a la Ciudad—. Ingresos Brutos, que explica el 76% de esa recaudación, fue el más golpeado: cayó 11,2% a nivel país, con 21 de las 24 jurisdicciones en baja.

Ingresos Brutos es el tributo de mayor peso en la estructura de ARBA, y su recaudación depende del nivel de actividad y de la facturación de las empresas radicadas en el territorio provincial: el mismo entramado que, según se detalla más adelante, viene cerrando plantas o achicando personal desde 2023.

Un déficit que crece y un gasto que se licúa

La combinación de menos coparticipación y menos recaudación propia llevó al Ejecutivo bonaerense a declarar la Emergencia Económica dentro de la Ley de Presupuesto 2026, invocando la recesión y el incumplimiento de Nación con las transferencias que le corresponden a la Provincia.

Los números del primer semestre, difundidos esta semana y relevados por Parlamentario, muestran el resultado: un déficit acumulado de $876.057 millones, con recursos totales de $20,74 billones (-1,4% real interanual) frente a un gasto recortado 2,6% real. El detalle por partida indica quién absorbe el ajuste: personal cayó 0,8% real, jubilaciones 0,3% y gastos operativos de funcionamiento 6,2%. La obra pública sufrió la contracción más pronunciada, con apenas $971.008 millones ejecutados. El único rubro que creció por encima de la inflación fue el pago de intereses de la deuda, 19,2% real.

El cuadro viene de arrastre: la ejecución 2025, según un análisis del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la UNLP, cerró con un déficit de $2,06 billones —5,6% del gasto total y 47% más alto que el del ejercicio previo—. El Presupuesto 2026 sancionado por la Legislatura, de $43 billones, destinó $1,7 billones a Promoción y Asistencia Social, $1,7 billones a Salud, $1,3 billones a Educación y $1,4 billones a Seguridad, pero la ejecución real del semestre muestra que esa prioridad declarada choca con la falta de recursos genuinos.

Cierres de empresas y desempleo

El correlato en la economía real es un desguace sostenido del entramado productivo. Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó al menos 3.165 cierres, ceses o bajas de comercios y unidades productivas en municipios bonaerenses entre fines de 2023 y septiembre de 2026, combinando registros municipales, cámaras empresarias y comunicados de las propias firmas. Su titular, Pedro Perrotta, remarcó que el fenómeno ya no se limita al cordón industrial del conurbano, sino que se repite en el interior de la mano de la caída del consumo.

En el plano industrial, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires contabilizó 1.306 cierres de unidades productivas entre 2023 y mayo de 2026, en un país que perdió 41.975 puestos industriales en ese lapso —el 44,8% en territorio bonaerense—. En julio, la producción industrial cayó 5% respecto del mes anterior y la construcción retrocedió 4,6%.

El caso de la cadena mayorista Diarco —que cerró su tercera sucursal en menos de un mes, esta vez en Jáuregui, Luján, tras Zárate y Tres Arroyos— resume ese deterioro del consumo mayorista en un distrito donde la industria textil, antes gran fuente de empleo local, ya venía golpeada. La empresa atribuyó las bajas a una facturación que no alcanza para cubrir los costos operativos. En La Plata, al menos 1.000 comercios comunicaron su cierre al municipio, en el marco de catorce trimestres consecutivos de caída en la Encuesta de Comercio de su Cámara local.

A nivel provincial, el Observatorio Económico que elabora CEPA ubicó la desocupación en 9,5% en el cuarto trimestre de 2025 —dos puntos sobre el promedio nacional— y en 9,7% en el Gran Buenos Aires durante el primer trimestre de 2026, frente al 7,8% del INDEC a nivel país. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 106.299 puestos registrados en la Provincia, cerca de un tercio del total nacional, y la desocupación juvenil llegó a 16,8% entre mujeres y 16,2% entre varones de 14 a 29 años. El propio ministro de Economía bonaerense, Pablo López, precisó que hay 137.000 desocupados más que en el primer trimestre de 2023 en los seis principales aglomerados urbanos de la Provincia.

El consumo acompaña esa caída: las ventas en supermercados del Gran Buenos Aires bajaron 10,2% real interanual en febrero, mientras la inflación acumulada desde diciembre de 2023 llegó a 320,2% en el mismo aglomerado y el salario real privado registrado cae 8% con la canasta de consumo actualizada. Como contracara, el pluriempleo creció: 11,8% de los ocupados del Gran Buenos Aires declaró tener más de un trabajo.

Salarios estatales: la paritaria que no cierra

El ajuste fiscal tiene, además, un correlato directo sobre los trabajadores del propio Estado bonaerense. Tras el acuerdo de julio con estatales y docentes —7% acumulado, 5% en julio y 2% en agosto, aprobado por márgenes estrechos en las asambleas—, la cláusula de revisión prevista para septiembre se activó apenas se conoció que la inflación de agosto fue del 1,7% y que el acumulado de los primeros ocho meses llegó a 21,3%.

ATE y la Asociación Judicial Bonaerense formalizaron sus pedidos de reapertura ante el Ministerio de Trabajo, y esta semana se sumó el Frente de Unidad Docente Bonaerense —SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP— con una nota al ministro Walter Correa. El reclamo docente viene de antes: el 30 de junio, el FUDB realizó el primer paro provincial desde que asumió Kicillof, exigiendo paritarias y protocolos ante la violencia en las escuelas; y a fines de agosto, listas opositoras de SUTEBA sostuvieron 48 horas de protesta pidiendo la reapertura salarial, la devolución de los descuentos por huelga y un salario inicial de $1.600.000, frente a los $2.037.149 que percibe hoy un maestro de grado con jornada completa y diez años de antigüedad.

La secuencia —estatales, judiciales y docentes reclamando al mismo tiempo— confirma que el ajuste del gasto en personal detectado en la ejecución del semestre se traduce, mes a mes, en salarios que corren detrás de una inflación que no cede.

Un ajuste que se retroalimenta

Los frentes descriptos se conectan entre sí. La caída de la coparticipación y de la recaudación propia reduce el margen fiscal para sostener gasto social, obra pública y salarios; el freno de la obra pública y el achicamiento del consumo golpean a las pymes, que cierran o despiden; y el mayor desempleo erosiona todavía más la base de Ingresos Brutos. Sobre ese terreno se montan los conflictos puntuales —Granja Tres Arroyos, los municipales de FeSiMuBo, los docentes del FUDB— como síntoma de una tensión que Kicillof deberá seguir administrando, con recursos cada vez más escasos, en un año marcado por la disputa electoral con la Casa Rosada.

La entrada El difícil camino de Axel se publicó primero en Data Política y Económica.

El ministro de Infraestructura bonaerense se reunió con autoridades de la compañía especializada en recursos hídricos, que presentaron sus líneas de trabajo y repasaron la colaboración técnica ya prestada para el desarrollo de una obra de regulación de estiajes en la cuenca del río Luján, que contempla la construcción de una presa inflable de 42,5 metros de longitud y 2,25 metros de altura operativa con financiamiento del CAF.

Por InfoGEI

–El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recibió a autoridades de la empresa Beijing IWHR Corporation (BIC), especializada en recursos hídricos e infraestructura hidráulica, quienes presentaron a las autoridades provinciales las principales líneas de trabajo que desarrollan y repasaron la colaboración técnica ya prestada a la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH) para intervenciones en la cuenca del río Luján.

La presa inflable de caucho BIC ofrece una solución flexible y eficiente para la retención de agua y la evacuación de crecidas. (Foto: BIC/InfoGEI)

La entrada Katopodis recibió a una delegación de la empresa china Beijing IWHR Corporation se publicó primero en Data Política y Económica.

Por Enrique Mestres

Paz, diplomacia y un país en encrucijada

Con un país atravesado por la tensión social y un complejo panorama socioeconómico, la confirmación del itinerario oficial del Papa León XIV para su histórica visita entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 ha puesto en marcha la maquinaria logística y política de la Argentina. Tras décadas de expectativas truncas por la ausencia de su antecesor, el pontífice pisará suelo argentino con una agenda que equilibra la diplomacia de Estado con una marcada presencia en los márgenes sociales.

El recorrido dará inicio el domingo 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la recepción de honores institucionales, la habitual ofrenda floral en el Monumento a San Martín y un encuentro privado con el Presidente Javier Milei en la Casa Rosada, antes de dirigir su mensaje a las autoridades y al cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Al día siguiente, la actividad se trasladará a la localidad bonaerense de Claypole para recorrer el Pequeño Cottolengo Don Orione, retornando a la capital para celebrar una Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, encabezar un encuentro con el sector productivo y sindical en la Universidad Católica Argentina, participar de un diálogo ecuménico en el Palacio San Martín y presidir las Vísperas en la Catedral Metropolitana.

La agenda continuará el martes 10 con el traslado aéreo a la provincia de Córdoba para presidir una Santa Misa y reunirse con el clero local en la Catedral de esa ciudad. Tras regresar a Buenos Aires para una vigilia nocturna con jóvenes, la jornada final del miércoles 11 incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de la capital y una Misa de clausura en la Basílica de Luján, despidiéndose de los voluntarios en la  Villa Marista antes de partir hacia Perú desde el Aeropuerto de Ezeiza.

Este despliegue se produce en un escenario político altamente polarizado, signado por el impacto de los ajustes económicos aplicados por el Poder Ejecutivo, reflejados en altos índices de pobreza y un sostenido endeudamiento de los hogares. Mientras la Casa Rosada busca proyectar el viaje como un hito de paz institucional, sectores de la oposición y organizaciones de la economía popular ven en la presencia del Papa un respaldo implícito a las demandas sociales. Frente a ello, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina han trazado una estricta estrategia de neutralidad que garantiza la interlocución con actores de todo el arco político, incluyendo a las autoridades de la Ciudad y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

En este contexto, la principal inquietud del viaje radica en el riesgo de que la figura papal sea instrumentalizada en la disputa política interna, sumado a la complejidad logística de las concentraciones masivas. Sin embargo, en el plano social predomina la esperanza de que su presencia actúe como un catalizador de reconciliación que desarme la brecha social. León XIV llega con un magisterio centrado en la construcción de una «paz desarmada y desarmante», la cultura de la escucha y la defensa de la dignidad humana, buscando ofrecer un espacio de articulación transversal en un momento crítico para la cohesión del país.

Concluyendo, la visita del Papa León XIV no se perfila únicamente como un acontecimiento religioso de gran magnitud, sino como una prueba de fuego para la madurez política y social de la Argentina. En un territorio habituado a las divisiones agudas, la presencia del Pontífice obligará a los diversos actores de la vida pública —desde el Gobierno nacional y los gobernadores hasta el movimiento obrero y las organizaciones sociales— a hacer un ejercicio de contención y moderación. El éxito de su paso por el país no se medirá en el número de asistentes a sus misas multitudinarias, sino en la capacidad de la sociedad argentina para asimilar un mensaje que busca correr el foco de la confrontación coyuntural y reordenar las prioridades alrededor de la paz, la cohesión social y la atención a los más vulnerables.

La entrada La visita de León XIV a la Argentina: Diplomacia, pastoral y el desafio de la unidad. se publicó primero en Data Política y Económica.

La entrada La timidez socialdemócrata frente al endeudamiento familiar se publicó primero en Data Política y Económica.

¡Hola! Data lo hacemos entre todos. Para lectores q saben que si la información es poder, la información que circula es poder que se democratiza. Si te gusta lo que publicamos y querés que lo sigamos haciendo, podés darnos una mano en el siguiente link:

https://cafecito.app/dpye

Muchas gracias.

La entrada El magma agotado: peronismo, representación y la reconstrucción de un proyecto nacional se publicó primero en Data Política y Económica.

Por Antonio Muñiz

En septiembre de 2026 un kilo de asado cuesta 18.500 pesos. Hace menos de tres años costaba 3.600. El salario mínimo, vital y móvil, apenas roza los 383.300 pesos brutos; neto de aportes, 318.554. La distancia entre esas dos cifras retrata un modelo que empobrece a quien produce y a quien trabaja, y enriquece a quien administra el dinero.

El mecanismo tiene un nombre técnico, carry trade, y una lógica que el economista Horacio Rovelli, profesor de Política Económica en la UBA, resume con claridad. El Banco Central frena la emisión monetaria muy por debajo de la inflación real; entre enero y agosto de este año la base monetaria creció apenas 11,17%, mientras los precios subieron 21,3% según el propio INDEC, y bastante más si se toman mediciones alternativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esa escasez artificial de pesos sostiene tasas de interés positivas en dólares que atraen capital golondrina. Entra, se pasa a activos en pesos, cobra una renta financiera extraordinaria y sale cuando quiere. El costo de esa timba lo paga la economía real.

La otra cara: jubilaciones, empleo y deuda de las familias

El ajuste no es abstracto. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026 el Estado nacional perdió 72.522 puestos de trabajo, una reducción del 21% de su planta; en el sector privado, en un período similar, cerraron 28.262 establecimientos y se destruyeron 341.396 empleos. Las jubilaciones y los salarios, tanto privados como estatales se ajustan por debajo del IPC oficial, que ya subestima la inflación rea.

Frente a la caída del ingreso, las familias recurrieron primero a sus ahorros y después al crédito: bancos, luego billeteras virtuales, finalmente el prestamista de barrio, muchas veces financiado por el narcomenudeo o la reducción de mercadería robada. Los registros de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA son contundentes: 5.923.788 personas en mora a julio de 2026, sobre 20,9 millones de sujetos de crédito. Más de uno de cada cuatro. La morosidad en las fintech —Mercado Pago y Tarjeta Naranja a la cabeza, que concentran el 54% del financiamiento a familias por ese canal— supera el 33,7%, con tasas que en algunos productos rozan el 1.000% anual. El artículo 175 bis del Código Penal tipifica la usura. Nadie lo aplica.

El espejismo de los sectores que «traccionan»

El discurso oficial exhibe a la minería, el agronegocio y la energía como prueba de que el modelo funciona. Un informe conjunto de la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta para 2026 una liquidación récord de esos tres complejos: 27.375 millones de dólares en el primer semestre y 29.793 millones estimados para el segundo, un volumen que empieza a romper la estacionalidad histórica ligada a la cosecha. Vaca Muerta explica buena parte del salto: la balanza energética marcó en el primer semestre el mayor superávit de la historia argentina para ese período, más de 6.987 millones de dólares, un 87% por encima del año anterior.

Lo que importa después del volumen exportado es el destino de esa renta. La balanza de pagos del INDEC del primer trimestre de 2026 muestra un ingreso primario deficitario en 4.676 millones de dólares, que neutralizó por completo el superávit comercial del período: las utilidades y dividendos girados al exterior por inversión directa se llevaron 2.447 millones, y los intereses de deuda otros 2.000 millones aproximadamente. El país produce el excedente; la renta se devenga y se remite afuera.

El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) calculó que la formación de activos externos —la fuga hacia el dólar como forma de ahorro— acumuló 12.957 millones de dólares en lo que va de 2026, alimentada en buena medida por los dólares del agro y de Vaca Muerta. Las utilidades remitidas al exterior se dispararon con la salida del cepo: de un promedio de entre 15 y 60 millones de dólares mensuales en 2023-2024 a un récord de 1.029 millones en junio de este año. Un informe del centro de estudios EJES sobre el sector externo agrega otra pata del mismo fenómeno: el servicio de la deuda financiera contraída para desarrollar Vaca Muerta demanda ya un egreso constante de 132 millones de dólares mensuales, divisas con destino comprometido desde antes de generarse.

El cuadro es consistente. Agro, minería y energía producen el excedente que el país necesita para no quedar atrapado en la restricción externa; pero buena parte de esa renta no se transforma en inversión productiva, salario o encadenamiento industrial dentro del país. Se dolariza, se remite como utilidad al exterior o se atesora fuera del circuito productivo, el mismo destino que el ahorro de las familias cuando pueden darse ese lujo.

El tipo de cambio administrado por el Central cumple una doble función en esta arquitectura. Mantiene competitiva la salida de divisas de los sectores exportadores primarios y, al mismo tiempo, le permite al Estado y a los deudores privados en moneda extranjera comprar dólares relativamente baratos para pagar servicios de deuda externa. El resultado es un mercado interno deprimido a propósito, funcional a maximizar el saldo exportable de energía, minerales y alimentos, mientras la ganancia extraordinaria de ese comercio se fuga en su mayor parte.

Un solo circuito, dos velocidades

Lo que atraviesa tanto la mora de las familias como la renta de los sectores extractivos es la misma valorización financiera por encima de la productiva. El DNU 70/23 desreguló el sistema de pagos y habilitó a las fintech a emitir tarjetas de crédito sin las regulaciones del sistema bancario tradicional, marco que sostiene también la lógica de bicicleta financiera que beneficia al capital golondrina. Rovelli señala directamente a JP Morgan como referencia de la gestión de Caputo y Bausili, en tanto principal beneficiario de esa renta extraordinaria.

Mientras tanto, el Decreto 484/87, que protege de embargos a quienes cobran hasta un salario mínimo, se incumple con frecuencia: bancos y billeteras virtuales llegan a embargar la mitad o más del sueldo de trabajadores endeudados.

La Cámara de Diputados nunca trató el rechazo al DNU 70/23 pese a tener media sanción del Senado. Ningún juez aplicó hasta ahora el delito de usura a una fintech ni a una entidad financiera, aun cuando el Código Civil y Comercial habilita reducir tasas abusivas por lesión subjetiva-objetiva.

La patria financiera atraviesa lo mismo la miseria del barrio endeudado que la riqueza del agronegocio exportador. Ambos alimentan, por vías distintas, la misma demanda de dólares y la misma renta financiera. El campo, la minería y la energía producen, pero buena parte de lo que generan termina, como el salario licuado del trabajador estatal, sosteniendo el diferencial de tasa que hace ganar al capital financiero mientras el aparato productivo se descapitaliza.

DPyE

¡Hola! Data lo hacemos entre todos. Para lectores q saben que si la información es poder, la información que circula es poder que se democratiza. Si te gusta lo que publicamos y querés que lo sigamos haciendo, podés darnos una mano en el siguiente link:

https://cafecito.app/dpye

Muchas gracias.

La entrada La patria financiera contrataca se publicó primero en Data Política y Económica.

Más de 1.500 empresarios participaron de Fabricando Futuro y debatieron sobre competitividad, empleo, valor agregado y el futuro de la industria argentina.

Las mejores fotos de Fabricando Futuro. EE

La industria argentina volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a buena parte del sector productivo: cómo competir, crecer, exportar y generar empleo en un mundo que cambia cada vez más rápido.

Más de 1.500 empresarios, industriales, emprendedores, comunicadores y especialistas de todo el país participaron de una nueva edición de Fabricando Futuro, el encuentro organizado por el Movimiento Industrial y La Fábrica Podcast.

Bajo el concepto «Industriales de corazón», la jornada reunió a referentes de distintos sectores para debatir sobre competitividad industrial, innovación, liderazgo, empresas familiares, valor agregado y las dificultades que actualmente enfrenta la producción argentina.

Paneles, entrevistas, conversaciones y espacios de networking marcaron un encuentro atravesado por una misma pregunta: ¿qué necesita la industria argentina para poder competir y crecer en los próximos años?

Industria argentina: competitividad, eficiencia y una estrategia de largo plazo

Uno de los principales consensos de Fabricando Futuro fue la necesidad de construir una visión estratégica de largo plazo.

Para los empresarios presentes, las transformaciones que atraviesa la economía global obligan a las empresas argentinas a modernizar procesos, ganar eficiencia, incorporar tecnología y aumentar el valor agregado de sus productos.

Pero también plantearon la importancia de que esa transformación pueda darse en un terreno que permita competir.

En ese contexto apareció repetidamente una palabra: competitividad.

Los industriales plantearon que el desafío ya no pasa solamente por producir, sino por poder hacerlo a costos competitivos y con capacidad para insertarse en mercados internacionales cada vez más exigentes.

La discusión aparece en momentos en que las pymes argentinas y distintos segmentos de la actividad manufacturera enfrentan un escenario particularmente desafiante, mientras el país busca ampliar sus exportaciones y ganar presencia internacional.

Oliver Maltz, presidente del Movimiento Industrial y cofundador de La Fábrica Podcast, destacó la convocatoria y reivindicó el rol de quienes producen.

«Para nosotros, ser industrial es un orgullo que se lleva en el corazón. Estamos felices de que la industria le interese a todo el país», afirmó.

Y explicó el concepto elegido para esta edición.

«Ser industrial es mucho más que tener una fábrica y producir: es comunidad, es estar entre nosotros y apoyarnos en las buenas y en las malas. Es buscar crecimiento con desarrollo a lo largo y ancho del país, entendiendo que todos los sectores son fundamentales. Nuestro propósito es generar trabajo en todo el país», sostuvo Maltz.

El peso de la industria en el interior del país

El desarrollo federal fue otro de los grandes ejes del encuentro.

Andrés Ekserciyan, autoridad del Movimiento Industrial, dimensionó la presencia que tiene actualmente la organización en el entramado productivo argentino.

«En el Movimiento tenemos presencia en 21 provincias del país, participamos en más de 30 sectores y brindamos 41.500 puestos de trabajo directos«, afirmó.

Ekserciyan también reconoció las dificultades que atraviesa actualmente buena parte del sector.

• ---

  «Estamos atravesando un momento complejo, pero estamos acá porque queremos seguir trabajando por la industria y el futuro de nuestro país», aseguró.

  ---

El punto resulta central para entender la discusión industrial argentina: detrás de las grandes compañías existen miles de pymes, proveedores y trabajadores distribuidos por distintas regiones del país.

Y, especialmente fuera de los grandes centros urbanos, una planta industrial puede convertirse en una de las principales fuentes de empleo y actividad económica de una ciudad o una región.

Empresas familiares: reinventarse para poder sobrevivir

Uno de los platos fuertes de Fabricando Futuro fue la denominada «mesaza industrial» de La Fábrica Podcast.

Participaron María Cherñajovsky, Vito Contessi y Sebastián Zuccardi, quienes debatieron sobre empresas familiares, sucesión, liderazgo, innovación e identidad.

Zuccardi puso el foco en uno de los grandes desafíos de cualquier compañía con varias generaciones de historia: no quedarse quieta.

• ---

  «Cada generación tiene que poner un ladrillo además del de la generación anterior», sostuvo.

  ---

También dejó una definición sobre la rentabilidad y el propósito empresarial.

«La rentabilidad es una condición, pero no un fin. Hay un sueño, una pasión y la posibilidad de llevar nuestra cultura a otros lugares», afirmó.

La discusión resulta particularmente relevante para la Argentina, donde buena parte del tejido productivo está conformado por empresas familiares que atravesaron durante décadas crisis económicas, cambios regulatorios y fuertes transformaciones tecnológicas.

La capacidad de innovar, atraer inversión y adaptarse a nuevas condiciones de competencia aparece cada vez más como una cuestión de supervivencia empresarial.

María Cher: «¿Cómo hago para tener mejores precios y competir?»

María Cherñajovsky, directora creativa de la marca de indumentaria María Cher, puso en palabras una de las preguntas que recorre actualmente numerosos sectores industriales.

«¿Cómo hago para tener mejores precios, competir, ser más artesanal, tener identidad única y que me sigan eligiendo?», planteó.

Para Cherñajovsky, la respuesta también pasa por mirar hacia adentro de las propias compañías.

«Me quedo con lo que vi recién: corazón, resiliencia, ser creativos, volver adentro», afirmó.

Y destacó el conocimiento acumulado durante años dentro de las empresas.

«Mi empresa tiene 25 años y está establecida, con equipos de trabajo con un saber enorme», aseguró.

El desafío combina dos dimensiones que atraviesan hoy al sector privado: mejorar costos y productividad, pero al mismo tiempo diferenciarse a través del diseño, la marca, la calidad y el valor agregado.

Contessi y un pedido a los empresarios: «Ponernos todos el mameluco»

Domingo «Vito» Contessi, referente del histórico Astillero Contessi, llevó la discusión hacia el orgullo por la producción y el trabajo industrial.

Recordó la historia de su empresa y particularmente la figura de su padre, a quien no le gustaba que lo definieran como empresario porque se consideraba, antes que nada, un trabajador.

«Estoy acá porque creo que es el momento de defender a la industria y ponernos todos el mameluco de nuestras empresas», sostuvo Contessi.

Y agregó: «Tenemos que estar orgullosos de nuestros mamelucos».

Su mensaje volvió a conectar la discusión sobre competitividad con otra variable central: el trabajo que genera el entramado productivo y su impacto sobre las economías regionales.

Jorge Brito: «Campo e industria como una sola cosa»

Otro de los protagonistas de Fabricando Futuro fue Jorge Brito, quien participó de una conversación sobre liderazgo, gestión y desarrollo productivo.

Brito planteó que la Argentina debería dejar atrás una de sus discusiones económicas históricas: el enfrentamiento entre campo e industria.

• «Como empresarios y como país tenemos la oportunidad de generar empleo agregando valor. Tenemos que entender que una discusión histórica que era el River-Boca, que era campo o industria, tenemos que empezar a ver al país como campo e industria como una sola cosa«, sostuvo.

También destacó el papel del valor agregado para generar empleo y mejorar las exportaciones.

«Los mejores países son los que exportan materia prima con valor agregado», afirmó.

El planteo toca uno de los debates estructurales de la economía argentina. No se trata necesariamente de elegir entre producción primaria e industrialización, sino de encontrar mecanismos para integrar cadenas productivas, procesar una mayor parte de los recursos localmente y luego volcarlos al comercio exterior.

Brito reconoció, además, el difícil escenario que atraviesan numerosos industriales y les dejó un mensaje.

«Que no bajen los brazos, que están viviendo —hablo por los industriales— un momento difícil, que sigan luchando por sus ideales y que nadie les diga qué va y qué no va», señaló.

Y agregó: «Que hagan lo que ustedes quieren, que sigan luchando que seguramente en algún momento vamos a encontrar la luz».

Ricky Sarkany: crisis, innovación y oportunidades

La jornada también incluyó una entrevista de Milagros Hadad a Ricky Sarkany, quien repasó la historia de su familia y su experiencia como empresario.

Sarkany recordó una frase que le transmitió su padre y que terminó convirtiéndose en una definición sobre innovación.

«Hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó», señaló.

La idea adquiere especial relevancia en un escenario en el que las nuevas tecnologías están transformando la producción, los modelos de negocios, el consumo y la forma en que las compañías compiten.

El empresario resumió además su filosofía alrededor de cuatro conceptos: actitud, aceptar, amar y altruismo.

Y dejó otra frase que despertó repercusión entre los asistentes.

«Los optimistas y los pesimistas nos vamos a morir igual, pero los optimistas vamos a vivir mejor», afirmó.

Premio al Emprendedor Industrial 2026: quién fue el ganador

Fabricando Futuro también fue escenario de la entrega del Premio al Emprendedor Industrial 2026, organizado por La Fábrica Podcast y el Movimiento Industrial.

El concurso recibió más de 150 emprendimientos de 18 provincias.

Después del proceso de selección quedaron seis proyectos finalistas, que tuvieron la oportunidad de presentar sus iniciativas durante el encuentro.

• Finalmente, el ganador fue Carmelo Dezeo, de Boogies Bakery, una empresa dedicada a la fabricación de panes de papa.

La elección combinó el voto del público en las redes sociales de La Fábrica Podcast, los asistentes al encuentro y un jurado integrado por Ema Fellay, de Entrenuts; Victoria Kopelowicz, de Tulipán y José Alfonso, de Rasta.

El premio incluyó $10 millones, una capacitación en Dirección de Empresas del IAE, el ingreso al Movimiento Industrial, una entrevista en La Fábrica Podcast y asesoramiento integral en logística de Southpost.

La participación de proyectos de buena parte del territorio argentino volvió a mostrar el peso que tienen los emprendedores dentro del ecosistema productivo y la búsqueda constante de nuevas empresas capaces de escalar.

El gran debate que atraviesa a la industria argentina

Más allá de las historias individuales, Fabricando Futuro dejó expuesto un debate mucho más amplio.

La industria argentina enfrenta el desafío de adaptarse a una economía mundial caracterizada por nuevas tecnologías, mayor competencia, cambios acelerados en los procesos productivos y consumidores cada vez más exigentes.

Para muchas compañías locales, eso significa revisar costos, incorporar tecnología, mejorar procesos, buscar nuevos mercados y encontrar productos en los que la Argentina pueda competir.

También implica discutir qué condiciones necesita el país para transformar recursos naturales y capacidades productivas en inversiones, exportaciones y puestos de trabajo.

Pero el mensaje que atravesó prácticamente toda la jornada fue otro: la transformación no necesariamente implica abandonar la industria, sino encontrar la manera de hacerla más competitiva.

Innovación, eficiencia, escala, identidad, inversiones, tecnología y valor agregado aparecen así como algunas de las claves de esa discusión.

En un escenario que los propios empresarios reconocen como difícil, más de 1.500 personas volvieron a reunirse alrededor de una idea común: la producción argentina todavía quiere discutir cómo crecer, en lugar de resignarse a desaparecer.

La entrada Industria argentina: más de 1.500 empresarios se reunieron y dejaron un fuerte mensaje sobre el futuro de la producción se publicó primero en Data Política y Económica.

El 11 de septiembre no encuentra este año motivo de celebración en las aulas argentinas. El calendario escolar conmemora a Sarmiento y el rol fundacional del maestro en la construcción del país; la realidad cotidiana de quienes enseñan describe otra cosa, un desmantelamiento sistemático hecho de salarios que no cubren la canasta básica, infraestructura que se cae a pedazos y un Estado que exige resultados pedagógicos mientras retira, año tras año, los recursos necesarios para producirlos.

Los números son elocuentes. Una encuesta del sindicato Ademys, relevada entre más de 500 docentes porteños, midió una jornada laboral real de 50 horas semanales (38 de trabajo presencial más 12 de tareas pedagógicas no remuneradas en el hogar, entre planificaciones, correcciones, informes y boletines); de esas 50 horas, apenas tres o cuatro son efectivamente pagas. A esa ecuación salarial deficitaria se suma un pluriempleo generalizado: docentes que venden productos de catálogo, que manejan como fleteros los fines de semana, que acumulan cargos en distintos distritos para cerrar el mes. El sistema educativo funciona, en buena medida, sobre ese excedente de trabajo gratuito que ninguna estadística oficial contabiliza.

La crisis salarial ingresa al aula bajo su forma más elemental, el hambre. Maestras y maestros de escuelas públicas describen un patrón repetido desde el conurbano hasta la Capital: chicos que llegan sin desayunar, que sostienen el cuerpo con el plato caliente del mediodía como única comida completa del día, que los lunes recién empiezan a recuperar lo que no comieron el fin de semana. Preguntar por fracciones a un estudiante con hambre describe, de manera literal, las condiciones en que se pretende sostener la currícula. El ausentismo, por su parte, tiene menos que ver con la desidia familiar que con la imposibilidad de pagar el boleto: sin plata para la Sube, no hay traslado posible y el circuito educativo se corta antes de empezar.

“Preguntar por fracciones a un estudiante con hambre describe, de manera literal, las condiciones en que se pretende sostener la currícula.”

A ese cuadro se suma el vaciamiento de la educación especial. El discurso oficial de “inclusión plena” convive con la reducción sistemática de escuelas especiales y de los recursos, humanos y materiales, necesarios para sostener trayectorias diferenciadas. Sin Acompañantes para la Inclusión Escolar, sin equipos interdisciplinarios, sin presupuesto, la inclusión queda en una palabra que traslada toda la responsabilidad a un docente solo frente a un aula sobrecargada; se anuncia inclusión mientras se desarma la infraestructura que la haría posible.

En el nivel medio, las reformas en curso profundizan el deterioro. Docentes de escuelas técnicas advierten sobre programas de acompañamiento vaciados de contenido pedagógico que, en los establecimientos donde ya se aplican, proyectan recortes de entre el 30 y el 40 por ciento de la planta docente. La inestabilidad laboral se suma entonces al deterioro salarial en un combo que expulsa vocaciones; cada vez menos personas eligen la docencia, no por falta de compromiso social, sino porque el Estado ofrece cada vez menos a cambio de una tarea que, en el discurso, se declara estratégica.

El deterioro no es privativo del nivel primario, ni de un solo distrito. En la educación técnica, la modalidad que forma específicamente para el trabajo, el ajuste suma un componente propio: el recorte del financiamiento nacional que financiaba talleres y equipamiento. El Presupuesto 2026 redujo un 84,5 por ciento los fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y avanzó sobre la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, que desde 2005 garantizaba un Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional coparticipable a las provincias. En la provincia de Buenos Aires, donde funcionan 800 instituciones técnicas a las que asiste medio millón de estudiantes, cerca del 40 por ciento de la matrícula secundaria bonaerense, funcionarios del área calificaron esa derogación como una amenaza directa a la modalidad. En la Ciudad de Buenos Aires el correlato es la privatización silenciosa del mantenimiento edilicio, organizaciones docentes denuncian que la repartición de Infraestructura Escolar dejó de existir como tal y que las reparaciones se derivan a empresas privadas a través de licitaciones que terminan costando más y cumpliendo peor. El resultado es el mismo en ambas jurisdicciones aunque cambien los mecanismos: menos plata para bancos, máquinas, talleres y edificios, mientras se sostiene el discurso de que la escuela secundaria y técnica debe formar para un mercado de trabajo cada vez más exigente.

La desfinanciación educativa no se agota en la gestión de cada escuela: tiene un correlato macro en las cuentas que Nación gira, o deja de girar, a las provincias. El FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente que durante años complementó el salario de maestros y maestras en todo el país, perdió vigencia a fines de 2023 y el gobierno nacional decidió no renovarlo; cada provincia quedó obligada a sostenerlo con fondos propios o a resignarlo directamente. Dentro del ajuste presupuestario de 2026 se sumó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, un mecanismo pensado para equiparar los sueldos entre provincias, por casi 9.000 millones de pesos, en paralelo a una caída de más del 60 por ciento en las transferencias no automáticas que la Nación envió a provincias y a la Ciudad durante el primer semestre del año, el segundo peor registro desde 2005. La misma lógica de licuación aparece del otro lado del sistema, entre los estudiantes secundarios. El Progresar, la beca que acompaña la escolaridad de miles de adolescentes de familias de bajos ingresos, permanece congelado en 35.000 pesos desde septiembre de 2024, dos años sin actualización nominal, mientras la inflación acumulada le hizo perder alrededor de un 80 por ciento de su poder de compra. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo o las jubilaciones, el Progresar no tiene fórmula de movilidad automática; su actualización queda librada a una decisión discrecional del Ministerio de Capital Humano, que hasta el momento eligió no tomarla. El ajuste no golpea solo dentro del aula: golpea antes, en la salida de miles de chicos y chicas del sistema por falta de sostén económico.

Ese contraste entre la retórica y la práctica presupuestaria no es nuevo, pero adquiere un tono particular bajo la actual gestión nacional. El presidente Javier Milei pisó apenas dos escuelas, ambas privadas, en casi tres años de gobierno, y en una de ellas calificó al marxismo como “programa satánico” ante estudiantes a los que arengó contra la prensa. La escuela pública, mientras tanto, queda relegada al lugar de la sospecha: familias inducidas a denunciar “adoctrinamiento” por mostrar material curricular sobre la última dictadura, un diálogo institucional roto antes de intentarse, docentes deslegitimados en su autoridad pedagógica por el propio discurso oficial.

El resultado de esta combinación (desinversión, sobrecarga administrativa, vaciamiento de la educación especial, precarización salarial, deslegitimación simbólica) es previsible, aunque se presente como sorpresa cada vez que se difunden los resultados de pruebas estandarizadas. Se le exige a la escuela que compense con vocación lo que el Estado le niega en presupuesto: que enseñe fracciones con el estómago vacío, que sostenga trayectorias de aprendizaje sin equipos de apoyo, que forme ciudadanía en un contexto de violencia social que los propios docentes describen como inédito en su intensidad. La pregunta ya no es por qué caen los indicadores educativos; es cómo podrían no caer bajo estas condiciones.

• Como advirtió la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, el ajuste impulsado bajo las condiciones del FMI generó una fuerte subejecución del presupuesto educativo: en materia salarial y de inversión, según sus palabras, “esta es la peor serie histórica en los últimos 30 años”.

LA VIOLENCIA COMO SÍNTOMA

A la crisis presupuestaria y salarial se suma, como anexo insoslayable, el aumento de la violencia dentro del aula, un fenómeno que ya no distingue entre pares y agresiones dirigidas al cuerpo docente. Un relevamiento del Ministerio Público Tutelar porteño entre 1.380 adolescentes de 12 a 18 años encontró que el 77,2% de las situaciones de violencia relevadas ocurre dentro del ámbito escolar, que un 37,8% se traslada o potencia en redes sociales bajo la forma de ciberbullying, y que seis de cada diez estudiantes de primaria sufren agresiones físicas o verbales de manera recurrente. A nivel nacional, la ONG Bullying Sin Fronteras contabilizó unos 140.000 casos graves de acoso escolar entre mayo de 2024 y mayo de 2025, cifra que ubica a la Argentina de forma persistente entre los diez países con mayor incidencia del problema.

Entre los propios estudiantes, otro relevamiento midió que un 34% reconoce haber agredido a un compañero, un 56% dice haber presenciado situaciones de violencia y un 46% recibió amenazas o agresiones físicas o verbales. Pero la violencia ya no se agota entre compañeros: también alcanza a quienes enseñan. En junio, un estudiante de 17 años le fracturó el rostro a golpes a un profesor de música de 37 años en un colegio de Tandil, que terminó hospitalizado con lesiones orbitales y maxilares que requirieron cirugía, un caso que se sumó a una serie de agresiones docentes documentadas en distintos puntos del país durante el año. Especialistas y gremios coinciden en que el fenómeno no nace en el aula, sino que la escuela funciona como caja de resonancia de una descomposición social más amplia, atravesada por la crisis económica y por un clima de agresión que también se legitima desde el propio discurso público. Frente a ese cuadro, la respuesta institucional privilegió la vía punitiva por sobre la preventiva: en febrero el Congreso aprobó bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una reforma que entró en vigencia el 5 de septiembre, mientras los reclamos gremiales por equipos de orientación escolar, acompañamiento psicológico y mayores recursos humanos siguen, en su mayoría, sin respuesta.

DATA POLTICA Y ECONOMICA

¡Hola! Data lo hacemos entre todos. Para lectores q saben que si la información es poder, la información que circula es poder que se democratiza. Si te gusta lo que publicamos y querés que lo sigamos haciendo, podés darnos una mano en el siguiente link:

https://cafecito.app/dpye

Muchas gracias.

La entrada Día del Maestro: no hay nada que festejar se publicó primero en Data Política y Económica.