Data Política y Económica https://datapoliticayeconomica.com.ar/ Sitio de noticias Político-económicas de la Provincia de Buenos Aires Mon, 02 Nov 2026 19:21:06 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 EEUU: El voto de los latinoamericanos puede ser decisivo https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/11/02/eeuu-el-voto-de-los-latinoamericanos-puede-ser-decisivo/ Mon, 02 Nov 2026 19:19:37 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50775 Las redadas de ICE y la campaña de persecución contra la comunidad latinoamericana han erosionado el apoyo que el republicano logró construir en 2024, clave para impulsarlo a la presidencia.  Por Beverly Fanon-Clay –  Los latinoamericanos se han convertido en uno de los grupos con más peso para inclinar la balanza electoral en Estados Unidos. […]

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Las redadas de ICE y la campaña de persecución contra la comunidad latinoamericana han erosionado el apoyo que el republicano logró construir en 2024, clave para impulsarlo a la presidencia. 

Por Beverly Fanon-Clay – 

Los latinoamericanos se han convertido en uno de los grupos con más peso para inclinar la balanza electoral en Estados Unidos. El peso demográfico de los votantes latinos se consolidó a principios del 2020, siendo claves para que Joe Biden se impusiera a Donald Trump, y en las presidenciales de 2024 pasó lo mismo: el voto latino fue crucial para que el republicano pudiera volver a la Casa Blanca. Y en estos comicios no es diferente; lo que sí ha cambiado es la visión de la comunidad sobre el republicano.

En 2024, los latinoamericanos ya representaban el 14,7% (36,2 millones) de todo el electorado en Estados Unidos, que destacaba el rápido ritmo de crecimiento de este grupo. Cada año, alrededor de 1,4 millones de latinoamericanos en EU adquieren el derecho al voto. El otro elemento que los ha convertido en un grupo con tanto peso es su elevada presencia en estados clave como California, Arizona, Texas o Florida.

Para estas midterms, los votantes de origen hispano representan alrededor del 20% del electorado registrado en casi dos docenas de contiendas electorales muy reñidas en la Cámara de Representantes en Arizona, California, Colorado, Florida, Pensilvania y Texas, así como en otros estados, según las últimas proyecciones de The New York Times.

Los votantes latinos también podrían ser decisivos en varias elecciones al Senado, incluyendo Texas, donde los republicanos lograron avances históricos dentro de la comunidad hispana en las dos últimas elecciones. En Iowa y Kansas, los otros dos bastiones republicanos que resultarán cruciales en la contienda para determinar el control del Senado, los votantes hispanos también podrían jugar un papel crucial.

Los latinoamericanos, que históricamente han tendido a votar en favor de los demócratas, dieron un giro cuando en 2024 decidieron respaldar a Donald Trump. Hace dos años, el republicano contaba con el apoyo del 44% de los votantes latinos, según Times Votes Trends. Finalmente, las proyecciones se tradujeron en un 42% de los latinos votando por él, una cifra que incluso superó la de George W. Bush en 2004 con este mismo grupo.

“Estamos despertando y no sólo en Texas”, declaró Elsa Flores, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), y agregó que no se esfuerzan únicamente para cambiar el control del Congreso, sino para modificar este estado y el país. Flores señala que dos situaciones están nutriendo la participación en estos comicios intermedios: el costo de la vida para los trabajadores y la persecución de los latinos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En coyunturas electorales siempre hay referencias al voto latino, pero Flores subraya que en esa minoría no hay un electorado homogéneo, es un abanico de comunidades con diferentes historias y experiencias. Pero ahora, “la economía es la cosa que nos va a unir a todos”. Señala que todos padecen los altos costos de acudir a un doctor, comprar alimentos y gasolina para sus auto, comparten esta carga financiera cada vez más difícil con empleados afroestadunidenses, asiáticos y blancos, y eso está nutriendo la participación electoral en repudio a las políticas de Donald Trump.

La dirigente, de origen hondureño, señaló a La Jornada de México que la persecución contra trabajadores inmigrantes y latinos provoca un clima de temor, obligando a estas personas a no salir a laborar ni ir a restaurantes o viajar, con consecuencias cada vez más severas para la economía local, además de provocar ansiedad entre sus familias. “Por ello, esta lucha es un tema personal para nosotros en SEIU, No ha sido una tarea que sólo hayamos tenido en la era del presidente Donald Trump, sino que viene de muchos años”.

 “Nuestra gente está luchando, todos a su manera, muchos salimos a la calle, pero también hay otros que se alistan para ir a votar y propiciar un cambio. Sabemos que hay otros que tienen miedo, pero buscan cómo decirle a su familia que sí pueden salir, que vayan a sufragar. Hay resistencia”, señala. «Esta vez el gobierno federal presenta a los trabajadores inmigrantes como “los villanos”. Además, “ahora ellos sienten que tienen todo el poder y no tienen que justificarle nada al Congreso o al Senado ni siquiera a la gente que votó por ellos. Cuando perciben que no hay nada frenándolos, no hay límites, entonces continúan cometiendo más abusos y la única manera en que los vamos a parar será saliendo a votar y lograr ese cambio que tanto necesitamos”.

Resalta que en realidad “no puede trabajar EU sin la comunidad migrante. Somos gran parte de él y tenemos hijos que van a ser los votantes del futuro. Por ejemplo, mis hijos votan pensando no sólo en ellos, también en toda nuestra familia, que tiene gran diversidad, ya que varios somos ciudadanos, otros tienen permisos de residencia temporal y algunos todavía no han conseguido ser legales. Entonces ellos miran a sus tíos, primos y sobrinos y dicen, ‘no, pues le está pasando esto a mi tía, a la prima’. Viven con miedo.

“Entonces nuestra gente, nuestros hijos votan por la familia, por lo que está pasando. Creo que eso hace un gran cambio y algo que los republicanos no quieren entender, que al final del día somos unidos, todos venimos a buscar algo mejor”.

A la entrada del edificio de SEIU en Houston hay una ofrenda que incluye fotografías de Lorenzo Salgado Araujo, Renee Goode, Alex Pretti, y otros más que fueron asesinados por agentes del ICE en diversas partes del país.Esta semana inauguraron un gran mural sobre una pared exterior del edificio que tiene al centro a Salgado Araujo, una imagen de un agente que agarra a un niño con una mochila escolar y tres manifestantes (una afroestadunidense, un blanco y un latino) levantando sus puños y una pancarta en la que se lee: “Fuera ICE”.

Esta vez el gobierno federal presenta a los trabajadores inmigrantes como “los villanos”; además, “ahora ellos sienten que tienen todo el poder y no tienen que justificarle nada al Congreso o al Senado ni siquiera a la gente que votó por ellos. Cuando perciben que no hay nada frenándolos, no hay límites, entonces continúan cometiendo más abusos y la única manera en que los vamos a parar será saliendo a votar y lograr ese cambio que tanto necesitamos”.

La cuestión no fue que Trump obtuviera más votos que su rival demócrata Kamala Harris —quien se llevó el 56%—, sino que logró ampliar con creces el margen dentro de ese mismo grupo, mientras que los demócratas sufrieron una bajada. En estas midterms, esta tendencia se revierte en la intención de voto de los latinos. Las redadas de ICE y la campaña de terror contra la comunidad latina liderada por Trump han mellado en la comunidad: ya sea cambiando la intención de voto o bien movilizando a los latinos que en 2024 no querían votar republicano, pero estaban decepcionados con los demócratas.

Dentro de los latinos que no votaron en 2024, un 47% dice ahora que votaría por un candidato demócrata en las legislativas, mientras que solo un 18% lo haría por un republicano, según la última encuesta del Pew Research Center. Una cosa que destaca el sondeo es que, en comparación con 2022, los latinos que se identifican como demócratas están mucho más movilizados que los que se identifican como republicanos. El 77% de los latinos que están registrados como demócratas creen que es muy importante quién gane el control del Congreso en estas midterms, frente al 58% del 2022.

 Entre los latinoamericanos que en 2024 votaron por Trump, al principio de su mandato, un 93% aprobó cómo el presidente estaba  gestionando su gobierno. Un porcentaje que ha caído hasta el 57% a las puertas de las legislativas. El terror de ICE ha contribuido en gran parte a esa desafección: un 30% de los votantes latinos que apoyaron a Trump en 2024 dicen que el presidente ha ido demasiado lejos. Otro elemento que también pesa es el coste de vida: la percepción de la economía bajo el segundo mandato de Trump ha empeorado entre los votantes latinos. Al inicio de año, un 57% aún consideraba que la gestión económica estaba yendo bien, pero la cifra cayó hasta el 34%.

 

*Socióloga estadounidense, profesora universitaria, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Traducción de Maxime Doucrot.

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]]> Netanyahu pierde su mayoría y Eisenkot queda a las puertas del poder, sin votos asegurados para gobernar https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/11/02/netanyahu-pierde-su-mayoria-y-eisenkot-queda-a-las-puertas-del-poder-sin-votos-asegurados-para-gobernar/ Mon, 02 Nov 2026 19:09:55 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50772 El exjefe del Estado Mayor reunirá más recomendaciones que el primer ministro ante el presidente Isaac Herzog, pero un gobierno suyo depende de partidos árabes que rechazan o condicionan sus principios y de aliados que prometieron no gobernar con ellos. Si llega, su programa reabre la investigación del 7 de octubre, la reforma judicial y […]

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]]> El exjefe del Estado Mayor reunirá más recomendaciones que el primer ministro ante el presidente Isaac Herzog, pero un gobierno suyo depende de partidos árabes que rechazan o condicionan sus principios y de aliados que prometieron no gobernar con ellos. Si llega, su programa reabre la investigación del 7 de octubre, la reforma judicial y el servicio militar de los ultraortodoxos.

 

Las elecciones del 27 de octubre dejaron a Israel sin mayoría parlamentaria. El bloque de Benjamin Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños de la Knesset; la oposición encabezada por Gadi Eisenkot, 48, y los partidos árabes, 19, la cifra más alta de su historia. El Likud conservó el primer lugar con 27 bancas, nueve menos que en 2022, seguido por Yashar, el partido de Eisenkot, con 21. La participación llegó al 77,97 %.

La aritmética favorece al exjefe del Estado Mayor solo si suma a la Lista Conjunta y a Ra’am: con ellos alcanza 67 votos; sin ellos, necesitaría alrededor de 13 desertores del oficialismo, una hipótesis que los analistas consultados por NPR consideran remota. Naftali Bennett, Avigdor Liberman y Yair Golan ya anunciaron que lo recomendarán, y un dirigente de la Lista Conjunta citado por el sitio Walla adelantó que las dos fuerzas árabes harán lo mismo. Si esos apoyos se confirman, Herzog, que recibe los resultados oficiales el 4 de noviembre y tiene plazo hasta el 11 para decidir, le encargaría a Eisenkot la formación del gobierno. Tendría 28 días, prorrogables por otros 14.

Las condiciones como obstáculo

El 31 de octubre, Eisenkot fijó cuatro principios para cualquier socio: reconocer a Israel como Estado judío, democrático, liberal e igualitario; adherir a los valores de la Declaración de Independencia; aceptar un servicio obligatorio, militar, nacional o civil, para todos los ciudadanos, y reconocer a Hamás como organización terrorista cuyo poder en Gaza debe ser destruido. Dijo que cualquier diputado que los suscriba puede sumarse.

Las dos fuerzas árabes respondieron de manera distinta. En la Lista Conjunta, Bakr Awawda, cuarto en la nómina, sostuvo que su partido no acepta esos principios y que Eisenkot debería retirarlos; su líder, Yousef Jabareen, descartó integrar un gobierno mientras continúe la ocupación de Cisjordania, aunque dejó abierta la posibilidad de votar desde afuera. Ra’am, que en 2021 fue el primer partido árabe independiente en una coalición, reconoce desde hace años el carácter judío del Estado y aspira a la cartera de Seguridad Interior. Su líder, Mansour Abbas, dijo que evaluará si cumple los criterios cuando sepa si existe un gobierno posible, y evitó calificar a Hamás como organización terrorista fuera de una negociación concreta.

Recomendar a un candidato, sostenerlo desde fuera del gabinete e integrar el gobierno son compromisos distintos. Por ahora, los partidos árabes solo anunciaron el primero.

La resistencia también está dentro de la oposición. Yashar, B’Yachad y Yisrael Beytenu prometieron no gobernar con partidos árabes, y Liberman reclama una coalición integrada solo por partidos sionistas. Golan es el único dirigente judío del bloque que defiende abiertamente el acuerdo con Ra’am. Netanyahu, por su parte, calificó de «prohibido» un gobierno con Abbas y con Ahmad Tibi.

Cuatro caminos para formar gobierno

La nueva Knesset jurará el 10 de noviembre, cualquiera sea el estado de las negociaciones. Netanyahu seguirá al frente del Ejecutivo en funciones hasta que un nuevo gabinete obtenga el voto de confianza, de modo que su salida todavía no es un hecho. Las alternativas en discusión son cuatro:

  • Gobierno de minoría de Eisenkot, sostenido desde afuera por los partidos árabes, que obliga a sus aliados a revisar su promesa de campaña.
  • Coalición con Ra’am, sobre el precedente de 2021, sujeta a un acuerdo sobre la definición de Hamás.
  • Unidad nacional, la opción que promueve Herzog. En el Likud circuló la idea de una rotación en la que Netanyahu gobernaría dos años antes de cederle el cargo; Eisenkot la rechazó, igual que la oferta de un ministerio.
  • Nuevas elecciones dentro de los 90 días, que serían las séptimas desde 2019 y mantendrían a Netanyahu en funciones durante toda la campaña.

¿Qué cambiaría con un gobierno de Eisenkot?

Eisenkot anunció que usaría la mayoría contraria a Netanyahu para impulsar de inmediato cinco medidas: una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre, el servicio nacional obligatorio para todos los ciudadanos, la ampliación de los efectivos del ejército, mejores beneficios para quienes sirven y la derogación de las leyes de la reforma judicial. Las tres primeras chocan con intereses concretos. La comisión independiente examinaría las decisiones del gobierno saliente, que promovió un mecanismo de designación política. El servicio obligatorio, con una exención limitada al 3 % de cada cohorte ultraortodoxa dedicada al estudio religioso, deja a Shas y Judaísmo Unido de la Torá fuera de cualquier coalición.

En seguridad, el programa de Yashar marca menos ruptura de lo que sugiere la campaña. Propone reemplazar el gobierno de Hamás en Gaza manteniendo un corredor de seguridad israelí, avanzar en la reconstrucción por etapas con un desarme parcial y desmantelar el brazo militar de la organización en 18 meses. Rechaza un Estado palestino, aunque considera a la Autoridad Palestina preferible a Hamás. En Cisjordania devolvería la administración civil y la coordinación policial a la esfera militar, lo que reduciría el control que hoy ejerce el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Frente a Irán sostiene la búsqueda de un acuerdo nuclear verificable y, si fracasa, restricciones garantizadas por Estados Unidos y acciones encubiertas contra su programa de misiles. En el Líbano respalda una zona de seguridad con mayor participación estadounidense y francesa.

Un gobierno sostenido por votos árabes tendría que gestionar una guerra en Gaza que esos mismos aliados rechazan.

Esa es la tensión central del escenario más probable. La Lista Conjunta condiciona su participación al fin de la ocupación de Cisjordania; el programa de Eisenkot descarta un Estado palestino y prevé mantener presencia militar en Gaza. Un gobierno de minoría dependería de esos votos para cada ley y cada presupuesto, y quedaría expuesto a que cualquier operación militar o incidente de seguridad rompa el apoyo externo. La salida de Itamar Ben Gvir y de Smotrich del gabinete, en cambio, coincidiría con las preferencias que la prensa israelí atribuye a la administración de Donald Trump, y podría facilitar la relación con Washington.

El primer mandato tiene buenas probabilidades de quedar en manos de Eisenkot. La mayoría para ejercerlo depende de que acepte gobernar con votos que prometió no necesitar, o de que Abbas acepte una definición sobre Hamás que hasta ahora condicionó a tener un lugar en el gobierno. Aun si lo consigue, su programa de seguridad y el de sus eventuales sostenes árabes apuntan en direcciones opuestas desde el primer día.

 

Informe especial para Data política y económica

 

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]]> La UIA, durísima con el modelo de Milei: «Las inversiones no están llegando» https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/11/02/la-uia-durisima-con-el-modelo-de-milei-las-inversiones-no-estan-llegando/ Mon, 02 Nov 2026 13:41:31 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50768 En un reportaje, el titular de la UIA deseó que «se frente este proceso de pérdida de empleo» y encendió alarmas ante un inminente ingreso en recesión económica durante el año electoral.   El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que el país atraviesa «un momento difícil a nivel de actividad y empleo» y […]

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En un reportaje, el titular de la UIA deseó que «se frente este proceso de pérdida de empleo» y encendió alarmas ante un inminente ingreso en recesión económica durante el año electoral.

La UIA, durísima con el modelo de Milei: "Las inversiones no están llegando"

 

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que el país atraviesa «un momento difícil a nivel de actividad y empleo» y se quejó de que las inversiones privadas «todavía no están llegando». También alertó por una posible recesión que podría causar el modelo de Javier Milei, que provocaría un escenario «muy complejo» para muchos sectores.

«A este ritmo, lo ideal ya sería que al menos se frene este proceso de pérdida de empleo y luego se revierta. El año que viene va a depender mucho de lo que haga el Gobierno. Si continúa tan fuerte con este apretón cambiario y monetario, seguramente vamos a tener que convivir con un mercado sin pesos y con una economía que no crecerá«, dijo Rappallini en diálogo con Clarín.

Para el dirigente industrial, la industria es uno de los grupos más afectados por el modelo económico libertario, debido a la caída de la actividad y la apertura de la economía. Según detalló, hay rubros que registran retrocesos de entre el 10% y el 20%, entre ellos el textil, el calzado, la metalmecánica y los materiales para la construcción.

 

«El Gobierno está muy focalizado en preservar a la Argentina de una crisis financiera pero estamos entrando en un momento difícil a nivel de actividad y empleo. La situación no es fácil de resolver, pero habría que buscar un equilibrio entre las dos», cuestionó.

Si bien reconoció que bajar la inflación «es importante», Rappallini pidió prestar atención a variables como el empleo y la actividad. «Por secar la plaza y dejarla sin pesos se puede bajar la inflación pero con un daño fuerte en la actividad y en el tejido empresario», lanzó.

La advertencia por una posible recesión

El titular de la UIA sostuvo que la entidad ya había advertido anteriormente sobre la falta de «condiciones» para una recuperación económica. «Nosotros ya lo veníamos viendo desde junio; lo vimos y lo alertamos. Señalamos que no había ni una reactivación ni condiciones para que hubiera una reactivación», afirmó.

En esa línea, planteó que el escenario podría agravarse si la economía no logra recuperar el crecimiento. «Si la Argentina este año termina con cero crecimiento y el año que viene sigue así o entra en recesión, seguramente será muy complejo para muchos sectores», planteó.

Las inversiones que no llegan y el vínculo con Brasil

Rappallini describió el momento actual como una transición entre un modelo en el que el Estado impulsaba la economía y otro en el que ese papel debería asumirlo el sector privado. Sin embargo, se quejó de que «estos motores no aparecieron en la dimensión requerida y los anteriores se frenaron».

«En este momento es ‘ahora tenemos que vivir con la dinámica económica que tenemos, hay que crecer por inversión y por crédito’, y esto es lo que está faltando. Las inversiones todavía no están llegando y el crédito no está en los niveles necesarios», apuntó.

Por último, reclamó normalizar las relaciones con Brasil, desgastadas por los insultos de Milei contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. «Sería bueno que en algún momento se normalice la relación con Brasil porque es el principal socio de la Argentina y es importante que el diálogo y el intercambio sean más fluidos», concluyó.}

 

EL DESTAPE

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]]> Seguridad, territorio y soberanía https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/11/02/seguridad-territorio-y-soberania/ Mon, 02 Nov 2026 12:13:25 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50762 INFORME ESPECIAL: Diagnóstico y líneas de acción para una seguridad democrática y comunitaria. ANTONIO MUÑIZ - NOVIEMBRE 2026

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]]> INFORME ESPECIAL

La seguridad en el centro de la disputa continental

La inseguridad se ha convertido en uno de los ejes de la agenda política latinoamericana. Define elecciones, reordena coaliciones y sirve de fundamento a giros políticos de fondo en buena parte del continente.

En Chile, José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de diciembre de 2025 con el 58,61% de los votos, en una campaña en la que la seguridad y la migración desplazaron a todos los demás temas. Su programa incluyó el despliegue del Ejército en barrios con alta criminalidad, un muro en la frontera norte y la expulsión de los migrantes en situación irregular.

En Brasil, según la consultora Quaest, la violencia es la principal preocupación del 31% de los brasileños, por encima de la economía. El candidato del Partido Liberal, Jair Bolsonaro, baso toda su campaña sobre este eje.  Proponía declarar narcoterroristas al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho, construir cárceles inspiradas en el modelo salvadoreño y bajar a 16 años la edad de responsabilidad penal para ciertos delitos.

Estos procesos no ocurren en el vacío. Desde febrero de 2025, Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a 21 cárteles y pandillas de la región, entre ellos las dos organizaciones brasileñas mencionadas. En la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2026, el presidente Donald Trump afirmó que esa designación habilitó a sus Fuerzas Armadas a actuar para eliminarlas. En paralelo, quince gobiernos, Estados Unidos y el argentino entre ellos, firmaron en el marco del Escudo de las Américas una declaración para actuar en conjunto contra 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas, y Washington redirigió 52 millones de dólares de ayuda militar a Colombia, Ecuador, Perú y Panamá con ese propósito. En Brasil, Trump calificó la elección como muy importante para su país, y la campaña de Lula pidió investigar una posible interferencia externa.

Para esta propuesta la noción de «narcoterrorismo» funciona como una doctrina política antes que como una categoría técnica. Al transformar un problema social y criminal en una guerra, habilita la militarización de la seguridad interior, la intervención externa y la restricción de derechos. Su efecto es regresivo: desplaza el debate sobre la desigualdad, el empleo y el papel del Estado, y alinea a los países de la región con una agenda definida en Washington. Los grandes medios de comunicación, con una cobertura centrada en el miedo, contribuyen a instalar ese encuadre.

Sin embargo, esa estrategia es eficaz porque se apoya en una realidad. El miedo de los sectores populares no es una invención mediática. Es la experiencia cotidiana de millones de personas que no pueden circular de noche por su barrio, que ven cómo las bandas reclutan a sus hijos que pierden en un arrebato el sueldo del mes o, en una llamada telefónica, los ahorros de toda una vida. La derecha avanza sobre un vacío que el campo popular dejó abierto.

El desafío, entonces, no consiste en negar el problema, sino en disputar su interpretación y su solución. Este documento quiere contribuir a esa tarea.

Propósito y tesis

El objetivo de este documento es aportar al debate de la sociedad. No se trata de un programa cerrado, sino de una invitación a organizaciones sociales, sindicatos, universidades, iglesias, clubes, comerciantes y fuerzas políticas a discutir la seguridad con seriedad y sin demagogia.

Nuestra tesis central es que la seguridad no se resuelve con más patrulleros ni con más mano dura, sino reconstruyendo la comunidad, recuperando el espacio público y desarmando la economía criminal que hoy ordena la vida de muchos barrios.

Tres ideas organizan el análisis.

La primera es que la inseguridad es, ante todo, un problema de los sectores populares: son sus principales víctimas y quienes menos recursos tienen para protegerse.

La segunda, que el problema cambió de naturaleza: pasó del delito disperso a economías criminales capaces de regular la vida cotidiana de un territorio y a verdaderas industrias del fraude que operan a distancia, con infraestructura, logística y protección.

La tercera, que la respuesta exige un Estado integral y una comunidad organizada: conducción política civil de las fuerzas, persecución del dinero criminal, soberanía logística, una justicia que aplique las leyes vigentes en tiempo y forma bajo control social, y Consejos Comunales por la Seguridad como eje articulador.

Partimos de un dato que conviene reconocer: los delitos violentos en la Argentina se encuentran en su mínimo histórico. Ese dato no invalida la preocupación social, pero sí permite ordenarla. Existe hoy una oportunidad para actuar antes de que la economía criminal escale, como ocurrió en otros países de la región.

1. Marco conceptual

La seguridad es un derecho social, no un servicio que se compra ni un privilegio de quien puede pagar vigilancia privada. La Ley 12.154 de la provincia de Buenos Aires ya define al pueblo como sujeto fundamental de la seguridad pública. Este documento retoma ese principio y propone llevarlo a la práctica.

Cuatro dimensiones del problema

Hablar de «inseguridad» en singular genera confusión. Bajo ese nombre conviven al menos cuatro fenómenos distintos, con causas e instrumentos de abordaje diferentes.

Dimensión Qué incluye Qué registra la estadística Qué queda fuera Instrumento principal
Violencia letal Homicidios, heridos por arma de fuego, tiroteos Está bien registrada Las amenazas y la intimidación previas Persecución focalizada de grupos violentos y control de armas
Delito predatorio Arrebatos, robo de celulares, hurtos menores, robos en la calle y en el transporte, entraderas, robo de motos y bicicletas Solo los hechos denunciados La mayoría de los hechos, que no se denuncian Prevención situacional, policía de proximidad y recuperación del espacio público
Fraude a distancia y ciberdelito Estafas telefónicas y virtuales, cuento del tío, falsos secuestros, robo de cuentas, vaciamiento de billeteras virtuales, extorsión digital Una fracción: el SNIC recién comenzó a desagregarlo La mayoría de los intentos y muchos hechos consumados, por vergüenza o resignación Fiscalías especializadas, rastreo de las cuentas receptoras, corte de las comunicaciones desde las cárceles y prevención
Economías ilegales y gobernanza criminal Narcotráfico, narco menudeo, préstamos usurarios, extorsión, control de horarios y de circulación Casi nada, porque no hay víctima que denuncie El poder territorial de las organizaciones Inteligencia financiera, Estado integral y comunidad organizada

Conceptos que orientan la propuesta

Llamamos gobernanza criminal a la situación en la que una organización regula la vida de un territorio: decide quién circula y a qué hora, presta dinero, resuelve conflictos y recluta jóvenes. En esos casos, el crimen no solo altera el orden, sino que lo sustituye.

Llamamos industria del fraude a las organizaciones que convierten la estafa a distancia en una actividad estable y escalable: compran datos personales, operan centros de llamadas, administran redes de cuentas de terceros para cobrar y cuentan con protección para sostener el negocio. A diferencia del estafador aislado, su ganancia depende del volumen y de la impunidad, no del golpe individual.

Entendemos por seguridad democrática la combinación de conducción política civil de las fuerzas, respeto de los derechos y eficacia medible. Este enfoque rechaza la falsa opción entre garantismo – mano dura.

La prevención opera en tres niveles que se refuerzan entre sí: el situacional (iluminación, espacio público, transporte), el social (escuela, empleo, salud) y el comunitario (organización y lazos entre vecinos). Ninguno alcanza por sí solo.

Proponemos, además, una persecución penal inteligente, que concentre la capacidad del Estado en las organizaciones, sus jefes y su dinero, y no en el último eslabón, el más débil y más fácil de reemplazar.

Por último, llamamos legalidad efectiva al cumplimiento real, en tiempo y forma, de las normas vigentes. El problema argentino no es la falta de leyes, sino la distancia entre lo que la ley dispone y lo que el Poder Judicial efectivamente hace.

2. Diagnóstico: un mínimo histórico con profundas desigualdades

La violencia letal en la Argentina se encuentra en su nivel más bajo desde que existen registros. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en 2025 hubo 1.676 víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a una tasa de 3,6 cada 100.000 habitantes. Según datos preliminares presentados por el Ministerio de Seguridad Nacional, la tendencia continuó en el primer trimestre de 2026, con una baja interanual cercana al 15%.

Indicador Valor Fuente
Tasa de homicidios dolosos en 2002 (pico de la serie) 9,5 cada 100.000 Observatorio de Seguridad Ciudadana
Tasa de homicidios dolosos en 2023 4,4 cada 100.000 SNIC
Tasa de homicidios dolosos en 2025 3,6 cada 100.000 SNIC
Variación de los robos entre 2024 y 2025 −21,2% SNIC
Estafas y defraudaciones asistidas virtualmente en 2025 50.155 hechos (+2,5%) SNIC
Estafas y defraudaciones tradicionales en 2025 72.953 hechos SNIC
Estafas virtuales en la provincia de Buenos Aires en 2025 9.594 hechos (+52,2%) SNIC
Ciberdelitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes 1.380 víctimas en 2023, 848 en 2024 y 1.476 en 2025 (+74,1% interanual) SNIC
Denuncias por ciberfraude en la Ciudad de Buenos Aires 38 en 2020; más de 2.400 en 2025 Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Líneas de celular registradas para detenidos en cárceles bonaerenses Cerca de 49.000 Datos del Servicio Penitenciario Bonaerense difundidos por la prensa
Tasa de 2025 en Neuquén (la más alta) 5,7 cada 100.000 SNIC
Tasa de 2025 en la provincia de Buenos Aires 4,4 cada 100.000 SNIC
Tasa de 2025 en Corrientes (la más baja) 0,9 cada 100.000 SNIC
Homicidios en el departamento Rosario (2023, 2024 y 2025) 262, 91 y 115 Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe

Cinco lecturas de los datos

La primera es que la tendencia es larga y responde a múltiples causas. La violencia letal desciende desde 2002, a lo largo de gobiernos de distinto signo, y en ese recorrido influyeron la estabilidad económica relativa, los cambios demográficos, la mejora de los registros y las políticas de cada etapa. Atribuir el resultado a una sola gestión es más propaganda que análisis.

La segunda es que el promedio oculta una fuerte desigualdad territorial. Una tasa nacional de 3,6 convive con provincias que la superan en más de un 50% y con barrios del conurbano donde la violencia se concentra en unas pocas manzanas. La inseguridad se distribuye, como la pobreza, de manera desigual.

La tercera es que Rosario demuestra que la violencia puede reducirse. El departamento pasó de 262 homicidios en 2023 a 91 en 2024 y, según la propia ministra de Seguridad Nacional, la clave fue la articulación entre la Nación, la provincia y el municipio. El aumento a 115 homicidios en 2025 advierte, a la vez, que los resultados no son automáticos ni definitivos.

La cuarta es que la estadística no capta lo que más pesa en la vida cotidiana. La última Encuesta Nacional de Victimización del INDEC, realizada en 2017, mostró que dos de cada tres delitos contra las personas no se denuncian y que la principal razón es la desconfianza en las autoridades. Sin una encuesta nacional periódica, el país discute su seguridad con información incompleta.

La quinta es que el delito no desaparece: muta. Mientras los robos presenciales caen, las estafas y defraudaciones asistidas virtualmente alcanzaron 50.155 hechos en 2025 y crecieron un 52,2% en la provincia de Buenos Aires. Si se suman las estafas tradicionales, el universo de la defraudación ya equivale a casi un tercio de los robos registrados. La propia ministra de Seguridad Nacional reconoció que estas modalidades todavía no constituyen un indicador permanente del SNIC. Es razonable suponer que una parte de la baja del delito callejero refleja un desplazamiento hacia modalidades que la estadística todavía mide mal.

La conclusión es doble. Hay que reconocer la baja de la violencia letal y, al mismo tiempo, explicar por qué millones de personas, sobre todo en los barrios populares, siguen sin poder circular tranquilas ni atender el teléfono sin desconfianza.

El delito cotidiano: arrebatos, robo de celulares y hurtos menores

El delito que más pesa en la experiencia cotidiana no es el homicidio, sino el arrebato en la parada del colectivo, el robo del celular a la salida del trabajo o de la escuela y el hurto menor en el comercio del barrio. Son hechos de bajo monto unitario, alta frecuencia y escasa denuncia, que la estadística registra de manera muy incompleta y que el sistema penal trata, en la práctica, como irrelevantes.

El robo de celulares es el caso más claro. No existe una cifra oficial consolidada, pero las estimaciones disponibles, recogidas incluso en proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación, ubican la cantidad entre 5.000 y 9.000 equipos por día, alrededor del 27% de los robos denunciados. Los más expuestos son jóvenes y trabajadores que se desplazan en transporte público. Para ellos, el celular no es un bien suntuario: es la herramienta de trabajo, la billetera, el acceso al banco y la agenda de toda su vida.

Detrás del arrebato hay un mercado. El equipo robado se revende entero en ferias y redes sociales, se desarma para vender repuestos o pasa por talleres que alteran su código de identificación (IMEI) para reinsertarlo en el circuito. Además, el teléfono desbloqueado da acceso a cuentas bancarias, billeteras virtuales y contactos, y conecta así el robo callejero con la estafa digital. El ladrón es el último eslabón y el más reemplazable; quien organiza la reducción y la reventa es quien sostiene el negocio. Mientras exista un comprador seguro, habrá un arrebato más.

Las herramientas para cortar ese circuito ya existen. El bloqueo de los equipos denunciados mediante la base de IMEI, vigente por la Resolución 2459/2016 del ENACOM, y el delito de encubrimiento previsto en el artículo 277 del Código Penal permiten perseguir la reducción y la reventa. Lo que falta es aplicarlos de manera sistemática: controlar a quienes comercializan equipos usados, cruzar las bases de datos y perseguir a los reducidores con la misma prioridad que al autor del arrebato.

Que sean delitos menores en el Código no significa que lo sean en la vida de las personas. La reiteración del arrebato y del hurto degrada el uso del espacio público, empuja a los vecinos a encerrarse y alimenta la demanda de mano dura. Una política de seguridad democrática que no tenga respuesta para este delito pierde credibilidad ante el pueblo que dice defender.

La industria del fraude: estafas telefónicas y ciberdelito

Las estafas telefónicas y virtuales se están convirtiendo en un delito endémico. El viejo cuento del tío se transformó en un repertorio que incluye falsos llamados de bancos, de empresas de servicios o de organismos públicos, falsos secuestros, el robo de cuentas de mensajería para pedir dinero a los contactos de la víctima, inversiones fraudulentas y extorsión digital. Sus víctimas atraviesan todas las edades y sectores sociales, pero el golpe es particularmente duro para los jubilados y para las familias que pierden en minutos los ahorros de años.

Las cifras oficiales muestran la tendencia, aunque subestiman su magnitud. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) recibió en 2024 más de 34.000 denuncias por delitos informáticos, un 21,1% más que el año anterior. En la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias por ciberfraude pasaron de 38 en 2020 a más de 2.400 en 2025, con pérdidas superiores a 24.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. A la vez, las víctimas de ciberdelitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes crecieron un 74,1% entre 2024 y 2025 y superaron el nivel de 2023.

No se trata de una suma de estafadores aislados. La reiteración de las mismas modalidades, el volumen de los hechos y la rapidez con que el dinero desaparece revelan una organización que funciona como una industria, con infraestructura, logística y protección.

Eslabón Cómo funciona Dónde intervenir
Datos Compra de bases de datos personales filtradas o vendidas en canales de mensajería y uso de la información expuesta en redes sociales Protección de datos personales, persecución de la venta de bases y obligaciones de seguridad para empresas y organismos
Comunicación Centros de llamadas improvisados, muchos de ellos dentro de las cárceles, con teléfonos, chips y conexiones obtenidos de forma legal o ilegal Control de las comunicaciones carcelarias, baja de líneas no autorizadas y responsabilidad de las empresas de telefonía en la activación de chips
Cobro Cuentas “mula” de terceros que ceden sus claves, billeteras virtuales, CVU y retiros en efectivo Bloqueo inmediato de las cuentas receptoras, controles de apertura en bancos y billeteras, y persecución de quienes alquilan sus cuentas
Lavado y protección Fraccionamiento de fondos, criptoactivos, circulación de efectivo y complicidad de personal penitenciario o policial Inteligencia financiera, auditoría de los servicios penitenciarios y sanción efectiva de los funcionarios involucrados

El dato más grave es el papel de las cárceles. Durante 2026, investigaciones judiciales desarticularon centros de llamadas que operaban desde unidades bonaerenses como las de Magdalena, González Catán, Lomas del Mirador e Ituzaingó. En las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense hay cerca de 49.000 líneas de celular registradas para uso de los detenidos, producto de una habilitación excepcional de la pandemia que nunca se revisó y cuyas comunicaciones no se monitorean salvo orden judicial. A ellas se suman los teléfonos que ingresan de contrabando. En al menos una de esas causas, la fiscalía comprobó la participación de un policía y de agentes penitenciarios en la banda.

Un negocio de esa escala no se sostiene sin protección. Cuando una celda funciona durante meses como centro de llamadas, cuando miles de chips se activan sin control y cuando las cuentas receptoras siguen operando después de las primeras denuncias, la impunidad deja de ser un accidente y pasa a ser una condición del negocio. Por eso el fraude a distancia debe abordarse como criminalidad organizada, con la misma lógica que proponemos para el narcotráfico: seguir el dinero, cortar la logística y sancionar la complicidad estatal.

3. Economía criminal y gobernanza territorial

El núcleo del problema actual ya no es el delito disperso, sino una economía criminal organizada que tiene en el narcomenudeo su motor y en los barrios populares su territorio de operación.

La cadena de valor del narcotráfico

El negocio funciona como una cadena con eslabones de distinto poder y riesgo. En el primero se ubican el ingreso y la logística, a través de rutas fluviales, puertos y fronteras secas. En el segundo, el acopio y el fraccionamiento en cocinas y depósitos urbanos. En el tercero, la venta minorista en búnkeres, repartos a domicilio y puntos de venta barriales. En el cuarto, el lavado de dinero en inmobiliarias, comercios, financieras informales y criptoactivos.

El riesgo y la violencia se concentran en los eslabones inferiores, mientras que la ganancia se acumula en los superiores. Una política que solo persigue la venta minorista llena las cárceles de jóvenes reemplazables y deja intacto el negocio. Desde que la Ley 26.052 habilitó a las provincias a perseguir el narcomenudeo, buena parte del esfuerzo penal se concentró en vendedores y consumidores, e incluso se denunciaron causas armadas.

Evidencia desde el territorio

En San Martín, el Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas (IDAES-UNSAM) vinculó con el narcotráfico el 77% de los homicidios del primer semestre de 2026; casi la mitad de las víctimas con edad registrada tenía entre 16 y 25 años y el arma de fuego es el medio principal. En Florencio Varela, el narcomenudeo derivó en una disputa abierta entre bandas, con un nuevo estallido de violencia en agosto de 2026. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en 2023 el 35,6% de los hogares del conurbano identificaba venta de drogas en su entorno, frente al 18,7% en la Ciudad de Buenos Aires.

Los mecanismos de la gobernanza criminal

El primero es el reclutamiento. Para un adolescente que no estudia ni trabaja, el narcotráfico ofrece ingresos, pertenencia y estatus. Compite con el Estado y, con frecuencia, le gana.

El segundo es el crédito. El préstamo narco aparece allí donde las familias necesitan efectivo y no tienen acceso al sistema formal: endeuda, somete y convierte a los vecinos en deudores de la organización. No hay evidencia de que sea un fenómeno generalizado, pero sí indica una tendencia.

El tercero es el control del espacio: horarios en los que no se puede circular, pasillos vedados y conflictos que resuelve la banda. Un estudio sobre el Área Reconquista registra toques de queda de hecho y vecinos divididos entre denunciar o callar por miedo.

El cuarto es el comando desde las cárceles. La superpoblación y el control deficiente de las comunicaciones convierten a los penales en centros de mando y de reclutamiento y, cada vez más, en centrales de estafas y extorsiones a distancia.

Una conclusión: allí donde se retiran el Estado y la comunidad organizada, otro poder pasa a organizar el territorio.

4. Balance crítico de la doctrina de «Seguridad y Orden»

El Gobierno nacional, con Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad Nacional desde diciembre de 2025, define su política como continuidad de la doctrina de «Seguridad y Orden». Un debate serio exige reconocer lo que funciona y señalar con precisión lo que no.

Lo que corresponde reconocer

El Plan 90/10 concentra recursos en los territorios con más homicidios, un criterio técnicamente correcto. Por otra parte, el caso de Rosario muestra que la articulación entre la Nación, la provincia y el municipio puede reducir la violencia en poco tiempo.

Los límites estructurales

El primer límite es un punitivismo sin capacidad institucional. La Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre de 2026, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para cualquier delito. Aunque declara fines socioeducativos, su sanción estuvo atravesada por cuestionamientos sobre su constitucionalidad y su financiamiento. Sin centros especializados ni equipos técnicos, ampliar la puerta de entrada al sistema penal produce más encierro, pero no menos reclutamiento.

El segundo es la cárcel como multiplicador del problema. En el sistema bonaerense, la cantidad de detenidos llegó a 66.493 en julio de 2026, un 12,86% más que dos años y medio antes. Una cárcel superpoblada no neutraliza a las organizaciones; les sirve de base de operaciones.

El tercero es el retiro del Estado social. El freno a la urbanización de los barrios populares, el recorte de programas territoriales y la caída del consumo popular debilitan las barreras que impiden el reclutamiento. La saturación policial puede contener la violencia, pero no reemplaza a la escuela, al club ni al trabajo.

El cuarto es la presencia sin comunidad. El despliegue de fuerzas sin construcción de confianza con los vecinos produce resultados frágiles: cuando el operativo se retira y la comunidad no está organizada, la organización criminal regresa.

El quinto es la dependencia estratégica. El Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado se creó con apoyo de Estados Unidos, y la Argentina se sumó a la declaración del Escudo de las Américas. La cooperación internacional es necesaria, pero subordinar la definición de las amenazas a una agenda ajena, bajo el encuadre del «narcoterrorismo», habilita la militarización de la seguridad interior y erosiona la soberanía sobre la inteligencia criminal.

El sexto es la inflación legislativa como sustituto de la gestión. Frente a cada hecho resonante, la respuesta habitual es una nueva ley o una pena más alta: la baja de la edad de imputabilidad, proyectos para agravar las penas por el robo de celulares, nuevas figuras penales. Mientras tanto, alrededor de un tercio de los cargos de jueces nacionales y federales está vacante, más de un tercio de los detenidos en cárceles federales espera sentencia y herramientas vigentes, como los procedimientos de flagrancia o el decomiso, se aplican de manera desigual. Endurecer una ley que no se cumple no aumenta la seguridad: solo agranda la distancia entre la norma y la realidad.

5. Autocrítica del campo nacional y popular

El peronismo, salvo excepciones, nunca tuvo una política de seguridad seria y sostenida. Ninguna propuesta del campo nacional y popular será creíble si no reconoce esa deuda con su propio pueblo.

Un error de diagnóstico

Durante décadas, buena parte del campo popular consideró la inseguridad como una agenda de la derecha, un reclamo de los sectores medios y altos amplificado por los medios. Fue un error político y también moral. Al ceder el tema, dejó el sentido común en manos del discurso de la mano dura, que terminó captando el voto de muchos barrios populares.

Las víctimas son los sectores populares

La inseguridad golpea con más fuerza a las propias bases del movimiento nacional: trabajadores, jóvenes y familias de los barrios populares. Es allí donde se instala el narcomenudeo y donde se concentra el delito.

Muchos de esos delitos son menores: el arrebato en la parada del colectivo, el robo de la bicicleta o del celular, la entradera, la llamada que vacía la cuenta de un jubilado. Pero que sean menores no significa que deban ignorarse. Para quien vive de su salario, perder la herramienta de trabajo o el sueldo del mes es una tragedia, y el miedo cotidiano degrada la vida de todo el barrio.

Una lucha entre pobres

En muchos barrios se libra una disputa entre pobres. Quienes roban y quienes son robados, quienes venden droga y las madres que pierden a sus hijos por el consumo comparten las mismas calles. En numerosas zonas, después de cierta hora ya no se puede circular, y el trabajador que vuelve de noche, la estudiante que sale temprano o el vecino que espera el colectivo quedan expuestos al delito.

Cuando el Estado se ausenta, ese conflicto rompe la solidaridad que históricamente organizó a los sectores populares y abre dos salidas igualmente destructivas: la resignación o la demanda de mano dura.

Reformas sin continuidad

Hubo excepciones valiosas, como la reforma impulsada por León Arslanian en la provincia de Buenos Aires entre 1998 y 1999 y entre 2004 y 2007, con los Foros de Seguridad y la conducción civil de la policía, o la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2010. Sin embargo, esas experiencias fueron desarmadas o abandonadas por gobiernos del mismo espacio político. Hoy la provincia de Buenos Aires mantiene una tasa de homicidios superior al promedio nacional y un sistema penitenciario sobrepoblado.

Una obligación política

Dar una respuesta efectiva, seria y no demagógica a la inseguridad no implica ninguna concesión a la derecha. Es una obligación con el propio pueblo. Defender a los sectores populares también significa garantizarles el derecho a vivir, trabajar y circular sin miedo en sus barrios.

6. Principios y ejes de propuesta

Principios rectores

  1. La comunidad es el sujeto de la seguridad. El Estado conduce y garantiza; la comunidad organizada participa, controla y sostiene.
  2. Las fuerzas de seguridad se conducen desde el poder político democrático y no se autogobiernan.
  3. La prioridad está donde se concentra el daño: la violencia letal, los territorios más afectados y las organizaciones criminales, no el último eslabón.
  4. Ninguna intervención policial se realiza sin una intervención social simultánea en el mismo territorio.
  5. La cooperación internacional se acepta sin subordinación y sin militarizar la seguridad interior.
  6. Cada política tiene metas, indicadores públicos y evaluación independiente.
  7. La seguridad es una política de Estado, sostenida por acuerdos legislativos plurianuales que sobrevivan a los cambios de gobierno.
  8. La ley vigente se cumple. Antes que sancionar normas nuevas o más duras, la prioridad es que las existentes se apliquen correctamente, en tiempo y forma, y que la justicia rinda cuentas ante la sociedad.

Eje 1. Conducción civil y reforma policial

El objetivo es contar con una policía profesional, controlada y cercana a los vecinos. Proponemos separar la policía de prevención de la de investigación, con una policía judicial dependiente de los ministerios públicos; organizar una policía de proximidad con agentes estables por cuadrante, conocidos por la comunidad y evaluados por resultados locales; crear una auditoría externa independiente sobre la corrupción policial, principal vía de asociación entre el narcotráfico y el Estado, y garantizar salarios dignos, régimen horario razonable, carrera por mérito y formación universitaria. Una policía precarizada es una policía fácil de cooptar.

Eje 2. Persecución del dinero criminal

El objetivo es quitarle rentabilidad al delito. Proponemos una unidad conjunta de inteligencia financiera integrada por la UIF, ARCA, el Banco Central y fiscalías especializadas; el decomiso anticipado y el recupero de activos como eje de la persecución, con reinversión de lo decomisado en prevención territorial, y la investigación sistemática del lavado en inmobiliarias, concesionarias, cuevas financieras y criptoactivos.

Eje 3. Soberanía logística

El objetivo es controlar las puertas de entrada y salida del negocio. Proponemos un control estatal efectivo de la hidrovía y de los puertos, públicos y privados, con escaneo de contenedores, trazabilidad de cargas y radarización integral de las fronteras.

Eje 4. Territorio con Estado integral

El objetivo es llegar al barrio antes que el narcotráfico. Proponemos retomar la urbanización de los barrios populares en el marco de la Ley 27.453, con prioridad para los de mayor violencia; un programa de empleo, terminalidad educativa, oficios y deporte para jóvenes de 14 a 25 años en los territorios donde se concentra el reclutamiento; microcréditos públicos y cooperativos de acceso inmediato para desplazar al préstamo narco, y dispositivos de salud mental y de atención de consumos problemáticos con anclaje comunitario.

Eje 5. Desarme

El objetivo es reducir la cantidad de armas en circulación para reducir las muertes. Proponemos la trazabilidad total de armas y municiones, el control del desvío desde las fuerzas de seguridad y los usuarios legales, programas de entrega voluntaria y la persecución del tráfico ilegal.

Eje 6. Reforma judicial con control social

El objetivo es que la ley se cumpla, que el delito tenga consecuencias en un tiempo razonable y que el sistema no reproduzca el problema. Partimos de una convicción: la Argentina no necesita más leyes ni leyes más duras, sino que las leyes vigentes se apliquen correctamente, en tiempo y forma. El Código Penal ya castiga el robo, la estafa, la extorsión, el encubrimiento y el lavado de activos; la Ley 26.388 incorporó los delitos informáticos en 2008; la Ley 27.411 aprobó el Convenio de Budapest sobre ciberdelito, y existen procedimientos de flagrancia en el orden federal (Ley 27.272) y en el bonaerense (Ley 13.811). El déficit no es normativo, es de ejecución.

Ese déficit se expresa en datos concretos. Alrededor de un tercio de los cargos de jueces nacionales y federales está vacante. En las cárceles federales, el 35,6% de los detenidos no tiene condena firme, y la proporción supera la mitad en complejos como Marcos Paz y Ezeiza. En la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor población carcelaria del país, el 47% de las personas alojadas en cárceles y alcaidías no tenía condena firme a fines de 2025, según la Comisión Provincial por la Memoria. Al mismo tiempo, la enorme mayoría de las estafas, los arrebatos y los robos de celulares nunca llega a una sentencia. El resultado es la peor combinación posible: presos que esperan años un juicio y delitos que nunca se investigan.

Proponemos una reforma orientada a la eficacia y no a la sanción de nuevas normas. En primer lugar, cubrir las vacantes de jueces, fiscales y defensores con plazos ciertos para cada etapa del concurso y de la designación, y acelerar la implementación del sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal. En segundo lugar, hacer cumplir los plazos procesales que ya fijan los códigos y el límite legal de la prisión preventiva establecido por la Ley 24.390, y extender el uso de los procedimientos de flagrancia para que los delitos cotidianos tengan una respuesta rápida y proporcionada. En tercer lugar, crear fiscalías territoriales con capacidad investigativa real, orientadas a las organizaciones y no a los consumidores ni al último eslabón, con unidades especializadas en narcomenudeo, en fraude a distancia y en reducción de bienes robados. En cuarto lugar, aplicar de manera sistemática el decomiso y el recupero de activos que la ley ya permite. Por último, asegurar el financiamiento efectivo de la Ley 27.801 mediante centros especializados, medidas socioeducativas y defensores formados.

La reforma necesita control social, porque un poder que no rinde cuentas no corrige sus fallas. Proponemos que cada fiscalía y cada juzgado penal publique indicadores periódicos de gestión: causas ingresadas y resueltas, tiempos de tramitación, personas en prisión preventiva y duración de esa medida, y bienes decomisados. Los fiscales de cada distrito deberán presentar un informe público ante los Consejos Comunales por la Seguridad, que podrán formular observaciones y solicitar la intervención de los órganos de control. Un observatorio ciudadano de la justicia penal, integrado por universidades nacionales, colegios de abogados y organizaciones sociales, auditará el cumplimiento de los plazos. El juicio por jurados, vigente en la provincia de Buenos Aires desde la Ley 14.543, completa esta participación popular en la administración de justicia. El control social no reemplaza la independencia judicial: la fortalece, porque la protege de la presión corporativa y la acerca a la sociedad a la que sirve.

Eje 7. Cárceles

El objetivo es cortar el comando criminal y las centrales de estafa que operan desde los penales. Proponemos revisar la habilitación de celulares en las cárceles bonaerenses y reemplazarla por un sistema de telefonía controlada que garantice el vínculo familiar y la comunicación con la defensa; dar de baja las líneas no autorizadas e instalar inhibidores focalizados en los pabellones donde se detecte actividad delictiva; sancionar al personal que facilite el ingreso de teléfonos o participe de las maniobras; separar a los líderes de las organizaciones, ofrecer trabajo y educación intramuros y acompañar el egreso para reducir la reincidencia.

Eje 8. Información y evaluación

El objetivo es discutir la seguridad con datos y no con impresiones. Proponemos una encuesta nacional de victimización anual a cargo del INDEC, con módulos específicos sobre fraude telefónico, ciberdelito y robo de celulares; la incorporación de las estafas virtuales como indicador permanente del SNIC; observatorios universitarios independientes, datos abiertos por municipio e indicadores públicos de resultado para cada política.

Eje 9. Fraude a distancia y mercados de lo robado

El objetivo es quitarle rentabilidad e impunidad a la industria del fraude y al circuito de reventa que alimenta el delito callejero. Proponemos un protocolo obligatorio entre fiscalías, bancos, billeteras virtuales y empresas de telefonía para congelar en minutos las cuentas receptoras denunciadas y rastrear el destino de los fondos; controles efectivos en la apertura de cuentas y en la activación de chips, y la persecución penal de quienes alquilan o ceden sus cuentas a las organizaciones. Para el robo de celulares, proponemos aplicar con rigor el bloqueo por IMEI, controlar el comercio de equipos usados y de repuestos, y perseguir a los reducidores como parte de la cadena delictiva. Completa el eje una campaña permanente de prevención, con foco en jubilados y adolescentes, articulada con PAMI, escuelas, centros de jubilados y Consejos Comunales, para que cada vecino sepa reconocer las modalidades de engaño y cómo actuar frente a ellas.

El eje transversal es la coordinación federal, mediante un acuerdo entre la Nación, las provincias y los municipios que defina roles y evite la fragmentación de la seguridad en policías municipales sin control. El anclaje territorial de todos estos ejes son los Consejos Comunales por la Seguridad.

7. Consejos Comunales por la Seguridad

La seguridad no se resuelve con más patrulleros ni con más mano dura, sino reconstruyendo la comunidad y recuperando el espacio público para quienes lo habitan. Los Consejos Comunales por la Seguridad son la herramienta que traduce esa convicción en política pública y que da anclaje barrial a los nueve ejes anteriores.

Por qué la comunidad

El narcotráfico avanza donde se rompe el lazo comunitario: plazas vacías, clubes cerrados, vecinos que no se conocen y desconfían entre sí. Ninguna fuerza externa puede reconstruir ese tejido. Un operativo puede despejar una esquina, pero solo una comunidad organizada puede mantenerla ocupada por la vida del barrio.

La participación también mejora la política estatal. Los vecinos saben dónde, cuándo y cómo ocurre el delito mejor que cualquier estadística, y una policía que rinde cuentas ante la comunidad tiene menos margen para asociarse con el delito.

El antecedente de los Foros de Seguridad

Los Foros Vecinales de Seguridad se constituyeron en 1998 y 1999, en el marco de la reforma bonaerense, uno por cada comisaría. Tenían dos funciones: ejercer un control externo sobre la policía y participar en el diagnóstico y la prevención. Hubo experiencias notables: en la región de San Nicolás, los foros llegaron a elegir a su jefe policial departamental, y en Quilmes trabajaron con jóvenes de la villa Itatí.

Con el tiempo, la mayoría de los foros quedó reducida a instancias consultivas, sin recursos ni poder real, y muchos fueron capturados por intereses partidarios o policiales. Diversos proyectos presentados en la Legislatura bonaerense advirtieron que la Ley 12.154 no se aplica de manera integral. Los Consejos Comunales recogen esa experiencia y se proponen corregir sus fallas.

Organización

Nivel Integración Funciones
Consejo barrial Vecinos elegidos en asamblea; clubes, escuelas, iglesias y templos, centros de salud, comedores, cooperativas y comercio local Diagnóstico, mapa de riesgo, plan barrial trimestral y recuperación del espacio público
Consejo municipal Delegados de los consejos barriales, municipio, fiscalía y jefatura policial del distrito Plan local de prevención, seguimiento de resultados y asignación del presupuesto
Mesa provincial Representantes municipales, Ministerio de Seguridad, Defensoría del Pueblo y universidades nacionales Evaluación, estándares comunes, formación y financiamiento

Facultades

  1. Elaborar diagnósticos participativos y mapas de riesgo, actualizados cada trimestre.
  2. Ejercer el control ciudadano de la policía, mediante una rendición de cuentas pública y periódica del jefe policial de la jurisdicción, con facultad para solicitar auditorías y emitir opinión vinculante sobre su continuidad.
  3. Administrar un presupuesto participativo de prevención, financiado con una parte del presupuesto de seguridad y con bienes decomisados al crimen organizado.
  4. Impulsar la recuperación del espacio público: iluminación, plazas, clubes y escuelas abiertos fuera de horario, actividades nocturnas, corredores seguros hacia escuelas y paradas de transporte, ferias y propuestas culturales.
  5. Desarrollar instancias de mediación comunitaria para resolver conflictos vecinales antes de que escalen a la violencia.
  6. Funcionar como sistema de alerta temprana frente al reclutamiento juvenil, en articulación con la escuela, los servicios de salud y los programas de empleo.
  7. Recibir un informe público y periódico de la fiscalía y de la jefatura policial del distrito sobre la evolución del delito, los tiempos de las causas y los resultados obtenidos, y elevar sus observaciones a la Mesa provincial y a los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público.
  8. Organizar redes vecinales de prevención de estafas, con especial atención a las personas mayores que viven solas, en articulación con los centros de jubilados y las fiscalías especializadas.

Garantías

Los consejos no son fuerzas paralelas: no patrullan, no detienen ni ejercen la fuerza, y cualquier forma de justicia por mano propia queda expresamente excluida. Sus representantes son elegidos y rotativos, sin subordinación a la policía ni a estructuras partidarias. Quienes los integran cuentan con canales de denuncia anónima y con un vínculo directo con las fiscalías, porque enfrentar al narcotráfico en el barrio expone a las personas. Las actas, los datos y los resultados son públicos, y el Estado financia la capacitación en prevención, mediación y derechos.

Instrumento legal

Proponemos una ley provincial de Consejos Comunales por la Seguridad que actualice el régimen de participación de la Ley 12.154, con adhesión de los municipios y financiamiento asignado por ley. En el plano nacional, una ley marco podría ofrecer el modelo a las provincias y condicionar parte de las transferencias en materia de seguridad a su implementación.

8. Hoja de ruta, financiamiento y evaluación

Una propuesta sin etapas, recursos ni indicadores se limita a ser una declaración de principios. Por eso planteamos una implementación gradual que comience por los territorios más afectados.

Etapas

En los primeros cien días, convocar a un Acuerdo Federal de Seguridad Democrática con todas las fuerzas políticas, poner en marcha Consejos Comunales piloto en los barrios con mayor violencia letal, crear la unidad conjunta de inteligencia financiera, acordar con bancos, billeteras virtuales y empresas de telefonía el protocolo de bloqueo inmediato de cuentas receptoras, iniciar la revisión de las líneas telefónicas habilitadas en las cárceles, presentar un plan de cobertura de vacantes judiciales con plazos ciertos y lanzar la encuesta nacional de victimización.

Durante el primer año, sancionar la ley de Consejos Comunales, desplegar la policía de proximidad en los territorios prioritarios, implementar en esos mismos barrios el programa juvenil de empleo, educación y deporte, iniciar los controles integrales en puertos y en la hidrovía y publicar los primeros indicadores de gestión de fiscalías y juzgados penales.

En un horizonte de cuatro años, completar la reforma policial, extender los Consejos a todos los municipios y publicar una evaluación independiente que permita ajustar las políticas según sus resultados.

Financiamiento

Las fuentes propuestas son tres: la reorientación de parte del gasto reactivo hacia la prevención territorial y la policía de proximidad; un fondo de prevención alimentado con los bienes decomisados al crimen organizado, y un fondo federal cuyas transferencias queden condicionadas al cumplimiento de metas y a la implementación de los Consejos.

Indicadores de evaluación

Las metas numéricas deberán fijarse a partir de una línea de base medida al inicio. Como mínimo, proponemos evaluar los siguientes indicadores.

Indicador Qué mide Fuente
Tasa de homicidios y de heridos por arma de fuego por barrio Violencia letal SNIC y observatorios provinciales
Tasa de victimización de los hogares Delito real, denunciado o no Encuesta nacional de victimización
Proporción de delitos denunciados Confianza en las instituciones Encuesta nacional de victimización
Personas que evitan circular de noche en su barrio Recuperación del espacio público Encuesta nacional de victimización
Jóvenes de 14 a 25 años incluidos en programas de empleo y educación en los territorios prioritarios Prevención del reclutamiento Programas nacionales y provinciales
Activos decomisados y su destino Persecución del dinero criminal Ministerio Público y UIF
Consejos Comunales activos y planes barriales cumplidos Participación comunitaria Mesa provincial
Estafas telefónicas y virtuales denunciadas y fondos recuperados Fraude a distancia SNIC, UFECI y ministerios públicos
Robos de celulares y equipos bloqueados por IMEI Delito cotidiano y mercado de reventa SNIC y ENACOM
Tiempo promedio de resolución de las causas penales Eficacia judicial Poder Judicial y Ministerio Público
Proporción y duración de la prisión preventiva Cumplimiento de los plazos legales Servicios penitenciarios y Procuración Penitenciaria

9. Debates abiertos

Una propuesta para el debate debe exponerse a las objeciones más sólidas. Estas son las que consideramos más serias.

La primera sostiene que los resultados prueban que el orden funciona. El Gobierno nacional afirma que la baja de los homicidios y los robos en 2024 y 2025 demuestra la eficacia de la presencia federal y de la persecución sin concesiones. La baja es real y Rosario lo confirma, pero la tendencia es anterior y responde a múltiples causas. El aumento de los homicidios rosarinos en 2025 muestra, además, la fragilidad de los resultados que no tienen anclaje comunitario.

La segunda afirma que la pobreza no explica el delito, ya que en 2024 la pobreza aumentó mientras el delito disminuía. Coincidimos en que la pobreza no es una causa directa. Lo que sostenemos es que la ausencia del Estado y la ruptura del lazo comunitario crean las condiciones para que las organizaciones criminales recluten y gobiernen territorios.

La tercera plantea que la participación comunitaria ya fracasó, porque los Foros de Seguridad no cambiaron la realidad de la mayoría de los barrios. A nuestro juicio, los foros fracasaron por falta de poder, de recursos y de continuidad, no por su concepto. Los Consejos Comunales corrigen esas fallas con facultades vinculantes, presupuesto propio y respaldo legal.

La cuarta advierte que los consejos pueden ser capturados por intereses particulares o derivar en justicia por mano propia. Es un riesgo real, y por eso proponemos la elección y rotación de los representantes, transparencia total, la prohibición expresa de toda acción de fuerza y la protección de quienes denuncian.

La quinta señala que no hay datos suficientes para evaluar ninguna política. Sin una encuesta de victimización periódica, en efecto, ninguna posición puede demostrar del todo su argumento. Por esa razón, la información pública es uno de los nueve ejes de la propuesta, y cada medida queda sujeta a evaluación independiente.

La sexta sostiene que la respuesta está en leyes más duras: penas más altas para el robo de celulares, nuevas figuras penales para las estafas, menores edades de imputabilidad. La evidencia muestra lo contrario. La certeza y la rapidez de la sanción disuaden más que su severidad, y una pena más alta que no se aplica no protege a nadie. Las herramientas legales para perseguir el fraude, la reducción de lo robado y el lavado ya existen; lo que falta son fiscales, jueces y peritos, plazos cumplidos y control ciudadano sobre su desempeño.

Conclusión

La Argentina tiene hoy una oportunidad. La violencia letal se encuentra en mínimos históricos y la economía criminal todavía puede contenerse antes de que alcance los niveles de otros países de la región. Desaprovecharla con más castigo, menos Estado y mayor dependencia externa sería un error histórico.

Desde este foro proponemos otro camino: conducción civil de las fuerzas, persecución del dinero criminal, soberanía sobre los puertos y la hidrovía, una justicia que aplique en tiempo y forma las leyes que ya existen, el desmantelamiento de la industria del fraude y un Estado presente en cada barrio. Ninguna de estas herramientas alcanzará, sin embargo, sin una comunidad organizada que recupere sus plazas, sus clubes y sus calles.

La seguridad es un derecho del pueblo, una responsabilidad indelegable del Estado y una tarea que solo puede cumplirse con la comunidad como protagonista. Convocamos a las fuerzas sociales y políticas a discutir este documento, mejorarlo y convertirlo en una política de Estado.

 

ANTONIO MUÑIZ–

FORO DE IDEAS TRANSFORMAR ARGENTINA.

INSTITUTO INDEPENDENCIA

CELULAR. 118797747

Fuentes

Estadísticas oficiales y normativa

Estudios y observatorios

Argentina en la prensa

Contexto regional

 

 

NOVIEMBRE 2026

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]]> RADIOGRAFÍA DE LA ENSEÑANZA: ENTRE LA CRISIS DE LA PÚBLICA Y EL ASCENSO DEL DEBATE EDUCATIVO. https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/11/01/radiografia-de-la-ensenanza-entre-la-crisis-de-la-publica-y-el-ascenso-del-debate-educativo-2/ Sun, 01 Nov 2026 22:58:32 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50754 Un análisis profundo sobre las tensiones que atraviesan el sistema educativo actual, desde la escuela inicial y secundaria hasta el complejo y estratégico escenario de la universidad pública y privada en la Argentina. Por Enrique Mestres * La elección entre la educación pública y la privada constituye uno de los debates más profundos y complejos […]

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]]> Un análisis profundo sobre las tensiones que atraviesan el sistema educativo actual, desde la escuela inicial y secundaria hasta el complejo y estratégico escenario de la universidad pública y privada en la Argentina.

Por Enrique Mestres *

La elección entre la educación pública y la privada constituye uno de los debates más
profundos y complejos de la sociedad contemporánea, al tiempo que encarna
filosofías, estructuras de financiación y objetivos sociales divergentes. La educación
pública, financiada y gestionada por el Estado, tiene como propósito primordial
garantizar el derecho universal al conocimiento sin distinción socioeconómica,
fomentando la inclusión, la diversidad, el pluralismo y la laicidad a través de docentes
de sólida formación oficial. Sin embargo, su vulnerabilidad presupuestaria ante los
vaivenes políticos y económicos deriva frecuentemente en problemas graves de
infraestructura, recursos obsoletos, rigidez burocrática y conflictos gremiales que
erosionan la continuidad pedagógica. En la vereda opuesta, la educación privada
gestionada por entidades particulares y sostenida mediante cuotas ofrece mayor
flexibilidad, innovación pedagógica acelerada, instalaciones modernas, calendarios
estables y una atención más personalizada, aunque choca ineludiblemente con una
lógica mercantil que puede priorizar la satisfacción comercial por sobre la excelencia y
generar una profunda segregación social al establecer un filtro económico de acceso.
Al examinar este panorama, surge de inmediato la incógnita sobre si la educación
privada es intrínsecamente elitista y si la pública atraviesa una irreversible caída en su
calidad. Por definición estructural, la enseñanza privada posee un componente
excluyente basado en el ingreso monetario, reproduciendo privilegios y funcionando
como un mecanismo de distinción y redes de contactos, a pesar de la existencia de
establecimientos de cuotas bajas o confesionales. En paralelo, la percepción de
deterioro en la educación pública responde a un proceso real de desfinanciación
crónica, deterioro salarial docente que empuja a la fuga de talentos, y al impacto
directo de la pobreza estructural, obligando a la escuela a asumir roles asistenciales
para los cuales a menudo carece de recursos. A pesar de que los resultados en
evaluaciones estandarizadas reflejan brechas preocupantes, la educación pública sigue
resistiendo como un pilar fundamental de la igualdad de oportunidades,
recordándonos que el desafío principal de las políticas estatales no debería ser
enfrentar ambos modelos, sino elevar los estándares de la escuela pública para que
nadie se vea obligado a pagar por una alternativa privada para garantizar su futuro.
Esta tensión adquiere matices particulares en la Argentina, especialmente en el ámbito
de la educación superior universitaria, donde conviven la tradición de una universidad

pública gratuita, masiva e irrestricta y una variada oferta privada que va desde
instituciones confesionales hasta corporativas. En el plano universitario, la privada
opera como un filtro económico inicial o un espacio de tránsito para sectores medios
que buscan cursadas previsibles, mientras que la pública enfrenta una crisis de asfixia
presupuestaria que pone en jaque los salarios de sus profesores e investigadores, el
mantenimiento de laboratorios y la retención de estudiantes que deben trabajar
jornadas completas para subsistir. A pesar de estas enormes dificultades, la
universidad pública argentina se mantiene como la principal productora de ciencia,
tecnología y movilidad social del país, articulando con el nivel inicial y secundario en la
defensa de un sistema de saberes plural.
Profundizando en esta dimensión sistémica, el análisis revela que la fragmentación
educativa no opera como un fenómeno aislado en cada nivel, sino como un engranaje
acumulativo donde las falencias de la base repercuten inexorablemente en la cúspide
universitaria. Cuando las escuelas primarias y secundarias públicas sufren desinversión
y pérdida de capacidad formativa, los ingresantes universitarios arriban con déficits
severos en comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y hábitos de estudio,
lo que profundiza la deserción en los primeros años y retroalimenta el mito de la
ineficiencia estatal. En contrapartida, el fortalecimiento de circuitos privados
segmentados desde la infancia consolida trayectorias educativas privilegiadas que
luego dominan los espacios de decisión profesional y científica.
En el momento histórico que atraviesa la Argentina, marcado por profundas asimetrías
económicas, un ajuste fiscal severo y la reconfiguración de las funciones estatales, esta
crisis educativa impacta de manera directa en el tejido social, acelerando la
polarización y debilitando las bases de la convivencia democrática. La educación deja
de funcionar como el gran ascensor social tradicional para convertirse en un espejo de
la fragmentación, donde las familias que logran realizar el esfuerzo económico migran
hacia el sector privado en busca de previsibilidad, mientras que los sectores más
vulnerables quedan confinados a instituciones estatales sobrepasadas que apenas
logran sostener la contención alimentaria y social por encima de la pedagógica. Por
consiguiente, el debate nacional actual exige superar las miradas sectoriales y definir
con urgencia si el Estado asumirá la responsabilidad indelegable de sostener un
sistema integral de excelencia masiva, o si la desinversión sistémica terminará por
fracturar definitivamente el contrato social, reduciendo a la educación pública a una
mera estructura de resistencia y mercantilizando un derecho estratégico indispensable
para el desarrollo soberano de la Nación.

 

*Profesor en Ciencias Sociales especializado en Conducción Educativa.

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]]> Sergio Uñac: el peronismo federal busca su lugar en la carrera presidencial de 2027 https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/11/01/sergio-unac-el-peronismo-federal-busca-su-lugar-en-la-carrera-presidencial-de-2027/ Sun, 01 Nov 2026 16:00:49 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50759 ANALISIS POLITICO

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]]> El exgobernador de San Juan comenzó a organizar una construcción nacional con eje en el interior y una propuesta que combina producción, empleo, equilibrio fiscal y federalismo. Su candidatura todavía debe ganar volumen territorial y electoral, pero puede convertirse en una alternativa de articulación dentro de un peronismo que aún no resolvió su conducción.

Por Antonio Muñiz

La carrera hacia 2027 empieza a mostrar movimientos que exceden a los dirigentes que habitualmente concentran la atención de la política nacional. Sergio Uñac es uno de ellos. El exgobernador de San Juan decidió avanzar en la instalación de su candidatura presidencial y comenzó a dar pasos para construir una referencia política de alcance nacional.

En octubre presentó una serie audiovisual destinada a comunicar su trayectoria y sus ideas. Posteriormente, inauguró oficinas políticas en las inmediaciones del Congreso, con el propósito de organizar equipos técnicos y territoriales.

No se trata solamente de instalar una candidatura. Uñac busca ocupar un espacio político que el peronismo todavía no consiguió ordenar: la representación del interior en una futura conducción nacional. Su propuesta combina experiencia de gestión provincial, federalismo y una agenda económica centrada en la producción y el empleo.

La oportunidad existe, aunque el desafío es considerable. Deberá demostrar que sus vínculos políticos y su trayectoria pueden traducirse en organización, presencia territorial y respaldo electoral.

El interior como identidad política y proyecto nacional

El federalismo es el principal rasgo distintivo de la construcción de Uñac.

Durante años, buena parte de las decisiones políticas del peronismo estuvo concentrada en Buenos Aires y el Área Metropolitana, pese al peso que las provincias tienen en su representación territorial y electoral. Esa distancia entre la conducción política y las realidades del interior constituye un espacio que Uñac intenta ocupar.

Su trayectoria le permite hablar desde la experiencia. Fue intendente, vicegobernador y gobernador de San Juan durante ocho años. Conoce las dificultades de administrar una provincia, negociar recursos con el Estado nacional y sostener actividades productivas que dependen de infraestructura, inversiones y mercados.

Entre las ideas que viene planteando aparece la organización del país en seis regiones —NOA, NEA, Centro, Cuyo, Sur y AMBA— para elaborar estrategias económicas diferenciadas.

El planteo tiene un fundamento atendible. La Argentina presenta realidades productivas muy distintas. Las necesidades de una provincia minera no son las mismas que las de una economía agroindustrial o un distrito con una estructura industrial diversificada. Tampoco coinciden sus demandas de infraestructura, logística, financiamiento y empleo.

Por eso, el federalismo no puede agotarse en la discusión sobre la coparticipación o la distribución de recursos. Tiene que expresarse en una política de desarrollo que integre las economías regionales, promueva inversiones, mejore la infraestructura y amplíe las oportunidades de trabajo.

Una propuesta económica para discutir con Milei

El discurso de Uñac combina equilibrio fiscal, producción, empleo y crecimiento. Esa formulación le permite intentar una oposición que no quede limitada a cuestionar las consecuencias sociales del programa de Javier Milei.

El peronismo necesita reconstruir una propuesta económica capaz de responder a los problemas estructurales del país. La crítica al ajuste es necesaria, pero no alcanza. También debe explicar cómo recuperar la actividad, generar empleo, mejorar los ingresos y sostener una economía estable.

En esa discusión, el federalismo puede aportar una perspectiva concreta.

La minería, la energía, la agroindustria, las economías regionales, la industria y los servicios tecnológicos tienen potencialidades diferentes. Aprovecharlas requiere una estrategia nacional que articule inversiones, infraestructura, financiamiento, formación laboral y acceso a los mercados externos.

La estabilidad macroeconómica es indispensable, pero no constituye por sí misma un programa de desarrollo. El equilibrio fiscal debe formar parte de una política económica que también contemple la inversión, la producción y el empleo.

Uñac puede aportar a ese debate desde su experiencia provincial y su interlocución con gobernadores, productores y sectores empresarios del interior. Sin embargo, todavía tiene que darle contenido programático a esas definiciones. Una propuesta presidencial exige prioridades, instrumentos y objetivos verificables, no solamente un conjunto de principios compartidos.

La relación con Cristina y el resto del peronismo

La ubicación de Uñac dentro del peronismo será determinante para el futuro de su proyecto.

En los últimos tiempos recompuso relaciones con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, y mantiene vínculos con dirigentes de peso como Eduardo Wado de Pedro, Gerardo Zamora y Juan Manzur.

Su estrategia parece orientada a conservar interlocución con diferentes sectores, sin quedar subordinado a una conducción determinada. En un peronismo atravesado por disputas de liderazgo, esa posición puede darle margen para construir acuerdos.

Hay sectores que buscan una reorganización política que supere las diferencias entre las principales referencias del espacio y que otorgue mayor protagonismo a los gobernadores y las estructuras provinciales.

Uñac podría encontrar allí un lugar. Pero hay una diferencia importante entre mantener buenas relaciones políticas y contar con el respaldo orgánico de esos espacios. La interlocución no garantiza estructura ni votos.

Su desafío será convertir esos vínculos en acuerdos concretos y en una organización nacional con representación efectiva.

San Juan, la prueba de su liderazgo

La principal fortaleza de Uñac también puede convertirse en su mayor dificultad.

Su trayectoria y su proyección nacional están estrechamente vinculadas con San Juan. Sin embargo, el justicialismo perdió el gobierno provincial en 2023 y actualmente la provincia está gobernada por Marcelo Orrego.

A esa situación se suman las diferencias con José Luis Gioja, una figura histórica del peronismo sanjuanino, cuyo acercamiento a la construcción política de Axel Kicillof expresa las divisiones que todavía atraviesan al justicialismo provincial.

La recuperación de San Juan será, por lo tanto, una prueba política central. Uñac necesita demostrar que conserva capacidad de conducción y que puede reorganizar al peronismo para disputar nuevamente el gobierno provincial.

Su proyección presidencial difícilmente pueda consolidarse si no logra resolver primero la fragmentación de su propio espacio y recuperar protagonismo en el territorio que constituye su principal capital político.

San Juan será mucho más que una referencia de origen. Allí se pondrá a prueba la consistencia de su liderazgo.

Uñac y Kicillof: dos construcciones que pueden complementarse

La aparición de Uñac en la carrera presidencial plantea inevitablemente una comparación con Axel Kicillof.

Ambos representan construcciones diferentes dentro del peronismo. Kicillof cuenta con una base territorial y electoral considerablemente mayor, apoyada en el peso de la provincia de Buenos Aires, y proyecta una identidad política vinculada con el Estado, la industria y las políticas de desarrollo.

Uñac, en cambio, intenta construir desde el interior, con una identidad federal, experiencia de gestión provincial y capacidad de diálogo con dirigentes de distintas regiones.

No necesariamente se trata de proyectos incompatibles.

Kicillof necesita ampliar su representación fuera de Buenos Aires y consolidar una referencia nacional. Uñac debe superar los límites de su actual implantación territorial y demostrar que su propuesta puede convocar a sectores más amplios del electorado.

Una eventual articulación entre ambos podría contribuir a integrar dos dimensiones que el peronismo necesita reunir: el peso político y electoral de Buenos Aires y la representación de las provincias.

También podría abrirse otra posibilidad. Si las diferencias entre los principales sectores del peronismo impiden acordar una candidatura común, Uñac podría convertirse en una referencia de consenso.

No porque hoy tenga necesariamente mayor intención de voto que otros dirigentes, sino por su capacidad potencial para acercar posiciones y ofrecer una alternativa que otorgue mayor protagonismo a las provincias.

Por ahora, esa posibilidad es una hipótesis. Su concreción dependerá de los acuerdos políticos y de la capacidad de Uñac para construir una base propia.

Tres escenarios hacia 2027

La evolución de su proyecto permite considerar tres escenarios.

El primero es el de una candidatura presidencial competitiva. Para alcanzar esa condición deberá consolidar una estructura federal, recuperar protagonismo en San Juan, ampliar su presencia territorial y lograr reconocimiento más allá de los dirigentes políticos.

El segundo es el de una candidatura de articulación. Si no alcanza el respaldo electoral necesario para encabezar una fórmula, puede convertirse en un actor relevante para construir una alternativa de unidad. En ese caso, su capacidad de negociación y sus vínculos con los gobernadores podrían tener un peso político superior a su intención de voto.

El tercero es el de una construcción que no consiga superar sus límites iniciales. Si no resuelve las tensiones internas de San Juan y no amplía su organización nacional, la candidatura podría quedar reducida a una herramienta de posicionamiento, sin capacidad efectiva de disputar la Presidencia.

Todavía es temprano para determinar cuál de estos caminos prevalecerá. Lo cierto es que la construcción ya plantea un interrogante que excede las aspiraciones personales del exgobernador.

El desafío de convertir el federalismo en una propuesta de país

La oportunidad de Sergio Uñac no debería medirse exclusivamente por sus posibilidades de competir en una interna. Su aparición pone en discusión un problema político de fondo: cómo construir una conducción nacional que represente la diversidad territorial y productiva de la Argentina.

El federalismo necesita algo más que una alianza entre gobernadores o una consigna electoral. Requiere una política económica capaz de integrar producción, infraestructura, energía, minería, industria, empleo y desarrollo tecnológico. También necesita una organización política que otorgue a las provincias capacidad real de decisión y participación en la definición de un proyecto nacional.

Ese es el terreno en el que Uñac puede encontrar una identidad propia. Tiene experiencia de gestión, relaciones políticas y una trayectoria que le permiten plantear esa discusión. Lo que todavía debe demostrar es que puede convertir esos activos en una construcción nacional con respaldo social y electoral.

El peronismo enfrenta una tarea que va más allá de resolver quién será su candidato en 2027. Necesita reconstruir una propuesta de país y una conducción capaz de integrar las distintas realidades económicas y territoriales.

La pregunta es si podrá hacerlo sin volver a concentrar las decisiones en los mismos espacios de poder de siempre. En esa discusión, Sergio Uñac intenta abrirse un lugar. Su candidatura todavía está en construcción, pero el problema político que plantea es real y merece ser parte del debate sobre el futuro del peronismo.

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]]> OCTUBRE NEGRO https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/10/31/octubre-negro/ Sun, 01 Nov 2026 02:36:52 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50756 Treinta y ocho muertes en un mes. Cuando el Estado no llega

La entrada OCTUBRE NEGRO se publicó primero en Data Política y Económica.

]]> El asesinato de una maestra rural en Corrientes y el de cuatro trabajadoras sexuales en Rosario, Córdoba y Buenos Aires comparten un rasgo que excede la crónica policial. Ocurrieron en espacios de trabajo sin resguardo, mientras el sistema nacional de asistencia funciona con una fracción de los recursos que tenía en 2023.

El miércoles 28 de octubre, tres semanas después de que se perdiera su rastro, la policía de Corrientes encontró el cuerpo de Nancy Estela Godoy semisumergido en un bañado de la estancia El Curupí, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. Tenía 52 años y era directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, que funciona dentro de ese mismo campo. Al día siguiente, la CTERA paró en todo el país en señal de duelo y reclamo de justicia.

Para entonces, el padrón del Observatorio Lucía Pérez, que lleva la cooperativa lavaca, registraba 38 víctimas de violencia femicida en octubre, con corte al día 28. La cifra agrupa femicidios y asesinatos vinculados, y los casos se reparten entre Corrientes, Santa Fe, Córdoba, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco, Mendoza y Santiago del Estero. Conviene leerla con su alcance: es un registro autogestionado, construido a partir de información periodística y judicial, que no reemplaza a la estadística oficial que elabora la Corte Suprema y suele publicarse con un año de demora.

El número dice menos que la geografía de los crímenes. Dos de los episodios que movilizaron a gremios y organizaciones durante el mes tienen un denominador común que no pertenece al expediente penal: las víctimas fueron asesinadas mientras trabajaban, en lugares donde nadie más que ellas sabía cómo llegar ni cómo salir.

La escuela dentro de la estancia

Godoy había mantenido su último contacto con la familia el 6 de octubre. La búsqueda formal empezó más de una semana después, y su cuñada denunció públicamente que la policía tardó en moverse. La zona tiene caminos de difícil acceso y carece de señal telefónica, un dato que pesó tanto en la desaparición como en el rastrillaje.

Paro docente y protesta en el Obelisco para exigir justicia por Nancy Godoy

La fiscalía de Esquina sostiene como principal sospechoso a Ireneo Zarza, de 34 años, capataz de la estancia, imputado como presunto autor del femicidio. Según los testimonios incorporados a la causa, Zarza estuvo en una tapera a unos 150 metros de la escuela en las horas previas a la desaparición. Hay otros cuatro detenidos, cuyas imputaciones (entre ellas encubrimiento y falso testimonio) fueron reformuladas a medida que avanzó la investigación. La hipótesis fiscal atribuye a una de ellas, Rosa Leguizamón, haberle dicho a la docente que nadie de la estancia viajaría a Esquina ese fin de semana, lo que la dejó sin forma de regresar. La autopsia debe establecer la causa de muerte y si hubo abuso sexual. Ninguno de los acusados tiene, hasta ahora, más que una imputación.

Ese detalle de la hipótesis, la falta de un vehículo para volver a la ciudad, describe mejor que cualquier consigna la situación de una maestra rural. Godoy pasaba la semana en un establecimiento ubicado dentro de un campo privado, a kilómetros del pueblo, y su posibilidad de salir dependía de la voluntad de quienes trabajaban en esa estancia. Los gremios docentes señalaron que en agosto había elevado notas formales en las que advertía sobre el abandono del edificio y la falta de agua potable, sin obtener respuesta antes de desaparecer.

La responsabilidad penal es asunto de la Justicia. La otra pregunta, la de quién garantiza las condiciones de trabajo en escuelas que funcionan en tierras de terceros, sin conectividad ni transporte, corresponde al Ministerio de Educación de Corrientes. El paro de la CTERA, acompañado por el sindicato correntino SUTECO, puso esa discusión en el centro del reclamo.

Cuatro trabajadoras, tres provincias

El otro foco del mes fue la seguidilla de asesinatos de trabajadoras sexuales. En Rosario, Débora Bordón fue asesinada en un departamento del barrio Luis Agote, adonde había ido a atender a un cliente; por el crimen, que AMMAR ubica en agosto, está acusado Axel Mendoza, de 23 años. El 11 de octubre apareció en una pensión de Empalme Graneros el cuerpo de Bárbara Camila Aragón, de 26, dentro de una valija. La autopsia preliminar indicó muerte por asfixia. El imputado es Eliel Schiffo, de 37, un policía santafesino exonerado de la fuerza tras una condena por narcotráfico, con quien la joven había acordado un encuentro.

En menos de una semana, otros dos crímenes con la misma secuencia unieron a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Daniela del Milagro Villalba, de 29 años, fue asesinada en el barrio cordobés de Cofico; días después, Tatiana Micaela Fernández, de 27, apareció muerta en un departamento de Retiro. Por ambos hechos está detenido Renato Iván Tabella, de 28 años, sin antecedentes penales, a quien los investigadores atribuyen haber contactado a las dos mujeres a través de aplicaciones de citas. Tabella fue arrestado en un hotel porteño y se negó a declarar ante el juez nacional Guillermo Rongo.

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) convocó a un paro nacional para el martes 3 de noviembre, con movilización y actividades en distintas provincias, bajo las consignas «Ni una trabajadora sexual menos» y «La clandestinidad mata». El argumento del sindicato es concreto. En la Argentina el trabajo sexual autónomo no es delito, pero carece de un marco que lo regule; los códigos contravencionales y la persecución de la oferta en la vía pública desplazaron los encuentros hacia departamentos, pensiones y plataformas digitales, espacios que elige el cliente y donde la trabajadora queda sola. Una dirigente del sector lo resumió esta semana al advertir que las estrategias de cuidado que tenían ya no alcanzan.

La posición no es unánime dentro del feminismo. Las corrientes abolicionistas sostienen que regular la actividad no reduce la violencia, porque consideran a la prostitución una forma de violencia en sí misma, y reclaman políticas de salida y la persecución del proxenetismo. Las dos miradas coinciden, sin embargo, en un diagnóstico: hoy esas mujeres trabajan sin ninguna protección institucional y sus muertes suelen ingresar al sistema judicial como homicidios comunes.

La escena más frecuente

El triple crimen de Monte Grande no encaja en esa lógica, y precisamente por eso sirve de recordatorio. El 20 de octubre, en Monte Grande, Damián Darío Santillán, de 50 años, mató a su pareja, Laura Susana Prediguer, de 43; a su hijo Santino, de 11, y a su propia madre, de 73. Murió horas después en Burzaco. La causa se investiga como triple homicidio seguido de suicidio, de modo que no habrá juicio.

Ese es el escenario que los registros de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema señalan año tras año como el predominante: la casa, y como agresor la pareja o la expareja. Los crímenes de octubre en espacios laborales no desplazan ese patrón; muestran que la violencia machista encuentra también las zonas donde la protección estatal es más delgada.

Un sistema de asistencia reducido

El reclamo por la prevención llega en un momento de repliegue de las políticas nacionales. Tras la disolución del Ministerio de las Mujeres, la Línea 144 pasó a la órbita de Capital Humano y el Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres en situación de violencia, al Ministerio de Justicia. Según un relevamiento de Chequeado, entre 2023 y 2025 sus presupuestos cayeron en términos reales un 97,7% y un 99%, respectivamente. El análisis de ACIJ y ELA sobre el proyecto de Presupuesto 2026 estima en 89% la caída conjunta de las principales partidas contra la violencia de género y consigna que la Línea 144 perdió en 2024 dos tercios de sus fondos y el 45% de su personal.

El Gobierno presentó esos cambios como parte de la reducción de estructuras del Estado y promovió la unificación de la Línea 144 con la 137, que atiende violencia familiar y sexual, bajo un esquema de asistencia a víctimas en general. Sería un error atribuir a ese ajuste los crímenes del mes: ninguna línea telefónica habría alcanzado una escuela sin señal en El Malezal. Lo que el recorte sí modifica es la capacidad del Estado para registrar señales de riesgo y responder a ellas, que es exactamente lo que, según los gremios, faltó en el caso de Godoy. A eso se suma la demanda que repitieron sindicatos y organizaciones durante todo el mes, la de investigar estos hechos con perspectiva de género desde el primer día y no como conflictos personales o delitos comunes.

La causa de Esquina tiene por delante la autopsia, las pericias genéticas y la definición de la situación procesal de cinco detenidos. Hay una parte del expediente, sin embargo, que no depende del fiscal: las notas que una directora suplente envió en agosto advirtiendo que su escuela no tenía agua ni condiciones mínimas. Hasta hoy, ninguna autoridad educativa correntina explicó públicamente qué se hizo con ellas.

 

Fuente : Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez (cooperativa lavaca), padrón de octubre de 2026, corte al 28/10.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
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]]> “El error es pensar lo digital y lo territorial como campañas separadas: son una sola” https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/10/31/el-error-es-pensar-lo-digital-y-lo-territorial-como-campanas-separadas-son-una-sola/ Sat, 31 Oct 2026 20:28:56 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50741 Entrevista a Marcelo Falo, consultor político

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El asesor en comunicación y estrategia política cordobés que participó de la campaña de Lula Da Silva cuenta cómo se construyó parte de la «remontada» del PT en la segunda vuelta y las acciones que permitirían construir un escenario similar en la Argentina.

Por: Martín Piqué
@MartinPique

El arco opositor a Javier Milei sigue mirando a Brasil. No para elegir balneario para las vacaciones, ni para calcular beneficios o perjuicios en el poder de compra del peso, dada la variación en la cotización del real. Todo el campo antimileísta (con sus diferencias) observa las tres semanas que separaron la primera vuelta presidencial de la remontada del balotaje que consagró a Lula frente a Flávio Bolsonaro. Casi una obsesión, la pregunta es: ¿cómo hizo el PT para revertir lo que parecía la crónica de una derrota anunciada? ¿Y cuánto, de todo eso, se puede aplicar a la Argentina?

El consultor cordobés Marcelo Falo, asesor en comunicación y estrategia política establecido parte del año en Brasil, resumió en una frase toda una serie de correcciones de rumbo. En la cuenta regresiva de la puja por la Presidencia, la campaña lulista dejó de funcionar como “un homenaje a Lula”, esto es nostálgica, centrada en el pasado, en “los logros” de las primeras presidencias y la biografía personal del propio líder (y con un protagonismo casi excluyente del PT), para convertirse en una cruzada por el voto “más ciudadana (transversal), más movilizada y más digital”.

“En la segunda vuelta cambiamos el eje: menos foco en Lula y más en la gente. Menos ‘logros’ y más de lo que quedaba por hacer. Menos pasado y más futuro”, remarcó Falo, especialista en comunicación gubernamental y en diseño de campañas (nacionales, estaduales y municipales). Conocido en su provincia y no tanto en el resto del país, Falo trabajó dos décadas con el fallecido José Manuel de la Sota: llegó a ser su vocero y era considerado su mano derecha (entre 1999 y 2007 compartió con él campañas y gestión).

“El error es pensar lo digital y lo territorial como campañas separadas: son una sola”
Marcelo Falo, asesor en comunicación y estrategia.

En 2018 estaba trabajando en la salida al aire de un ciclo de TV que conduciría el propio De la Sota (se titulaba “Puentes”) cuando exgobernador perdió la vida al chocar en la ruta con un camión. Hace más de cinco años Falo se incorporó a la agencia brasileña Urissanê, dedicada a la comunicación estratégica, marketing político y reputación digital. Urissanê, dirigida por Otávio Antunes (muy cercano a Lula) y Halley Arrais, participó activamente en el diseño y ejecución del segundo tramo de la campaña lulista. La tarea puntual de Falo fue trasladar las emociones y demandas de los brasileños -surgían de monitoreos de redes, focus group y estudios cualitativos- a la planificación de acciones electorales concretas.

“Lula entendió que para dar vuelta el resultado tenía que escuchar a la gente”, remarcó el consultor en diálogo con Tiempo. “A partir de allí, el gran mérito fue recalibrar lo hecho en la primera vuelta. Porque hasta el 4 de octubre (fecha de la primera vuelta en Brasil) la campaña funcionó como un homenaje a Lula. Era un Lula que había hecho mucho por Brasil y que tenía un legado para mostrar. Pero eso llevó a quienes conducían la comunicación a hablar más del pasado que del futuro. En la segunda vuelta cambiamos el eje: menos foto en Lula y más en la gente. Y el cambio de mensaje vino con un cambio de forma: la campaña dejó de ser tan del PT para convertirse en una campaña más ciudadana, más movilizada, más digital pero de calle al mismo tiempo”, analizó.

En la entrevista surgió como uno de los temas la incidencia que pudo haber tenido la actividad del canal de WhatsApp ‘Exército do Lula’, creado por el ‘influencer’ y diputado por el Estado de Minas Gerais André Janones. Reconocido por el propio Lula el mismo domingo del triunfo, Janones publicó un libro hace unos años (“Janonismo cultural”). Allí propone un decálogo de recomendaciones contundentes: llama a captar y retener la atención del usuario del entorno digital con lenguaje llano, apelación a las emociones y títulos tamaño catástrofe.

“El error es pensar lo digital y lo territorial como campañas separadas: son una sola”

Nacido en Córdoba Capital, de 61 años, el cordobés Falo reconoció la potencia masiva de la movilización digital aportada por el canal de WhatsApp (superó los diez millones de usuarios durante la campaña) pero al mismo tiempo recomendó no descuidar que hubo otras contribuciones y factores que confluyeron, en una misma sinergia. “Janones fue la cara más visible y masiva de la comunicación digital. Pero sería un error leer la remontada solo a través del ‘Exército do Lula’. En la segunda vuelta la campaña se volvió, como dije, menos del PT y más de la gente”, insistió.

En la Argentina, Falo -cercano a De la Sota pero no de Juan Schiaretti- trabajó para varios dirigentes del peronismo como el exdiputado mendocino -hoy intendente de San Rafael- Omar Félix; también lidió con algunas denuncias judiciales por las que fue sobreseído salvo una condena a dos años en un juicio abreviado por evasión fiscal simple. “Lo nuevo que mostró esta elección en Brasil fue la escala y la velocidad. En tres semanas lo que circulaba en un grupo de WhatsApp aparecía al día siguiente en una esquina y lo que pasaba en una esquina volvía a las redes”, subrayó.

Y en ese sentido concluyó: “El error es pensar lo digital y lo territorial como campañas separadas: son una sola. En temas electorales la política siempre manda. El territorio siempre importa y la movilización de la gente es clave.”

-¿Cuál fue el mérito clave de la campaña de Lula? -le preguntó Tiempo.

-El primer mérito, del propio Lula, fue reconocer que había perdido. Parece obvio pero no lo es. Muchos dirigentes, después de una derrota, buscan culpables o se aferran a lo que venían haciendo. Lula hizo lo contrario: entendió que tenía que escuchar mejor a la gente para dar vuelta el resultado. En suma, el mérito de la campaña fue recalibrar lo hecho en primera vuelta. Y los números lo muestran: entre una vuelta y otra se sumaron más de 14 millones de votos a los dos finalistas. Lula ganó 10,4 millones y Flávio Bolsonaro, 3,7 millones. Casi tres de cada cuatro votos nuevos fueron para Lula. Eso no se consigue haciendo más de lo mismo.

-¿Trabajó para el PT en esas tres semanas que quedarán en los libros como la ‘virada’ (remontada en portugués) histórica?

-No para el PT, sino para la campaña de Lula, que no es lo mismo. En primera vuelta trabajé más en las campañas territoriales, en algunos casos con partidos aliados y con candidatos aliados que no eran del PT, como fue en Amazonas, con el MDB (Movimento Democrático Brasileiro) de Eduardo Braga. En la segunda vuelta, sin dejar de ocuparme del segundo turno en Amazonas, me concentré más en la campaña nacional, sobre todo en la interpretación de lo que la gente pensaba y traducir eso en una estrategia de campaña. Formo parte del equipo de Urissanê, la consultora de Otávio Antunes y Halley Arrais. Habitualmente lidero los equipos de estrategia. Mi trabajo consiste en traducir lo que dice la gente en líneas estratégicas y de planificación.

“El error es pensar lo digital y lo territorial como campañas separadas: son una sola”
Otávio Antunes, director de la agencia Urissanê, junto a Lula.

-Para la oposición a Milei en la Argentina, ¿es replicable el modelo del canal de WhatsApp ‘Ejército de Lula’?

-En la segunda vuelta, la campaña de Lula sumó cientos de iniciativas ciudadanas que nadie había organizado desde un escritorio. Se movilizaron los jóvenes, las minorías y los militantes de los territorios, aun en los lugares más pequeños y remotos. Todos juntos armaron una cadena de movilización impresionante. Los movilizaba algo concreto: el miedo a un gobierno de Flávio Bolsonaro, que iba a perjudicar la vida cotidiana de los brasileños. ¿Es replicable a la Argentina? Con inteligencia y un comando de campaña de gente especializada, ese tipo de iniciativas se pueden construir. Pero ninguna planificación funciona si falta lo que moviliza a la gente. En Brasil eso fue el liderazgo de Lula y el miedo a lo que podía venir. La herramienta se puede copiar. Lo que no se puede copiar es la razón por la que decidieron usarla millones de personas. En resumen, la estrategia es extrapolable en la medida en que también lo sean las condiciones en que se diseñó.

-¿Esa conexión entre lo digital y el territorio, la vía pública, es uno de los hallazgos de esta impresionante victoria de Lula?

-No lo llamaría hallazgo. Más que algo nuevo es la confirmación de algo viejo. La política siempre manda: el territorio siempre importa y la movilización de la gente siempre es clave. Además, la gente es la que decide. Por eso ninguna de estas estrategias funciona si no es auténtica, coherente, bien diseñada y bien ejecutada. Una movilización armada artificialmente se nota, el votante la castiga. Lula entendió lo que había que hacer para lograr una remontada así, y se puso al frente. Eso lo distingue. Lo hace un líder distinto, un estadista. Alguien con la fuerza suficiente para liderar y con la humildad suficiente para escuchar y cambiar.

-¿Qué se puede aplicar de todo esto en una campaña antimileísta en Argentina?

-Todo se puede aplicar, pero en orden. Lo primero es escuchar. Escuchar profesionalmente, sin chamuyo y sin prejuicios. Y sin dejarse llevar por supuestos conocedores del territorio que ya saben lo que hay que hacer antes de preguntar. La gente cambia: cambian sus expectativas, su contexto y hasta sus sueños. Lo que valía hace dos años quizá hoy no vale. Por eso hay que escuchar de nuevo, todas las veces que haga falta. Lo segundo es planificar a partir de lo que se escucha, y no al revés. Y lo tercero es llevar adelante una campaña de contraste, como la que hicimos en Brasil, donde pusimos en evidencia las contradicciones, mentiras e incapacidades del bolsonarismo. Eso hay que hacerlo con profesionalismo, sin fake-news y con la verdad: explicando, argumentando y entendiendo a qué le teme la gente. En qué cree y qué espera. El contraste bien hecho no es una agresión: ayuda al votante a ver con claridad qué se juega en su vida cotidiana. Cuando en la Argentina haya un candidato definido, habrá que trabajar su candidatura con el mismo rigor. En Brasil, la campaña de la primera vuelta tuvo deficiencias pero la de la segunda supo corregirlas: se volvió más ciudadana, más abierta y más conectada con lo que la gente estaba sintiendo.

 

Tiempo Argentino 10 años

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]]> Kicillof se mostró en modo candidato en Jujuy: «Vamos a cambiar la historia de la Argentina» https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/10/31/kicillof-se-mostro-en-modo-candidato-en-jujuy-vamos-a-cambiar-la-historia-de-la-argentina/ Sat, 31 Oct 2026 13:26:38 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50738 El gobernador bonaerense Axel Kicillof profundizó su armado federal en Jujuy, una provincia atravesada por la interna. Firmó convenios con su par radical, Carlos Sadir, y terminó con un acto peronista en Palpalá. Críticas a Milei y arenga en modo candidato. Por: Jorgelina Naveiro El gobernador Axel Kicillof cerró este viernes su visita a la […]

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof profundizó su armado federal en Jujuy, una provincia atravesada por la interna. Firmó convenios con su par radical, Carlos Sadir, y terminó con un acto peronista en Palpalá. Críticas a Milei y arenga en modo candidato.

Por: Jorgelina Naveiro

El gobernador Axel Kicillof cerró este viernes su visita a la provincia de Jujuy con un acto político en el Club Altos Hornos Zapla de Palpalá, donde se llevó un respaldo explícito a su candidatura presidencial de parte de la dirigencia peronista y, en modo candidato, prometió: «El año que viene vamos a cambiar la historia de Jujuy y Argentina».Por: Jorgelina Naveiro

El mandatario bonaerense sumó así una nueva escala al despliegue federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su propio espacio político con el que ya recorrió ocho provincias en lo que va del año, y en medio de la interna peronista con el cristinismo y el massismo que no cede, pese a los esfuerzos por sostener la unidad.

En Jujuy, la jornada combinó gestión y política. Comenzó con una reunión institucional con el gobernador radical Carlos Sadir, con quien firmó convenios de cooperación entre ambas provincias, y culminó con un encuentro con la militancia peronista jujeña, que colmó las instalaciones del club y recibió a Kicillof al canto de «Se siente, se siente Axel presidente».

El acto tuvo como anfitriones al intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, y a su padre, el jefe del bloque de diputados del peronismo en la Legislatura jujeña, Rubén Armando Rivarola, uno de los dirigentes que disputa la conducción del PJ jujeño, intervenido desde 2023 cuando justamente él lo presidía. Ambos respaldaron al mandatario bonaerense y llamaron a recuperar el gobierno nacional y provincial para el peronismo.

En su mensaje y antes de darle la palabra a Kicillof, el diputado Rivarola arengó a la militancia para cantar «Axel presidente» y apeló a un antecedente histórico para asegurar que el bonaerense ganará en las elecciones de 2027. «Usted va a ser el próximo presidente. Acá se lanzó Néstor Kirchner y fue el presidente de la República. Por eso te digo, Axel, acá, vas a ser el nuevo presidente», pronosticó.

También aprovechó su intervención para enviar mensajes a la interna partidaria y cuestionar a la senadora nacional Carolina Moisés, alineada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y aliada libertaria, con quien mantiene una disputa judicial por la conducción del justicialismo provincial. «No se ponga nerviosa, Carolina», lanzó y dijo que pronto habrá una interna para que los afiliados «voten» y decidan. «Basta de dedo, basta de intervenciones».

Kicillof: «Vamos a cambiar la historia de Jujuy y del país»

Kicillof se mostró en modo candidato en Jujuy: "Vamos a cambiar la historia de la Argentina"
Foto: Prensa Gobernacion

Al cerrar el acto, Kicillof agradeció la convocatoria, aseguró que hace años que un encuentro no reunía a tantos peronistas en esa provincia y vinculó el entusiasmo de la militancia con el escenario electoral 2027. «Se huele en el aire que el año que viene vamos a cambiar la historia de Jujuy y Argentina”, aseguró.

El gobernador dedicó buena parte de su discurso a criticar las políticas del presidente Javier Milei y sus consecuencias sobre los trabajadores, la producción y las economías regionales. «Yo les digo a aquellos que votaron a Milei, aquellos que le pusieron el voto: no tengo ninguna duda que hoy saben bien que esta es la estafa electoral más grande de la historia. Es una enorme estafa electoral», sostuvo.

Kicillof aseguró que la crisis que atraviesa Jujuy se repite en el resto del país y apuntó contra la relación del gobierno nacional con las provincias. «En Argentina nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional», afirmó.

En esa línea, sostuvo que Milei encabeza un gobierno que «extorsiona, seca y saca recursos, genera calamidad sobre calamidad y espera que intendentes y gobernadores den las respuestas que no da ese gobierno nacional».

El mandatario bonaerense también planteó los ejes de una alternativa política basada en la producción, el trabajo, la educación y la soberanía nacional. «Necesitamos un país que se vuelva a mover con los principios y con la doctrina del peronismo. Necesitamos un país donde las prioridades no sean la extranjerización, donde las prioridades sean la producción, el trabajo, la educación, la salud, donde la prioridad principal sea la soberanía, donde la prioridad principal sea la Argentina para los argentinos», expresó.

También se refirió al potencial del litio jujeño y sostuvo que no alcanza con disponer de recursos naturales, sino que es necesario incorporarles trabajo, ciencia y valor agregado nacional.

Sobre el cierre, reivindicó el papel de la militancia frente al poder económico y tecnológico que esgrimen los libertarios. «Nos dicen que manejan las redes, que manejan los algoritmos, que manejan los recursos tecnológicos, económicos y financieros. Yo le quiero contestar con el arma más poderosa, con la fuerza más grande que hay, que se llama la militancia del pueblo y que la tiene el peronismo y el campo popular. Somos invencibles», aseguró.

«No vamos a un experimento más. Vamos a un gobierno de Argentina que sea un gobierno productivo, un gobierno federal, que sea un gobierno soberano y que sea un gobierno patriota, es decir, un gobierno del pueblo y para el pueblo», dijo casi en el final y cerró con lo que ya es su slogan: «Cuenten conmigo»

La foto con el gobernador radical

Antes del acto, Kicillof había sido recibido por Sadir en el Palacio de Gobierno de Jujuy, donde ambos firmaron un convenio marco para promover políticas conjuntas en materia de salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología.

«Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar: en democracia, pensar distinto no puede convertirnos en enemigos», señaló el bonaerense.

Luego se trasladó a Palpalá, donde firmó otro acuerdo de cooperación con el intendente Rivarola y recorrió el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), vinculado con investigaciones sobre energías renovables y litio.

@jornaveiro

 

Tiempo Argentino 10 años

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]]> Récord de exportación con menos carne en la mesa diaria. https://datapoliticayeconomica.com.ar/2026/10/31/record-de-exportacion-con-menos-carne-en-la-mesa-diaria/ Sat, 31 Oct 2026 13:15:22 +0000 https://datapoliticayeconomica.com.ar/?p=50736 Entre enero y septiembre las ventas externas de carne vacuna facturaron USD 3.791 millones, 37% más que un año atrás, mientras la producción cayó 6,6% y el consumo por habitante bajó a 45,4 kilos. La cuota con Estados Unidos y los precios internacionales explican el récord; la escasez de hacienda explica el resto. Por la […]

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]]> Entre enero y septiembre las ventas externas de carne vacuna facturaron USD 3.791 millones, 37% más que un año atrás, mientras la producción cayó 6,6% y el consumo por habitante bajó a 45,4 kilos. La cuota con Estados Unidos y los precios internacionales explican el récord; la escasez de hacienda explica el resto.

Por la Redacción de DPyE

La industria frigorífica exportadora cerró los primeros nueve meses de 2026 con la mayor facturación de su historia. Según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), entre enero y septiembre se embarcaron 549.600 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada por USD 3.791,2 millones: 5,3% más en volumen y 36,9% más en valor que un año antes, y por encima de lo facturado en todo 2025. En el mismo lapso la producción cayó 6,6% y el consumo por habitante bajó a 45,4 kilos anuales, el nivel más bajo de la serie que la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) publica desde 2005.

Las dos cifras salen de la misma res. Entre enero y septiembre se produjeron 2,203 millones de toneladas res con hueso; se exportaron 667.300, un 7,7% más que en 2025, y al consumo local llegaron 1,535 millones, 202.500 toneladas menos. La porción de la producción que quedó en el país bajó de 73,7% a 69,7%. CICCRA lo resumió en su informe de septiembre: «el ajuste recayó sobre el mercado interno».

 

PANEL DE DATOS · CARNE VACUNA, ENERO-SEPTIEMBRE 2026
Exportaciones en valor (ABC) USD 3.791 M · +36,9%
Exportaciones en volumen, peso producto (ABC) 549.600 t · +5,3%
Producción, res con hueso (CICCRA) 2,203 M t · −6,6%
Consumo aparente interno (CICCRA) 1,535 M t · −11,7%
Consumo per cápita, promedio 12 meses a sept. 45,4 kg · −5,3 kg
Destino interno sobre la producción total 69,7% (73,7% en 2025)
Exportaciones a Estados Unidos (ABC) 83.124 t · +186%
Cortes vacunos vs. nivel general, IPC GBA sept. +50,1% vs. +33,5%
Nota: ABC mide peso producto; CICCRA, toneladas res con hueso.

Más dólares por tonelada

El salto de facturación responde más al precio que a la cantidad. En septiembre la tonelada exportada promedió USD 6.855, 18,8% más que un año atrás, después de un piso cercano a USD 3.740 a mediados de 2024 y un máximo próximo a USD 7.300 en mayo. Mario Ravettino, presidente de ABC, lo expuso al comparar con septiembre de 2025: con volúmenes similares, el valor obtenido fue 18,7% superior.

China sigue comprando volumen: absorbió el 60,8% de los embarques acumulados y el 68% en septiembre, a unos USD 6.033 por tonelada. El cambio de composición llega por Estados Unidos, que compró 83.124 toneladas entre enero y septiembre, 186% más que en 2025, con subas de precio de 40% en la carne enfriada. En agosto, según CICCRA, las compras chinas cayeron 16,1% interanual mientras los envíos al mercado norteamericano crecieron 257%.

El cupo de Washington

Ese impulso tiene origen político. En febrero, tras la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, la Casa Blanca amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales el contingente de carne argentina con arancel preferencial, del 10% frente al 36,4% que rige fuera de cupo, según Rosgan. CICCRA atribuye principalmente a esa cuota el crecimiento exportador del año. Al 26 de octubre, ABC informaba utilizado el 71,2% del tramo del cuarto trimestre.

La ampliación tiene límites. Se dispuso por decisión presidencial, fuera del texto del acuerdo, y queda sujeta a la voluntad de la administración Trump. Está orientada a recortes magros para la industria de la hamburguesa, no a cortes de alto valor. Y a fines de agosto Washington anunció una cuota temporal de 300.000 toneladas de carne magra sin arancel de la que la Argentina quedó excluida y que favorece a Brasil.

Una oferta que no alcanza

La causa de fondo está en el campo. En septiembre se faenaron 1,045 millones de cabezas, 11% menos que un año antes y el nivel más bajo para ese mes en ocho años. CICCRA lo atribuye a tres campañas de adversidad climática que obligaron a anticipar la faena y a liquidar hembras, a lo que se sumaron zafras de terneros más chicas.

Desde agosto aparece un cambio de fase. La participación de hembras en la faena bajó a 44,1% en septiembre, dentro del rango compatible con sostener el stock: los productores empezaron a retener vientres. Es la condición para producir más carne en el mediano plazo, pero en lo inmediato reduce todavía más la oferta, porque la respuesta ganadera llega con años de demora.

Cada vaquillona que vuelve al campo para recomponer el rodeo es carne que no llega al mostrador en los próximos meses.

Parte del análisis sectorial sostiene que la caída del consumo se explica antes por la oferta que por la exportación, y en magnitud tiene razón. Con una producción 6,6% menor se perdieron unas 155.000 toneladas: de las 202.500 que dejó de recibir el mercado interno, tres cuartas partes corresponden a esa merma y el resto, 47.600, a los embarques adicionales. La exportación no vació las carnicerías por sí sola. Se quedó con una porción creciente de una oferta más chica, y la política comercial reforzó esa dirección.

Precios atados a la demanda externa

Con menos carne y compradores externos que pagan más, el precio interno acompañó. Según el IPC del Gran Buenos Aires del INDEC, en septiembre los cortes vacunos acumulaban una suba interanual de 50,1%, frente a 33,5% del nivel general y 28,6% del pollo entero. El consumo quedó en 45,4 kilos por habitante en el promedio de doce meses, 5,3 kilos menos que un año antes y 34% por debajo del máximo de la serie, los 68,9 kilos de 2008.

Dos precisiones ordenan la lectura. El consumo aparente estima la carne disponible a partir de la producción y el comercio exterior; no mide lo que efectivamente se come. Y la afirmación de que se trata del mínimo desde 1914, repetida en varias publicaciones, excede la serie de la cámara, que comienza en 2005.

La caída coyuntural se monta sobre una tendencia larga. Según Argendata Fundar, con datos de la FAO, el consumo de carne vacuna pasó de 84 kilos por habitante a fines de los años sesenta a 49 en 2023, con una producción bovina prácticamente estancada durante casi cinco décadas, mientras la avícola saltaba de 36.000 toneladas en 1961 a 2,3 millones en 2024. Los argentinos no dejaron de comer carne; la vacuna dejó de ser la de todos los días.

¿Quién gana y qué queda abierto?

El reparto del ciclo es nítido. La industria exportadora y los productores captan precios internacionales en alza, y la economía recibe divisas de un sector que en doce meses facturó USD 4.909,6 millones, según ABC. El costo se distribuye en los hogares a través del precio de un alimento central de la canasta. La política oficial empujó en una sola dirección, con la rebaja de derechos de exportación iniciada en 2024 y el acceso preferencial a Estados Unidos, sin instrumentos equivalentes del lado de la oferta ni del abastecimiento interno.

El escenario para 2027 no apunta a un alivio rápido. La retención de vientres reducirá la faena antes de ampliarla; el Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta otro año de oferta ajustada y precios altos en ese mercado, lo que sostiene la demanda externa; y la continuidad del cupo depende de una decisión discrecional de Washington. El récord exportador de 2026 ya está asegurado. La recuperación de un rodeo liquidado durante tres campañas todavía no tiene fecha.

 

FUENTES
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), informe de exportaciones enero-septiembre 2026, vía BAE Negocios (30/10/2026). CICCRA, informes económicos mensuales de agosto y septiembre de 2026. INDEC, IPC Gran Buenos Aires, septiembre 2026. Rosgan, «Lotes de noticia» (09/02/2026) e informe sobre el mercado estadounidense (28/08/2026). Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, informes de mercados (febrero 2026). Argendata Fundar, con datos de FAO. Decreto 697/2024. Bichos de Campo y El Economista, cobertura del cupo estadounidense (febrero-septiembre 2026).

 

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