El asesinato de una maestra rural en Corrientes y el de cuatro trabajadoras sexuales en Rosario, Córdoba y Buenos Aires comparten un rasgo que excede la crónica policial. Ocurrieron en espacios de trabajo sin resguardo, mientras el sistema nacional de asistencia funciona con una fracción de los recursos que tenía en 2023.
El miércoles 28 de octubre, tres semanas después de que se perdiera su rastro, la policía de Corrientes encontró el cuerpo de Nancy Estela Godoy semisumergido en un bañado de la estancia El Curupí, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. Tenía 52 años y era directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, que funciona dentro de ese mismo campo. Al día siguiente, la CTERA paró en todo el país en señal de duelo y reclamo de justicia.
Para entonces, el padrón del Observatorio Lucía Pérez, que lleva la cooperativa lavaca, registraba 38 víctimas de violencia femicida en octubre, con corte al día 28. La cifra agrupa femicidios y asesinatos vinculados, y los casos se reparten entre Corrientes, Santa Fe, Córdoba, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chaco, Mendoza y Santiago del Estero. Conviene leerla con su alcance: es un registro autogestionado, construido a partir de información periodística y judicial, que no reemplaza a la estadística oficial que elabora la Corte Suprema y suele publicarse con un año de demora.
El número dice menos que la geografía de los crímenes. Dos de los episodios que movilizaron a gremios y organizaciones durante el mes tienen un denominador común que no pertenece al expediente penal: las víctimas fueron asesinadas mientras trabajaban, en lugares donde nadie más que ellas sabía cómo llegar ni cómo salir.
La escuela dentro de la estancia
Godoy había mantenido su último contacto con la familia el 6 de octubre. La búsqueda formal empezó más de una semana después, y su cuñada denunció públicamente que la policía tardó en moverse. La zona tiene caminos de difícil acceso y carece de señal telefónica, un dato que pesó tanto en la desaparición como en el rastrillaje.
La fiscalía de Esquina sostiene como principal sospechoso a Ireneo Zarza, de 34 años, capataz de la estancia, imputado como presunto autor del femicidio. Según los testimonios incorporados a la causa, Zarza estuvo en una tapera a unos 150 metros de la escuela en las horas previas a la desaparición. Hay otros cuatro detenidos, cuyas imputaciones (entre ellas encubrimiento y falso testimonio) fueron reformuladas a medida que avanzó la investigación. La hipótesis fiscal atribuye a una de ellas, Rosa Leguizamón, haberle dicho a la docente que nadie de la estancia viajaría a Esquina ese fin de semana, lo que la dejó sin forma de regresar. La autopsia debe establecer la causa de muerte y si hubo abuso sexual. Ninguno de los acusados tiene, hasta ahora, más que una imputación.
Ese detalle de la hipótesis, la falta de un vehículo para volver a la ciudad, describe mejor que cualquier consigna la situación de una maestra rural. Godoy pasaba la semana en un establecimiento ubicado dentro de un campo privado, a kilómetros del pueblo, y su posibilidad de salir dependía de la voluntad de quienes trabajaban en esa estancia. Los gremios docentes señalaron que en agosto había elevado notas formales en las que advertía sobre el abandono del edificio y la falta de agua potable, sin obtener respuesta antes de desaparecer.
La responsabilidad penal es asunto de la Justicia. La otra pregunta, la de quién garantiza las condiciones de trabajo en escuelas que funcionan en tierras de terceros, sin conectividad ni transporte, corresponde al Ministerio de Educación de Corrientes. El paro de la CTERA, acompañado por el sindicato correntino SUTECO, puso esa discusión en el centro del reclamo.
Cuatro trabajadoras, tres provincias
El otro foco del mes fue la seguidilla de asesinatos de trabajadoras sexuales. En Rosario, Débora Bordón fue asesinada en un departamento del barrio Luis Agote, adonde había ido a atender a un cliente; por el crimen, que AMMAR ubica en agosto, está acusado Axel Mendoza, de 23 años. El 11 de octubre apareció en una pensión de Empalme Graneros el cuerpo de Bárbara Camila Aragón, de 26, dentro de una valija. La autopsia preliminar indicó muerte por asfixia. El imputado es Eliel Schiffo, de 37, un policía santafesino exonerado de la fuerza tras una condena por narcotráfico, con quien la joven había acordado un encuentro.
En menos de una semana, otros dos crímenes con la misma secuencia unieron a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Daniela del Milagro Villalba, de 29 años, fue asesinada en el barrio cordobés de Cofico; días después, Tatiana Micaela Fernández, de 27, apareció muerta en un departamento de Retiro. Por ambos hechos está detenido Renato Iván Tabella, de 28 años, sin antecedentes penales, a quien los investigadores atribuyen haber contactado a las dos mujeres a través de aplicaciones de citas. Tabella fue arrestado en un hotel porteño y se negó a declarar ante el juez nacional Guillermo Rongo.
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) convocó a un paro nacional para el martes 3 de noviembre, con movilización y actividades en distintas provincias, bajo las consignas «Ni una trabajadora sexual menos» y «La clandestinidad mata». El argumento del sindicato es concreto. En la Argentina el trabajo sexual autónomo no es delito, pero carece de un marco que lo regule; los códigos contravencionales y la persecución de la oferta en la vía pública desplazaron los encuentros hacia departamentos, pensiones y plataformas digitales, espacios que elige el cliente y donde la trabajadora queda sola. Una dirigente del sector lo resumió esta semana al advertir que las estrategias de cuidado que tenían ya no alcanzan.
La posición no es unánime dentro del feminismo. Las corrientes abolicionistas sostienen que regular la actividad no reduce la violencia, porque consideran a la prostitución una forma de violencia en sí misma, y reclaman políticas de salida y la persecución del proxenetismo. Las dos miradas coinciden, sin embargo, en un diagnóstico: hoy esas mujeres trabajan sin ninguna protección institucional y sus muertes suelen ingresar al sistema judicial como homicidios comunes.
La escena más frecuente
El triple crimen de Monte Grande no encaja en esa lógica, y precisamente por eso sirve de recordatorio. El 20 de octubre, en Monte Grande, Damián Darío Santillán, de 50 años, mató a su pareja, Laura Susana Prediguer, de 43; a su hijo Santino, de 11, y a su propia madre, de 73. Murió horas después en Burzaco. La causa se investiga como triple homicidio seguido de suicidio, de modo que no habrá juicio.
Ese es el escenario que los registros de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema señalan año tras año como el predominante: la casa, y como agresor la pareja o la expareja. Los crímenes de octubre en espacios laborales no desplazan ese patrón; muestran que la violencia machista encuentra también las zonas donde la protección estatal es más delgada.
Un sistema de asistencia reducido
El reclamo por la prevención llega en un momento de repliegue de las políticas nacionales. Tras la disolución del Ministerio de las Mujeres, la Línea 144 pasó a la órbita de Capital Humano y el Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a mujeres en situación de violencia, al Ministerio de Justicia. Según un relevamiento de Chequeado, entre 2023 y 2025 sus presupuestos cayeron en términos reales un 97,7% y un 99%, respectivamente. El análisis de ACIJ y ELA sobre el proyecto de Presupuesto 2026 estima en 89% la caída conjunta de las principales partidas contra la violencia de género y consigna que la Línea 144 perdió en 2024 dos tercios de sus fondos y el 45% de su personal.
El Gobierno presentó esos cambios como parte de la reducción de estructuras del Estado y promovió la unificación de la Línea 144 con la 137, que atiende violencia familiar y sexual, bajo un esquema de asistencia a víctimas en general. Sería un error atribuir a ese ajuste los crímenes del mes: ninguna línea telefónica habría alcanzado una escuela sin señal en El Malezal. Lo que el recorte sí modifica es la capacidad del Estado para registrar señales de riesgo y responder a ellas, que es exactamente lo que, según los gremios, faltó en el caso de Godoy. A eso se suma la demanda que repitieron sindicatos y organizaciones durante todo el mes, la de investigar estos hechos con perspectiva de género desde el primer día y no como conflictos personales o delitos comunes.
La causa de Esquina tiene por delante la autopsia, las pericias genéticas y la definición de la situación procesal de cinco detenidos. Hay una parte del expediente, sin embargo, que no depende del fiscal: las notas que una directora suplente envió en agosto advirtiendo que su escuela no tenía agua ni condiciones mínimas. Hasta hoy, ninguna autoridad educativa correntina explicó públicamente qué se hizo con ellas.
