El proyecto enviado al Congreso reduce en términos nominales las partidas del INTA y el INTI y elimina el mecanismo de financiamiento específico vinculado a las importaciones que también alcanza al SENASA. La discusión no es solamente presupuestaria. Está en juego la capacidad del Estado para sostener investigación, tecnología, controles sanitarios y servicios indispensables para la producción y las exportaciones.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional al Congreso abrió una discusión que va más allá de las cuentas de un ejercicio fiscal. En las planillas aparecen reducciones nominales para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tendría una asignación nominal mayor.
Al mismo tiempo, el proyecto modifica el esquema de financiamiento específico que durante años vinculó parte de los recursos de estos organismos con las importaciones.
La diferencia es importante. No se trata de un recorte presupuestario idéntico para los tres organismos. El punto común es la eliminación de una fuente de recursos establecida por ley.
La normativa vigente dispone una asignación equivalente al 0,65% del valor CIF de determinadas importaciones, distribuida entre el INTA, el SENASA y el INTI. El 0,45% corresponde al INTA, el 0,15% al SENASA y el 0,05% al INTI. Los fondos se detraen de los gravámenes, derechos y tasas aduaneras, con exclusión de la tasa de estadística.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar este esquema. La discusión parlamentaria deberá determinar si esa fuente específica de financiamiento desaparece, se modifica o es restituida durante el tratamiento de la ley.
Menos recursos para el INTI y el INTA
Los números previstos para 2027 muestran una reducción nominal en los recursos asignados al INTA y al INTI. De acuerdo con las cifras difundidas a partir del proyecto, el presupuesto del INTA pasaría de $360.124 millones previstos para 2026 a $315.538 millones en 2027. El INTI, por su parte, pasaría de $91.070 millones a $86.358 millones.
En ambos casos, la caída nominal adquiere mayor dimensión cuando se la compara con la inflación proyectada para el próximo año. El resultado es una pérdida de capacidad de gasto real, aun antes de considerar el efecto que pueda tener la eliminación del financiamiento específico.
El INTI no es solamente un organismo de investigación. Es una pieza de la infraestructura tecnológica de la industria argentina. Sus laboratorios, servicios de metrología, ensayos, certificación y asistencia técnica son utilizados por empresas de distintos sectores, con una incidencia particularmente importante en las pequeñas y medianas empresas.
Su actividad alcanza áreas como alimentos, energía, minería, petróleo y gas, electrónica, automotriz y construcción, entre otras. En muchos casos, el acceso a esas capacidades permite a una empresa desarrollar un producto, mejorar un proceso, cumplir una norma técnica o acceder a un mercado.
Por eso, una reducción de recursos no se traduce necesariamente en un dato administrativo. Puede terminar afectando servicios tecnológicos concretos que utilizan las empresas para producir y competir.
El INTA y la capacidad de generar tecnología
Con el INTA ocurre algo similar en el complejo agropecuario y agroindustrial.
Desde su creación, el organismo articula investigación, desarrollo tecnológico y extensión. Su presencia territorial le permite trabajar con productores y organizaciones de las distintas regiones productivas del país.
Esa función adquiere especial importancia en una economía que necesita aumentar sus exportaciones y, al mismo tiempo, incorporar mayor valor agregado a su producción.
La tecnología agropecuaria no se limita a mejorar los rendimientos. También interviene en la adaptación de cultivos, el manejo de suelos, la sanidad, el uso eficiente del agua, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de procesos que permiten agregar valor.
En un país con una estructura productiva tan extensa y heterogénea, buena parte de esos conocimientos no podría ser generada ni financiada individualmente por los pequeños y medianos productores.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla además una reducción de los cargos previstos para el organismo. Ese dato debe leerse junto con el proceso de reestructuración que el INTA viene atravesando.
La discusión, entonces, no pasa solamente por el tamaño de su planta de personal. También alcanza a la capacidad de investigación, experimentación y transferencia tecnológica que el organismo puede sostener en el territorio.
SENASA, una situación diferente
El caso del SENASA requiere una consideración aparte.
A diferencia del INTA y el INTI, el organismo tendría en 2027 una asignación presupuestaria nominal superior a la prevista para 2026. Por lo tanto, no sería correcto presentar la situación de los tres organismos como si enfrentaran exactamente el mismo recorte.
Pero el SENASA también queda alcanzado por el cambio en el mecanismo de financiamiento específico.
Su función es estratégica para el sistema agroalimentario. Interviene en materia de sanidad animal y vegetal, inocuidad y calidad de los alimentos y certificación de productos destinados a los mercados externos.
En materia de comercio exterior, los controles sanitarios no son una cuestión secundaria. Constituyen una de las condiciones que deben cumplir los productos argentinos para ingresar a numerosos mercados.
La sanidad y la certificación forman parte de la infraestructura que sostiene las exportaciones agropecuarias. Cuando un país pierde capacidad en esas áreas, el problema puede aparecer más adelante, en forma de restricciones comerciales, mayores exigencias de los compradores o dificultades para abrir nuevos mercados.
Una discusión que excede al presupuesto
La discusión puede quedar reducida a una comparación entre partidas presupuestarias. Pero detrás de esos números existe una cuestión más profunda.
INTA, INTI y SENASA integran capacidades públicas que no siempre aparecen en las estadísticas tradicionales de producción. Son parte de la infraestructura que permite investigar, desarrollar tecnología, mejorar procesos, controlar la calidad, garantizar condiciones sanitarias y facilitar el acceso a mercados.
El INTI aporta capacidades tecnológicas a la industria. El INTA hace lo propio con el complejo agropecuario y agroindustrial. El SENASA sostiene buena parte de la infraestructura sanitaria y de certificación necesaria para el comercio de alimentos y productos agropecuarios.
No cumplen exactamente la misma función, pero los tres intervienen en una misma cadena de capacidades productivas.
Por eso, la eliminación de una fuente de financiamiento específica merece ser analizada junto con las partidas presupuestarias y no como un hecho aislado.
Hay además una cuestión que resulta difícil de separar del objetivo oficial de aumentar las exportaciones.
Si la Argentina pretende ampliar su presencia en los mercados internacionales, no alcanza con disponer de recursos naturales, empresas y mercados potenciales. También necesita investigación, tecnología, certificaciones, laboratorios, controles sanitarios y conocimiento aplicado.
Exportar más no significa solamente vender más toneladas. También supone poder cumplir las condiciones técnicas y sanitarias exigidas por cada mercado y, cuando sea posible, avanzar hacia productos con mayor valor agregado.
La cuestión de fondo
El debate sobre el Presupuesto 2027 vuelve a poner en discusión qué capacidades debe conservar el Estado para sostener una estrategia productiva.
La eficiencia del gasto público es una cuestión legítima. También lo es revisar estructuras, eliminar funciones superpuestas y exigir resultados. Pero una política de reducción del gasto necesita distinguir entre estructuras administrativas y capacidades que generan bienes públicos difíciles de reemplazar.
Un laboratorio del INTI que permite certificar un producto industrial, una estación experimental del INTA que desarrolla una tecnología para una región productiva o un sistema sanitario del SENASA que habilita el ingreso de alimentos argentinos a un mercado externo no cumplen una función meramente burocrática.
Son parte del sistema productivo.
La discusión parlamentaria sobre el Presupuesto 2027 recién comienza y las partidas pueden modificarse durante su tratamiento. Pero el debate ya plantea una definición que excede las cifras de un año: qué lugar ocuparán la ciencia aplicada, la tecnología, la sanidad y el conocimiento en el modelo productivo argentino.
La respuesta tendrá consecuencias sobre la industria, el agro, las PyMEs y las exportaciones.
Y también sobre la capacidad del país para transformar sus recursos en producción, tecnología y valor agregado.
DPyE
