Todo proyecto político que llega al poder impugnando «el relato» anterior construye, tarde o temprano, el suyo propio. La singularidad del caso Milei no es que haya un relato —eso es constitutivo de cualquier gestión— sino la distancia inusualmente amplia entre la arquitectura discursiva que lo sostiene y la verificación empírica de sus componentes. Ese desfase no es casual ni anecdótico: es una técnica de comunicación política deliberada, con patas identificables, cada una construida sobre el mismo mecanismo — la promesa categórica, el desplazamiento semántico cuando la promesa no se cumple, y la fotografía estadística congelada en el momento más favorable.
PATA UNO: LA DOLARIZACIÓN QUE SE CONVIRTIÓ EN CONCEPTO
En 2023 la dolarización no era una propuesta técnica entre otras: era el significante que condensaba toda la oferta electoral de Javier Milei. El candidato repartía billetes de cien dólares con su propio rostro en reemplazo de Benjamin Franklin, prometía «dinamitar» el Banco Central y aseguraba ante empresarios que el peso «iba a desaparecer». Esa promesa cumplía una función política precisa: ofrecía una solución mágica y de shock a un problema —la inflación crónica— que la sociedad argentina identificaba como la amenaza número uno a su bienestar. No era un plan económico, era un significante de ruptura total con «la política» tal como se la conocía.
A dos años y medio de gestión, ni la dolarización ni el cierre del Banco Central ocurrieron. Lo interesante, desde el análisis del relato, no es el incumplimiento en sí —eso les pasa a todos los gobiernos con alguna promesa— sino la técnica utilizada para administrar la distancia entre lo prometido y lo hecho: el desplazamiento semántico progresivo. «Dolarización» mutó en discurso oficial a «competencia de monedas», y de ahí a «dolarización endógena», un concepto lo suficientemente elástico como para no requerir nunca una fecha de cumplimiento ni una medida concreta que lo desmienta. El propio Emilio Ocampo, el economista designado en el imaginario público para conducir el proceso, nunca asumió en el Banco Central. La conducción de la entidad, lejos de ser dinamitada, se mantuvo en manos de Santiago Bausili sin sobresaltos institucionales.
Ese mecanismo de licuación conceptual es el patrón que se repite en el resto de las patas: la promesa original se mantiene viva como horizonte simbólico —»no está descartada», «es un proceso»— mientras la práctica de gobierno se aleja de ella sin que ese alejamiento se procese públicamente como incumplimiento. El organismo de verificación Chequeado hizo el ejercicio agregado al cumplirse el primer año de mandato: apenas el diez por ciento de las promesas centrales de campaña se encontraban cumplidas en los términos originalmente planteados. No es un dato menor entre otros: es la prueba de que el patrón es sistémico y no una serie de excepciones justificables por circunstancias.
PATA DOS: LA CASTA COMO SIGNIFICANTE VACÍO
Si la dolarización operó como promesa de shock económico, «la casta» operó como enemigo moral. Fue la construcción retórica más eficaz de la campaña de 2023 porque permitía canalizar el enojo social hacia un adversario difuso —»la política», «los privilegios», «el Estado parasitario»— sin necesidad de precisar nunca quién integraba exactamente esa categoría. Esa ambigüedad fundacional es la que hoy permite al Gobierno sostener que «el ajuste lo pagó la casta» mientras los números de ejecución presupuestaria muestran exactamente lo contrario.
Los recortes acumulados desde diciembre de 2023 golpearon centralmente gasto de capital, programas sociales, universidades nacionales y salarios públicos, con caídas reales de entre veinte y ochenta y seis por ciento según el rubro. Ninguna de esas partidas corresponde a lo que el electorado entendía por «casta» cuando votó: dietas legislativas, jubilaciones de privilegio de ex funcionarios, superestructura política. El desplazamiento del significante —de «los políticos privilegiados» hacia «el gasto público en general», incluidas las universidades y los jubilados— es la misma operación retórica que permitió, en paralelo, incumplir la promesa explícita de no aplicar la motosierra sobre las jubilaciones, multiplicar dieciséis veces la tarifa del transporte en el AMBA pese al compromiso de no tocarla, y aumentar la carga tributaria sobre los combustibles pese al juramento de «cortarse un brazo antes de subir un impuesto». El significante «casta» nunca tuvo un referente estable: fue, y sigue siendo, una categoría que se llena con lo que en cada momento conviene atacar políticamente.
PATA TRES: LA ECUACIÓN LINEAL COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
El tercer pilar del relato es más sofisticado porque no requiere mentir sobre ningún dato puntual: consiste en construir una cadena causal simplificada —menos inflación implica automáticamente menos pobreza, más bienestar, más inversión, más crecimiento— y comunicar solo el eslabón que en cada momento resulta favorable. La inflación efectivamente bajó respecto de los niveles heredados en 2023, y la pobreza medida por el INDEC mostró una reducción real hacia el segundo semestre de 2025. Ambos datos son ciertos y fueron celebrados con amplia cobertura oficial.
Lo que el relato omite sistemáticamente es que esa misma cadena causal, cuando la tendencia se invierte, deja de comunicarse con el mismo énfasis. El indicador privado que anticipa mes a mes la evolución de la pobreza —el mismo que el propio Presidente cita como referencia cuando le resulta favorable— mostró en el primer semestre de 2026 una trayectoria ascendente, no descendente, empujada por el rebrote inflacionario y la pérdida de impulso económico. El patrón de comunicación es consistente: se fotografía el dato en su mejor momento, se lo presenta como tendencia consolidada, y se deja de mencionar la misma fuente cuando el número se revierte. No es falsificación de estadística; es selección estratégica del momento de la difusión, una técnica de comunicación de gobierno tan vieja como la política misma, pero ejercida aquí con una intensidad narrativa poco habitual, sostenida por una cadena de voceros, streamers oficialistas y cuentas afines que amplifican el dato favorable con vocabulario de victoria histórica («la casta no quería que esto pase», «el helicóptero de Alberto Fernández», etc.) y guardan silencio cuando el mismo indicador se da vuelta.
PATA CUATRO: LA ECONOMÍA REAL QUE NO ENTRA EN EL TITULAR
Detrás del cuadro macro que el Gobierno prioriza comunicar —riesgo país, superávit fiscal, inflación mensual— hay una economía real que rara vez alcanza el mismo nivel de exposición mediática oficial. La industria argentina operó buena parte del último año por debajo del sesenta por ciento de su capacidad instalada, con la rama automotriz llegando a mínimos históricos y la metalmecánica sin automotores derrumbándose por la caída en la producción de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos. La recaudación tributaria encadenó nueve meses consecutivos de caída real, con el IVA neto —el impuesto que mejor refleja el pulso del consumo interno— retrocediendo con fuerza en el primer cuatrimestre de 2026. Y el costado más silencioso de todos: más de veinticuatro mil pymes cerraron sus puertas desde diciembre de 2023, con un salto de más del ciento treinta por ciento en los concursos preventivos iniciados en tribunales comerciales.
Ninguno de estos datos es secreto ni está oculto —surgen del propio INDEC, de cámaras empresarias y de informes fiscales de acceso público— pero no integran la batería comunicacional que el Gobierno prioriza. Es la asimetría de agenda la que construye la mentira, más que el dato en sí: se difunde con machacona insistencia el superávit fiscal, y se deja para las páginas de economía especializada el hecho de que ese superávit se sostiene, en buena medida, ante una recaudación que cae más rápido, con un ajuste constante del gasto, es decir, por contracción de la actividad estatal y no por una mejoria en la percepcion de ingresos .
PATA CINCO: EL RIGI COMO RELATO DE FUTURO QUE SUSTITUYE AL PRESENTE
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones cumple una función discursiva muy precisa: permite hablar en la gramática del anuncio —proyectos «comprometidos» a diez años, cifras de decenas de miles de millones de dólares, promesas de cien mil empleos— sin necesidad de mostrar resultados en el presente. La cifra que efectivamente se convierte en divisas dentro del país es sensiblemente menor a la que se anuncia en conferencias de prensa, y la enorme mayoría de los proyectos presentados todavía está en etapa de evaluación, no de ejecución. Esa distancia entre «proyecto presentado», «proyecto aprobado» y «dólares efectivamente ingresados» es exactamente el terreno donde opera la comunicación oficial: se elige siempre la cifra más grande y menos representativa del impacto inmediato, porque es la que mejor sostiene el relato de un país que vuelve a atraer capital.
PATA SEIS: LA CONFUSIÓN DELIBERADA ENTRE CONFIANZA FINANCIERA E INVERSIÓN PRODUCTIVA
Esta es, probablemente, la operación de relato más elaborada del período reciente. El Gobierno construyó una identificación casi total entre la baja del riesgo país —un indicador que mide el apetito de los mercados por comprar deuda soberana argentina— y «la confianza recuperada» en términos amplios, como si se tratara de un único fenómeno. Son, en rigor, dos mercados distintos. Mientras el riesgo país tocaba mínimos de ocho años, la inversión extranjera directa —la que efectivamente construye planta, genera empleo formal y amplía capacidad productiva— colapsó cincuenta y cuatro por ciento en el primer año de gestión y ubicó a la Argentina, en 2025, en el último lugar del ranking regional de captación de capital, muy por detrás de Brasil, México, Chile y Colombia.
El caso más visible de esa fuga de capital productivo es la salida de Shell del mercado argentino: la controlante brasileña de la marca vendió su red de estaciones de servicio, su refinería y otros activos a un consorcio local, explicando la decisión como parte de una estrategia de «asignación disciplinada de capital» que privilegia otras geografías. A esa salida se suman, en los últimos dos años, las de Carrefour, Petronas, Mercedes Benz, Telefónica, Enap, Burger King y Paramount, además de casos de relocalización productiva regional —como el de una planta de calzado que trasladó su producción a Paraguay tras despedir a ochocientos cincuenta trabajadores en el interior bonaerense. El Gobierno tiene una respuesta comunicacional ensayada para cada uno de estos casos —»son decisiones de portafolio corporativo global, no vinculadas a la Argentina»— que en algunos casos es parcialmente cierta, pero que sistemáticamente evita conectar esos casos puntuales con el patrón agregado que los datos de balanza de pagos confirman de manera consistente.
PATA SIETE: DE «LA CASTA» A LA CASTA PROPIA
El relato fundacional del proyecto libertario no fue solamente económico: fue, ante todo, un relato moral de excepcionalidad ética. Milei se presentó como la ruptura con una clase política que «robaba con el señoreaje» y «vivía de privilegios», y construyó su capital político inicial sobre la promesa de que su gestión sería moralmente distinta. Los dos episodios más graves del año en curso —el escándalo cripto en torno al token Libra y la salida forzada del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni por una investigación de enriquecimiento ilícito— son significativos precisamente porque no son incumplimientos de política pública, sino presuntas conductas que reproducen, en el círculo más cercano al Presidente, exactamente aquello que el relato prometió erradicar.
En el caso Adorni, la cronología es ilustrativa del manual de gestión de crisis que el oficialismo aplicó: primero la minimización del hecho inicial —el viaje de su esposa en el avión presidencial, descripto por el propio funcionario como «una pésima decisión» pero sin delito—; después el sostenimiento presidencial explícito pese a la acumulación de revelaciones patrimoniales; y finalmente, en la carta de renuncia, el giro discursivo hacia la victimización mediática, con referencias a una «carnicería mediática» y a «operaciones» contra su familia. Es el mismo repertorio retórico que el oficialismo despliega cada vez que un escándalo alcanza a su núcleo duro: se redefine la acusación de corrupción como persecución política, y se traslada la conversación pública del hecho investigado a la legitimidad de quienes lo investigan o lo difunden. El caso Libra siguió una lógica similar: primero la promoción entusiasta del token desde la cuenta presidencial, después el borrado del posteo y la explicación de desconocimiento, y finalmente el silencio institucional sostenido durante meses mientras la evidencia forense y los registros telefónicos revelados por medios internacionales fueron acumulando elementos que la versión oficial no logró explicar.
EL MECANISMO COMÚN: ¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA MENTIRA ?
Lo que atraviesa las siete patas descriptas no es, en la mayoría de los casos, la falsificación lisa y llana de un dato. Es una arquitectura de comunicación política que combina tres operaciones simples y eficaces: primero, la promesa categórica y de alto impacto emocional, formulada en un momento de campaña donde no hay costo por el incumplimiento futuro. Segundo, el desplazamiento semántico progresivo del término prometido —dolarización que se vuelve competencia de monedas, casta que se vuelve gasto público en general— que permite sostener la sensación de cumplimiento sin ninguna medida verificable. Tercero, la gestión estratégica del momento de difusión de cada estadística: se amplifica con toda la maquinaria comunicacional del Estado y de sus voceros digitales el dato que confirma el relato, y se deja en silencio, o se relega a informes técnicos de circulación acotada, el dato que lo contradice.
Ese tercer mecanismo es, quizás, el más moderno de los tres, y el que mejor explica por qué el desgaste del relato no se tradujo, hasta ahora, en un desgaste proporcional de la imagen presidencial: opera en un ecosistema de comunicación fragmentado, donde el ciudadano que solo consume la agenda oficial y sus canales afines puede sostener durante meses una imagen del país que los datos duros de actividad, empleo e inversión productiva contradicen sistemáticamente. La distancia entre el relato y la evidencia no se cierra sola. Se cierra, si se cierra, con el mismo trabajo con el que se abrió: verificación sostenida, cruce de fuentes primarias y disposición a nombrar cada pata de la mentira con la cifra exacta que la desmiente.
AM
