La Casa Rosada necesita votos para el 11 de febrero, pero las provincias resisten el recorte del Impuesto a las Ganancias a sociedades. La disputa es por recursos coparticipables y por quién paga el costo político rumbo a 2027.
La negociación se aceleró en las últimas horas: el oficialismo quiere llevar la reforma laboral al recinto del Senado el miércoles 11 de febrero, con el argumento de que el proyecto está “en un 95% acordado”. Lo que falta, y no es menor, es el capítulo fiscal.
El punto más conflictivo es la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, del 35% al 31,5%. Los gobernadores advierten que esa rebaja recorta la masa coparticipable y pega de lleno en las cuentas provinciales a partir de 2027, justo cuando buena parte de los mandatarios juega reelección y necesita sostener obra pública, salarios estatales y servicios.
-
La sesión del Senado está pedida para el 11 de febrero.
En esa pulseada aparece la primera grieta entre “aliados”: las provincias piden mecanismos de compensación y ponen sobre la mesa un cálculo de pérdida de hasta 3 billones de pesos, mientras desde el Ejecutivo relativizan el impacto y sostienen que el número es sensiblemente menor. El desacuerdo no es técnico: es político. Sin un piso de recursos previsibles, cualquier reforma que toque Ganancias se transforma en una factura que alguien tiene que pagar.
En el Senado, la UCR funciona como termómetro. El senador Eduardo Vischi reconoció dudas y dejó explícita la preocupación por “previsiones” clave para las provincias. Esa frase dice mucho: la discusión no está en el título de la reforma, sino en su letra chica fiscal.
A la baja de Ganancias se suman otros instrumentos del paquete que tensionan la relación Nación-provincias: el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIMI) con amortización acelerada en Ganancias y la devolución anticipada del IVA. Son herramientas pensadas para mover inversión, pero en la práctica reordenan recaudación en el corto plazo y eso abre resistencia en un país donde la caja manda.
-
Ganancias a sociedades: baja de 35% a 31,5%, con impacto en coparticipación.
En paralelo, el Gobierno empuja cambios en el régimen de indemnizaciones. La propuesta incluye un Fondo de Asistencia Laboral financiado con el 3% de contribuciones patronales hoy destinadas a la ANSES para cubrir despidos. Ante reparos opositores, se negocia limitar su alcance a PyMEs. En términos políticos, es el corazón de la discusión laboral: bajar “costo de despido” sin romper el sistema previsional ni vaciar derechos por la vía de los hechos.
-
Fondo de Asistencia Laboral: 3% de contribuciones hoy vinculadas a ANSES; posible foco en PyMEs.
El oficialismo, con Patricia Bullrich como figura central de la negociación parlamentaria según lo reportado por medios, busca cerrar acuerdos con bloques dialoguistas para no llegar debilitado al recinto. Pero el cierre real no depende de una foto en el Senado: depende de qué garantía fiscal concreta recibe cada gobernador para no quedar desfinanciado.
El desenlace inmediato es claro: si la Casa Rosada no cede en Ganancias ni ofrece compensaciones creíbles, la reforma laboral entra al 11 de febrero con riesgo de fractura, demoras o cambios de último momento. El escenario probable no es un “sí” o “no” limpio, sino una negociación quirúrgica artículo por artículo, donde cada voto se paga con una concesión fiscal.
En la Argentina real, la reforma no se define solo en el mercado laboral: se define en la coparticipación, porque sin recursos no hay federalismo; y sin federalismo, el ajuste siempre cae del mismo lado.
