Con el fuego avanzando sobre Cholila y el frente de Los Alerces proyectándose hacia Esquel, la Casa Rosada declaró la “Emergencia Ígnea” por decreto. La decisión llega después de semanas de reclamos provinciales y en pleno toma y daca por la reforma laboral.
La Patagonia volvió a mostrar, con crudeza, qué pasa cuando el Estado se achica donde más se lo necesita. Tras casi dos meses de incendios, pérdidas materiales y evacuaciones, el Gobierno nacional resolvió formalizar la respuesta con un Decreto de Necesidad y Urgencia: el DNU 73/2026, publicado este 30 de enero, declaró la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por un año y, además, definió como “zona de desastre” a los territorios afectados.
El giro llegó tarde, y el propio mapa del desastre lo evidencia. En el noroeste de Chubut, la zona de Cholila atraviesa una situación límite: el fuego arrasó casi 50 mil hectáreas desde principios de diciembre de 2025, destruyó 80 viviendas y golpeó una infraestructura rural difícil de cuantificar, además de pérdidas de animales y biodiversidad. Mientras el peligro no desaparece, la atención operativa empezó a desplazarse hacia Esquel, donde se montan tareas preventivas para frenar un frente ligado al incendio del Parque Nacional Los Alerces.
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Cholila: casi 50 mil hectáreas quemadas desde diciembre de 2025 y 80 viviendas destruidas, según reportes locales.
La escena en territorio contrasta con la secuencia política en Buenos Aires. La declaración de emergencia fue resultado de presión acumulada: oposición, gobernadores patagónicos y legisladores venían reclamando una herramienta legal y fondos extraordinarios para coordinar recursos y acelerar compras y despliegue. En ese marco, Tiempo Argentino describió una reacción “tardía” y el momento elegido no es menor: el Ejecutivo venía administrando el conflicto en paralelo a la negociación con mandatarios provinciales por la reforma laboral, cuyo tratamiento el oficialismo busca habilitar en extraordinarias desde el 11 de febrero.
El DNU no es solo un sello. En su letra, el Gobierno sostiene que la capacidad de respuesta fue “superada” y por eso declara la emergencia bajo la Ley 27.287 (SINAGIR). La norma encomienda la coordinación a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) —dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional— para acciones de prevención, “presupresión” y combate del fuego, asistencia a personas afectadas y apoyo a provincias y municipios, en coordinación con protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego. También ordena dar intervención a la Comisión Bicameral del Congreso, como corresponde para los DNU.
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DNU 73/2026: Emergencia Ígnea por 1 año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y “zona de desastre” en áreas afectadas
En paralelo, el Gobierno publicó una resolución que habilita fondos para bomberos voluntarios. La Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional destinó $100.810.319.998,50 a 1.062 asociaciones (entes de primer grado), con una asignación de $94.924.971,75 por entidad, para equipamiento, materiales e indumentaria y mantenimiento operativo. En la lectura política que circula en la Patagonia, ese anuncio fue presentado como “refuerzo” pero aparece también como parte del mismo movimiento: destrabar recursos frente a un incendio ya desbordado y con fuerte costo público por la demora.
En el territorio, el fuego no espera decretos. En Esquel, el municipio comenzó a movilizar maquinaria y cuadrillas para abrir fajas cortafuego y desmontes en el área de Alto Río Percy. Y en la zona de Cholila, la logística se vuelve cada día más compleja por la sequía: arroyos y ríos menores secos, traslados de agua en camionetas, focos nuevos por “pavesas” que pueden abrir incendios a más de un kilómetro. La respuesta real termina descansando, otra vez, en una mezcla de brigadistas y voluntarios, municipios y provincias, con la Nación llegando cuando el daño ya es masivo.
El dato de fondo, además, excede lo urgente: hay discusión abierta sobre capacidades estatales, presupuesto y prevención. Organizaciones socioambientales advirtieron caída de ejecución y recortes en herramientas vinculadas al manejo del fuego en los últimos años, con impacto directo sobre prevención y equipamiento. Ese debate toma otra dimensión cuando el Gobierno exhibe el “superávit” como núcleo de gestión, mientras en el sur el incendio se come viviendas, producción y bosque nativo.
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Política: el anuncio se dio con gobernadores presionando y negociaciones activas por la reforma laboral rumbo a extraordinarias.
El escenario inmediato combina dos planos: operativo y político. En lo operativo, la emergencia puede acelerar compras, coordinación y despliegue; pero llega cuando ya hay daño social y ambiental consolidado y frentes que siguen activos. En lo político, el episodio deja una imagen difícil de revertir: la Nación apareció cuando el incendio ya era tapa y cuando los gobernadores convirtieron el reclamo en una pulseada de poder. La motosierra puede ajustar partidas, pero tiene que rendirse ante la realidad.
