86 gremios que forman parte de la CGT y las dos CTA) lanzaron un plan de lucha contra la reforma laboral de Milei. Córdoba (5/2) y Rosario (10/2) serán las primeras marchas, con un mensaje explícito a los gobernadores en plena agenda de extraordinarias.
La resistencia a la reforma laboral del Gobierno empezó a ordenarse con una lógica federal. En la sede nacional de la UOM, Abel Furlán reunió a 86 sindicatos de las tres centrales sindicales y formalizó un plan nacional de lucha contra el proyecto de “modernización” que la Casa Rosada busca discutir en sesiones extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026.
La reunión fue la continuidad de un espacio que ya había tenido un primer encuentro la semana anterior y, según el texto consensuado, el objetivo es sostener “la unidad del campo popular” frente a una reforma que califican como regresiva. El método elegido combina territorialidad y calendario legislativo: movilizaciones en provincias antes de que el tema llegue al recinto y, además, paro y movilización el día que se trate la norma en el Congreso.
Las primeras fechas ya están cerradas: Córdoba, el jueves 5 de febrero, y Rosario, el martes 10 de febrero. No son marchas “de rutina”. Los organizadores las plantean como un llamado de atención a los gobernadores: el mensaje interno es que si los mandatarios provinciales “le prestan las manos” al Ejecutivo para aprobar la reforma, habrá costo político en sus propios territorios.
El documento difundido tras el plenario es más duro que una declaración genérica. Los sindicatos advierten que “los derechos conquistados por el movimiento obrero no pueden ser moneda de cambio” en negociaciones entre gobernadores y Nación, y sostienen que el proyecto no surge de un debate democrático, sino de conversaciones “a espaldas” de los trabajadores.
En esa misma línea, enumeran puntos que consideran estructurales: afirman que la reforma debilita la negociación colectiva, restringe el derecho de huelga, facilita despidos, ataca a los sindicatos, legaliza la precarización e incluso impone límites salariales, y que el objetivo real sería consolidar un esquema de salarios bajos y pérdida de derechos más que “crear empleo”.
La foto política también importa: además de Furlán como anfitrión, el encuentro tuvo representación de la CTA Autónoma (con Mariana Mandacovic, Alejandra Angriman, Daniel Jorajuría, Jorge Castro, Matías Fachal y Rodolfo Kempf, según la crónica sindical) y participaron, entre otros, Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA). En paralelo, el Gobierno intenta acelerar definiciones y ajustes finos del proyecto para sostener apoyos en el Congreso, lo que explica el apuro por tenerlo en agenda durante febrero.
El punto de fondo es que el conflicto ya no se juega sólo en despachos y dictámenes: el sindicalismo busca federalizar la disputa para que la reforma no sea votada como un trámite técnico, sino como una decisión con costos concretos para quienes la acompañen. En un Congreso convocado para tratar una agenda acotada y sensible, la calle aparece como el otro tablero. La consigna que dejan escrita no admite doble lectura: los derechos laborales no se negocian.
