El decreto 941/25 modifica la Ley de Inteligencia, declara secretas todas las tareas del organismo y autoriza la aprehensión de personas. Diputados peronistas reclamaron su tratamiento urgente en el Congreso y advirtieron sobre riesgos institucionales.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 firmado por el presidente Javier Milei entre gallos y medianoche el último día de 2025, y publicado este viernes en el Boletín Oficial, generó fuertes cuestionamientos al reformular la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y otorgar nuevas facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre ellas la posibilidad de detener personas sin orden judicial en determinados supuestos. Desde el peronismo exigieron que la medida pase por el Congreso, mientras que ex espías calificaron la medida de «nefasta».
Como informó este medio, la norma declara a la SIDE como órgano central del Sistema de Inteligencia Nacional y establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto”, según dispone el artículo 2 del DNU, con el argumento de “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Pero uno de los puntos que concentró mayores críticas es el artículo 19, que habilita a los organismos de inteligencia a “proporcionar su propia seguridad y protección” y a “repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo”. En ese marco, el texto señala que “el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, durante actividades de inteligencia, requerimientos judiciales o delitos en flagrancia.
El decreto también autoriza a la SIDE a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones”, y elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuya tarea pasa al Estado Mayor Conjunto. Además, introduce cambios en la estructura interna del organismo, con nuevas denominaciones para áreas de contrainteligencia y ciberinteligencia.
En paralelo, el DNU redefine el esquema de ciberseguridad y ciberinteligencia. El Centro Nacional de Ciberseguridad pasa a depender de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ciberinteligencia queda bajo la órbita de la SIDE
Ante esta situación, el bloque de diputados de Unión por la Patria solicitó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la conformación urgente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para tratar el decreto. “Hay que tratar de forma urgente el DNU 941/25, que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional”, señalaron en una nota enviada este viernes.
En este marco, el jefe del bloque, Germán Martínez, sostuvo que “no hay necesidad ni urgencia” y reclamó que el tema sea debatido en el Parlamento. “Llamen a Extraordinarias y manden proyecto de ley”, expresó.
Desde otros sectores también cuestionaron la medida. Un ex agente de inteligencia, Fernando Pocino, afirmó en su cuenta de X que “ya se publicó en el Boletín Oficial un decreto nefasto que modifica la Ley de Inteligencia Nacional”; aunque relativizó su impacto operativo. “La SIDE actual es ineficiente, apenas sirve para justificar gastos y manejar recursos con opacidad”, sostuvo, y agregó que el decreto “tomó por sorpresa a los directivos de la Secretaría”.
