El dólar, las tarifas y un modelo que vuelve a empujar precios a pesar del consumo en caída
Mientras las ventas de alimentos retroceden hasta 20% interanual, las empresas remarcan para cubrir costos crecientes. La señal cambiaria, las tarifas dolarizadas y la apertura importadora configuran un escenario de estanflación al inicio de 2026.
La economía argentina ingresa en 2026 con una paradoja cada vez más visible: el consumo cae, pero los precios siguen subiendo. En un mercado exhausto, con ventas en retroceso y márgenes comprimidos, muchas empresas optaron por ajustar precios aun sin demanda. No se trata de una estrategia expansiva, sino defensiva. La lógica dejó de ser vender más para pasar a sobrevivir.
Los datos del consumo confirman el deterioro. En alimentos, uno de los sectores más sensibles del índice de precios, la demanda muestra caídas de hasta 20% interanual. Sin embargo, desde el 1° de enero se registraron aumentos superiores al 5% en distintas cadenas productivas. El movimiento no responde a un rebote de la actividad, sino al aumento persistente de los costos fijos: tarifas de servicios públicos, combustibles, alquileres, logística e insumos, muchos de ellos con fuerte componente dolarizado.
Este comportamiento pone en tensión el diagnóstico oficial. La tesis según la cual la inflación se desacelera de manera casi automática con emisión contenida y disciplina fiscal encuentra un límite evidente en la práctica. Aun con demanda en baja y sin expansión monetaria significativa, los precios continúan subiendo. El problema ya no es exclusivamente monetario. Es estructural y está anclado en la oferta.
En ese esquema, la política cambiaria vuelve a ocupar un lugar central. La recalibración de las bandas del dólar funciona como una señal anticipada de precios. Cuando el techo de la banda se corre, el mercado descuenta un tipo de cambio más alto hacia adelante. En una economía bimonetaria e indexada al dólar, esa expectativa se traslada con rapidez a las listas de precios. No es una conducta especulativa en abstracto: es una cobertura frente a costos dolarizados que las empresas buscan anticipar.
La carne ilustra con claridad este mecanismo. En noviembre registró una suba del 8,3%, con mayor impacto en el conurbano bonaerense. En carnicerías, los aumentos llegaron a ser de hasta 35% en menos de un mes, con expectativas de nuevos ajustes. Dado el peso de los alimentos en el IPC, el traslado inflacionario es inmediato y profundo, especialmente en los sectores de menores ingresos.
El frente tarifario refuerza esta dinámica. Desde el cambio de gobierno, la electricidad acumuló subas superiores al 300% y el gas superó el 600%, muy por encima de la inflación general y de la evolución de los salarios. Los costos fijos de producir y de vivir crecieron más rápido que los ingresos. A eso se suma el transporte y la medicina prepaga, dos rubros que impactan de lleno en la estructura de gastos de la clase media y trabajadora.
El arranque de 2026 no ofrece alivio. Luz, gas, agua y cloacas vuelven a ajustarse en todo el país, con subas promedio de entre 2,5% y 4%, antes de la quita de subsidios anunciada por el Gobierno. En el caso del gas, el impacto podría ser mayor cuando el precio mayorista pase de USD 2,95 a USD 3,79 por millón de BTU, un salto que se trasladará tanto a las boletas residenciales como a los costos productivos.
La energía cumple un rol estratégico en este proceso. No solo sube por tarifa, sino porque su estructura de precios está atada al dólar. Expectativa de tipo de cambio más alto, energía más cara y costos fijos en aumento conforman un combo que empuja remarcaciones anticipadas, incluso antes de que la inflación se refleje plenamente en los índices.
A este cuadro se suma un dato que debilita otro de los pilares del discurso oficial. En el período de mayor suba de precios de los alimentos también se registró un fuerte incremento de las importaciones, producto de la apertura comercial. Lejos de disciplinar precios, la competencia externa no logró abaratar los productos locales. La presión de los costos internos neutralizó cualquier efecto de la importación sobre los precios finales.
Las remarcaciones atraviesan toda la cadena. En supermercados, las subas promedio rondaron el 0,7% semanal, con mayor presión en bebidas y productos de góndola. Las grandes marcas encabezaron los ajustes, con incrementos de entre 5% y 8% en alimentos y bebidas. Las consultoras privadas ubican la inflación de alimentos entre 3,7% y 4% mensual, a lo que se suman los aumentos de servicios y combustibles.
Desde el sector productivo, el diagnóstico converge. Con ventas que no repuntan y costos que no ceden, muchas empresas ajustan precios para evitar el cierre. La presión inflacionaria proviene, en este contexto, del lado de la oferta y de la estructura de costos, más que de un exceso de demanda.
La imagen final es la de una economía atrapada en una dinámica de estanflación: consumo retraído, actividad estancada y precios en alza. Un escenario conocido en la historia argentina, que vuelve a emerger cuando el ajuste se concentra en tarifas, tipo de cambio y costos dolarizados, mientras el mercado interno permanece debilitado. En ese marco, el desafío ya no es solo bajar la inflación, sino evitar que el estancamiento se convierta en un rasgo estructural del modelo económico.
