La comunidad universitaria volvió al Congreso para exigir una norma que el Parlamento ratificó cinco veces y la Corte Suprema dejó firme. Esa misma mañana la Cámara había suspendido las multas al jefe de Gabinete por incumplirla. La tarde terminó con gases, balas de goma, un hidrante, 25 detenidos y un Gobierno que prepara denuncias por “atentado al orden constitucional”.
Quinientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve pesos. Ese fue el salario básico bruto que cobró en octubre un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva de la Universidad de Buenos Aires, el cargo que la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) toma como testigo. Si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario, ese mismo docente habría percibido $741.111. La diferencia, un 32% según el gremio, explica por qué miles de estudiantes, docentes y no docentes ocuparon este jueves la Plaza del Congreso por quinta vez durante la gestión de Javier Milei.
La jornada terminó con un camión hidrante en Rivadavia y Entre Ríos, gases lacrimógenos dentro del anexo de la Cámara de Diputados y veinticinco personas detenidas. Adentro del Palacio, a la misma hora, la oposición no reunía el quórum para voltear el DNU 70/23. Afuera, el Ministerio de Seguridad empezaba a redactar una denuncia penal.
Una ley que el gobierno se niega a cumplir
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue promulgada por el decreto 759/2025, que en el mismo acto suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento. Ese condicional sostiene desde entonces la estrategia oficial. En diciembre de 2025 el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó, a pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la UBA, aplicar cautelarmente los artículos 5° y 6°, que fijan la recomposición salarial y la actualización de becas. La Sala III de la Cámara confirmó la medida y la Corte Suprema la dejó firme el 25 de junio de 2026.
El 22 de septiembre Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en cinco días. El plazo venció, se prorrogó y volvió a vencer sin los pagos. El miércoles, víspera de la marcha, el magistrado impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el “incumplimiento verificado” de la cautelar. La sanción duró menos de un día. El jueves por la mañana la Sala III admitió la queja del Ministerio de Capital Humano, que sostiene que la medida “ya se encontraba íntegramente cumplida”, y las astreintes quedaron suspendidas mientras se tramita la apelación.
La disputa de fondo es aritmética y, por lo tanto, política. El Gobierno afirma que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 (incluido un 21,33% en junio de este año) suman una mejora acumulada del 226,80%, apenas por encima del 226,40% que a su juicio correspondía hasta agosto de 2025. La cautelar, en cambio, ordena trasladar a los salarios la variación del IPC entre enero de 2023 y julio de 2025, lo que implica un aumento del 40,25% sobre los básicos liquidados en julio de 2025. Cambia el período de referencia y cambia el resultado; quien elige la base decide cuánto se debe. AGD-UBA hace su propia cuenta con la inflación de septiembre (1,9%) y sitúa la inflación acumulada de la gestión en 344,15% contra un 236,6% de aumento salarial docente.
La plaza
Convocaron el frente sindical universitario, el CIN y la Federación Universitaria Argentina bajo dos consignas, “Educación, soberanía y democracia” y una más directa, “Milei, cumplí la ley”. La columna de la UBA salió temprano de Plaza Houssay detrás de una bandera que pedía defender a la universidad, con directores de hospitales universitarios, docentes, estudiantes y referencias al Hospital Roffo. Se sumaron la CGT, las dos CTA, ATE (que además realizó un paro nacional de 24 horas contra el DNU 70/23), La Cámpora y el Frente de Izquierda.
La CGT definió a la universidad pública como una herramienta indispensable para un país con movilidad social ascendente. Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, enlazó el reclamo educativo con la sesión que se intentaba en Diputados y advirtió que no se puede naturalizar que se gobierne por decreto. La sesión cayó con 121 legisladores presentes, ocho menos de los necesarios; las ausencias de diputados que responden a gobernadores aliados resultaron decisivas.
La lluvia intensa vació parte de la plaza y obligó a los organizadores a adelantar el acto central, previsto para las 16. Desde el escenario se pidió que nadie se fuera. Mientras hablaban los oradores, del otro lado del vallado ya se escuchaban las detonaciones.
Gases sobre el acto
Según las crónicas periodisticas, un pequeño grupo que se desplazaba entre banderas de partidos de izquierda sobre Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña, comenzaron a arrojar piedras con gomeras contra la formación de Gendarmería que custodiaba el vallado perimetral del Congreso. segun muchos testimonios era un grupo marginal, que actuo libremente, apañado por las fuerzas de seguridad. Es una constante en todas las marchas, aparecen este grupo, opera sin ser reprimido pero sirve de excusa para la represion indiscriminada.
Los gendarmes respondieron con balas de goma y gas lacrimógeno sobre la multitud, y poco después llegó un camión hidrante al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. Actuaron además la Policía Federal, Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad, que aplicaron el protocolo de dispersión. Los horarios del inicio varían según la fuente (algunos medios lo sitúan pasadas las 15.30, la Agencia Noticias Argentinas después de las 16), y La Nación consignó que, cuando se conoció el primer balance de heridos, la marcha había concluido hacía media hora.
Parte del gas ingresó al anexo de la Cámara de Diputados, en Rivadavia y Riobamba. Distintos medios informaron agresiones a trabajadores de prensa, entre ellos un camarógrafo televisivo que debió ser asistido. El enfrentamiento duró más de dos horas.
El balance cambió a lo largo de la tarde. Los primeros partes oficiales hablaban de cinco efectivos heridos (tres de Gendarmería, uno de la Federal y uno de Prefectura), un detenido y dos manifestantes atendidos por el SAME, uno de ellos trasladado al Hospital Ramos Mejía. Por la noche, el Gobierno elevó la cifra a 25 detenidos y ocho efectivos lesionados: cuatro gendarmes, dos prefectos y dos policías federales. Entre los aprehendidos hay un adolescente de 14 años detenido por la Policía de la Ciudad en Montevideo y Bartolomé Mitre; la Unidad Fiscal de Flagrancia Este dio intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. El Gobierno porteño estimó en forma preliminar daños por $90 millones en la Plaza de los Congresos.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, bajó del recinto y habló de una provocación. Sostuvo que la marcha transcurría con normalidad y que las fuerzas, responsables de garantizarla, terminan convirtiendo cada manifestación en una escena de represión. Una manifestante que se identificó como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata dijo a la agencia NA que habían ido a manifestarse en paz y que la policía empezó a reprimir.
El orden constitucional, según quién
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, respondió en redes sociales. Atribuyó los hechos a “los mismos violentos de siempre”, acusó a los manifestantes implicados de buscar convertir las calles en una zona liberada y advirtió que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”. Cerró con una frase pensada para quedar: “En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Horas después, el equipo jurídico del ministerio comenzó a preparar una denuncia penal contra los detenidos por resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional, y a reunir imágenes como prueba.
La frase de la ministra encierra la paradoja de la jornada. La marcha se convocó para que el Poder Ejecutivo cumpla una ley sancionada y ratificada por el Congreso, con una cautelar confirmada por la Corte Suprema y un juez que ya había declarado verificado el incumplimiento. El mismo día en que el funcionario sancionado por esa desobediencia quedó liberado de la multa, el Estado eligió la figura de atentado contra el orden constitucional para quienes protestaban afuera. La violencia de los grupos que apedrearon el vallado es un hecho y deberiá investigarse con nombre y apellido. El orden constitucional, sin embargo, también incluye las sentencias que el Ejecutivo resiste acatar.
Lo que se ajusta
Detrás del expediente hay una decisión sobre qué tipo de economía se quiere sostener. AGD-UBA contabiliza más de 1.200 docentes e investigadores que dejaron la universidad por los salarios. Cada renuncia es un laboratorio que pierde continuidad, una cátedra que se achica y una capacidad técnica que el país tardó décadas en formar. En una estructura productiva que ese mismo jueves registraba, según el INDEC, otra caída en el uso de la capacidad instalada industrial, el conocimiento es uno de los pocos activos capaces de diversificar lo que se produce. Convertir los salarios universitarios en variable de ajuste para sostener el superávit fiscal equivale a apostar por una especialización que prescinde de ese conocimiento.
El conflicto sigue abierto en tres planos. La Cámara debe resolver la apelación del Gobierno y el fondo del decreto 759/2025; los gremios docentes evalúan medidas más duras (la COAD rosarina llevará a CONADU la moción de una huelga por tiempo indeterminado); y el oficialismo, fortalecido por la caída de la sesión contra el DNU 70, eligió la vía penal para responder a la calle. La ley ya fue votada cinco veces. Lo que se discute ahora es que ya no alcanza con una ley, con un gobierno que no reconce la division de poderes de una democracias y desoye a los legisladores pero tambien a la justicia.
DPyE
