Más de la mitad de los hogares tiene que recurrir a préstamos que no puede devolver para cubrir necesidades básicas, pero el Gobierno de Milei lo trata como si fuera un problema individual.
Paula Sabatés
El presidente argentino, Javier Milei, en diciembre de 2025. / Redes sociales
Hay otra deuda impagable para la Argentina, además de la del Fondo Monetario Internacional: la de sus familias. Según distintos estudios, al menos seis de cada diez hogares registran algún tipo de deuda, gran parte de ella contraída para cubrir necesidades básicas. Como contracara, la mora [morosidad] e irregularidad bancaria en créditos se cuadruplicó en el último año y es muy grave en algunos segmentos: los más afectados, por ejemplo, son los jóvenes de 18 a 24 años, entre quienes el incumplimiento llega casi al 50 %. En ese contexto, en el que Argentina lidera los índices de incumplimiento en toda la región, el Gobierno de Javier Milei ignora el tema y no da respuestas. Su ministro de Economía incluso responsabilizó a la población por “sobreendeudarse a tasas muy altas”, desconociendo los efectos del plan económico libertario.
La dimensión del fenómeno es de una complejidad profunda. Según los datos más recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mora afecta a 5,3 millones de personas sobre un universo de casi 20 millones de deudores. En abril de este año, último período completo registrado, volvió a subir y alcanzó al 26,9 % de las personas endeudadas dentro del sistema financiero ampliado. El modelo económico desarma proyectos de vida y el gobierno de ultraderecha clausura cualquier posibilidad de intervención gubernamental o esquema de salvataje para aliviar la carga de la deuda que estalla por debajo en la sociedad. Bajo la premisa técnica de resguardar la inviolabilidad de las tasas pactadas en los contratos privados –símbolo del pensamiento liberal de Milei–, la política oficial consiste en dejar que el propio mercado depure las deudas, sin importar el costo humano del proceso.
Según los datos más recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad afecta a 5,3 millones de personas
Pero para analizar el fenómeno no alcanza sólo con ver los datos, también hay que detenerse en un cambio clave en la función económica y social del crédito en el país del sur del globo. Lo explica a CTXT Valentina Castro, socióloga especializada en economía e integrante de la consultora Analogías: “Durante buena parte del siglo XX, e incluso en distintos períodos posteriores, el endeudamiento de los hogares estaba vinculado a procesos de ascenso social como comprar una vivienda, acceder a educación, financiar un emprendimiento, adquirir bienes durables o mejorar las condiciones de vida.
El crédito funcionaba como un puente entre ingresos presentes y expectativas futuras de progreso”. Hoy, sostiene la especialista, la dinámica se invirtió: el crédito familiar pasó a convertirse en un lastre para cualquier proyección de futuro, mutando en una herramienta defensiva para cubrir gastos corrientes. “El problema central es que el crédito dejó de complementar ingresos y pasó a sustituirlos”, sintetiza. Se pide prestado para comprar alimentos básicos, medicamentos, pagar el transporte, las tarifas de servicios públicos o el alquiler.
Contrario a otras épocas y a tono con una reconfiguración profunda del negocio financiero, el drama no se cocina principalmente en las ventanillas del sistema bancario tradicional sino en los proveedores no bancarios. Según un informe del Banco Provincia, la banca pública de la Provincia de Buenos Aires (la más poblada del país, la que registra mayor caída del empleo en los últimos dos años y, consecuentemente, mayores niveles de endeudamiento familiar), la irregularidad en las entidades financieras no bancarias –por ejemplo billeteras virtuales– y las empresas emisoras de tarjetas de crédito no institucionales duplica con creces a la de la banca común. Y es que basta con un solo clic para acceder a un financiamiento exprés.
“Las fintech utilizan modelos de scoring [para medir el nivel de solvencia] alternativos y algoritmos que priorizan velocidad y masividad en el otorgamiento del crédito. Pero muchas veces, esos mecanismos no evalúan adecuadamente la capacidad real de pago en contextos inflacionarios extremos o de caída del ingreso. Entonces se genera una expansión del crédito muy acelerada, aunque también mucho más riesgosa”, explica Castro. No se trata solamente de una cuestión tecnológica, sino de composición social de las carteras de estas entidades: en sus clientes son trabajadores informales, pequeños contribuyentes, jóvenes precarizados y hogares que muchas veces ya estaban excluidos del sistema bancario clásico. “La expansión del crédito digital convive con un deterioro social muy fuerte”, resume. La falta de educación financiera se combina con esta realidad formando un combo fatal: muchas personas creen que si desinstalan las aplicaciones de sus teléfonos móviles, la deuda se borra.
A contramano del gobierno, la oposición sí lo identifica como uno de los problemas más graves del momento. De hecho, hay casi 30 proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional y otros tantos en parlamentos provinciales y municipales para tratar esta situación, que es cada vez más insostenible. Plantean, unos y otros, métodos y propuestas para modificar las normas de crédito y proteger a los consumidores. Algunos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, otros la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y hasta limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Hay legisladores que promueven la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones. Otros, en cambio, son objeto de críticas por proponer que asuma todas las consecuencias de la falta de control y las normas abusivas de bancos y billeteras virtuales.
Natalia Zaracho es diputada nacional por Patria Grande, una facción dentro del bloque peronista, el de mayor caudal dentro de la oposición. Junto a su compañero de bancada, el economista Itai Hagman, son autores de un proyecto que propone la creación de un Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las familias argentinas. Primero plantea revisar esas deudas: ver cuánto hay de interés abusivo, cuánto de cargos injustos y cuánto le están cobrando de más a una familia. “Porque una cosa es pagar lo que corresponde y otra es que te arranquen la cabeza”, señala a este medio la legisladora. El planteamiento es similar en espíritu al que propone la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presa hace un año, para el pago de la deuda pública externa: identificar qué parte del crédito del FMI a la Argentina fue legítima, es decir, acorde a los estatutos del organismo, y pagar solo esa parte, descartando el excedente que se otorgó a la Argentina en un marco de “amistad” entre el prestamista de última instancia y los gobiernos (de derecha) de turno.
Luego de esa revisión, la propuesta de Zaracho contempla que el Estado cree un fondo sustentado con aportes de bancos, billeteras virtuales y también con parte de su propia recaudación, con el objetivo de comprar esas deudas ya auditadas, sacándoles la parte usurera. “Esto es importante porque no planteamos desfinanciar al sistema de previsión nacional o que el Estado le termine pagando todas las deudas a los privados para cumplir con ellos y olvidarse de las familias. Nosotros creemos que hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas y que en este contexto en el cual los jubilados y los beneficiarios de la ayuda social sufren los recortes, no podemos desfinanciar esos fondos”, plantea Zaracho. La última parte de su proyecto contempla que la persona o familia endeuda pase a tener una sola deuda, ordenada, con más plazo y con una cuota que no pueda superar el 30 % de sus ingresos, para que justamente sea pagable.
En los barrios populares, la última opción de supervivencia es el prestamista informal
Algunas de esas propuestas replican experiencias que se dieron, con mayor o menor éxito, en otros países de la región. Y es que, en rigor de verdad, el problema de endeudamiento de los hogares es transversal a la mayoría de los países de América Latina, aunque en Argentina se registra el récord actual de mora y el foco de conflicto más agudo en personas físicas. En Uruguay, según datos del Banco Central local, al cierre de 2025 un 64,4 % de la población tenía deudas activas, es decir, un 20,9 % más que una década atrás. También atraviesan situaciones complicadas países como México, Chile, Colombia y Brasil. En este último, datos oficiales destacan que el 30 % de lo que se ingresa en los hogares se destina directamente al pago de deudas, el porcentaje más alto registrado en su historia.
Para paliar esta crisis, el Gobierno de Lula lanzó dos programas de salvataje –el primero en 2022, el segundo este año– que buscan renegociar las obligaciones personales. El último estuvo destinado a limpiar el historial crediticio de millones de trabajadores atrapados en el sistema bancario mediante subsidios y renegociaciones obligatorias. En Argentina, eso todavía parece difícil debido, entre otras cosas, a la desregulación total del mercado de crédito al consumo decretada por el Gobierno y a la inestabilidad general: “Brasil tiene una estructura financiera y macroeconómica más estable que la argentina. Acá, cualquier programa de alivio financiero enfrenta el problema de la inflación, la volatilidad cambiaria y las tasas de interés extremadamente altas”, sentencia Castro.
Hay una dimensión más: en el subsuelo del país, el laberinto del (sobre)endeudamiento reconoce un último subnivel, todavía más oscuro y desregulado que el algoritmo de cualquier fintech. En los barrios populares, la última opción de supervivencia es el prestamista informal. Lo explica Zaracho, que reside en uno de ellos: “Esa persona sabe dónde vivís, a qué escuela van tus hijos y tiene métodos de cobro que los bancos no tienen. Y muchas veces detrás de eso están los narcos del barrio. La gente tiene miedo de denunciar, pero esto pasa y hay que decirlo. Es tristísimo y da mucha bronca. Esta crisis se está llevando puesta la salud y la vida de muchos argentinos que trabajan pero sienten que no hay salida”, denuncia. Según relata a este medio, muchos jóvenes deciden quitarse la vida ante la imposibilidad de cumplir sus obligaciones económicas. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2025 (último periodo completo relevado) aumentó la tasa de suicidios un 21,6% a nivel nacional respecto al año anterior.
Más allá de ese circuito informal, queda claro que en Argentina cuando se habla de deuda ya no es sólo la externa, que ha sido un problema grave de forma casi ininterrumpida durante las últimas décadas. La deuda total de las familias con bancos, fintech, mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros asciende a 74,2 billones de pesos argentinos, equivalente al 6,5 % del Producto Bruto Interno total del país. Para el Ejecutivo nacional, sin embargo, es un problema estrictamente individual y no una consecuencia sistémica de la licuación agresiva de los salarios reales frente al costo de vida. Lo que está en juego no es la ortodoxia financiera sino algo más elemental: si la sociedad puede sostenerse cuando sus familias trabajan, se endeudan y aun así no llegan a fin de mes. A esa pregunta, Milei todavía no tiene respuesta. O peor: no la busca.
Paula Sabatés
