Este miércoles desde las 15, la central obrera, las dos CTA, la UTEP, el MP25 y los movimientos sociales confluyen con los jubilados en el Congreso, en la primera acción conjunta de una escalada que se extenderá hasta noviembre.
Este miércoles 22 de julio, a partir de las 15, la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña —el punto de encuentro habitual de la resistencia jubilada de los miércoles— se convertirá en el epicentro de la primera gran demostración de unidad sindical y social del año contra el gobierno de Javier Milei. La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25) y organizaciones de jubilados marcharán juntos hacia el Congreso Nacional bajo la consigna «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados».
No es una movilización aislada, sino el relanzamiento formal de un plan de lucha que las tres centrales obreras y los movimientos sociales vienen negociando desde hace semanas, y que había quedado en suspenso durante la disputa del Mundial de Fútbol 2026. La reunión que selló el acuerdo se realizó en la sede de la CGT en Azopardo 802, con la participación de Cristian Jerónimo, José Luis Sola y Octavio Argüello por la central obrera, y de Hugo «Cachorro» Godoy y Roberto Baradel en representación de las CTA. El dato político central no es menor, ya que por primera vez en este ciclo la CGT, ambas CTA y la UTEP comparten una misma convocatoria callejera, después de meses de desencuentros tácticos entre el sindicalismo tradicional y el ala más combativa del movimiento obrero y social.
El detonante: la reforma laboral ya es ley operativa
La reactivación del conflicto tiene un disparador judicial preciso. El plan de lucha se acordó luego de que el juez Víctor Pesino rechazara la apelación presentada por la CGT contra la vigencia de 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral, que a partir de ese fallo quedaron plenamente operativos. Se trata de un dato que excede lo simbólico, porque la central obrera pierde en los tribunales la última trinchera de contención frente a una reforma que, desde el punto de vista estructural, modifica las relaciones de fuerza entre capital y trabajo en un sentido regresivo —flexibilización de las condiciones de contratación, despido y negociación colectiva—, sin que exista, del otro lado, una recomposición equivalente del poder adquisitivo ni del empleo formal.
Este es precisamente el patrón que distingue al ciclo actual de otros episodios de conflictividad social en la historia reciente. La ofensiva sobre el mundo del trabajo no llega acompañada de una promesa creíble de derrame, sino que se ejecuta en paralelo a un ajuste fiscal que licúa ingresos populares por la vía de la actualización rezagada de haberes y salarios mínimos. Es la lógica que Aldo Ferrer describía como la subordinación de la economía real a la lógica financiera, donde se «ordenan» las cuentas públicas y el mercado de trabajo al mismo tiempo que se desactiva cualquier mecanismo de recomposición distributiva.
La brecha que explica la calle: salario, jubilación y canasta básica
Los números disponibles para julio de 2026 ilustran por qué la protesta encuentra terreno fértil incluso después de meses de desgaste en la calle. El Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualizado mediante la Resolución 9/2025, quedó establecido en $372.400, tras un incremento mensual de apenas 1,25 por ciento, unos $4.600 respecto de junio. Frente a esa cifra, el propio INDEC estimó que una familia necesita $1.531.473 para no caer bajo la línea de pobreza, según la Canasta Básica Total. La brecha entre el salario mínimo legal y el umbral de subsistencia familiar no es un desvío coyuntural, sino la fotografía de un modelo que, en la tradición estructuralista, corresponde al patrón de «ajuste con desacople» entre precios relativos y salario real, donde la estabilización nominal se logra trasladando el costo del ajuste al poder de compra del trabajo.
En el sistema previsional el cuadro es análogo. Con el aumento de julio, la jubilación mínima se ubicó en torno a los $411.989, una cifra que, pese a estar apenas por encima del salario mínimo, continúa muy por debajo de las necesidades básicas de la población pasiva, agravada por el gasto en medicamentos, que no está contemplado en los índices de movilidad utilizados por la actual administración. Es exactamente el reclamo que sintetiza la consigna convocante, la recomposición de haberes y la defensa del sistema previsional como derecho, no como variable de ajuste fiscal.
Un plan de lucha de largo aliento, con fecha de cierre política
Lo que distingue a esta convocatoria de las marchas de jubilados de los últimos meses es su inscripción en un cronograma explícito que las tres centrales definieron hasta noviembre, cuando está prevista la visita del papa León XIV a la Argentina. Las etapas conocidas son las siguientes.
El 22 de julio se realizará la marcha conjunta de la CGT, las CTA, la UTEP y los jubilados hacia el Congreso, en Buenos Aires, con actividades paralelas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras provincias. El 7 de agosto tendrá lugar la movilización organizada por la UTEP en el marco del Día de San Cayetano, con eje en el reclamo de trabajo digno. Durante la tercera semana de agosto se prevé una concentración frente al Ministerio de Economía. El 2 de septiembre se realizará una movilización por el Día de la Industria, orientada a visibilizar la crisis del sector productivo y del empleo formal. Entre el 4 y el 6 de septiembre las centrales obreras participarán de la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina, en Córdoba. El ciclo cerrará en noviembre, coincidiendo con la visita papal, momento en el que la CTA Autónoma no descarta plantear la convocatoria a un paro general si no hay cambios en el rumbo económico.
La organización, además, decidió no anticipar previamente los puntos exactos de concentración ni los horarios de las actividades, en un intento explícito de evitar el despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad sobre los accesos históricamente utilizados por las columnas, entre ellos los puentes Saavedra, Pueyrredón, General Paz y Juan Manuel de Rosas, la Panamericana y Ruta 197, y la autopista Buenos Aires–La Plata. Es un dato que confirma la lectura represiva que las organizaciones sociales y sindicales hacen del protocolo de seguridad vigente desde el inicio de la gestión Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y que ya había generado episodios de conflictividad en marchas jubiladas anteriores.
La pregunta que sobrevuela: ¿hay paro general?
El interrogante que atraviesa cada reunión de la mesa sindical es si el plan de lucha desembocará, finalmente, en una medida de fuerza general. Hasta ahora, la conducción de la CGT había descartado esa alternativa, priorizando un esquema de movilizaciones escalonadas que permitiera sostener la unidad con las CTA y la UTEP sin forzar una ruptura interna entre los sectores más dialoguistas y los más combativos de la central. Sin embargo, el propio relanzamiento del plan de lucha, con horizonte a noviembre y la posibilidad explícita de convocar un paro si «no hay cambios en el rumbo económico del gobierno», sugiere que la opción vuelve a estar sobre la mesa, condicionada a la evolución del conflicto y a la respuesta que dé la Casa Rosada.
En ese sentido, las declaraciones del cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, resultan un buen resumen del estado de la relación entre la central obrera y el Gobierno. Jerónimo remarcó que la CGT no acompaña ninguna iniciativa legislativa del oficialismo porque, sostuvo, «va todo a contramano de lo que necesita la sociedad», y repasó el historial de conflictividad del gobierno de Milei desde su asunción, un primer paro general a apenas quince días de haber asumido, cuatro paros generales en total y más de catorce movilizaciones acompañadas por la central durante el debate de la reforma laboral. El dato no es menor para entender la lógica del ciclo actual, ya que la confrontación con la CGT no es una anomalía de este tramo del mandato, sino una constante estructural desde el primer día de gestión.
La incorporación del MP25: la industria pyme entra al plan de lucha
Entre las novedades de esta convocatoria se destaca la incorporación formal del Movimiento Productivo 25 de Mayo al esquema de movilizaciones acordado entre la CGT, las dos CTA y la UTEP. Se trata de un actor de perfil distinto al resto de la convocatoria, ya que representa a las pequeñas y medianas empresas industriales golpeadas por la apertura importadora y la contracción del mercado interno que impulsa el programa económico del gobierno nacional. Su presencia junto al movimiento obrero organizado expresa así la unidad entre el empresariado pyme y los trabajadores frente a un modelo que erosiona por igual el ingreso popular y la base productiva nacional.
Lectura política: la unidad como capital escaso
Más allá del contenido reivindicativo inmediato —salarios, jubilaciones, reforma laboral—, la marcha de este miércoles tiene un valor político que excede la coyuntura, ya que constituye la primera actividad callejera conjunta entre la CGT, ambas CTA y la UTEP en este ciclo, ahora también acompañada por el sector pyme industrial. En un movimiento sindical y social históricamente atravesado por tensiones internas, entre el sindicalismo de aparato y el territorial, entre las corrientes dialoguistas y las que impulsan una confrontación abierta, la construcción de una agenda común y sostenida en el tiempo constituye, en sí misma, una acumulación de poder relativo frente a un gobierno que hasta ahora había logrado capitalizar la fragmentación de la oposición social.
Esa unidad, sin embargo, es un capital frágil. Su sostenibilidad dependerá de la capacidad de las conducciones para administrar las diferencias tácticas sin quebrar el frente común, y de si el gobierno decide o no dar señales de apertura en materia de ingresos, algo que, hasta el momento, no forma parte de la hoja de ruta económica oficial, centrada en la meta de equilibrio fiscal como ancla nominal excluyente. En la tradición de la economía política estructuralista, este tipo de rigidez del ajuste sin contrapartida distributiva tiende a expresarse, tarde o temprano, en un correlato de conflictividad social creciente, donde la calle pasa a ser el único canal disponible cuando los mecanismos institucionales de negociación —paritarias, movilidad previsional, diálogo social— dejan de operar como amortiguadores del conflicto.
Impacto operativo
Se prevén restricciones significativas al tránsito durante la tarde en los alrededores del Congreso Nacional y en las principales arterias del centro porteño, además de cortes parciales y desvíos en distintos puntos del país, particularmente en las ciudades donde se replicará la convocatoria, entre ellas Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán.
