La noción de alianza policlasista —entendida como la cooperación institucionalizada entre fracciones del empresariado industrial y los trabajadores organizados, con el Estado como articulador central— constituye una de las constantes más relevantes de la economía política argentina desde mediados del siglo XX.
Marcelo Barbani
Como señalara Guillermo O’Donnell en su trabajo fundacional Estado y Alianzas en la Argentina, 1956-1976 (1977), esta modalidad de articulación política y económica surge de la necesidad del Estado de mediar entre clases con intereses divergentes pero complementarios, generando equilibrios que, si bien transitorios, han demostrado capacidad para impulsar tanto la distribución del ingreso como el nivel de actividad económica. Entre los efectos comprobados de las alianzas cada vez que se pusieron en marcha pactos de este tipo —bajo distintas denominaciones y gobiernos— se observaron dos resultados sistemáticos y cuantificables:
- Mejora en la distribución del ingreso a través del aumento del salario real industrial.
Durante el primer peronismo (1946-1955), la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó de aproximadamente el 40 % en 1945 a niveles cercanos al 50-54 % hacia 1954. El salario real industrial registró incrementos sustanciales, acompañados de pleno empleo y expansión de la protección social. En el Pacto Social de 1973-1974, los salarios reales se recuperaron entre un 13 % y un 30 % según las mediciones, con un claro objetivo de alcanzar la histórica meta del “50-50” entre salarios y ganancias. En los gobiernos kirchneristas (2003-2015), la participación salarial en el PBI volvió a subir desde el 34 % en 2003 hasta cerca del 45 % en 2010, impulsada por paritarias centrales y políticas de ingresos. - Aumento del nivel general de producción. En la etapa 1946-1948 el PBI creció a tasas récord del 8,5 % anual, con la industria como motor principal. El Pacto Social de 1973 coincidió con un fuerte repunte productivo y exportador, favorecido inicialmente por términos de intercambio favorables. En la poscrisis de 2003-2007, la economía argentina registró tasas de crecimiento superiores al 8 % anual promedio, nuevamente con fuerte impulso del mercado interno y la industria.
Estos efectos no fueron casuales: la elevación del salario real actuó como potente dinamizador de la demanda agregada, ampliando el mercado interno y permitiendo que las empresas industriales operaran con mayores niveles de utilización de capacidad instalada.
El rol del Estado como articulador y garante:
En todos los casos el Estado no fue un actor neutral, sino el garante institucional de la alianza. Según la orientación ideológica del gobierno de turno, inclinó la balanza hacia uno u otro sector: mayor protección arancelaria y crédito subsidiado en las fases más industrialistas, o mayor énfasis en la contención salarial cuando primaron objetivos de estabilización. Esta mediación estatal fue la que permitió convertir el conflicto distributivo potencial en un acuerdo cooperativo de corto y mediano plazo.
Los límites y las causas de las rupturas:
Es cierto que ninguna de estas experiencias logró el objetivo de una inflación estructuralmente baja. Sin embargo, los desequilibrios inflacionarios y las crisis posteriores no pueden atribuirse a una supuesta “falta de responsabilidad” de los trabajadores o de los empresarios. Como muestra la evidencia histórica, las rupturas se explican fundamentalmente por factores estructurales y externos:
- Deterioro de los términos de intercambio.
- Shocks externos como la crisis del petróleo de 1973, que alteró dramáticamente los precios relativos y la balanza de pagos.
- Rigideces propias de una economía semi industrializada con alta dependencia de importaciones de bienes de capital.
Estos condicionantes externos e internos limitaron la sostenibilidad de los pactos, pero no invalidan los logros distributivos y productivos alcanzados mientras estuvieron vigentes.
Reflexión final:
La alianza policlasista no es una panacea ni un modelo perfecto, pero sí una herramienta recurrente que, cuando se activa, genera mejoras verificables en la distribución del ingreso y en el nivel de actividad económica. Lejos de ser un residuo del pasado, representa una respuesta racional a la estructura de clases de la sociedad argentina y a la necesidad de articular intereses que, en ausencia de mediación estatal, tienden al conflicto abierto. En un contexto como el actual (2026), donde persisten los desafíos de inclusión social y reactivación productiva, repensar una nueva forma de alianza policlasista —más moderna, con mayor condicionalidad productiva y con mecanismos de monitoreo compartido— y donde el Estado ha abandonado su condición de conductor del proceso productivo hacia un desarrollo estratégico, sigue siendo una opción estratégica relevante. No porque sea la única posible, sino porque la historia económica argentina demuestra que, cuando se la ha intentado, ha entregado resultados concretos en los dos frentes que más importan a una sociedad: más equidad en la distribución y más producción.
