Finalizó, después de más de diez años, el juicio “Brigadas”, que le dio pena a los represores acusados de cometer privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio, y delitos contra la integridad sexual.
Los responsables de la llamada Noche de los Lápices, en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes, Banfield y Brigada de Lanús, fueron condenados hoy por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata a prisión perpetua luego de diez años de proceso. Condenaron a prisión perpetua a los responsables de La Noche de los Lápices.
Por otra parte, Julio Condioti fue condenado a 25 años de prisión y Enrique Barre fue absuelto. El represor Miguel Etchecolatz, que también participó de estos delitos, murió antes de la condena. Todos son represores que actuaron en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La causa, que tuvo su primera elevación a juicio en abril de 2012, contó con Abuelas de Plaza de Mayo como querellante junto con los nietos restituidos Carlos D’Elía, Victoria Moyano Artigas, Pedro Nadal, María José Lavalle Lemos y su hermana María Lavalle, y Laura Garack -quien busca a su hermano o hermana-; y con Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y Graciela Borelli Cattaneo, hermana de un ciudadano uruguayo víctima del Plan Cóndor.
Abuelas acusó a los imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad.
El juicio
La causa Pozo de Banfield, tal como se denominó a la brigada de esa ciudad, abordó 442 casos e investigó los crímenes contra 253 víctimas: en la del Pozo de Quilmes, 181; y en “El Infierno”, sede de la Brigada de Lanús, 62.
El debate se ocupó de investigar privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio, y delitos contra la integridad sexual.
