La filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es la más grande de la historia con 11,9 millones de documentos, que tocan a 300 políticos de alto nivel, entre ellos 35 presidentes y expresidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.
Al igual que con los Panamá Papers, la mayoría de las revelaciones se centran en más de tres mil empresas, creadas en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes, Bahamas, Bermudas, por el bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, a cargo de un ex embajador en Estados Unidos, y otras trece firmas.
La filtración de ICIJ es la tercera, luego de los Panamá Papers y Paradaise Papers, sobre las cuentas offshores usadas por ricos y poderosos para esconder su dinero en los paraísos fiscales. Con nombres del calibre de Tony Blair, ex primer ministro británico, el rey Abdalá II de Jordania, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, Sebastián Piñera, mandatario de Chile, y sus pares de República Dominicana, República Checa, Ucrania y Azerbaiyán.
Los papeles también involucran a miembros de los gobiernos de Pakistán, Brasil, Honduras y Colombia, entre muchos otros.
La filtración fue realizada de la misma forma que Wikileaks lo hizo con los documentos desclasificados de las agencias de seguridad de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de Europa. Con una base de datos abierta al público que permite revisar, una por una, las cuentas en paraísos fiscales, usadas para evadir el pago de impuestos en los países de residencia de los involucrados.
Algunos pusieron en duda el objetivo de la filtración más grande de la historia, sobre todo, por el momento en que fue realizada.
Unos días antes, la Casa Blanca emitió un memorándum para luchar contra corrupción a nivel mundial, uno de las principales líneas estratégicas de la Administración de Joe Biden. En el memorándum, se sostiene, por ejemplo, que Estados Unidos debe hacer que los individuos u organizaciones corruptas rindan cuentas. También que sus activos “sean congelados y recuperados por los ciudadanos perjudicados”.
Para eso se debería trabajar con socios internacionales para “contrarrestar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, empresas extranjeras estatales o afiliadas, organizaciones criminales transnacionales y otros actores extranjeros y sus colaboradores nacionales, incluso cerrando las lagunas que estos actores explotan para interferir en los procesos democráticos. en los Estados Unidos y en el extranjero”.
Bajo ese fin, la Casa Blanca sostiene que se debe apoyar la “capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros agentes de supervisión y rendición de cuentas para realizar investigaciones y análisis, sobre las tendencias de la corrupción, abogar por medidas preventivas, investigar y descubrir la corrupción”.
En una conferencia de prensa posterior, un funcionario del Departamento del Tesoro explicó que en el memorándum está previsto que trabajen, en conjunto, la Dirección de Inteligencia Nacional y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). “Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para identificar la corrupción donde suceda”, sostuvo.
También agregó: “La forma en la que el gobierno de Estados Unidos expone la corrupción es través del trabajo de periodistas y ONGS de investigación”. Uno de los ejemplos que puso es la asistencia directa al Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP), a cargo de la filtración, junto con ICIJ, de los Panamá Papers en el año 2018.
Según la página de OCCRP, los Pandora Papers “fueron coordinados por el ICIJ, en colaboración con más de 600 periodistas, más de 70 de la red de OCCRP”.
La ONG financiada por Estados Unidos destacó, por ejemplo, las cuentas offshore del hijo del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, del “propagandista de Putin, Kontanstin Ernest, de una tercera esposa no oficial del exmandatario de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, y de la familia de Sergei Chemezov, jefe del conglomerado Rostoc, una empresa estatal dedicada al desarrollo militar de Rusia.
Una de las filtraciones, cubiertas por los periodistas de OCCRP, fue la compra, a través de empresas con sede en paraísos fiscales, de una compañía militar de Ucrania, Motor Sich, por parte de inversores chinos, con supuestos vínculos con el gobierno y el Ejército de China. El bufete de abogados DLA Piper armó el acuerdo de adquisición para sortear las normas antimonopolios de Ucrania.
Para el gobierno de Estados Unidos, la venta del fabricante de motores aeroespaciales fue “depredadora” por su perjuicio a los intereses ucranianos. Para la Casa Blanca, los compradores, vinculados al gobierno chino, “buscan adquirir propiedad intelectual y tecnología para promover capacidades militares clave que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos”.
La revelación sobre la compra puede que derribe la operación, como quería Washington.
Otra de las filtraciones es sobre el banco letón ABL, sancionado en 2018 por “lavar dinero corrupto”, según las autoridades de Estados Unidos. La investigación de los periodistas de OCCRP halló que las autoridades del banco firmaron un acuerdo con 42 clientes para devolverles su dinero congelado por las sanciones, casi la mitad de ellos “relacionados al Kremlin”.
Con esta información, las autoridades estadounidenses pueden presionar a las europeas y letonas para que eso no suceda.
Un último caso cubierto fue el uso de empresas offshore en las Seychelles y el Reino Unido para enmascarar la participación de dos bielorrusos en la compañía Zim Golfiends, dedicada a extraer oro en Zimbabwe. Viktor Sheiman y Alexander Zingman, los dos nombres mencionados, son considerados personas cercanas al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
Bielorrusia y Zimbabwe son dos países sancionados por Estados Unidos, en los que muchas veces se utiliza a terceros, cercanos al poder, para hacer negocios con otros países. La información puede derivar en sanciones tanto a la empresa, como a los bielorrusos, de la misma manera se lo ha hecho en Venezuela con operaciones relacionadas a la extracción de minerales y compra de alimentos con sobreprecios.
Este tipo de investigaciones sirven para que Estados Unidos “persiga la corrupción en el extranjero”, salteándose las jurisdicciones locales. También pone en entre dicho los dilemas éticos del periodismo cuando las revelaciones son financiadas por una parte interesada, como si existiese, a veces, un “periodismo a la carta”.
Los Pandora Papers por su alcance, e implicancias, están lejos de ser solo una mera operación geopolítica. Involucra a presidentes de izquierda y derecha, artistas, y deportistas, negocios oscuros y llenos de sangre, y banqueros intocables y de dudosa procedencia.
Aunque, por su impacto, encubra la mano de Estados Unidos en algunas de las investigaciones.
Por Bruno Sgarzini
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