El RIGI necesita una cadena de proveedores locales, no sociedades radicadas

El Decreto 1366/2026 acierta al dar previsibilidad a los grandes proyectos, pero se equivoca al vaciar la definición de proveedor local: basta tener sede en el país, sin importar quién controla la empresa ni qué produce.

por Antonio Muñiz


El Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, tiene dos caras que conviene separar antes de opinar. Una es técnica y, en buena medida, necesaria. Ordena los plazos de inversión de los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, fija reglas para la entrada y salida de socios en los vehículos de proyecto único, permite que una sucursal dedicada se transforme en sociedad anónima sin perder su fecha de adhesión y lleva a la reglamentación el cómputo de las divisas aportadas por los accionistas, que el Banco Central ya había habilitado en abril. Quien haya estructurado un financiamiento de proyecto sabe que esas definiciones reducen el costo del capital. No hay motivo para discutirlas en bloque.

La otra cara es la que debería preocupar al empresariado industrial. El decreto eliminó el requisito de que al menos el 51% del capital o de los votos de un proveedor perteneciera a personas con domicilio fiscal en el país. Desde hoy, para el RIGI, es proveedor local cualquier sociedad constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar quién la controle. En bienes subsiste la regla de origen del Mercosur; en servicios y obras, el domicilio alcanza.

El argumento oficial es atendible. Una filial extranjera radicada emplea, paga impuestos y puede subcontratar a empresas argentinas. El problema es lo que el cambio hace con el único instrumento de integración productiva que tiene el régimen. La Ley 27.742 exige a cada proyecto un compromiso mínimo del 20% del gasto en proveedores de bienes y obras, condicionado a que la oferta local sea competitiva en precio y calidad. Ya era un piso bajo: las cámaras industriales advirtieron desde 2024 que podía cubrirse con movimiento de suelos y servicios básicos, y este año, en el Senado, los propios aliados del Gobierno señalaron que los proyectos ingresados habían contratado mano de obra local, no bienes de producción nacional. Con la nueva definición, ese piso puede cumplirse además con la filial argentina del mismo grupo que invierte. El cupo deja de funcionar como herramienta de desarrollo de proveedores y se convierte en un trámite de domicilio.

¿Qué activo deja una inversión de treinta años?

Esta no es una pelea entre proteccionismo y apertura. Es una discusión sobre qué queda en el país después de conceder estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por tres décadas. Los proyectos mineros y de hidrocarburos, que concentran más del 98% del volumen de inversión anunciado en el régimen, necesitan durante toda su vida útil mantenimiento, repuestos, ingeniería, metalmecánica y logística. Cuanto más densa sea la red local capaz de responder rápido, menores serán los costos de parada y de inventario del propio inversor. La integración de proveedores no es una concesión que el capital le hace al país: es una fuente de productividad para el proyecto.

Un proveedor de capital nacional no es mejor por el origen de sus accionistas. Importa porque sus decisiones de inversión, su capacitación y sus utilidades tienden a quedarse donde está la demanda, y porque su crecimiento depende de ella. Una filial puede comportarse igual, pero también puede operar como una ventanilla de importación con razón social argentina, con precios fijados dentro del grupo. La reglamentación anterior no resolvía esa diferencia; al menos la registraba. La nueva la vuelve invisible.

Una señal a destiempo

El momento agrava el error. El tratamiento del Súper RIGI se trabó en el Senado porque los bloques aliados reclamaron que el compre nacional alcanzara a los bienes y no solo a la mano de obra. Mientras esa negociación sigue abierta, el Ejecutivo resuelve por decreto, en el régimen vigente, en la dirección opuesta. Para un inversor, la previsibilidad también consiste en que las reglas no vuelvan a discutirse en cada sesión. Un cupo que el Congreso percibe vaciado es un cupo que tarde o temprano será reescrito por ley, con más rigidez y menos técnica.

Falta, además, evidencia. Según los relevamientos privados más recientes, el RIGI suma 27 proyectos aprobados y más de US$ 76.000 millones comprometidos. Cada uno presentó su plan de proveedores. No se publicó cuánto de ese gasto se destinó a bienes, cuánto a servicios ni cuánto a empresas de capital nacional. Se modificó la regla sin mostrar cómo funcionó.

Cuatro ajustes posibles

Hay una salida que no exige volver al criterio de capital ni desalentar a ningún inversor, y que deja intactos los cambios societarios y financieros del decreto:

  1. Transparencia. Publicar, proyecto por proyecto, el grado de cumplimiento del plan de proveedores, desagregado entre bienes, obras y servicios.
  2. Partes vinculadas. Excluir del cómputo del 20% las contrataciones con sociedades del mismo grupo económico que el inversor o, como mínimo, exigirles precios de transferencia documentados.
  3. Un componente de bienes. Fijar dentro del cupo un mínimo de bienes con origen nacional verificable, en línea con la noción de bienes transables que se negocia para el Súper RIGI.
  4. Un registro que sirva para vender. Convertir el Registro de Proveedores del RIGI en una herramienta activa, con publicación anticipada de las demandas de cada proyecto, para que pymes, consorcios y parques industriales puedan homologarse a tiempo y competir.

El RIGI fue presentado como una apuesta a que la inversión grande arrastre a la chica. El Decreto 1366/2026 mejora las condiciones de la primera y quita una de las pocas garantías de que lo segundo ocurra. Si dentro de unos años las órdenes de compra de Vaca Muerta y del cobre sanjuanino siguen sin proveedores argentinos de bienes, parte de la explicación estará en una definición que decidió que, para ser local, alcanzaba con un domicilio.