Los riesgos del abrazo del oso

La Casa Rosada necesita a los gobernadores para aprobar en el Congreso los proyectos que le interesan, y ellos necesitan a la Casa Rosada para sostener sus cuentas. Pero La Libertad Avanza también prepara candidatos para disputarles sus distritos. Con la desindustrialización y el aumento de la desocupación en los grandes centros urbanos, el retiro petrolero en la Patagonia, la crisis pesquera, la caída del empleo pyme, inversiones del RIGI que todavía no llegan y la amenaza climática en el Litoral, la ambivalencia que hoy les asegura recursos puede convertirse en el costo que paguen en 2027.

INFORME ESPECIAL DPyE

Los gobernadores, entre la negociación y el costo político

La discusión del Presupuesto 2027 volvió a poner a los gobernadores en el centro de la escena. El proyecto debía tratarse en Diputados en la segunda mitad de noviembre, pero a comienzos de mes seguía trabado por los reclamos de las provincias y de los bloques aliados: el reparto de los subsidios al transporte, concentrados en el AMBA; la coparticipación de impuestos como Combustibles y Retenciones; los avales de deuda para obras, y las partidas para universidades y discapacidad. El Gobierno insiste en que la meta fiscal no se negocia; los mandatarios, en que sus cuentas no resisten otro año de transferencias discrecionales.

Detrás de esa negociación hay un problema político de fondo. Buena parte de los gobernadores no responde orgánicamente al peronismo ni se alinea de manera permanente con La Libertad Avanza. Votan con el oficialismo en el Congreso cuando obtienen algo a cambio, confrontan cuando las decisiones nacionales afectan sus finanzas y reclaman en sus provincias por los efectos de un programa que, en el recinto, a veces acompañan. Esa ambivalencia les dio margen de maniobra durante dos años, pero acumula riesgos que se vuelven visibles a medida que se acerca 2027.

La llamada avenida del medio fue el intento de convertir esa posición en un proyecto nacional. Provincias Unidas lo expresó, y las elecciones legislativas de octubre de 2025 mostraron sus límites: entre los distritos de ese armado, sólo Corrientes logró imponerse a La Libertad Avanza, y en varios de ellos el electorado no peronista se desplazó hacia el oficialismo nacional. Desde entonces, cada mandatario volvió a priorizar la negociación individual con la Casa Rosada. La pregunta que el espacio no resolvió sigue abierta para todos: qué representan los gobernadores, además de la voluntad de defender los intereses de sus provincias.

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Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora son dos casos testigo. Gobiernan Santa Fe y Córdoba, distritos centrales para la economía argentina por el peso de su industria, su agro y sus servicios. Ambos mantienen una relación pragmática con la Casa Rosada: negocian recursos, acompañan algunas iniciativas legislativas y confrontan cuando las decisiones nacionales afectan las cuentas o las actividades de sus provincias. Ignacio Torres, en Chubut, y Claudio Vidal, en Santa Cruz, recorren el mismo camino con economías más expuestas. Los gobernadores que sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza, como Rogelio Frigerio en Entre Ríos, enfrentan una versión todavía más estrecha del dilema.

Esa conducta no los convierte en aliados del Gobierno ni en opositores sistemáticos. Responde a la lógica de quienes administran territorios atravesados por una crisis económica profunda y, al mismo tiempo, buscan preservar capacidad de negociación frente a una administración nacional que concentra recursos y decisiones. Según datos relevados por Letra P, las transferencias no automáticas a las provincias sumaron $159.975 millones en septiembre de 2026, con un salto respecto de agosto, pero con una caída real del 27% frente al mismo mes de 2025.

El problema aparece cuando la negociación deja de ser una herramienta para defender intereses provinciales y empieza a confundirse con una adhesión al rumbo económico del Gobierno. En ese punto, la prudencia institucional se vuelve un costo político concreto para dirigentes que, en su mayoría, deberán revalidar su poder territorial en 2027.

El abrazo del oso

La contradicción tiene una dimensión electoral. Javier Milei necesita acuerdos parlamentarios para avanzar con su programa, y los gobernadores necesitan recursos, obras y respuestas nacionales para sostener sus administraciones. Pero el oficialismo también aspira a construir dirigencias propias en las provincias y a disputarles el poder a quienes hoy negocian con la Casa Rosada.

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El Gobierno puede necesitar los votos de Pullaro, de Llaryora o de otros mandatarios en el Congreso y, al mismo tiempo, promover candidatos de La Libertad Avanza para competir contra ellos. La cooperación parlamentaria no garantiza reciprocidad política, y mucho menos un compromiso de no competencia electoral. La negociación sobre la eventual suspensión de las PASO, que el oficialismo vincula con la discusión presupuestaria, muestra que también las reglas de la competencia de 2027 están sobre la mesa.

Ahí aparece el riesgo del abrazo del oso. Una cercanía excesiva con Milei puede comprometer a los gobernadores con un modelo cuyos efectos sociales y productivos se sienten en sus propias provincias. Si la economía no mejora y el deterioro llega a los principales centros urbanos, la ciudadanía no necesariamente distinguirá entre la responsabilidad del Gobierno nacional y la de quienes lo acompañaron o evitaron confrontarlo.

La ambivalencia expone a los gobernadores por dos flancos: frente a La Libertad Avanza, que disputa su electorado, y frente a una oposición que puede capitalizar el malestar que ellos no supieron canalizar.

La Libertad Avanza ya demostró en 2025 que puede quedarse con el voto no peronista en distritos gobernados por mandatarios que negociaban con ella. Si el malestar social crece, la oposición peronista puede, a su vez, presentarse como la única fuerza que confrontó con el programa nacional. Un gobernador que vota con la Casa Rosada y critica sus efectos en su provincia corre el peligro de no ser reconocido como aliado por unos ni como alternativa por otros.

Los mandatarios pueden argumentar que negocian para conseguir beneficios concretos. Es una explicación atendible mientras existan resultados verificables. Si las concesiones no se traducen en alivio para sus economías, la negociación será leída como subordinación, y cuando llegue la disputa electoral Milei conservará su identidad política mientras ellos cargan con parte del desgaste de su gestión.

El Norte Grande: peronistas en la identidad, oficialistas en el Congreso

El dilema tiene una versión más acentuada en el norte. Raúl Jalil en Catamarca, Osvaldo Jaldo en Tucumán y Gustavo Sáenz en Salta provienen del peronismo y se presentan como parte de un peronismo federal no kirchnerista, pero funcionan desde hace dos años como sostén legislativo del Gobierno. Jalil sacó a sus diputados del bloque de Unión por la Patria, una ruptura que debilitó al principal bloque opositor y fortaleció al oficialismo en Diputados. También unificó el calendario electoral de Catamarca con el nacional, un gesto leído como sintonía con la Casa Rosada. Jaldo mantiene a sus legisladores en un bloque propio, sostiene acuerdos de gobernabilidad con Milei y llegó a ofrecer colectoras de La Libertad Avanza en su provincia, mientras arenga a su dirigencia con la consigna de que Tucumán seguirá siendo peronista en 2027. Sáenz, que rompió con Cristina Fernández de Kirchner tras la intervención del PJ salteño, ratificó su alianza con la Casa Rosada al abrir las sesiones legislativas de este año, y el proyecto de Presupuesto 2027 contempla $127.447 millones en obras para Salta.

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La Libertad Avanza no devuelve esa cooperación en el territorio. En Tucumán, su candidato a gobernador, Lisandro Catalán, anunció que impugnará judicialmente la candidatura de Jaldo a la reelección. En Salta, el partido de Milei ganó la capital en las elecciones provinciales y en las nacionales, y la senadora María Emilia Orozco promete un gobernador libertario para 2027, mientras Sáenz busca habilitar un tercer mandato. En Catamarca y Tucumán, los libertarios despliegan candidaturas propias sin que la Casa Rosada les haya pedido moderar su perfil. Del otro lado, el peronismo nacional intenta recuperar a Jalil y a Jaldo para su armado, pero advirtió que, si el tucumano juega en alianza con Milei, le pondrá un candidato enfrente; en la provincia, Juan Manzur y Pablo Yedlin ya amenazan con dividir el voto justicialista. Identidad peronista para retener al electorado propio y alineamiento con el Gobierno para asegurar fondos y obras: si esa combinación falla, estos gobernadores pueden quedar entre un candidato libertario que les dispute el voto antikirchnerista y un peronismo que los trate como desertores.

Santa Fe y Córdoba: la crisis llega al corazón industrial

La situación de Santa Fe y Córdoba vuelve más compleja esa estrategia. Son provincias que reclaman fondos y compensaciones, pero también territorios con una trama productiva extensa, donde la industria, el comercio, el transporte y los servicios asociados sostienen buena parte del empleo y de la vida urbana.

Los datos del segundo trimestre de 2026 mostraron una desocupación del 11,5% en el Gran Rosario y del 10,5% en el Gran Córdoba, frente a una tasa nacional del 7,9%. En Santa Fe, además, el empleo registrado en la industria manufacturera cayó un 8,4% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Son indicadores de la presión que la recesión y la pérdida de actividad ejercen sobre los principales aglomerados industriales.

La apertura de importaciones, la caída del consumo, el aumento de los costos y la retracción de la inversión golpean a empresas grandes y pequeñas, proveedores, talleres y comercios. Los gobiernos provinciales no pueden limitar su agenda a la discusión fiscal con la Nación: necesitan respuestas para sostener la producción, el empleo y el entramado de empresas que organiza la economía de sus ciudades.

Pullaro y Llaryora conocen esa realidad. La cuestión política es si pueden traducir ese diagnóstico en una posición común y diferenciada frente al programa económico nacional. Un gobernador que acompaña en el Congreso las leyes del oficialismo mientras sus aglomerados encabezan el ranking de desocupación queda expuesto a una pregunta difícil de responder ante su electorado: qué obtuvo a cambio.

La Patagonia: el retiro petrolero y la crisis pesquera

En Santa Cruz y Chubut, la tensión tiene características propias. La decisión de YPF de desprenderse de áreas convencionales para concentrar sus inversiones en Vaca Muerta aceleró la reconfiguración de la actividad petrolera en la cuenca del Golfo San Jorge. Las áreas fueron transferidas o están en proceso de reorganización, pero el cambio de operador no resuelve por sí mismo los problemas de producción, inversión, empleo y pasivos ambientales que deja la retirada de la empresa estatal.

La crisis no puede atribuirse exclusivamente a YPF. También intervienen la madurez de los yacimientos, la caída de la actividad, las decisiones de otras operadoras y el desplazamiento de inversiones hacia la cuenca neuquina. Aun así, la salida de YPF tiene un peso económico y simbólico significativo en localidades cuya estructura productiva se organizó durante décadas alrededor de los hidrocarburos.

La pérdida de puestos de trabajo en el sector y en sus actividades vinculadas repercute sobre proveedores, comercios, servicios y finanzas municipales. En las ciudades petroleras, la caída de la actividad alcanza a toda una economía local que depende de la circulación de salarios y de la contratación de empresas de la región.

Chubut enfrenta, además, dificultades en la actividad pesquera. Los costos, la situación de los mercados, los conflictos laborales y las restricciones operativas golpean a una cadena que genera empleo directo e indirecto. La temporada provincial de langostino 2026/2027 llegó a fines de octubre con demoras y embarcaciones a la espera de definiciones, mientras el sector reclama condiciones que le permitan sostener la actividad y diversificar las capturas.

Para Torres y Vidal, el desafío es evitar que la concentración de inversiones en Vaca Muerta se traduzca en el abandono de las cuencas maduras. Eso exige políticas de reconversión, inversión, infraestructura y protección del empleo, y una estrategia nacional que contemple las economías locales y no mida el desarrollo energético sólo por el volumen de producción o el ingreso de divisas. Es también el terreno donde la cercanía con la Nación tiene menos para ofrecer: las decisiones que reconfiguran la cuenca se toman en las empresas y en Buenos Aires, y el costo social se paga en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia o Pico Truncado.

Entre Ríos: el deterioro del entramado productivo

Entre Ríos ofrece otra expresión del impacto territorial del programa económico. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos oficiales, registró que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 la provincia perdió 1.212 empleadores netos, alrededor del 7%, y 13.544 puestos de trabajo registrados, un 4,8%. La caída alcanzó a la construcción, la industria, el transporte y el comercio, con un efecto especialmente sensible sobre las pequeñas y medianas empresas.

El deterioro del empleo se combina con una retracción del consumo. El mismo relevamiento estimó una caída real del 25,9% en las ventas de supermercados durante el período. Cuando se reduce el ingreso de los hogares, el impacto se transmite rápidamente a los comercios, a los servicios y a las empresas que dependen del mercado interno.

No es una crisis aislada ni exclusivamente entrerriana, pero los datos muestran cómo las decisiones macroeconómicas se expresan en la vida cotidiana de una provincia: menos empresas, menos empleo formal y menor circulación comercial. Para un gobernador que selló una alianza electoral con La Libertad Avanza, como Frigerio, el abrazo del oso adopta su forma más directa. Su margen para diferenciarse de un programa cuyos efectos se sienten en su territorio es menor, y la responsabilidad compartida, más visible. Reclamar transferencias no alcanza; la situación obliga a discutir qué política económica puede recuperar actividad y empleo.

Corrientes y Misiones: la presión adicional de El Niño

En Corrientes y Misiones se suma un factor climático que puede agravar las dificultades económicas y productivas. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para la primavera de 2026 una fase cálida de El Niño con probabilidades muy altas de persistencia e intensidad fuerte o muy fuerte. El Instituto Nacional del Agua y organismos nacionales y provinciales siguen la evolución de las lluvias y de los niveles de los ríos, mientras las autoridades locales activaron relevamientos y medidas preventivas.

En Misiones ya se registraron daños por tormentas, granizo e inundaciones, con relevamientos oficiales para evaluar las pérdidas y la eventual declaración de emergencia agropecuaria. En Corrientes, los organismos técnicos advirtieron sobre la posibilidad de lluvias intensas y crecidas, con riesgos para poblaciones, infraestructura, agricultura y ganadería.

La expresión «Súper Niño», que circula en el debate público para describir un episodio de gran intensidad, no es una categoría técnica oficial. Lo relevante para las provincias es la combinación de precipitaciones por encima de lo normal, crecidas y vulnerabilidad de las actividades productivas y de la infraestructura. La prevención, las obras y la asistencia a productores y municipios requieren coordinación entre los gobiernos provinciales y la Nación.

En estos territorios, la capacidad de respuesta estatal forma parte de la agenda económica. Una emergencia climática puede comprometer cosechas, caminos, establecimientos productivos y fuentes de trabajo, y si la política nacional reduce recursos y capacidades de intervención, los gobiernos provinciales quedan expuestos a una demanda social que no pueden resolver solos. La ambivalencia muestra aquí otra cara: un gobernador que necesita fondos de emergencia tiene pocos incentivos para confrontar, y esa dependencia limita su autonomía política justo cuando más la necesita.

Una suma de crisis que interpela a los gobernadores

Los casos de Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos, Corrientes y Misiones no son idénticos. Tienen estructuras productivas diferentes, gobernadores de distinta filiación y relaciones dispares con la Casa Rosada. Muestran, sin embargo, una misma tensión: las provincias necesitan un Estado nacional capaz de coordinar políticas, sostener infraestructura, atender emergencias y promover inversión y empleo, mientras el programa de Milei reduce el gasto, retrae la obra pública y apuesta a que la estabilización macroeconómica y el mercado resuelvan buena parte de esos desequilibrios.

Los gobernadores pueden negociar con la Casa Rosada, y deben hacerlo cuando están en juego los intereses de sus comunidades. Lo que no pueden es confundir la defensa de sus provincias con la aceptación pasiva de un modelo que golpea actividades centrales de sus economías. La diferencia entre una negociación eficaz y la subordinación política se mide por los resultados que llegan al territorio.

La crisis también pone a prueba la ambivalencia como estrategia. Preservar autonomía frente a Buenos Aires o evitar una alineación plena con el peronismo y con La Libertad Avanza no alcanza para sostenerla: la autonomía política necesita una propuesta económica y social que le dé contenido.

Una agenda propia

Una alternativa nacional no puede construirse sólo desde los despachos de los gobernadores. Necesita incorporar a los actores que viven las consecuencias de la crisis: trabajadores, pequeñas y medianas empresas, parques industriales, cooperativas, universidades, organizaciones sociales, economías regionales y sectores de la ciencia y la tecnología. También debe fijar una agenda común sobre producción, empleo, infraestructura, energía, minería, agroindustria, industria y federalismo fiscal.

Aceptar la necesidad del equilibrio macroeconómico y del orden en las cuentas públicas no responde la pregunta central: para qué se ordena la economía, cómo se distribuyen los costos y con qué instrumentos se recuperan la inversión, la producción y el trabajo. Sin esas definiciones, el equilibrio fiscal corre el riesgo de convertirse en un objetivo aislado, desconectado de la estructura productiva y de las condiciones de vida de la población.

Pullaro, Llaryora y otros mandatarios con peso territorial tienen la oportunidad de impulsar una construcción con capacidad de gestión, siempre que superen la lógica de la coordinación circunstancial. Provincias Unidas mostró que existe un espacio para expresar demandas federales; el resultado de 2025 mostró también que, sin programa, identidad política, organización y una base social que exceda a los gobiernos provinciales, ese espacio se diluye frente a la polarización.

Primero, defender las provincias; después, construir una alternativa

Los gobernadores enfrentan una decisión política. Pueden limitarse a funcionar como actores de negociación con el Gobierno nacional, útiles para conseguir recursos o defender intereses puntuales, pero sin capacidad para disputar el rumbo del país. O pueden asumir que las crisis de sus provincias forman parte de un problema nacional que requiere una respuesta también nacional.

Si se concentran únicamente en cuidar su quinta, pueden terminar aislados y vulnerables. Si acompañan a Milei más allá de lo que sus territorios toleran, quedarán asociados a una política económica que erosiona sus propias bases electorales. El abrazo del oso es eso: la posibilidad de que la cercanía con el presidente termine debilitando a quienes buscan preservar su autonomía.

La votación del Presupuesto 2027 y la discusión sobre la suspensión de las PASO serán una prueba. Lo que cada gobernador obtenga, y lo que conceda, dirá si la negociación les dejó algo para mostrar en sus provincias o sólo votos en el haber del oficialismo. La diferencia entre una alianza circunstancial y una alternativa nacional se definirá por la capacidad de representar a sus sociedades, defender sus economías y ofrecer un camino distinto frente a la crisis, más que por la cantidad de mandatarios sentados alrededor de una mesa o por la oportunidad de una candidatura. Para llegar a 2027 con una propuesta creíble, primero deberán demostrar que pueden defender sus provincias sin quedar atrapados en las contradicciones del modelo del que necesitan diferenciarse.