Los homicidios están en su mínimo histórico, pero el narcomenudeo gobierna manzanas enteras del conurbano y las estafas telefónicas, el robo de celulares y las centrales de fraude que operan desde las cárceles ya forman parte de la vida cotidiana. La respuesta oficial insiste en leyes más duras, mientras las vigentes siguen sin cumplirse.
Editorial DATA Política y Económica |
La seguridad se convirtió en el eje que ordena la política del continente. José Antonio Kast ganó la presidencia de Chile con el 58,61% de los votos. Flávio Bolsonaro llega al balotaje brasileño del 25 de octubre con ventaja sobre Lula da Silva y la promesa de declarar narcoterroristas al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho. Y el 22 de septiembre, en Nueva York, quince gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos y el argentino, firmaron la declaración del Escudo de las Américas contra 24 organizaciones calificadas con ese rótulo.
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El narcoterrorismo es, antes que una categoría técnica, una doctrina política. Al transformar un problema social y criminal en una guerra, habilita la militarización de la seguridad interior, la intervención externa y la restricción de derechos, alineada con una agenda escrita en Washington. Pero sería un error leer su eficacia electoral como pura manipulación. El miedo en los barrios populares es real, y quienes prometen mano dura avanzan sobre un terreno que otros dejaron vacío.
Lo que dicen los números y lo que callan
Los datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) son elocuentes. En 2025 hubo 1.676 víctimas de homicidio doloso, una tasa de 3,6 cada 100.000 habitantes, la más baja de la serie. Los robos cayeron un 21,2%, hasta 399.676 hechos. La tendencia comenzó en 2002 y atravesó gobiernos de todos los signos.
El promedio, además, oculta una geografía desigual. Neuquén tiene una tasa de 5,7 y la provincia de Buenos Aires, de 4,4, frente al 0,9 de Corrientes. Y dos de cada tres delitos contra las personas no se denuncian, según la única encuesta de victimización del INDEC, que data de 2017. El país discute su seguridad con información incompleta.
| LOS NÚMEROS DEL DIAGNÓSTICO | Dato |
| Homicidios dolosos 2025 | 1.676 víctimas (tasa 3,6 c/100.000) |
| Robos 2025 | 399.676 hechos (−21,2%) |
| Homicidios vinculados al narco en San Martín (1.er sem. 2026) | 77% |
| Hogares del conurbano con venta de drogas en su entorno | 35,6% (CABA: 18,7%) |
| Estafas asistidas virtualmente 2025 | 50.155 hechos (+52,2% en PBA) |
| Líneas de celular en cárceles bonaerenses | Cerca de 49.000 |
| Presos sin condena firme | 35,6% federales / 47% PBA |
| Cargos de jueces nacionales y federales vacantes | Alrededor de un tercio |
Elaboración propia sobre datos del SNIC, el SPB, la PROCUVIN, la CPM y el Consejo de la Magistratura.
El narco en el barrio
El núcleo del problema ya no es el delito disperso, sino una economía criminal que tiene en el narcomenudeo su motor y en los barrios populares su territorio. En San Martín, el observatorio del IDAES-UNSAM vinculó con el narcotráfico el 77% de los homicidios del primer semestre de 2026; casi la mitad de las víctimas con edad registrada tenía entre 16 y 25 años. En Florencio Varela, la disputa entre bandas escaló este año hasta ataques de sicarios que mataron a jóvenes ajenos al conflicto. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 35,6% de los hogares del conurbano identifica venta de drogas en su cuadra o su barrio, frente al 18,7% en la Ciudad.
El negocio funciona como una cadena. Arriba están el ingreso de la droga por la hidrovía, los puertos y las fronteras secas, y el lavado en inmobiliarias, concesionarias, cuevas financieras y criptoactivos. En el medio, las cocinas y los depósitos donde se fracciona. Abajo, los búnkeres, los repartos a domicilio y los puntos de venta barriales. La violencia y el riesgo se concentran en el último eslabón; la ganancia, en los primeros. Desde que la Ley 26.052 habilitó a las provincias a perseguir el narcomenudeo, buena parte del esfuerzo penal se dirigió a vendedores y consumidores, con denuncias incluso de causas armadas. El resultado son cárceles llenas de pibes reemplazables y un negocio intacto.
En el territorio, la organización narco cumple funciones que el Estado abandonó. Recluta al adolescente que no estudia ni trabaja y le ofrece ingresos, pertenencia y estatus. Presta dinero a la familia que no accede al crédito formal y la convierte en deudora. Fija horarios en los que no se circula, cierra pasillos y resuelve conflictos: en el Área Reconquista hay registros de toques de queda de hecho y vecinos divididos entre denunciar o callar por miedo. Y conduce buena parte del negocio desde penales superpoblados. Allí donde se retiran el Estado y la comunidad organizada, otro poder pasa a gobernar el barrio.
El delito que se mudó al teléfono
Mientras el robo presencial retrocede, la estafa avanza. Las defraudaciones asistidas virtualmente sumaron 50.155 hechos en 2025 y crecieron un 52,2% en territorio bonaerense. Si se agregan las 72.953 estafas tradicionales, la defraudación ya equivale a casi un tercio de los robos registrados. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, admitió que esas modalidades todavía no figuran como indicador permanente del SNIC.
Las estafas telefónicas dejaron de ser obra de estafadores aislados. Funcionan como una industria, con infraestructura, logística y protección: bases de datos compradas, centros de llamadas, cuentas “mula” y billeteras virtuales. Una parte central de ese negocio opera desde las cárceles. En el Servicio Penitenciario Bonaerense hay cerca de 49.000 líneas de celular habilitadas para los detenidos, un permiso de la pandemia que nadie revisó. En lo que va de 2026, la Justicia desarticuló centrales en Magdalena, González Catán, Lomas del Mirador e Ituzaingó, y en una de esas causas probó la participación de un policía y de agentes penitenciarios. Cuando una celda funciona durante meses como call center, la impunidad deja de ser un accidente y pasa a ser una condición del negocio.
El robo de celulares completa el cuadro. Las estimaciones disponibles lo ubican entre 5.000 y 9.000 equipos diarios, cerca del 27% de los robos denunciados. Las herramientas para cortar ese circuito existen: el bloqueo por IMEI, vigente desde la Resolución 2459/2016 del ENACOM, y el delito de encubrimiento del artículo 277 del Código Penal. Falta aplicarlas contra quien compra y revende.
- “Endurecer una ley que no se cumple no aumenta la seguridad: solo agranda la distancia entre la norma y la realidad.”
Lo que funciona y lo que no
El Plan 90/10, que concentra recursos donde se concentran los homicidios, es técnicamente correcto. Rosario, que pasó de 262 homicidios en 2023 a 91 en 2024, demostró que la coordinación entre Nación, provincia y municipio funciona. El repunte a 115 en 2025 muestra que esos logros son frágiles.
Los límites de la doctrina de “Seguridad y Orden” son estructurales. La Ley 27.801 bajó la edad de imputabilidad a 14 años sin centros especializados ni equipos técnicos que la sostengan. Las cárceles bonaerenses alojaban 66.493 personas en julio, un 12,86% más que dos años y medio antes, y sirven de base de operaciones a las mismas organizaciones narco que dicen combatir. Frente a cada caso resonante aparece una ley nueva o una pena más alta, mientras alrededor de un tercio de los cargos de jueces nacionales y federales sigue vacante. En las cárceles federales, el 35,6% de los detenidos no tiene condena firme; en las bonaerenses, el 47%. Es la peor combinación posible: presos que esperan años un juicio y delitos que nunca se investigan.
Una deuda que también es propia
El peronismo, salvo excepciones, nunca tuvo una política de seguridad seria y sostenida. Ese abandono tuvo un costo político y moral, porque las víctimas son los trabajadores que vuelven de noche, los jubilados que atienden el teléfono y los pibes que las bandas narco reclutan. Garantizarles el derecho a vivir y circular sin miedo no es una concesión a la derecha. Es una obligación con el propio pueblo.
Cumplir la ley y organizar la comunidad
La Argentina no necesita más leyes ni leyes más duras. Necesita que las que tiene se apliquen correctamente, en tiempo y forma. El Código Penal ya castiga el narcotráfico, la estafa y el lavado; existen procedimientos de flagrancia en la Nación y en la provincia, y la Ley 24.390 limita la prisión preventiva. El déficit es de ejecución.
Eso exige una reforma judicial con control social: cubrir las vacantes con plazos ciertos, hacer cumplir los plazos procesales, extender la flagrancia para el delito cotidiano y crear fiscalías territoriales especializadas en narcomenudeo, fraude a distancia y reducción de bienes robados. Cada fiscalía y cada juzgado penal debería publicar sus tiempos y resultados y rendir cuentas ante la comunidad.
Contra el narcotráfico, la prioridad es golpear donde está la ganancia. Una unidad conjunta de inteligencia financiera con la UIF, ARCA, el Banco Central y fiscalías especializadas; el decomiso anticipado de bienes, reinvertidos en prevención; fiscalías orientadas a las organizaciones y no a los consumidores, y control estatal efectivo de la hidrovía y de los puertos públicos y privados, con escaneo de contenedores y radarización de las fronteras. En el barrio, hay que llegar antes que el narco: retomar la urbanización prevista en la Ley 27.453, programas de empleo, educación y deporte para jóvenes de 14 a 25 años, microcréditos públicos que desplacen al préstamo narco y dispositivos comunitarios de atención de consumos. Ninguna intervención policial debería hacerse sin una intervención social simultánea en el mismo territorio.
El anclaje territorial deben ser Consejos Comunales por la Seguridad con poder real, capaces de exigir la rendición de cuentas del jefe policial, administrar un presupuesto de prevención financiado con bienes decomisados y recuperar el espacio público, sin patrullar ni ejercer la fuerza. Frente al fraude, hace falta un protocolo obligatorio entre fiscalías, bancos, billeteras virtuales y telefónicas para congelar en minutos las cuentas receptoras, y telefonía controlada en las cárceles en lugar de líneas libres.
La Argentina tiene hoy una oportunidad que otros países de la región ya perdieron: actuar antes de que la economía criminal escale. Desperdiciarla con más castigo, menos Estado y mayor dependencia externa sería un error histórico.
Fuentes: Informe SNIC Nacional 2025 (Ministerio de Seguridad Nacional); Observatorio sobre el Narcotráfico y las Violencias Asociadas (IDAES-UNSAM); Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA); INDEC; PROCUVIN; Comisión Provincial por la Memoria; Consejo de la Magistratura; Servicio Penitenciario Bonaerense.
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