Alejandro Vilches, que había ordenado la auditoría sobre el organismo tras el escándalo de coimas que costó el cargo a Diego Spagnuolo, presentó su renuncia apenas un día después de conocerse el informe. Su salida se produce en medio de la interna oficialista por el ajuste a Discapacidad en el Presupuesto 2027 y con la causa judicial en pleno desarrollo.
El secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, dejó el lunes su cargo mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”. La renuncia se conoció apenas veinticuatro horas después de que trascendieran los resultados de la auditoría que el propio Vilches había encargado sobre el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): un desfasaje de $158.717.131.557,63 en los registros de deuda del organismo.
El médico había llegado a la conducción del área en un contexto ya de por sí turbulento. En agosto de 2025 fue designado interventor de la ANDIS tras la salida de Diego Spagnuolo, procesado en la Justicia federal por el escándalo de coimas del organismo. Fue en ese marco que Vilches ordenó la auditoría integral sobre la gestión anterior, un proceso que más tarde continuó al frente de la flamante Secretaría Nacional de Discapacidad, creada en reemplazo de la disuelta ANDIS y de la que asumió en febrero de este año.
EL EXPEDIENTE QUE SALPICA A KARINA MILEI
La salida de Spagnuolo, en agosto de 2025, se produjo tras la difusión de audios atribuidos a su voz en los que se describía un esquema de retornos del 3% sobre el precio de medicamentos e insumos de alto costo adquiridos por el organismo, entre ellos los destinados al programa Incluir Salud, que asiste a personas con discapacidad. En esas grabaciones se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, como beneficiaria de esa comisión, junto con el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem. Ninguno de los dos fue imputado en la causa, que sí avanzó sobre el propio Spagnuolo, sobre exfuncionarios de la agencia y sobre empresarios del sector farmacéutico, entre ellos los responsables de la droguería Suizo Argentina, señalada como uno de los proveedores beneficiados por el direccionamiento de licitaciones.
La defensa de Spagnuolo sostiene que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial y logró que la Justicia ordenara un peritaje técnico sobre su autenticidad; el fiscal Franco Picardi, en cambio, señala que la causa se sostiene en elementos adicionales —chats, pagos en efectivo y documentación— que exceden esas grabaciones. Más allá de su resultado judicial, la mención directa a la hermana del Presidente y a uno de sus asesores de mayor confianza convirtió al caso en el frente de mayor exposición política para el oficialismo, y explica buena parte de la sensibilidad con la que en la Casa Rosada se sigue cualquier novedad vinculada con la ex ANDIS, incluida la salida de Vilches.
¿QUÉ ENCONTRÓ LA AUDITORÍA?
El informe, cuyo contenido trascendió el domingo, tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025 —el día en que Spagnuolo fue desplazado del organismo— y comparó la información registrada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con la de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), el área que interviene en las prestaciones vinculadas con el programa Incluir Salud. Entre ambos registros de deuda exigible apareció una diferencia superior a los $158.700 millones.
“$158.717.131.557,63: la diferencia detectada entre los registros de deuda exigible que llevaban dos direcciones centrales del organismo.”
El relevamiento puso además la lupa sobre el uso del mecanismo de “legítimo abono”, que habilita pagar bienes o servicios ya entregados sin haber pasado previamente por el procedimiento habitual de contratación, y sobre operaciones con prestadores de medicamentos e insumos que recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. Por tratarse de un corte anterior a la llegada de Vilches, el hallazgo no le atribuye responsabilidad de gestión: documenta, más bien, el estado en que recibió el organismo tras la salida de Spagnuolo.
UNA SALIDA CON LECTURA POLÍTICA
La versión oficial habla de una renuncia por motivos personales. Pero la secuencia —difusión del informe el domingo, salida del funcionario el lunes— alimentó una lectura alternativa, instalada por buena parte de la prensa que cubre el tema: la de un funcionario desplazado luego de exponer un problema que el Gobierno hubiera preferido mantener bajo perfil. El propio jefe de Estado, en las horas posteriores a la difusión del informe, apuntó públicamente contra la familia Saguier, propietaria de La Nación, el diario que reveló los detalles de la auditoría.
La salida de Vilches se produce, además, en medio de una crisis paralela dentro de la mesa política oficialista. La semana pasada, la senadora Patricia Bullrich cuestionó con dureza el capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que incluye un fuerte ajuste sobre las prestaciones y pensiones por discapacidad, y que ingresó al Congreso sin que ella ni los diputados de La Libertad Avanza fueran informados. “Siento que me toman de tonta”, declaró la titular del bloque libertario en el Senado, que responsabilizó al equipo económico que conduce Luis “Toto” Caputo por la falta de coordinación. Ante el rechazo generalizado de aliados y oposición, el Gobierno evalúa ahora dar marcha atrás con el capítulo más resistido, mientras negocia con el PRO y la UCR una fórmula de ajuste menos severa que permita destrabar el debate presupuestario.
LA CAUSA JUDICIAL SIGUE ABIERTA
En paralelo, la investigación por las presuntas coimas en la ex ANDIS continúa en el fuero federal. Está prevista para esta semana la declaración testimonial de Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, citada por el fiscal Franco Picardi en relación con el origen de los audios que dieron inicio al escándalo. La audiencia, de carácter reservado, se realizará por videoconferencia desde Bolivia.
El episodio vuelve a poner en primer plano la tensión de fondo que atraviesa la política de discapacidad del Gobierno: la necesidad de sostener el superávit fiscal frente a un área con fallos judiciales adversos, leyes de emergencia vigentes y una sensibilidad social que el propio oficialismo reconoce como un frente de alto costo político, en la antesala de la visita del papa León XIV, que en su recorrida por el país incluiría el Cottolengo Don Orione, un emblema de la asistencia a personas con discapacidad.
DPyE
