El presidente cerró una semana de discursos cargados de insultos y negación de la crisis social, mientras el círculo rojo que lo aplaude sin convicción empieza a tantear un plan B para blindar el modelo con o sin él. La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia expuso las redes de la ultraderecha regional. El peronismo puso paños fríos a su interna de superestructura sin resolverla. Y la economía real —deuda de las familias, cierre de empresas, desempleo en alza— desmiente cada mañana el relato oficial.
Antonio Muñiz ·
El discurso presidencial: insultos, negación y falsedades
La semana que cierra dejó al desnudo el estilo que Javier Milei eligió para administrar el tercer año de su gobierno. El jueves 20, ante los empresarios reunidos en el Council of the Americas, defendió su programa económico con un discurso de más de una hora en el que llamó a sus críticos “hijos de puta”, “corruptos” e “ignorantes”, acusó a empresarios y a la oposición de haber intentado “un golpe de Estado” y calificó de “precariedad intelectual grosera” cualquier señalamiento sobre el funcionamiento de la economía a dos velocidades. En ese mismo acto negó que el desempleo haya aumentado desde que asumió, una afirmación que contradicen los propios datos del INDEC.
Al día siguiente, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente volvió a cargar contra periodistas y economistas, a quienes acusó de mentir y de estar “ensobrados”. El sábado escaló todavía más: calificó al periodista Marcelo Bonelli de “mierda humana” y “sorete” en la red social X, en un posteo cargado de insultos escatológicos, luego de que el columnista se refiriera a tensiones dentro del Gobierno. Bonelli le respondió el domingo por radio, le pidió que cuidara su vocabulario y le recordó que sería más productivo que se dedicara a resolver el endeudamiento, el salario y el empleo estancados, y a aclarar las situaciones de Manuel Adorni y Fernando Cerimedo.
El patrón no es nuevo, pero se intensificó. En apenas 72 horas el Presidente recurrió tres veces al insulto escatológico contra distintos interlocutores. Es la misma matriz discursiva con la que en marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, utilizó más de veinte formas distintas de descalificación —ignorantes, delincuentes, fracasados, fascistas, cavernícolas, bestias, corruptos— sin ofrecer precisiones sobre su agenda legislativa. La negación de datos oficiales sobre desempleo y salario, sumada a la agresión sistemática como forma de gobernar, configuran un estilo que ya no distingue entre adversario político, periodista crítico o empresario que no aplaude lo suficiente.
Un círculo rojo que se aleja sin soltar el modelo
El auditorio empresario que escuchó a Milei el jueves no le devolvió el entusiasmo. Los aplausos fueron escasos y arrancaron casi exclusivamente de la primera fila, ocupada por funcionarios. En los pasillos del Hotel Alvear circuló un diagnóstico distinto al que ofreció el Presidente desde el escenario: para el círculo rojo, el riesgo de 2027 ya no es económico sino político, y la estabilidad macroeconómica dejó de alcanzar como argumento de campaña. Apenas unos días antes, en Rosario, la recepción había sido igual de fría: el auditorio calificó como una estupidez la frase presidencial de que la gente no llega a fin de mes, y varios empresarios coincidieron en señalar el prolongado encierro del mandatario en la quinta de Olivos como fuente de sospechas sobre su conducción.
Ese malestar convive con una definición estratégica que ya nadie disimula, sostener el modelo económico aunque eso implique prescindir de Milei. Un sector encabezado por Paolo Rocca y Héctor Magnetto estudia la alternativa de Patricia Bullrich, mientras crecen los rumores sobre un armado con Hernán Lacunza, por parte del PRO, como variante de presión sobre la Casa Rosada. Tambien comenzaron a instalarse otros nombres, como Daniel Hadad o Jorge Brito. La consigna que empieza a circular en las principales cámaras empresariales es explícita: blindar el rumbo macroeconómico como política de Estado, inalterable ante cualquier cambio de signo político. Es, en los hechos, el reconocimiento de que el círculo rojo dejó de apostar por la continuidad de Milei y empezó a diseñar un plan B que preserve el modelo sin él.
Hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo, pero si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, yo creo que vale la pena. – Mario Grinman
Esa frase, pronunciada por Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, resume el lugar que ocupa un sector del empresariado prebendario en esta etapa: valida el costo social del ajuste mientras la cuenta la pagan los otros. Grinman la pronunció, sin ruborizarse, el mismo día en que representantes de pequeñas y medianas empresas protestaban frente a la Casa Rosada por el cierre de firmas y la pérdida de empleo. La coincidencia no fue casual: mientras la gran patronal exportadora y financiera sostiene el rumbo porque los números de esa porción de la economía le cierran, la producción nacional que emplea y factura puertas adentro del país mide el ajuste en fábricas cerradas.
Frente a ese cuadro, los sectores productivos golpeados por el modelo dejaron de responder de manera dispersa. El Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), que nuclea a pequeños y medianos productores, cooperativas y organizaciones de la economía popular y nacional, consolidó durante este año su perfil como espacio de representación de esa Argentina que produce y que el esquema de apertura importadora y ajuste fiscal viene desplazando. El sábado 22 de agosto el movimiento realizó un acto en la ciudad de La Plata, un nuevo paso en su proceso de construcción territorial y en la articulación de una voz propia para los sectores productivos, distinta tanto de la de las grandes cámaras empresariales alineadas con el Gobierno como de la lógica exclusivamente gremial empresaria, con eje en la defensa del trabajo nacional y la producción con valor agregado.
Cerimedo y las terminales de la ultraderecha regional
El martes 18 la policía boliviana detuvo en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, al consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado de ser el presunto autor intelectual del ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller. El viernes, un juez boliviano dictó su prisión preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola. El caso excedió rápidamente el expediente penal: Cerimedo es uno de los operadores de comunicación digital más influyentes de la derecha y la ultraderecha latinoamericana, fundador del portal La Derecha Diario, artífice de la estrategia digital que llevó a Milei a la presidencia y, según sus propias declaraciones, responsable de un “ejército” de miles de trolls durante la campaña de 2023.

Su recorrido conecta directamente los procesos políticos de la región: trabajó para Jair Bolsonaro en Brasil, participó de la campaña por el Rechazo en el plebiscito constitucional chileno, asesoró la candidatura de Mauricio Macri en 2019 a través de Patricia Bullrich, y más recientemente se convirtió en asesor personal del presidente boliviano Rodrigo Paz, tras haber integrado su equipo de campaña en 2025. A comienzos de este año había sido distinguido como “Consultor Político Hispano del Año” en una gala en Mar-a-Lago donde también participó Milei. Semanas después de ese reconocimiento en el círculo de Donald Trump, quedó detenido mientras intentaba huir de Bolivia.
El escándalo reabrió además otro expediente que el Gobierno preferiría mantener cerrado: Cerimedo ya había declarado ante la fiscalía argentina en el marco de la causa por presuntas coimas en la exAgencia Nacional de Discapacidad, que involucró de manera directa a Karina Milei. Su detención expone, en un mismo hecho, la trama que conecta a la consultoría digital de la ultraderecha regional con el financiamiento y la construcción discursiva del propio mileísmo.
La interna peronista: la mesa que frena la guerra sin resolverla
Mientras el oficialismo administra su propio desgaste, el peronismo transita una interna de superestructura que combina roscas de poder con una disputa de fondo por la conducción. La semana consolidó el rumbo abierto a comienzos de agosto: una cumbre reservada en el hotel Emperador reunió a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner junto a gobernadores como Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán, además de los jefes de los bloques legislativos de Unión por la Patria, José Mayans y Germán Martínez, que oficiaron de convocantes. El resultado fue una tregua táctica: sostener las PASO como herramienta de ordenamiento electoral, sin resolver la tensión de fondo entre el gobernador bonaerense y el líder de La Cámpora, que llevaban diez meses sin verse las caras.

La pausa no cerró la disputa por la conducción. La Cámpora mantiene la exigencia de que Kicillof se subordine a Cristina Fernández de Kirchner, y sigue instalando la centralidad de la expresidenta como referencia excluyente del espacio, mientras surgen otros candidatos como el sanjuanino Sergio Uñac o reaparece en la escena politica Sergio Massa.
Kicillof, por su parte, avanza en la construcción territorial y de base de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, tanto en el territorio bonaerense, como en paralelo a la consolidación de una estructura nacional propia.
El resultado de la semana es una fotografía de equilibrio precario: los gobernadores y los bloques legislativos lograron imponer una lógica de unidad instrumental para no perder las PASO como herramienta, pero la guerra entre el kirchnerismo duro y el proyecto territorial de Kicillof sigue sin saldarse. Es la traducción exacta de una interna, que no solo disputa candidaturas, sino la conduccion del peronismo. Por ahora se administra la convivencia desde arriba, mientras abajo continuan las disputas. Por ahora, tal como dijo un dirigente peronista,“ no nos une el amor, sino el espanto” ante lo que esta pasando. Mientras en el territorio, Kicillof sigue siendo la construcción mas solida, con mayor intención de voto medida por las principales consultoras.
La economía que no despega: negación oficial y ajuste real
El contraste entre el relato presidencial y los datos de la economía real se profundizó esta semana. El propio Milei negó ante el Council of the Americas que el desempleo haya subido desde que asumió, pese a que el INDEC registra una suba del 6,9% al 7,8% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026. También negó la caída del salario real, en la misma semana en que el organismo estadístico difundió datos de junio que muestran los sueldos en niveles similares a los de la crisis previa.
La deuda de los hogares confirma el mismo diagnóstico desde otro ángulo. Los atrasos en créditos bancarios de las familias treparon a niveles no vistos desde que existe la serie, con la morosidad en préstamos personales por encima del 12% y en tarjetas de crédito rondando el 11%, mientras el financiamiento no bancario —billeteras virtuales y fintech— exhibe niveles de mora varias veces superiores. El uso creciente de la tarjeta ya no financia consumo aspiracional: financia la brecha entre lo que la gente gana y lo que necesita para llegar a fin de mes.
El tejido productivo mide el ajuste en cierres. Desde noviembre de 2023 dejaron de operar más de 30.000 empresas con al menos un empleado, y se perdieron alrededor de 400.000 puestos de trabajo formales, un promedio cercano a los 450 empleos registrados destruidos por día. La industria manufacturera concentra el mayor golpe, con caídas de hasta el 23% en el empleo de las cadenas textil, indumentaria y calzado. Entidades como Industriales Pymes Argentinos advierten que, de sostenerse la tendencia, hacia fin de año podrían perderse entre 500.000 y 600.000 empleos adicionales y desaparecer hasta 40.000 unidades productivas más. Una porción de esa producción no desaparece: se traslada. Fabricantes que abastecían el mercado interno empezaron a cerrar líneas locales para importar terminado desde plantas radicadas en Brasil, aprovechando la apertura comercial y el atraso cambiario relativo, en un fenómeno que la propia prensa económica describe como éxodo industrial.
Ese deterioro ya no golpea solo a la industria: erosiona a la misma clase media que en 2023 votó mayoritariamente por Milei. Los kioscos y comercios de cercanía, el termómetro más sensible del consumo cotidiano, pasaron de 100.000 a 59.850 locales en dos años y medio, según la Unión de Kiosqueros de la República Argentina: unos 41.000 cierres, a un ritmo de 50 persianas bajas por día. En la Ciudad de Buenos Aires, el relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sobre locales vacíos en las principales arterias comerciales trepó 43,4% en apenas dos meses, y la vacancia se extendió de Florida y Caballito hacia barrios de clase media como Belgrano. Comerciantes de distintas provincias coinciden en el mismo diagnóstico: quienes cierran ya no son solo los sectores más vulnerables, sino también a un público de clase media y media alta que hasta hace poco sostenía el consumo y que hoy directamente dejó de comprar.
Ganadores y perdedores: un modelo que no es un accidente
El cuadro que dejó la semana no admite lectura de coyuntura aislada. Mientras el sector exportador de energía, minería y agroindustria exhibe cifras récord y atrae inversión extranjera, la producción orientada al mercado interno —la que emplea en cada barrio y cada ciudad del país— acumula cierres, suspensiones y traslado de plantas. No es una falla del modelo: es su resultado esperado. La apertura comercial sin gradualidad, el atraso cambiario administrado como ancla antiinflacionaria y la eliminación de mecanismos de sostén a la producción nacional generan, de manera necesaria, pocos ganadores muy grandes y millones de perdedores medidos en salario, empleo y crédito impago.
Ese es el trasfondo real detrás de la agresividad presidencial de esta semana: cuanto más se angosta la base social y productiva que sostiene al modelo, más necesita el discurso oficial recurrir al insulto, a la negación de las estadísticas propias y a la construcción de enemigos internos para desviar la discusión sobre quién paga el ajuste. El círculo rojo que empieza a tomar distancia no lo hace porque discrepe con el rumbo económico de fondo, sino porque teme que la bronca social generada por ese mismo rumbo termine arrastrando también su continuidad. Por eso el plan B que empieza a delinearse no busca otro modelo: busca otro administrador para el mismo, capaz de sostenerlo sin la errática conducción de un presidente cada vez más aislado, cada vez más agresivo y cada vez más solo frente a una economía que, semana a semana, sigue sin despegar para las mayorías.
