Nunca se produjo tanta leche en Argentina. Nunca, en una década, el tambero cobró tan poco por ella. Entre ese récord y ese piso se cuenta la historia de plantas paralizadas, cooperativas convertidas en fachada de despido y una marca centenaria rematada al mejor postor.
En Navarro, un pueblo bonaerense de poco más de veinte mil habitantes, la fábrica de lácteos Yatasto amaneció el 5 de mayo con los portones cerrados para el turno noche. Adentro sólo podían entrar quienes habían aceptado renunciar a su antigüedad, a la obra social y a la representación gremial para empezar a facturar como monotributistas de una cooperativa de trabajo armada meses antes por un directivo de la propia empresa. Afuera, los que se negaron acamparon frente al predio, encuadrados todavía en el convenio colectivo del sector lechero. Cuando el Ministerio de Trabajo bonaerense les dio la razón y ordenó la conciliación obligatoria, la patronal respondió con una mudanza ficticia a una planta que las inspecciones encontraron vacía, sin luz y sin actividad.
La escena de Navarro no es un exceso local: es la forma más cruda de un mecanismo que atraviesa a toda la lechería argentina desde 2024. El país produjo en 2025 un total de 11.617,6 millones de litros de leche, un diez por ciento más que el año anterior y un volumen sin precedentes en lo que va del siglo. En el mismo período, el precio real que recibió el productor primario tocó su piso de la década. La productividad de la cadena subió. El ingreso de quien la sostiene, cayó. Entre esos dos números cabe toda la crisis: la de los tambos que cierran, la de las plantas que quiebran y la de los trabajadores a los que se les pide, como en Navarro, que renuncien a sus derechos para seguir produciendo la misma leche.
Más litros, menos plata
El desacople entre volumen y rentabilidad no es un dato de un mes aislado: es la tendencia de todo el arranque de 2026. El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana midió una producción de leche cruda de 889 millones de litros mensuales durante el primer trimestre, 9,4% más que un año atrás. Las exportaciones absorbieron 268 millones de litros equivalentes por mes —16% más en la comparación interanual— y ya se llevan cerca de un tercio de todo lo que se ordeña en el país. El mercado externo sostuvo el volumen. Lo que no sostuvo fue el precio: la leche cruda se pagó en promedio 514 pesos por litro en el trimestre, un 19% menos en términos reales que un año antes. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que calcula mensualmente el costo de producción, ubicó en diciembre el precio al productor en 478,90 pesos por litro contra un costo total de 491,66 y un precio de equilibrio —con una rentabilidad mínima del cinco por ciento sobre el capital— de 558,14 pesos. La diferencia la absorbe el tambero con su propio patrimonio.
La brecha, además, no es pareja en el territorio: un relevamiento de marzo detectó una diferencia de 77,79 pesos por litro entre la cuenca que mejor paga y la que peor paga, una amplitud del 17,1%. El tambo chico de una cuenca marginal, sin escala ni integración con una usina propia, absorbe el ajuste con una intensidad que el productor integrado a una cooperativa grande no conoce. El correlato financiero de esa ecuación es un endeudamiento en niveles de excepción: la deuda bancaria del sector llegó a 478.401 millones de pesos al cierre del primer trimestre —el equivalente a unos 970 millones de litros de leche—, con una irregularidad de cartera del 4,7%, más del doble del promedio registrado entre 2011 y 2025.
La cuenta en dólares y la cuenta en pesos
La respuesta de política pública frente a la caída de rentabilidad no fue sostener el ingreso del productor sino simplificar el comercio exterior. En julio, el Gobierno eliminó el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos —un registro que alcanzaba a 468 firmas— y actualizó, mediante la Resolución Conjunta 7/2026, las normas del Código Alimentario Argentino para la leche larga vida, alineándolas con los criterios de Brasil y el resto del Mercosur. En el plano de las divisas, el resultado acompaña esa apuesta: el complejo lácteo exportó en volumen un 22% más y en valor un 14% más que el año anterior, según datos del INDEC. Pero la misma apertura que facilita la colocación de excedentes en el exterior empuja hacia abajo el precio doméstico, porque el mercado internacional de referencia no da tregua: la subasta quincenal de Global Dairy Trade encadena ya siete caídas consecutivas. Cuando el precio de colocación externa retrocede y el volumen exportable crece, la usina que compra leche cruda en el mercado interno tiene un techo cada vez más bajo para lo que puede pagarle al tambo sin resignar margen. Y a diferencia de otros países con una apertura comercial comparable, en la Argentina de 2026 no existe un mecanismo compensatorio que amortigüe esa transferencia hacia el eslabón más débil de la cadena.
El consumo que no vuelve
El otro extremo de la tenaza es interno. El consumo de lácteos en el mercado doméstico se derrumbó 9,7% en 2024, recuperó apenas 5,2% en 2025 —menos de la mitad de lo perdido— y volvió a caer en el arranque de 2026: 4,9% en volumen y 6,3% en litros equivalentes durante el primer bimestre, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Cuando el ingreso disponible de los hogares se contrae, la leche es de los primeros alimentos que se recorta o se sustituye. La combinación resulta corrosiva para toda la cadena: la industria pierde piso de venta en el mercado que paga en pesos y compensa esa pérdida empujando cada vez más volumen hacia la exportación, donde el precio unitario es menor y viene cayendo. El tambo termina financiando, con su propio margen negativo, tanto la recuperación del consumo interno que no llega como el boom exportador que sí se concreta.
Una marca centenaria en un lote de liquidación
Ningún caso resume mejor ese reordenamiento que el de SanCor. La cooperativa que llegó a procesar 4,6 millones de litros de leche por día en los años noventa y a liderar el mercado nacional procesa hoy apenas 700 mil litros diarios en seis plantas de Santa Fe y Córdoba —una décima parte de los volúmenes que manejaba en 2015—. Tras un concurso preventivo abierto en febrero de 2025 que no logró acuerdo con acreedores ni con inversores, y luego de acumular más de trescientos pedidos de quiebra de terceros, la propia cooperativa terminó solicitando su liquidación ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela. El juez Marcelo Gelcich calificó el desenlace como una quiebra indirecta por frustración del trámite preventivo y concluyó que la firma ya no resultaba viable en el mediano plazo. Hector Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera Argentina, sostuvo que el pedido de quiebra no cambiaba nada de fondo: era el reconocimiento tardío de una cooperativa que se sostuvo, dijo, con el patrimonio de sus propios trabajadores, a quienes se les adeudan ocho meses de salario más el aguinaldo.
El expediente traduce esa caída en cifras concretas. La deuda impositiva y previsional post concursal supera los 6.349 millones de pesos; los salarios adeudados a los 914 empleados que la Justicia autorizó a mantener en actividad ascienden a más de 12.788 millones; las obligaciones con obras sociales, ART y sindicatos suman otros 3.380 millones. A eso se añade una deuda total estimada en 120 millones de dólares, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y con fondos financieros internacionales entre los acreedores principales. Parte de ese pasivo en moneda extranjera tiene un origen puntual: tras el default de Venezuela en 2017, la cooperativa dejó de cobrar exportaciones por unos 18 millones de dólares que hoy tienen escasas probabilidades de recuperarse, una muestra de cómo la dependencia de mercados externos inestables puede trasladarse, con años de rezago, al balance de una empresa del interior productivo.
La liquidación de los activos ya tiene base de venta: 52,1 millones de dólares repartidos en siete lotes, con seis plantas industriales valuadas en 27,4 millones y un paquete de marcas —encabezado por la propia marca SanCor, tasada en 18,7 millones— por otros 24,7 millones. Entre los interesados que trascendieron aparecen jugadores del propio sector, como Savencia —dueña de Milkaut—, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela, pero también un nombre ajeno a la industria láctea: el empresario de medios Gustavo Scaglione, accionista del Grupo América y de Telefe. La lista resume con precisión el punto de llegada del ciclo: una marca construida por generaciones de tamberos cooperativizados sale a rematarse en un lote de activos disponible para capital financiero o mediático que nunca produjo un litro de leche.
El mismo controlante, dos quiebras
El patrón de concentración con el que termina absorbiéndose lo que la crisis deja en el camino no se limita a SanCor. Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima —ARSA, fabricante bajo licencia de los postres y yogures de la propia marca SanCor— nació en 2016 cuando el Vicentin Family Group compró por unos cien millones de dólares la división de productos refrigerados de la cooperativa; en 2019 sumó como socio al fondo BAF Capital; y hace dos años y medio su administración pasó a la firma Maralac S.A., conducida por los hermanos Manuel y Alfredo Fernández, los mismos que controlan La Suipachense. Dos plantas —Arenaza, en el partido de Lincoln, y Monte Cristo, en Córdoba— empleaban en conjunto cerca de 380 personas. El concurso preventivo abierto en abril de 2024 no encontró comprador pese a los sondeos con Inverlat, Werthein y CarVal, y en noviembre de 2025 el juez Federico Güerri decretó la liquidación total. La Suipachense, por su parte, quebró el mismo mes bajo orden del Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes, con 140 despidos en una planta que llegó a procesar 250 mil litros diarios; recién en junio de 2026 consiguió comprador para reabrir.
Que un mismo grupo controlante haya estado al frente de dos de las quiebras lácteas más resonantes del período no es un dato menor para entender cómo se administra el ajuste dentro de la cadena: la producción se sostiene mientras hay caja, se posterga el pago a proveedores y trabajadores, y cuando el pasivo se vuelve insostenible la firma entra en concurso sin que aparezca capital dispuesto a capitalizarla. El activo productivo queda inmovilizado hasta que un tercero, ajeno al ciclo de la crisis, lo adquiere a valores de liquidación. Es la misma lógica, en otra escala, que llevó a la multinacional Saputo a vender el ochenta por ciento de su operación local a la peruana Gloria Foods y a Arcor y Danone a conformar una sociedad para controlar La Serenísima, la marca de mayor peso simbólico de la lechería argentina: menos jugadores, mayor capacidad de fijación de precios de compra frente a un productor cada vez más atomizado. En julio, durante la tercera Fiesta del Tambero realizada justamente en Navarro, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cifró en unos mil los tambos cerrados desde el inicio de la actual gestión nacional: el diez por ciento del total existente en el país.
Cuando el ajuste llega al obrero
El caso de Yatasto, con el que se abre esta nota, agrega una capa distinta al mismo problema. En Lácteos Dorrego —la fábrica que produce bajo esa marca en Navarro, propiedad de Luciano Di Tella— el ajuste no llegó por vía de la quiebra sino por la reingeniería del vínculo laboral: la empresa presionó a sus setenta trabajadores para que renunciaran y se reincorporaran como monotributistas de la Cooperativa de Trabajo Intensos Sabores Navarrenses, presidida por Hernán Rubén Ferrari, director suplente de la propia Lácteos Dorrego. Quien acepta pierde antigüedad, obra social y encuadre en el convenio colectivo del sector lechero. Maximiliano Ohannecian, delegado de la empresa, sostuvo que no existe la crisis productiva que la patronal invoca para justificar el cambio de esquema, porque la planta sigue funcionando con normalidad. Nelson Rey, secretario general de la seccional Empalme Lobos de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, fue más directo: calificó a la cooperativa de fachada de una empresa que acumula deuda con las cargas sociales de su propio personal.
El mecanismo importa porque desplaza el punto donde se resuelve la crisis: ya no es sólo el tambero el que financia con su propio margen la ecuación de la cadena, sino el trabajador industrial, al que se le retira protección social y estabilidad bajo la forma jurídica de una organización pensada originalmente para lo contrario. Algo parecido, aunque sin la maniobra cooperativista, ocurre en Lácteos Verónica, con cinco meses de plantas paralizadas en Suardi, Lehmann y Clason, setecientos trabajadores directos y unos ciento cincuenta productores tamberos con una deuda por leche entregada que, junto con la de otros proveedores, supera los sesenta millones de dólares.
“Necesitamos comer”, resumió Ángel Villarroel, operario de Lácteos Verónica, al pedir la intervención urgente de un fiscal o un juez tras un fallo favorable en primera instancia que la empresa no cumplió.
El caso de Verónica no puede leerse aislado del deterioro del tejido productivo santafesino en su conjunto. Un informe del exministro de Trabajo provincial Juan Manuel Pusineri, elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 343 empleos perdidos en el primer bimestre de 2026 y cerca de tres mil empresas cerradas desde el inicio de la actual gestión nacional; la cantidad de empleadores registrados en la provincia cayó de 50.729 a fines de 2023 a 47.798 en febrero de 2026. Verónica no es la excepción de un sistema que funciona: es la expresión más visible de una regla que se repite en escala menor en miles de unidades productivas del interior.
La otra cooperativa
A contramano de ese cuadro, la cooperativa rosarina Cotar —integrada por trabajadores que tomaron el control de la planta en 2022 tras años de gerenciamientos fallidos— multiplicó su producción de 30 mil litros diarios a comienzos de 2024 a un rango de entre 120 mil y 140 mil litros hoy, con capacidad instalada para llegar a 500 mil. Ciento veinte socios sostienen de manera directa a unas doscientas familias si se cuenta el empleo indirecto. En abril, la cooperativa resolvió un descuento del diez por ciento para jubilados y docentes, dos de los colectivos cuyo poder adquisitivo retrocedió con mayor intensidad en el período: el salario docente santafesino pasó del quinto al decimotercer lugar en el ranking de mejores remuneraciones provinciales entre 2023 y el informe de marzo del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, mientras que la actualización congelada del bono jubilatorio nacional le habría representado a cada beneficiario, de haberse indexado, un ingreso adicional acumulado de 1.583.514 pesos desde abril de 2024, según cálculos del Centro de Economía Política Argentina. “Hoy ponemos el foco en Rosario y sus alrededores, pero también tenemos líneas abiertas en Entre Ríos, Río Negro, Neuquén y diversas zonas de Buenos Aires”, planteó Emiliano Medin, presidente de la cooperativa.
Que la planta con mejor desempeño relativo del sector en esta etapa sea justamente la que gestionan de manera directa sus propios trabajadores no prueba, por sí solo, que la autogestión sea la salida general para una cadena que exporta un tercio de lo que produce y depende de una cotización internacional a la baja. Pero sí muestra que el ajuste no es un dato natural del mercado lácteo, sino una forma de organizar quién controla la producción y a quién se le retira primero cuando el margen se estrecha. En Navarro esa decisión la tomó una gerencia que disfrazó despidos de cooperativismo. En Rosario la tomó un colectivo de trabajadores que, con la misma leche cara y los mismos costos energéticos, eligió sostener el precio para el jubilado y el docente antes que la rentabilidad del capital. La leche argentina nunca fue tan abundante, pero el sabor que le queda a quienes la producen es amargo.
INVESTIGACION ESPECIAL
DATA POLITICA Y ECONOMICA
