El acuerdo de junio les permitió sacar la cabeza del agua, pero el sistema siguió perdiendo. Una semana después, la Corte Suprema falló por unanimidad y dejó firme la obligación de aplicar la ley, con un dato incómodo para el Gobierno: lo que reconoce el acta está muy por debajo de lo que ordena la norma. Y hay un daño que ya no vuelve atrás.
Redacción DATA POLITICA Y ECONOMICA
El 10 de junio, las universidades nacionales y los gremios docentes y no docentes aceptaron una recomposición salarial y presupuestaria con el agua al cuello. Nadie firmó conforme. Lo hicieron porque el ajuste les había recortado el 45,6% de los recursos desde diciembre de 2023, según el relevamiento que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en Santa Rosa a fines de marzo. Aceptaron, en los hechos, una victoria que tenía forma de derrota.
Las cuentas del acuerdo lo dejan a la vista. El entendimiento cubre el desfasaje de 2025, una actualización por inflación hasta mayo de 2026 y apenas un 7% a cuenta de lo perdido durante 2024. La paritaria quedó congelada por tres meses. Para entonces, los salarios docentes habían retrocedido tanto que harían falta otros 47,5 puntos solo para recuperar el poder de compra que tenían antes del cambio de gobierno. Lo que se firmó alivia; reparar, repara poco.
El pacto les permitió sacar la cabeza del agua para respirar, pero siguieron perdiendo.
Una batalla librada al margen de la ley
Nada de esto fue un descuido presupuestario. El oficialismo eligió a la universidad pública como campo de batalla cultural y le pasó la motosierra durante más de dos años para alimentar la meta del equilibrio fiscal. El costo de esa épica figura en los números: las partidas de funcionamiento nunca recuperaron más del 64% del nivel que tenían en enero de 2023 y hoy se mueven alrededor del 40%.
El programa de infraestructura universitaria no ejecutó un peso en 2024 ni en 2025, y este año desapareció directamente del presupuesto. Las becas Progresar perdieron entre el 75% y el 96% de su valor real. Detrás de esos porcentajes hay obras paralizadas, estudiantes sin sostén y edificios que se deterioran más rápido de lo que tardaría en repararlos cualquier gestión futura.
Al deterioro económico se sumó el pulso institucional. La ley 27.795, sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y reinsistida tras el veto presidencial, obliga al Poder Ejecutivo a reconocer la pérdida acumulada desde el 1° de diciembre de 2023. Milei la promulgó, pero con una salvedad: suspendió su aplicación hasta que el Parlamento indicara de dónde saldrían los fondos. Durante meses gobernó el conflicto al margen de esa norma, escudado en una tragedia fiscal que la propia Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) desmentía. La OPC había calculado el impacto en 0,23% del PIB.
La Corte cierra una vía y abre una definición política
El 25 de junio, la Corte Suprema cerró esa discusión. Por unanimidad, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso del Estado y dejaron en pie la medida cautelar que había dictado en primera instancia el juez federal Martín Cormick y confirmado la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Esa cautelar manda al Ejecutivo cumplir ya con los artículos 5° y 6° de la ley: actualizar los sueldos de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 en un porcentaje que no quede por debajo de la inflación del INDEC, convocar paritarias cada tres meses y recomponer las becas según la suba de precios.
El tribunal no entró en el fondo del asunto. Rechazó la apelación con un argumento procesal: el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable, de manera que la cautelar quedó firme en esta etapa. Antes había desactivado la última maniobra de la Casa Rosada, que pidió apartar a los jueces de la causa e incluso planteó que los propios cortesanos debían excusarse por dar clases en universidades públicas. La Corte rechazó las recusaciones y las excusaciones. La cuestión central —si el decreto 759/25 que suspendió la ley es constitucional— sigue su curso en el juzgado de Cormick.
La Corte ratificó que la ley está vigente y que el Gobierno debe cumplirla.
Conviene medir bien el alcance del fallo. Como el acta del 10 de junio ya había fijado los giros, la Corte no obliga a desembolsar un peso por encima de lo acordado. Lo que hace es otra cosa: deja vigente una cautelar que manda transferir alrededor de 2,5 billones de pesos a las 56 universidades nacionales y, sobre todo, fija un piso legal que el acuerdo paritario no toca. Ahí está el verdadero nudo. El acta reconoció una recomposición salarial del 24,33%; cumplir la ley al pie de la letra, contando la pérdida desde el 1° de diciembre de 2023, llevaría ese número a cerca del 56% sobre los sueldos de mayo de 2026. Con las becas la diferencia es todavía mayor: la actualización por inflación que ordena la norma dispararía las Progresar alrededor de un 95% respecto de lo que el Gobierno paga hoy.
Por eso los rectores firmaron el acta pero no levantaron la demanda. Sostuvieron las dos vías a la vez —negociar para sobrevivir, litigar para que se cumpla la ley— y el fallo les dio la razón. La Corte no zanjó cuánto debe subir cada salario; eso se seguirá peleando en paritarias, con un cuarto intermedio hasta septiembre. Lo que hizo fue impedir que el Ejecutivo siguiera tratando la norma como papel mojado. De paso, le mandó un mensaje al Congreso: una ley votada dos veces y promulgada no se suspende por decreto mientras el deudor decide si paga.
El éxodo: lo que tarda décadas y se derrumba en un instante
El fallo, con todo, llega tarde para una parte del daño. El respaldo de la Corte no borra lo que ya ocurrió. La caída del salario y el ahogo presupuestario empujaron a la puerta de salida a miles de docentes formados durante años: el CIN cuenta diez mil renuncias en apenas dos.
El sistema científico la pasa todavía peor. El presupuesto en ciencia y técnica cayó un 95% en términos reales y el financiamiento de becas, un 39%. Entre 2023 y 2026 el Conicet se quedó sin el 14% de sus investigadores, y la cifra todavía no incluye a quienes ya dan clase en el exterior pero conservan su licencia. Es un vaciamiento sin estridencias: no llena las calles ni los titulares, pero su factura llega una década más tarde, cuando el conocimiento que debía nacer en la Argentina termina firmándose en otro país.
El daño ya está hecho: en dos años renunciaron diez mil docentes.
Hay algo que la lógica del ajuste nunca termina de registrar. Formar a un investigador lleva años, a veces décadas de inversión sin pausa. Ese capital humano acaba produciendo conocimiento para el sector privado local, en el mejor de los casos, o para Estados que no pusieron un solo peso en formarlo, en el peor. Se derriba en un instante lo que costó generaciones levantar; volver a construirlo, si alguien se lo propusiera alguna vez, exigiría otras tantas décadas, y cuesta arriba.
El saldo
La universidad sacó la cabeza del agua en junio y una semana después la Corte le dio la razón en derecho. Pero un fallo marca un mínimo, no resuelve el problema. Garantiza que la ley rige y que el ajuste no puede consumarse por decreto; no devuelve por sí solo lo perdido ni vuelve a poner en marcha la maquinaria que produce conocimiento. El acuerdo descomprimió la urgencia; la sentencia despejó la duda jurídica. Sigue en pie la pregunta más difícil: ¿cuánto del sistema científico y universitario quedará de pie cuando el ciclo del ajuste se cierre, y quién estará todavía para reconstruir lo que la motosierra se llevó.?
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