La licitación de la Hidrovía concentra todas las señales de alerta: pliego diseñado para excluir a los chinos, socios ocultos detrás de la empresa belga Jan de Nul, un documento de la ONU que la oposición denuncia como apócrifo y la DEA monitoreando el proceso. Detrás de todo asoma el mismo actor que en dos años se hizo con distribuidoras eléctricas, centrales hidroeléctricas, áreas petroleras y la principal transportista de energía del país: el Grupo Neuss, cuyo vínculo con Santiago Caputo es el hilo conductor de cada adjudicación.
Por el río Paraná circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Control sobre esa vía navegable equivale a controlar, en buena medida, la salida comercial del país. Por eso la Hidrovía es, desde hace décadas, el negocio más codiciado de la infraestructura argentina. Y por eso lo que está ocurriendo en torno a su licitación merece atención.
La historia visible es simple: el Gobierno relanzó en 2025 un proceso licitatorio —el anterior había naufragado en 2024 con un solo oferente en carrera y denuncias de pliegos restrictivos— y dos empresas belgas quedaron en carrera: Jan de Nul, la operadora actual desde 1995, y DEME. La historia real es más compleja, más opaca y considerablemente más preocupante.
El pliego que excluyó a los chinos
El primer problema fue el pliego mismo. Las bases y condiciones técnicas incorporaron una cláusula que impedía participar a empresas con participación estatal extranjera, una medida diseñada con precisión quirúrgica para dejar fuera a las firmas chinas que habían mostrado interés en el proyecto. La China Communications Construction Company (CCCC) Shanghái Dredging presentó una cautelar para frenar el proceso por esa exclusión. La brasileña DTA Engenharia denunció públicamente que se trató de una licitación a medida.
La consecuencia práctica de ese diseño fue reducir la competencia a dos actores europeos. Según especialistas del sector, el esquema podría derivar en sobrecostos equivalentes al 40% respecto de lo que habría ofrecido un competidor chino, siguiendo el antecedente Techint-India en el sector siderúrgico. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, alertó sobre irregularidades graves en el proceso: falta de transparencia, deficiencias en el control administrativo y ausencia de estudios ambientales integrales antes del diseño del pliego, lo que —según el organismo— convirtió la evaluación ambiental en una formalidad vacía.
En la evaluación técnica de la etapa dos, Jan de Nul acumuló 66,2 puntos contra 42,14 de DEME. El proceso avanza hacia la apertura de las propuestas económicas con la empresa belga como favorita indiscutida.
El mapa de los socios ocultos
Pero quién gana formalmente la licitación importa menos que quién se queda con el negocio real. Y ahí aparece la trama que preocupa a los analistas del sector.
Detrás de Jan de Nul asoma el Grupo Neuss, integrado en un consorcio oculto con el Grupo Román —hoy rebautizado Ciencia al Servicio del Movimiento (CSM)— fundado por el magnate de la logística Alfredo Román, el «zar de las grúas». La clave son los subcontratos que emergen del pliego de licitación. Ese reparto del 50% del contrato ya habría sido acordado si la empresa belga logra continuar con la operatoria.
En la trama ligada a la Hidrovía emergen además otros nombres: el empresario Juan Ondarcuhu, líder del Grupo Servicios Portuarios S.A., concesionario de las terminales portuarias VI y VII en el puerto de Rosario y anotado en el RIGI para un nuevo puerto en Timbúes; y Gustavo Elías, referente del puerto de Bahía Blanca. El tándem Ondarcuhu-Elías son los favoritos para el tramo de balizamiento que exige el pliego: se quedarían con el 100% de esas tareas, subcontratados por Jan de Nul.
El 7 de mayo, el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto de resolución para suspender todo el proceso licitatorio. El argumento: peritos informáticos señalaron que el informe supuestamente atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que el Gobierno presentó como aval respaldatorio es apócrifo. La denuncia se suma a tres investigaciones que ya lleva adelante la Procuración de Investigaciones Administrativas.
Tres privatizaciones en dos años: el mapa del nuevo imperio
La Hidrovía no es un caso aislado. Es el capítulo más reciente de una expansión empresarial que no tiene precedentes en velocidad ni en la estrategia de sectores.
Transener es la tercera privatización que gana el grupo de los Neuss bajo este gobierno. La adjudicación formal está prevista para mayo, según el cronograma oficial. El consorcio, formado por Edison Energía —holding controlado por Juan y Patricio Neuss— junto a Genneia, el mayor grupo de energías renovables del país controlado por Jorge Brito, se quedó con el 26,3% de la principal transportista eléctrica de Argentina por 356 millones de dólares.
La apertura de las ofertas económicas estuvo envuelta en una anomalía que el sector no pasó por alto: a las 10 debían publicarse online las propuestas económicas, pero solo se vieron las de dos de los tres oferentes. Desde el grupo Edison descartaron sospechas: «Imaginamos que fue un error del sistema». En el Gobierno no formularon comentarios.
El balance del período es contundente. Primero llegaron las distribuidoras EDET (Tucumán) y EJESA (Jujuy), junto a la transportista Litsa y la hidroeléctrica Potrerillos; después las represas Alicurá y Cerros Colorados, adquiridas a fines de 2025 por 226 millones de dólares; y en abril de 2026, Transener. En el horizonte cercano figura también la participación de YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país.
Fuentes del mercado energético sintetizaron el cuadro con una comparación filosa: en dos años, el Grupo Neuss pasó a controlar generación, transporte y distribución eléctrica. Una integración vertical que, por la magnitud de los activos involucrados, bordea la configuración de un monopolio. «Los Neuss son los nuevos Lázaro Báez de Milei», dijo una fuente del sector a Ámbito. El grupo tiene 120 años de trayectoria. Pero nunca antes había crecido a esta velocidad y en activos tan estratégicos.
El hilo que une todo: Santiago Caputo
El puente hacia el gobierno actual tiene nombre propio: Santiago Caputo, el asesor presidencial que compartió infancia con los hermanos Neuss en el Martindale Country Club.
Los Neuss ayudaron en la recaudación de fondos para la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje y donde opera Francisco Caputo, hermano del asesor, para dar la batalla cultural y política del pensamiento libertario y conservador.
El financiamiento político viene de antes. En 2023, por medio de Woden Energía, Juan y Patricio Neuss cristalizaron su apuesta política aportando a la campaña electoral de Patricia Bullrich. El 6 de febrero de 2025, otra vez Woden Energía transfirió 35 millones de pesos a La Libertad Avanza para las elecciones de medio término.
El lobista Luis María Cuence es identificado por fuentes del sector como uno de los operadores que facilita el acceso a licitaciones sensibles. Pero la escala del negocio ya excede lo que puede resolver un operador con influencia. En el mercado leen el patrón como una directriz de gobierno: el diseño sistemático de condiciones que benefician a un grupo específico en cada proceso licitatorio estratégico.
Lo que está en juego
La Hidrovía no es solamente un negocio: es infraestructura soberana. La DEA puso un ojo en el resultado del proceso licitatorio y monitorea con atención a los socios ocultos que están agazapados detrás de los actores principales en la puja. El interés de la agencia antidroga estadounidense no es casual: por las terminales portuarias y la vía navegable circulan también los flujos que investigan varias fiscalías.
El Gobierno de Milei llegó al poder con la promesa de terminar con el capitalismo de amigos. Lo que está documentando la Hidrovía —y el conjunto de las privatizaciones energéticas— es que la práctica de entregar activos estratégicos del Estado a operadores políticamente conectados no desapareció: cambió de beneficiarios.
El dinero de Transener —356 millones de dólares— no irá a inversión pública ni a programas sociales. Está destinado a cubrir pagos de deuda soberana en 2026. El ministro de Economía Luis Caputo había anticipado que las privatizaciones aportarán unos 2.000 millones de dólares este año. El Estado se desprende de activos que generan renta intergeneracional para pagar vencimientos de corto plazo. Y los que se quedan con esos activos son, en todos los casos, los mismos amigos del poder.
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