La negativa de tres funcionarios a responder si cobran pagos irregulares abrió una nueva herida en la Casa Rosada. El escándalo patrimonial del jefe de Gabinete se profundiza con la declaración de su contratista, mientras la desaprobación de Milei toca el 64,5%, el peor registro desde el inicio de su mandato.
El viernes 8 de mayo, en la sala de prensa del segundo piso de la Casa Rosada, el periodista Ariel Rodríguez de Cadena 3 formuló una pregunta que nadie respondió: «¿Ustedes cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este Gobierno?» Frente al micrófono estaban el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. El silencio que siguió —roto apenas por la incredulidad de Caputo («Dios mío, ¿Qué es esa pregunta?») y por la maniobra de evasión de Adorni («hoy la conferencia es agenda cerrada»)— vale más que cualquier desmentida formal.
Era la tercera rueda de prensa desde que estalló el escándalo alrededor del patrimonio del exvocero. Y lejos de cerrar el tema, la escena lo amplió.
El contratista, la cascada y los 245.000 dólares en efectivo
El detonante original fue el testimonio del contratista Matías Tabar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. Tabar declaró durante tres horas que cobró 245.929 dólares en efectivo —sin facturas ni comprobantes— para remodelar la casa del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Entre las obras: una cascada en el jardín, una pileta revestida en mosaico travertino, un jacuzzi y un quincho. El testigo entregó además planillas de gastos, facturas de materiales y videos del avance de la obra, y cedió su teléfono celular para ser peritado, dado que algunos mensajes con el funcionario habían sido eliminados.
El dato financiero resulta difícil de explicar con los ingresos declarados. Hasta enero de este año, el sueldo de Adorni como vocero presidencial era de 3,5 millones de pesos mensuales. Según la reconstrucción judicial, el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, acumularon gastos y compromisos de pago de al menos 840.000 dólares en los últimos dos años: alrededor de 450.000 dólares ya erogados en propiedades —casi todos en efectivo— más 335.000 dólares en deudas de corto plazo, más viajes al exterior e interior que suman otros 35.000 dólares.
Adorni eligió el camino de la victimización. «Jamás voy a ceder ante este tipo de presiones», declaró en una entrevista antes de que se conociera la declaración del contratista. Cuando el testimonio de Tabar se hizo público, el hermetismo volvió a instalarse en los principales despachos del Ejecutivo.
El «riesgo Adorni» que nadie quiere nombrar
Caputo aseguró en la conferencia que «lo de Manuel no tiene ningún efecto» sobre las inversiones, y relató que durante el reciente viaje a Los Ángeles un inversor habría minimizado el asunto. Sin embargo, la senadora Patricia Bullrich —integrante del mismo espacio de gobierno— pidió formalmente que Adorni acelere la presentación de su declaración jurada para despejar las sospechas. La interna ya involucra a sectores cercanos a Karina Milei, a Bullrich y a otros referentes del Gabinete.
El propio ministro de Economía acuñó en la misma conferencia el término «riesgo kuka» para desplazar la atención: el verdadero riesgo, argumentó, es la posibilidad de un regreso del kirchnerismo. Pero si la causa judicial realmente no tuviera impacto, no habría razón para que Bullrich exigiera mayor transparencia ni para que el tema dominara tres semanas consecutivas de agenda política.
Fuentes reservadas del Gobierno, citadas por Total News Agency, indicaron que en el Gabinete existirían sobresueldos que podrían alcanzar hasta 50.000 dólares mensuales. El Gobierno no desmintió esa información de manera categórica. Adorni respondió el lunes con una sola frase: «No analizamos notas periodísticas».
Las encuestas confirman el daño
Los números le dan forma a lo que la narrativa oficial intenta esquivar. Según la encuesta de AtlasIntel y Bloomberg del informe Latam Pulse de abril, la desaprobación de la gestión de Javier Milei alcanzó el 63%, con una aprobación de apenas el 35,5%. La consultora Zuban Córdoba, en su relevamiento de mayo elaborado sobre 2.000 casos entre el 25 de abril y el 1° de mayo, midió una desaprobación del 64,5% y una aprobación del 34,3%, y definió el momento como una «bisagra» donde la dirección del cambio es inequívoca.
El 71,2% de los argentinos considera necesario un cambio de gobierno, según Zuban Córdoba, y el 40,1% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 afirma sentirse hoy defraudado. Las expectativas económicas negativas treparon 22 puntos en un mes: el 56% evalúa negativamente el futuro económico y el 58% tiene perspectivas pesimistas sobre el mercado laboral.
La imagen de Adorni tiene números aún peores que los del presidente: el 72,1% lo califica negativamente, contra apenas el 16,5% de imagen positiva, según Zuban Córdoba. Karina Milei supera el 65% de rechazo en el mismo estudio.
Milei encabeza la encuesta de intención de voto presidencial de Zuban Córdoba en quinto lugar, con el 31,4%, acumulando un 57,2% de rechazo electoral directo. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lidera esa medición con el 44,1% del potencial de voto.
Un Gobierno que prometió terminar con los privilegios
Hay una contradicción de fondo que las evasivas no pueden resolver. La administración de Milei construyó buena parte de su legitimidad política sobre la promesa de acabar con los privilegios de «la casta». La motosierra como metáfora del ajuste fue vendida como un instrumento de igualdad republicana: el Estado que se aprieta el cinturón para que los ciudadanos puedan aflojárselo. Que el principal vocero de ese discurso quede bajo sospecha de enriquecimiento ilícito —y que ningún funcionario sea capaz de responder si cobra sobresueldos— no es un escándalo político circunstancial. Es una fractura en el núcleo del relato.
El Gobierno tiene todavía la iniciativa legislativa y conserva un piso de apoyo cercano al 30%. Pero el deterioro ya no es solo judicial: es institucional. La confianza económica no se sostiene únicamente con anuncios de inversión, calificaciones crediticias o giras internacionales. También necesita coherencia entre lo que se predica y lo que se practica dentro del propio Estado.
La pregunta del periodista de Cadena 3 quedó sin respuesta. Esa ausencia, en política, también comunica.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
