La UTEP volvió a las calles este jueves en una jornada nacional de protesta: exige la restitución permanente y el aumento urgente de un salario social complementario congelado desde que asumió Milei.
Cortes de accesos, ollas populares, asambleas y movilizaciones simultáneas en todo el país marcaron este jueves la nueva jornada de protesta impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La consigna fue directa: «Trabajo sin salario es esclavitud». El trasfondo, sin embargo, es más complejo que una demanda salarial. Lo que está en disputa es la existencia misma de un esquema de ingresos que sostiene a casi un millón de personas en el umbral de la indigencia.
La movilización tuvo su epicentro en el Puente Pueyrredón, con cortes de accesos estratégicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras en el interior del país las organizaciones replicaron la jornada con protestas territoriales, radios abiertas y concentraciones frente a sedes de organismos nacionales. En la Ciudad de Buenos Aires, la confluencia con la marcha de jubilados frente al Congreso hizo visible la superposición de conflictos sociales que enfrenta el gobierno de Javier Milei en el arranque del tercer año de gestión.
El origen inmediato de la movilización fue una decisión del Ministerio de Capital Humano que, el 9 de abril pasado, avanzó sobre el programa «Volver al Trabajo» —continuidad del extinto Potenciar Trabajo— con el objetivo de reconvertirlo en un esquema de vouchers de capacitación laboral. El programa fue creado por el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Milei y la ministra Sandra Pettovello, con una fecha de caducidad establecida para mayo de 2026, salvo que el Gobierno disponga una prórroga. Las organizaciones no esperaron: recurrieron a la Justicia Federal y obtuvieron una medida cautelar que forzó la marcha atrás.
El fallo fue dictado el 21 de abril por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigentes las transferencias económicas a los beneficiarios del programa hasta que se dicte sentencia definitiva. El pago comprende a más de un millón de personas transferidas desde el anterior esquema Potenciar Trabajo y supone una erogación de 72.384 millones de pesos mensuales. Capital Humano apeló el fallo, dejando en vilo la continuidad del esquema más allá de este mes.
La victoria judicial fue parcial y provisoria. Desde la conducción nacional de la UTEP subrayaron que el cobro efectivo de mayo es «un paso importante, pero no garantiza» la estabilidad del sector a largo plazo. La preocupación radica en que el Ejecutivo apeló el fallo, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la implementación futura de los programas.
El reclamo de fondo excede la continuidad del programa: apunta al monto. El salario social complementario está congelado en 78.000 pesos desde que Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023. La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, lo tradujo en términos concretos: el objetivo de la jornada es «defender en la calle el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular» y avanzar hacia «la paritaria del sector», con una actualización urgente del ingreso.
El Gobierno sostiene que el nuevo esquema de vouchers de capacitación representa una salida superadora. La ministra Pettovello defendió la propuesta: «Como dice el presidente Milei, el objetivo no es darle el pescado a la gente sino enseñarles a pescar.» Las organizaciones sociales rechazan ese argumento con datos. Según la UTEP, el costo fiscal de los programas representa «apenas el 0,1% del PBI nominal», por lo que consideran que el ajuste no responde a una necesidad económica real sino a una decisión política. Desde las bases territoriales advierten que la infraestructura de contención social construida durante años —comedores, merenderos, talleres comunitarios— depende de ese ingreso para funcionar.
Desde la UTEP caracterizan la eliminación del programa como un «despido encubierto»: «Primero congelaron el salario, lo dejaron caer y ahora lo retiran como si se tratara de un bolsón de comida. Esto es un complemento salarial, es una pérdida imposible de subsanar», señaló una dirigente de la organización. La denuncia apunta a una dinámica que no es nueva en la gestión libertaria: depreciar por inflación lo que no se puede eliminar de un golpe, para después presentar la supresión como un hecho consumado.
La cautelar judicial detuvo esa operación, al menos temporariamente. Pero la apelación oficial mantiene abierta la incógnita sobre lo que ocurrirá a partir de junio. Mientras la Justicia define el conflicto de fondo, la UTEP anticipa que el plan de lucha continuará de forma escalonada. La jornada de este jueves no fue un cierre sino una advertencia: casi un millón de trabajadores de la economía popular están dispuestos a volver a las calles cada vez que sea necesario.
