Los acontecimientos más conocidos atribuidos a la dictadura cívico militar argentina que se implantó el 24 de marzo de 1976, son sin dudas los aberrantes crímenes cometidos contra los derechos humanos, asesinando, torturando, despareciendo y robándoles la identidad e incluso los bienes, a miles de personas.
Por Marcelo Barbani
Pero otros hechos, no tan conocidos fueron tanto o más trascendentes de manera tal que a 50 años de sucedidos siguen siendo influyentes en la vida diaria de los argentinos y argentinas. De hecho, la Ley de Entidades Financieras 21526 aprobada en 1977 se encuentra vigente y es la responsable de varias crisis financieras desde su aplicación.
Sin hacer un gran repaso por la historia reciente, la Argentina de 1974, con Perón aún en el gobierno y José Bel Gelbard como su ministro de economía, había alcanzado a romper una larga racha de procesos de crecimientos y estancamientos económicos conocidos como stop & go y llevaba, en 1974, 11 años de crecimiento ininterrumpido, liderado por un fuerte plan de industrialización por sustitución de importaciones, prácticamente pleno empleo, y un muy bajo ratio de deuda soberana.
El sector industrial había conseguido ser autosuficiente y ya no necesitaba de los dólares del campo para su desarrollo y funcionamiento. Las exportaciones industriales argentinas por primera vez superaban la demande de dólares para la importación de insumos, bienes de capital y bienes de consumo, que estaban inteligentemente administrados.
El sector agropecuario si bien no estaba en expansión, seguía liderando las exportaciones argentinas y la falta de alimentos no era un problema en ese momento dado que los precios internacionales no influían en los precios internos y el poder adquisitivo de los salarios era muy alto comparado con los salarios actuales.
En 1974 se alcanzó el mayor nivel de salario real industrial registrado de la Argentina. El nivel de ingresos de ese año en particular no se ha vuelto a alcanzar, aunque sí hubo un acercamiento bastante importante durante los años 2012 y 2013. Lo mismo ocurrió con la distribución funcional del ingreso.
A pesar de las bondades macroeconómicas de la época, en el país se vivía un clima de violencia política producto de las disputas de poder entre distintos grupos y la lógica disputa por la distribución del ingreso y la imposición de diferentes regímenes de gobierno, lamentablemente fuera de los límites de la democracia y la convivencia pacífica.
El gobierno argentino, bajo la conducción de Perón, se encontraba en una posición de resistencia ante las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y las críticas de sectores de poder internos vinculados a intereses extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos. Tras la muerte de Perón y la renuncia de su ministro de economía, José Ber Gelbard, se produce un cambio significativo en la conducción económica: asume el ministerio un funcionario que sería tristemente recordado como el creador del plan de ajuste más severo de la historia económica argentina, Celestino Rodrigo.La llegada de Rodrigo marcó el inicio de un brutal programa de ajuste, conocido como el Rodrigazo. Este plan, implementado bajo el argumento de combatir la inflación —que en 1974 se había reducido al 40% gracias a intensas negociaciones entre empresas, sindicatos y el Estado como mediador en la disputa por la distribución del ingreso—, introdujo medidas drásticas. Argentina atravesaba entonces una etapa de inflación por conflicto distributivo, donde los distintos sectores económicos disputaban la apropiación de la riqueza generada. Las políticas adoptadas por Rodrigo incluyeron una devaluación del 160%, un incremento del 180% en el precio de los combustibles, un aumento del 100% en las tarifas de servicios y, en contrapartida, el congelamiento o limitación de los salarios. El resultado inmediato de este ajuste fue una profunda recesión que impactó de lleno en la economía nacional. La magnitud de la crisis obligó al gobierno de Isabel Perón a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ante la amenaza concreta de un default soberano.
Las condiciones socio políticas no eran las mejores a finales de 1976. El plan de Rodrigo, que fuera anunciado por su ministro de fianzas Ricardo Zinn, economista ligado a José Alfredo Martínez de Hoz, fue un fracaso rotundo, lejos de licuar las deudas terminó liquidando los ahorros de los inversores que vieron desaparecer sus activos financieros prácticamente de la noche a la mañana.
En solo 3 meses, el poder adquisitivo de los salarios perdió el 40% de su poder de compra, un anticipo de lo que aún le faltaba perder en los años subsiguientes.
Si la economía estaba desmadrada tras el Rodrigazo, la paz social no iba a ser una excepción. La presidenta Isabel Martínez de Perón había cedido a las presiones militares y ya en febrero de 1975 había firmado la orden de represión conocida como Operativo Independencia, dando rienda suelta en plena democracia, al accionar represivo de los sectores militares con la excusa de combatir y aniquilar grupos armados de insurgentes localizados en la provincia de Tucumán. Pero esa locación solo fue una excusa, la represión se extendió en todo territorio que fuera necesario, especialmente en los conglomerados industriales del Gran Buenos y el Gran Rosario. Comenzando así el capítulo de las aberrantes violaciones a los derechos humanos, en años de democracia.
Para inicios de 1976, la denominada “subversión” ya había sido desarticulada y aunque aún permanecían células aisladas de activistas “revolucionarios”, no representaban una amenaza para el sistema democrático ni para el Estado de Derecho.
La Dictadura de 1976, liderada por Videla, Massera y Agosti, usó el caos económico y la lucha contra la subversión como justificación para instaurar un régimen de terror sociopolítico y una política económica neoliberal, ambos impuestos mediante el control absoluto del Estado.
La elección de la violencia mediante la aplicación del terrorismo de estado no fue una obligación dadas las circunstancias, sino una decisión consciente, tomada desde adentro para favorecer a los verdaderos ideólogos, que gozaban de buena reputación y poder real.
Martínez de hoz, quien había intentado ser ministro de economía durante la presidencia de Onganía, por fin ocupaba el cargo para el cual se había formado toda su vida, ministro de Economía de la Nación. Con más de 300 mil hectáreas del mejor campo en su haber y una Nave entera con su apellido en la sede de la Sociedad Rural Argentina, llegó a poner fin a un ciclo de Estado de Bienestar, pleno empleo, crecimiento, industrialización y desarrollo del mercado interno y sobre todo de la distribución del ingreso de manera progresiva, es decir a favor de los asalariados.
Aunque la subversión, como dijimos, ya estaba desarticulada en 1976, la dictadura implementó una represión extrema para legitimar un rígido plan económico y social impulsado por Martínez de Hoz, alineado con intereses empresariales extranjeros. Martínez de Hoz, además, lideraba empresas vinculadas al capital internacional.
El modelo iba a ser resistido. Si el movimiento sindical argentino se había atrevido a hacerle un paro general a un gobierno peronista tras el Rodrigazo, no se iba a quedar impávido viendo como día a día se destruían empresas (15 mil entre 1976 y 1983), puestos de trabajo, la extranjerización de todos los sectores estratégicos como la energía y los servicios financieros, fundamentalmente. Por eso, con la excusa del combate a la subversión, lo que se impuso fue el combate al sistema sindical argentino, a sus dirigentes y militantes y si fuera necesario también a sus familiares, allegados, incluyendo mujeres embarazadas y bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres.
Las listas de desaparecidos están lideradas mayormente por activistas sindicales. Desaparecieron comisiones internas enteras. Se ha documentado que las propias empresas y empresarios elegían a quienes desaparecer solo por el hecho de molestarles su actividad gremial. Tanto les molestaba que además de perseguir a los dirigentes gremiales, promovieron planes de reubicación industrial en distintas provincias con exenciones fiscales importantes. Así nacen los proyectos de parques industriales de Ushuaia, San Luis, la Rioja y otros, todos con el objetivo de desarticular al movimiento obrero y al poder de movilización de los grandes cordones industriales del Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y Córdoba.
Mientras el caos y el miedo se apoderaba de la ciudadanía, y mientras todos los líderes políticos, sindicales y sociales eran asesinados, torturados, desaparecidos o por lo menos censurados y prohibidos, el plan económico se ejecutaba sin resistencia:
- Apertura indiscriminada de las importaciones, libres de impuestos.
- Anulación de las retenciones o impuestos a las exportaciones.
- Congelamiento de salarios y negociaciones particulares, no paritarias ni colectivas.
- Libertad de cobrar el interés que las entidades financieras consideren apropiado.
- Liberación de los precios de los alquileres.
- Eliminación de subsidios.
- Eliminación de tarifas políticas dirigidas a proteger o promover algún sector.
- Eliminación de los controles de cambio.
- Libertad de precios, anulación de los controles de precios.
- Libertad a las inversiones extranjeras
- Libertad para la importación de tecnologías
El combate a la inflación que tanto promovía el ministro y sus seguidores terminó con un 200% anual mientras el plan “marchaba sobre ruedas”. La deuda externa paso de casi 7 mil millones a más de 45 mil millones de dólares, la mayoría de ellos fueron fugados gracias una famosa tablita de devaluación lo que advertía de antemano a los inversores externos a retirarse siempre con ganancias.
Martínez de Hoz aniquiló de verdad un período prospero de la economía argentina, aniquiló el mejor proceso de industrialización de la historia e impuso la financiarización de la economía en todos sus niveles. Gracias a los altos niveles de inflación y las altas tasas de interés que pagaban los bancos la gente se veía tentada a abrir plazos fijos que tarde o temprano terminaban vacíos, pero bueno, esa era la idea de “hacer plata sin trabajar”.
La financiarización de la economía y el inicio de un nuevo patrón de acumulación de capital, según la clasificación aportada por Eduardo Basualdo, produjo como resultado una inflación más alta que la venía a combatir, 200% en promedio contra 40% de Gelbard, duplicación de los niveles de desocupación del 4% al 8%, destrucción del poder adquisitivo de los salarios, desarticulación del aparato productivo industrial y agro industrial, aumento desmedido de la deuda externa, especialmente con el FMI, fuga inédita de capitales, crisis financiera, aumento de la pobreza, dolarización de algunos mercados como el inmobiliario a la par de la desaparición del crédito hipotecario.
En síntesis, 30 mil militantes sociales pagaron el precio del plan con sus vidas, para que se imponga en la Argentina un modelo económico basado en la especulación y no en el trabajo. Por eso hoy rendimos homenaje a esos argentinos y argentinas que aún siguen exigiendo justicia y rechazamos cualquier intento de volver a imponer un plan económico tan nefasto como fue el inaugurado por José Alfredo Martínez de Hoz.
