La escena se armó temprano en el Congreso: asesores con planillas, jefes de bloque que entran y salen de despachos, mensajes cruzados que no hablan de ideas sino de números. A las 11, Diputados abre su primera sesión de 2026 y el oficialismo decidió cargarla con dos temas que, por distintos motivos, incomodan a casi todos: baja de la edad de imputabilidad y ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea. La sesión cae dentro de las extraordinarias convocadas del 2 al 27 de febrero, con el calendario apretando cada negociación.
En los pasillos, el clima es el de una jornada de doble partida. No porque las dos leyes sean parecidas —no lo son— sino porque el Gobierno busca que funcionen como un mensaje en espejo: hacia adentro, “seguridad”; hacia afuera, “apertura y previsibilidad”. La apuesta es mostrar conducción parlamentaria en un arranque de año donde el poroteo no alcanza con contarlo una vez: se cuenta, se re-cuenta y se vuelve a contar cuando aparecen los “sí, pero…”.
Imputabilidad: el nudo más áspero
El primer foco es el Régimen Penal Juvenil. El dictamen mayoritario que llega al recinto fija la edad mínima de punibilidad en 14 años para delitos graves y establece un tope de pena de hasta 15 años; además, plantea que la privación de libertad sea el último recurso y abre un esquema de medidas alternativas para hechos de menor gravedad.
En la previa, el oficialismo mostró músculo: dictamen firmado, respaldo de aliados y la idea de que el tema “maduró” respecto de 2024. Pero el verdadero examen aparece en el tramo menos televisado: la votación en particular. Ahí es donde los bloques que acompañan en general suelen poner condiciones, pedir cambios o despegarse de artículos sensibles.
Las objeciones no vienen de un solo lugar. Desde sectores de la oposición se empujan dictámenes alternativos —con propuestas que sostienen la edad en 16 y un enfoque más centrado en contención y justicia restaurativa— mientras otros espacios admiten bajar a 14, aunque discuten el diseño del texto y, sobre todo, cómo se lo ejecuta en la vida real.
Ahí aparece un punto que, en política, suele ordenar voluntades más que los discursos: el presupuesto. En torno al dictamen circula una cifra concreta para implementar el régimen: $23.739.155.303, con una asignación mayoritaria para la Defensoría General de la Nación y otra para el Ministerio de Justicia vinculada al seguimiento de los casos. Para quienes dudan, la pregunta no es si bajar la edad “suena bien”, sino si habrá capacidad institucional para sostener defensa, dispositivos, supervisión y coordinación con provincias.
Mercosur–UE: señal al mundo, discusión doméstica
El segundo tema corre por otro carril, pero también llega con tensiones propias: el acuerdo Mercosur–Unión Europea. El Gobierno quiere que Argentina sea el primer país del bloque en aprobarlo y lo empuja como gesto de rumbo internacional. En redes, el canciller Pablo Quirno celebró el dictamen y el pase al recinto, y recordó la firma del entendimiento el 17 de enero.
En los pasillos, nadie lo resume como un debate técnico. Se lo discute como un cambio de tablero. Quienes lo respaldan lo presentan como un puente para inversión y comercio; quienes lo miran con recelo se concentran en los riesgos: asimetrías productivas, plazos de apertura, herramientas de protección y el impacto sobre sectores sensibles. Incluso del lado europeo el acuerdo atraviesa sus propios pasos institucionales: el Parlamento Europeo pidió un dictamen jurídico sobre compatibilidad con los tratados.
Una sesión, dos exámenes
Con ambos dictámenes en juego, la sesión se convierte en una prueba doble para el oficialismo: capacidad de armar quórum, sostener mayorías y, sobre todo, evitar que el debate “en particular” desarme lo que se consigue “en general”.
La ventana de extraordinarias tiene una fecha de cierre —27 de febrero— y ese dato cambia el ritmo de todo. Si hoy hay tropiezos, el Gobierno deberá recalcular dentro de un margen corto y con costos políticos más visibles. Si logra avanzar, se llevará una foto que no es menor: la de un oficialismo que consigue ordenar una agenda cargada, con aliados que acompañan pero también negocian cada coma.
