Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas le pidieron al Congreso frenar el “golpe de efecto” y debatir con evidencia. El Gobierno insiste con bajar la imputabilidad a 13 y promete fondos, pero el consenso político y técnico sigue lejos.
En la semana en que Diputados busca dictaminar y llevar al recinto el Nuevo Régimen Penal Juvenil, la Iglesia católica subió el tono. En una carta abierta fechada el 8 de febrero y difundida el 9, las comisiones episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina advirtieron que el debate se da “en un clima político” donde predomina “el uso del dolor social con fines de impacto mediático” y reclamaron discutir sin “oportunismo electoral ni manipulación del malestar social”.
Un mensaje “cordial pero firme” a los legisladores
La carta se presenta como un aporte “constructivo” desde la experiencia territorial en parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo, y a la vez marca una crítica directa: dicen haber sido “escuchados”, pero no ven reflejados esos aportes en el proyecto.
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La carta denuncia “impacto mediático” y pide debate sin “manipulación del malestar social”.
El señalamiento no es menor: la Iglesia reconoce que el delito existe y que hay víctimas —incluso en barrios populares—, pero cuestiona que se busque imponer una respuesta apresurada, “sin sustento técnico”, “sin diálogo genuino” y “sin condiciones institucionales reales para su implementación”.
¿Qué está discutiendo el Congreso y qué propone la Casa Rosada?
Según la cobertura parlamentaria, la Casa Rosada envió el texto para votarlo el jueves 12 de febrero, con el punto más polémico intacto: bajar la edad de imputabilidad a 13 años, aunque en el Congreso admiten que no hay votos para sostener ese umbral y que podría moverse a 14 en comisión.
La novedad política que introdujo el Ejecutivo esta vez fue presupuestaria: el proyecto declara un costo fiscal de $23.739.155.303 y fija que saldría del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación, además de prever esquemas de sanciones graduales y medidas alternativas a la prisión.
La discusión de fondo: evidencia, derechos y capacidad estatal
El corazón del documento eclesiástico se apoya en tres ejes. Primero, el desarrollo adolescente: recuerda que el cerebro sigue madurando —control de impulsos, decisiones, evaluación de riesgos— y que eso afecta la responsabilidad penal plena.
Segundo, el plano jurídico: sostienen que bajar la edad sería una medida regresiva y tensiona estándares internacionales y el marco de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Tercero, la eficacia: la carta afirma que reducir la edad no baja el delito y cita comparaciones regionales (con tasas de homicidio más altas en países con edades mínimas muy bajas), además de advertir sobre reincidencia y violencia institucional.
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La Iglesia sostiene que la participación penal adolescente es muy baja (0,42%) y que predominan delitos contra la propiedad.
Datos del sistema: la puerta de entrada no es neutra
Mientras el oficialismo plantea que endurecer temprano ordena el sistema, distintos actores advierten el efecto contrario: más entrada al circuito penal sin red de reinserción. En el ámbito nacional, la Corte informó que en el primer semestre de 2025 hubo 945 niñas, niños y adolescentes con al menos una causa penal iniciada en el fuero de menores, y que 57,1% no tenía antecedentes previos.
El punto político es si el Estado —con recursos, equipos y dispositivos reales— está en condiciones de sostener lo que promete la letra de la ley. La Iglesia lo formula como pregunta incómoda: si no hay salud mental, escuela, comunidad y trabajo, lo que se amplía no es la seguridad, sino la cultura del descarte.
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El Ejecutivo insiste con imputabilidad a 13, pero el Congreso discute subirla a 14 para lograr mayoría.
La implicancia inmediata es doble. En lo político, el Gobierno busca una bandera de “orden” en un debate sensible, pero enfrenta resistencias técnicas, judiciales y sociales que obligan a negociar el núcleo (la edad). En lo económico-institucional, el proyecto abre una discusión concreta: ¿Cuánto cuesta implementar un régimen juvenil serio y quién lo paga, especialmente en provincias?.
El escenario deseado, si el Congreso evita el atajo punitivo, es una reforma que combine responsabilidades con prevención e inclusión, y que mida resultados en reincidencia y reinserción, no en titulares.
Si la política se limita a “bajar la edad” para mostrar decisión, termina haciendo lo de siempre: castigar primero a los pibes pobres y dejar intactos los “negocios” que reclutan, arman y mandan en el territorio..
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
