Con el proyecto oficial para bajar la edad penal en discusión, UNICEF, la Conferencia Episcopal y defensorías de niñez coincidieron en un punto: sin política social y justicia juvenil especializada, no hay solución sostenible al problema de la violencia.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió al centro de la agenda política en una semana clave para el oficialismo en Diputados. El punto más sensible es que el Gobierno impulsa reducir la edad mínima en el régimen penal juvenil, mientras organismos internacionales y actores sociales advierten que esa vía no mejora la seguridad y sí puede profundizar la exclusión. En ese marco, UNICEF Argentina pidió sostener el umbral en 16 años y avanzar en una Ley de Justicia Penal Juvenil “integral, especializada y basada en evidencia”.
La posición de UNICEF no fue aislada. La Conferencia Episcopal Argentina también rechazó la reducción de la edad y planteó que “bajar la edad no baja el delito”, con un enfoque centrado en prevención, educación y abordaje de las condiciones estructurales que empujan a la violencia. Ese pronunciamiento agregó peso político en un tema donde la discusión suele quedar capturada por la lógica punitiva de corto plazo.
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UNICEF reclamó mantener la edad mínima en 16 años y sancionar una ley penal juvenil especializada.
El ángulo de fondo no es jurídico solamente: es social y económico. En paralelo al debate parlamentario, Cáritas viene poniendo en agenda la pobreza infantil, la inseguridad alimentaria y la fragilidad de las trayectorias educativas como factores de riesgo concretos. En 2025 informó, por ejemplo, que sostiene 900 espacios educativos y programas de primera infancia con acompañamiento a más de 3.700 madres y niños, precisamente en territorios donde el Estado llega de forma desigual. Esos datos no reemplazan la discusión penal, pero muestran dónde se juega la prevención real.
También hubo una señal institucional relevante desde organismos de protección de derechos: defensorías de niñez de varias provincias y la Defensoría Nacional objetaron la baja a 13 o 14 años por considerar que implicaría una regresión en derechos humanos y una medida sin evidencia robusta de eficacia en reducción del delito. Esa intervención cambia el tono del debate: ya no es solo oficialismo-oposición, sino un cuestionamiento técnico sobre el diseño mismo de la política pública.
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Cáritas vinculó la discusión con pobreza infantil, educación y primera infancia en barrios populares.
Desde una perspectiva de política criminal, el problema es conocido: cuando el Estado llega tarde con escuela, salud mental, consumos problemáticos, empleo familiar y cuidado comunitario, la respuesta penal aparece como sustituto de políticas que no se hicieron. Esa sustitución puede rendir en términos de discurso, pero no necesariamente en términos de resultados. Por eso, el debate de estas horas no debería reducirse a una cifra etaria, sino a qué arquitectura institucional se propone para adolescentes en conflicto con la ley y para los territorios donde ese conflicto se produce.
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La Conferencia Episcopal rechazó la baja y pidió respuestas integrales, no solo punitivas.
La implicancia inmediata es política: el Congreso decidirá si prioriza una salida de impacto mediático o una estrategia consistente con estándares internacionales y evidencia comparada.
Si el sistema penal juvenil se usa para compensar el retroceso social, la inseguridad no se resuelve: se administra el síntoma y se posterga la causa.
Redaccion Data Política y Económica
