La protesta de efectivos activos, retirados y penitenciarios escaló en Rosario y en la capital provincial. El Gobierno reconoció reclamos laborales, pero respondió con sanciones a 20 agentes y endureció el mensaje político.
El reclamo policial en Santa Fe entró este martes 10 de febrero de 2026 en una fase de mayor tensión: hubo concentraciones frente a la Casa de Gobierno en la capital y en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, con cortes de tránsito, quema de cubiertas y “sirenazo” de patrulleros. El dato político de la jornada fue doble: por un lado, el reclamo salarial y por condiciones de trabajo; por otro, la decisión oficial de pasar a disponibilidad a 20 uniformados.
El conflicto no nació hoy. Es la segunda protesta en menos de una semana y expresa un malestar acumulado en la fuerza, con participación de personal en actividad, retirados y familiares. En Rosario, el foco estuvo en la zona de Ovidio Lagos, donde se reportó alta presencia de móviles y motos de brigadas operativas; en paralelo, el Centro Integrado de Operaciones informó restricciones de circulación en calles clave.
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El reclamo central: recomposición salarial y mejoras laborales.
El Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, combinó dos líneas de acción: admitir que existen demandas atendibles dentro de la fuerza y, al mismo tiempo, aplicar sanciones por conductas consideradas incompatibles con el servicio. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó el pase a disponibilidad de al menos 20 efectivos “con retiro de arma y de chaleco antibala” y no descartó ampliar medidas. Esa definición marcó el tono oficial: no convalidar dinámicas de presión que afecten la cadena de mando ni la prestación de seguridad.
En términos de gestión, la administración provincial intenta evitar que la protesta derive en una señal de debilidad institucional en un distrito atravesado por la agenda de violencia urbana y crimen organizado. Pero el costo de una respuesta centrada solo en el disciplinamiento puede ser alto si no aparece una mesa formal de negociación salarial y laboral con plazos concretos. Parte de la cobertura local ya ubica, además del salario, un componente de desgaste psicosocial y de condiciones de servicio que excede la discusión de bolsillo.
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La provincia endureció el mensaje sobre disciplina, pero dejó abierta una instancia de diálogo con representantes de autoconvocados.
Desde una mirada política, el episodio tensiona una contradicción de fondo: exigir mayor eficacia de seguridad con salarios y condiciones que sectores de la propia fuerza consideran atrasados. En una provincia donde la seguridad pública es eje de legitimidad de gobierno, el conflicto interno policial deja de ser un tema corporativo y se vuelve un problema de gobernabilidad. Si el Ejecutivo no ordena una salida negociada con reglas claras, el escenario probable es de protestas intermitentes, sanciones adicionales y mayor ruido institucional.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
