El IPC nacional abrió 2026 con 2,9% y quedó por encima de lo que anticipaba Economía. El dato, sumado a la salida de Marco Lavagna del INDEC, reabrió una discusión política sensible: la confianza en las estadísticas públicas.
La inflación de enero de 2026 fue de 2,9% según el INDEC, un registro alto para el arranque del año y por encima de la referencia de 2,4% que había mostrado el REM del BCRA para ese mes. El número no es aislado: en la Ciudad de Buenos Aires el índice también marcó aceleración, con 3,1% en enero. En términos políticos, el dato erosiona la narrativa oficial de desaceleración lineal y vuelve a poner el foco en una pregunta central: no solo cuánto suben los precios, sino con qué legitimidad institucional se mide esa suba.
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El IPC nacional de enero fue 2,9% (INDEC)
En paralelo, la salida de Marco Lavagna del INDEC fue oficializada por el Gobierno con vigencia desde el 2 de febrero de 2026. La coincidencia temporal entre esa salida y la discusión sobre cambios metodológicos del IPC agregó ruido en un terreno históricamente delicado para la Argentina: la autonomía técnica del organismo estadístico. No hay, en los documentos oficiales relevados aquí, una prueba concluyente publicada por el INDEC que confirme una “manipulación” del dato de enero; sí hay un hecho político objetivo: la combinación de inflación más alta de la esperada, recambio en la conducción y debate público sobre la actualización de la canasta debilitó la credibilidad del proceso.
El punto técnico es relevante. El IPC necesita actualizar ponderaciones para reflejar cambios de consumo. Cuando esa transición se demora o se vuelve opaca, la discusión deja de ser estadística y pasa a ser política. En este caso, distintas coberturas periodísticas señalaron controversias sobre la oportunidad del cambio metodológico y su efecto en el resultado final. El problema para el Gobierno no es solo el decimal de enero: es el costo de confianza que paga cuando el mercado, los sindicatos y los hogares perciben que la “regla de medición” puede estar en disputa.
También se abrió una brecha entre discurso y resultados. El Ministerio había deslizado una referencia menor para enero, mientras que la medición cerró más arriba y en línea con un contexto de presión en rubros sensibles. En política económica, cuando las expectativas quedan sistemáticamente por debajo del dato efectivo, se debilita el ancla comunicacional. Y sin ancla de expectativas, la coordinación de precios y salarios se vuelve más inestable, incluso con recesión o caída del consumo.
CABA informó 3,1% en el mismo mes.
Desde una mirada de economía política, el dato de enero impacta de lleno en la disputa distributiva. Si la inflación sigue arriba de la pauta implícita oficial, los ingresos corren detrás y la caída del poder de compra se vuelve el hecho estructural del trimestre. Ahí aparece el núcleo del conflicto: el Gobierno necesita mostrar desinflación para sostener su programa; los sectores asalariados y productivos necesitan referencias confiables para negociar precios, contratos y paritarias. Sin estadísticas incuestionables, ninguno de los dos objetivos es viable.
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La controversia se desplazó del dato puntual a la credibilidad del sistema estadístico.
El escenario inmediato es claro: más presión sobre la estrategia antiinflacionaria, mayor escrutinio público sobre el INDEC y una oposición con terreno fértil para cuestionar la consistencia técnica del programa económico. Cuando la estadística oficial entra en zona de sospecha, el costo lo paga toda la economía real.
