La corrupción no se prueba con consignas: se prueba con expedientes, fallos, indagatorias y decisiones de gobierno. En las últimas semanas, el oficialismo quedó encerrado en un triángulo incómodo: ANDIS (procesamientos por fraude y sobornos), $LIBRA (una cronología judicial y política que no se apagó) y la renuncia de Demián Reidel en Nucleoeléctrica, en un área estratégica. El impacto es institucional, pero también económico: cuando la sospecha se vuelve recurrente, suben los costos de credibilidad y se achica el margen para la gestión.
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ANDIS ya no es una filtración: hay procesamientos y una investigación que toca a exfuncionarios y proveedores del Estado.
El frente más grave por estado procesal es ANDIS. La Justicia procesó al ex titular Diego Spagnuolo y a otros acusados por asociación ilícita, fraude y sobornos en una causa por compras irregulares de medicamentos e insumos para discapacidad, según reconstruyó elDiarioAR. El País agregó un dato político de alto voltaje: el Ministerio Público Fiscal describió “una trama de corrupción” con sobreprecios y pagos indebidos, y ubicó a Spagnuolo como uno de los principales acusados; además, consignó que en el expediente aparecen mensajes y grabaciones donde se menciona a Karina Milei como presunta destinataria de un porcentaje, dentro de un esquema que habría funcionado con retornos. La pregunta central no es solo penal: es de control del Estado. ANDIS administra prestaciones críticas y, si el expediente confirma direccionamiento, el daño cae sobre un sector social que no tiene espalda para absorberlo.
En paralelo, el caso $LIBRA exige mirar la cronología para entender por qué sigue siendo un problema político. El País ubicó el origen en el 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó la cripto en X con un enlace para invertir, al mismo tiempo que se lanzaba el activo: operadores con información privilegiada habrían comprado barato y vendido caro tras el impulso presidencial; en una denuncia se mencionan rangos de precio (de centavos a varios dólares) y ganancias estimadas por encima de los 100 millones, antes del derrumbe que dejó miles de damnificados. Antes, el 16 de abril de 2025, Milei y Karina fueron citados a una mediación judicial impulsada por inversores, paso previo a una demanda civil por daños y perjuicios.
Después, el expediente tomó volumen institucional. El 16 de mayo de 2025, El País informó que la jueza María Servini pidió al Banco Central información sobre entidades bancarias vinculadas a Milei, Karina y otros sospechosos, para analizar evolución patrimonial desde 2023; el pedido tramitó en un legajo reservado bajo secreto. El 21 de mayo de 2025, Milei disolvió por decreto la Unidad de Tareas de Investigación creada por el propio Ejecutivo para investigar $LIBRA, sin difundir resultados públicos; el decreto mencionó requerimientos a organismos como UIF, Aduana, Cancillería, OA e IGJ y el envío de lo recabado al Ministerio Público Fiscal, mientras la oposición denunció encubrimiento. El capítulo internacional llegó el 31 de mayo de 2025: un tribunal de EE. UU. congeló 280 millones de dólares de ganancias atribuidas a la operatoria, en una demanda en Nueva York, dejando fuera al presidente argentino para evitar conflictos jurisdiccionales y demoras, según El País.
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$LIBRA tiene cronología documentada: promoción del 14/02/2025, medidas judiciales en Argentina, disolución de la UTI y congelamiento en EE. UU.
El componente político-parlamentario cerró el círculo en noviembre. El País relató que una comisión investigadora del Congreso atribuyó a Milei una “colaboración imprescindible” y sostuvo que habría usado la investidura presidencial para promocionar un activo que describió como memecoin diseñada para un “rug pull”; el informe incluyó estimaciones sobre cantidad de billeteras afectadas y montos de pérdidas, y envió conclusiones a la Justicia. Esa secuencia explica por qué $LIBRA no es “un tema viejo”: el caso quedó atado a una discusión estructural sobre controles, transparencia y responsabilidades en la cúspide del poder.
En ese clima, la salida de Demián Reidel de Nucleoeléctrica Argentina (confirmada el 9 de febrero de 2026) sumó otro foco de sospecha. Página/12 informó la renuncia en medio de denuncias y cuestionamientos, y el recambio en la conducción. Más allá de la suerte judicial o administrativa de esa situación, el dato político es que involucra un sector sensible —energía— y vuelve a tensionar el relato oficial de “pureza” frente a la “casta”.
- El diario El País describió un esquema con sobreprecios y sobornos, y consignó menciones a Karina Milei en pruebas del expediente.
La implicancia inmediata es doble. En lo institucional, crece la presión por auditorías, trazabilidad y control real en organismos sensibles, porque el costo reputacional ya no se limita a un funcionario: alcanza al dispositivo de gobierno. En lo económico, la repetición de escándalos y expedientes eleva el riesgo político y deteriora la confianza, un insumo clave para inversión y financiamiento. El escenario probable es de mayor judicialización y disputa de legitimidad: cuando el Gobierno concentra decisiones en un núcleo estrecho, cada denuncia que roce ese núcleo deja de ser “un problema de tribunales” y pasa a ser un problema de gobernabilidad.
REDACCION DATA POLITICA Y ECONOMICA
