El oficialismo llega a la sesión con los votos para avanzar, pero con artículos sensibles bajo negociación. En juego no solo está la letra: también la caja provincial, el poder sindical y una señal política que Milei quiere convertir en “batalla cultural”.
El miércoles 11, desde las 11, el Senado entra en una de esas discusiones que ordenan el año político: el proyecto de “modernización laboral” que impulsa el Gobierno. En la Casa Rosada lo leen como una victoria de alto valor simbólico y, a la vez, como un mensaje al poder empresario. Del otro lado, el peronismo y el movimiento obrero lo interpretan como una ofensiva estructural sobre derechos laborales y recursos públicos. El dato que explica la tensión es simple: la iniciativa tiene más de 200 artículos y el texto que se someterá al recinto sigue rodeado de hermetismo, con versiones de cambios de último minuto.
En Tiempo Argentino, Martín Piqué describió la sesión como una “pelea estratégica” donde el mileísmo busca una conquista “casi escenográfica” para su disputa por hegemonía. En el poroteo fino, un senador consultado por ese diario aseguró que el Gobierno “ya cuenta con 40 votos” y que hay “dudosos” en el pelotón que suele inclinar la balanza según intereses provinciales y coyuntura.
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La sesión del 11 define una “batalla” de poder: derechos laborales, caja fiscal y señales al empresariado.
La clave política pasa por los gobernadores. El debate laboral aparece atado a la negociación federal: apoyos a cambio de obras, fondos y alivios. Por eso, el capítulo fiscal es uno de los focos más conflictivos. Según Tiempo, el oficialismo tanteó sostener una baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas (del 35 al 31,5%), un recorte que impactaría en la coparticipación y, por lo tanto, en los presupuestos provinciales. En el mismo pasaje se cita un dato oficial del Ministerio de Economía: la caída de ingresos provinciales “entre noviembre del ’25 y enero del ’26” habría llegado al 3,1% real (descontada la inflación). Esa aritmética explica por qué, más allá de la ideología, muchos senadores miran a sus gobernadores antes que a su bloque.
En paralelo, el Gobierno juega con el “dictamen sorpresa”. El Senado informó que el proyecto obtuvo dictamen en una plenaria de comisiones y que se acordó tratarlo en una sesión prevista para febrero, en extraordinarias. En ese debate expusieron actores de justicia laboral, asociaciones, plataformas y sectores audiovisuales y de prensa. La Asociación de Abogados Laboralistas, por ejemplo, dejó una definición fuerte: calificó el proyecto como “absolutamente negativo” y lo encuadró como un “retroceso” de derechos.
La disputa no termina en el recinto: se libra artículo por artículo. Tiempo enumeró los puntos que más resistencia generan: el capítulo fiscal, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la derogación de estatutos profesionales (entre ellos, el periodístico) y la eliminación del Fondo de Fomento Cinematográfico. En el texto oficial del proyecto, el FAL se presenta como un mecanismo para “coadyuvar” al pago de obligaciones por extinción laboral y se financia con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que hoy integran la base de contribuciones patronales al SIPA. Es decir: se arma una caja específica que toma recursos vinculados al sistema previsional, aunque el propio proyecto aclara que el régimen no “modifica” el indemnizatorio vigente. Para el movimiento obrero, el corazón del problema es que cambia el terreno de negociación y financiamiento del despido.
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El oficialismo reconoce artículos en riesgo y negocia para asegurar quórum y votos, con la mira en un trámite rápido posterior.
A esto se suma una interna económica dentro del propio oficialismo. TN informó que el Gobierno evaluaba excluir el artículo que habilita el pago de salarios a través de billeteras virtuales (PSP) autorizadas por el Banco Central, por resistencias vinculadas al sistema bancario, y citó que Caputo y Bausili se manifestaron en contra “puertas adentro”. Es un ejemplo de cómo la reforma no solo enfrenta a Gobierno y oposición: también ordena conflictos entre sectores de poder.
Las implicancias inmediatas son políticas y económicas: si hay media sanción, Milei ganará un trofeo para su narrativa de orden y “cambio”, y los gobernadores quedarán expuestos por cómo voten sus senadores. Si el oficialismo cede en artículos fiscales o sensibles, el resultado también será una foto: hasta dónde llega el poder real del Gobierno cuando quiere institucionalizar el ajuste permanente.
