La Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto Quequén denuncia el mal estado de las instalaciones y reclama que la provincia asuma el control de un sector estratégico para la agroexportación.
Las consecuencias de las políticas del menemismo siguen presentes después de más de 30 años de su llegada al poder. Entre el show y las políticas para vender el Estado al mejor postor, el gobierno de Menem tomó, a comienzos de los años noventa, la decisión de que todos los puertos de los que se hacía cargo quedaran en manos de sus respectivas provincias. Frente a esa medida, la mayoría de las provincias se desligó y realizó acuerdos con empresas para que gestionaran los puertos.
La decisión impacta de lleno en el presente. Hoy, el puerto de Quequén está en manos de empresas multinacionales que controlan el mantenimiento y el funcionamiento del sector ubicado en Necochea. Sin embargo, desde la Asamblea Popular por la Soberanía del Puerto Quequén señalan que esas empresas no cumplen con los acuerdos de mantenimiento del establecimiento. La situación derivó en el derrumbe de uno de los silos.
La discusión, sin embargo, va más allá de la estructura del espacio. El puerto funciona como un lugar clave para debatir sobre la soberanía nacional y la posible apertura de recursos para la Provincia de Buenos Aires, que atraviesa un contexto de apriete por el recorte en la coparticipación.
En diálogo con Código Baires, el periodista e integrante de la Asamblea, Pablo Casals, señaló que la primera propuesta que pensaron desde el espacio es que el puerto funcione bajo el control de la Provincia. “Hace 35 años que no ejercemos el comercio exterior por nosotros mismos”, expresó.
“Es decir, la situación en términos de soberanía e incluso en términos productivos es desastrosa. Y no era muy buena ya en 2021-2022”, advirtió. En ese sentido, Casals observó que la Provincia tiene un punto de ventaja frente a otros sectores para poder generar ganancias. Sin embargo, la oportunidad se escapa y los recursos que podrían ingresar a las cuentas provinciales quedan bajo control de las empresas.
Casals explicó que la gestión bonaerense, si así lo quisiera, podría hacer uso de los puertos y comercializar al exterior, ya que los pactos preexistentes se lo permiten. La oportunidad está ahí y es clave pensar en la magnitud del puerto, que exporta el 5% de toda la producción agroexportadora del país.
Toda la situación está dada para que la Provincia pueda tomar el puerto, ya que la propuesta de la Asamblea se basa en conformar una sociedad anónima del Estado. Sin embargo, falta algo clave: una decisión.
“Lo que se necesita es un decreto del gobernador y del ministro del área, diciendo: bueno, a partir de mañana, 6 de febrero, la Provincia de Buenos Aires pasa a constituir tal empresa con, entre otros objetivos, ejercer el comercio exterior”, expresó.
Un puerto estratégico en manos privadas
En el caso del puerto de Quequén, la concesión desde los noventa está en manos de las empresas Bunge, Cargill, Dreyfus y ADM. Sin embargo, la Asamblea pudo confirmar la falta de mantenimiento del establecimiento. “Las instalaciones están en mal estado, no hay mantenimiento, no hay control de ese mantenimiento, y quienes están a cargo del consorcio están en los dos lados del mostrador”, expresó Casals.
Además, señaló que “en el contrato original, el canon por tonelada era de 16 centavos de dólar. Con la devaluación y los años, la empresa siguió pagando en pesos, lo que constituye un abuso y demuestra el descontrol sobre las instalaciones”.
La Asamblea trabaja desde hace años con el mismo objetivo: conseguir que la Provincia escuche el pedido e impulse un punto estratégico para toda la región. “Puede ejercer el comercio exterior por sí misma, con un puerto y un elevador a disposición, además de contar con su propio banco y seguro estatal”, señaló.
