El Gobierno presentó el entendimiento con Washington como un “hito”, pero la discusión de fondo pasa por la asimetría: ¿Qué cede Argentina hoy y qué recibe en términos efectivos, verificables y sostenibles?.
La firma del acuerdo comercial y de inversiones entre Argentina y Estados Unidos, anunciada el 5 de febrero, confirmó un giro que ya venía en marcha: alineamiento político pleno con Washington y apertura económica en sectores sensibles. Cancillería lo oficializó como “Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos” y lo encadenó con el pacto sobre minerales críticos del día anterior.
El dato relevante no es solo diplomático: entra en juego el margen de política económica que conserva el Estado argentino para administrar comercio, industria, empleo y desarrollo tecnológico en un escenario de fuerte desigualdad de poder negociador.
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En sectores estratégicos, sin exigencias de desarrollo local, puede crecer la extracción/exportación sin encadenamientos industriales robustos.
En la cobertura pública del acuerdo aparecen compromisos concretos de baja o eliminación arancelaria para un universo amplio de bienes, junto con facilidades para inversión estadounidense y estándares regulatorios más compatibles con los intereses de sus empresas. Distintos medios también señalan que, del lado argentino, las concesiones son más tangibles y de ejecución inmediata que los beneficios efectivos de acceso al mercado norteamericano.
Incluso en fuentes favorables al Gobierno se reconoce que el paquete combina apertura comercial, expectativas de inversión y promesas de acceso preferencial, una mezcla que en la experiencia argentina no siempre deriva en más empleo industrial ni en mayor valor agregado local.
El punto más delicado es la estructura de incentivos: cuando un acuerdo fortalece la protección de inversiones sin exigir contrapartidas claras de contenido nacional, transferencia tecnológica o reinversión productiva, la balanza suele inclinarse hacia el inversor externo.
En el corto plazo puede ingresar capital; en el mediano, puede consolidarse una economía más primarizada, dependiente de decisiones corporativas tomadas fuera del país. Esa tensión aparece con nitidez en minería y energía, donde la agenda de “seguridad de suministros” de EE.UU. (litio, cobre, minerales críticos) coincide con la ventana exportadora argentina, pero no garantiza por sí sola industrialización local.
También hay una dimensión política interna que no puede omitirse: el oficialismo presenta el acuerdo como validación externa del rumbo económico y como activo de gobernabilidad, en un contexto de ajuste y caída de actividad en ramas manufactureras. La oposición, en cambio, lo lee como una cesión de instrumentos soberanos de administración comercial. Esta disputa no es retórica: si el Congreso debe intervenir para la plena vigencia del acuerdo, la discusión pública va a pasar de los titulares al texto fino y a su impacto sector por sector.
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La crítica principal: concesiones argentinas más concretas que beneficios equivalentes del socio mayor.
La cuestión de fondo no es “abrirse o cerrarse”, sino en qué condiciones se abre una economía periférica frente a una potencia central. Si la inserción internacional se diseña sin cláusulas de empleo, compras locales, innovación y equilibrio sectorial, el resultado probable es más dependencia comercial y financiera, no desarrollo. El escenario inmediato combina mayor alineamiento geopolítico, disputa parlamentaria y presión sobre sectores productivos locales expuestos a competencia asimétrica. La definición política es concreta: sin reciprocidad verificable, la apertura deja de ser estrategia y pasa a ser renuncia expresa a un desarrollo autónomo.
