Con un texto firmado por Cristian Fiereder, la Unión Industrial de Santa Fe acusó al Gobierno de empujar un “ocaso productivo” y advirtió que el carry trade volvió a ser la inversión estrella. La crítica también apunta a la pasividad de la conducción nacional de la UIA, en plena discusión por apertura, costos internos y desindustrialización.
La industria santafesina decidió romper el libreto y hablar donde otros callan. En un comunicado inusualmente duro, la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) alertó que “el ocaso del sistema productivo es el ocaso de la clase media” y puso en el centro del debate un dato político del modelo económico: el regreso del carry trade —hacer negocio financiero con la tasa— como “principal herramienta de inversión”.
-
El caso Techint–Welspun reavivó el debate sobre competencia, compras y estrategia industrial en proyectos grandes.
La novedad no es sólo económica; es institucional. La pasividad y el seguidismo acrítico que viene sosteniendo la conducción nacional de la Unión Industrial Argentina (UIA) frente al gobierno de Javier Milei —en medio de un proceso de desindustrialización que no discrimina sectores— empezó a activar una reacción lógica de entidades del interior que forman parte de la misma central fabril. No es una pelea menor: cuando la representación “nacional” se repliega, las cámaras territoriales quedan frente a un dilema concreto, cotidiano, de producción, empleo y supervivencia.
-
Cristian Fiereder (UISF) advirtió que el carry trade volvió a ser la “principal herramienta de inversión”.
El capítulo más reciente tiene nombre y firma: Cristian Fiereder, presidente de la UISF. En su mensaje, el dirigente plantea que ordenar las cuentas fiscales puede ser necesario, pero advierte que el equilibrio no puede lograrse “a costa del vaciamiento productivo” ni ignorando la caída del consumo y los costos de producir. “Un país con sus cuentas en orden, pero con sus naves industriales vaciándose, es un país que está hipotecando su futuro”, afirmó.
El peso específico de quien habla explica por qué la carta incomodó. Santa Fe no es un actor marginal en el mapa productivo: distintos relevamientos ubican a la provincia alrededor del 10% de la producción industrial nacional, junto a Buenos Aires y Córdoba como núcleo clave del entramado manufacturero argentino. En ese universo, la advertencia santafesina apunta a ramas sensibles por empleo y encadenamientos: metalmecánica, autopartes, línea blanca, siderurgia y otras actividades que dependen de demanda interna, financiamiento accesible y reglas de competencia mínimamente equilibradas.
La UISF también buscó desactivar el lugar común con el que se suele deslegitimar cualquier crítica industrial: no pidió privilegios, ni un proteccionismo ciego. Reclamó “igualdad de condiciones” para competir: alivio impositivo, logística y energía a costos razonables, y un marco que no convierta en héroe al especulador financiero y en sospechoso al que produce valor agregado.
-
La UISF vinculó el deterioro productivo con el retroceso de la clase media.
Ese reclamo se vuelve más picante porque coincide con un hecho que expuso, con crudeza, el debate sobre qué está haciendo el Gobierno con el sector productivo. La licitación que perdió Techint frente a la empresa india Welspun para proveer caños en un proyecto de gasoducto (vinculado al desarrollo exportador) derivó en un conflicto abierto: Techint analiza una denuncia por dumping, mientras el propio Milei celebró la decisión y cruzó públicamente a Paolo Rocca. En ese escenario, la pregunta industrialista dejó de ser abstracta: ¿el “orden” macro se está construyendo con una política productiva, o con una puerta cada vez más abierta a importar bienes —y hasta empleo— financiados por ventajas fiscales del propio esquema?
En otras palabras: la carta de Fiereder no es un exabrupto. Es un síntoma. Si el modelo empuja a que “rinda más” el rendimiento financiero que el trabajo productivo, no hay comunicación institucional que lo tape. Y si, además, la UIA nacional elige la prudencia permanente en un contexto de retracción manufacturera y presión importadora, lo que aparece es una grieta interna: el interior productivo empieza a decir lo que en Buenos Aires se administra en voz baja.
-
La tensión no es sólo con el Gobierno: también expone el rol de la UIA como representación política del sector.
La carta santafesina marca un punto: cuando una provincia industrializada y federal levanta la voz, no lo hace por protocolo, lo hace por necesidad. El “silencio” de la UIA nacional frente al rumbo económico no neutraliza el conflicto: lo traslada a las fábricas, a las pymes proveedoras y al empleo. Si la Argentina termina midiendo el éxito por la ganancia financiera y no por la capacidad de producir, innovar y sostener salarios, el resultado no es modernización: es un país más desigual y dependiente. Y en ese esquema, la desindustrialización no es un daño colateral: es una decisión política.
