El gobierno busca consolidar una Agencia de Seguridad Migratoria con perfil policial y reformó por DNU la Ley de Inteligencia (941/2025), otorgando a los servicios de espionaje facultades inéditas de detención y vigilancia. Ambos movimientos entrelazan políticas de control con implicancias profundas para derechos y libertades.
Por Antonio Muñiz
El gobierno de Javier Milei acelera reformas institucionales en dos frentes sensibles: migración y seguridad interior. Por un lado, está en marcha la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria que reagruparía y militarizaría controles fronterizos y deportaciones bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad. Por otro, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, el gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando facultades y autonomía operativa de los servicios de inteligencia (SIDE y anexos), incluidos poderes de aprehensión sin orden judicial y acceso a datos sensibles. Ambos cambios no sólo redefinen roles estatales sino que plantean tensiones con garantías constitucionales y derechos básicos.
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Organizaciones de derechos humanos advierten sobre vigilancia masiva y persecución.
El “modelo migratorio” con tono de seguridad
La migración dejó de ser principalmente una política administrativa. Con el traslado de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad, el gobierno anunció una Agencia de Seguridad Migratoria con funciones que combinan control fronterizo, cooperación con fuerzas federales y foco en “amenazas transnacionales”, un giro que recuerda el perfil policíaco del U.S. Border Patrol/ICE. Este enfoque implica desplazar el eje del control migratorio desde un ámbito civil hacia uno de “seguridad nacional”.
En operativos recientes en el conurbano bonaerense, agentes migratorios con apoyo de fuerzas federales usaron equipos biométricos para controlar 385 personas, detectando 16 en situación irregular sujetos a procesos de expulsión administrativa. La visibilidad del despliegue y su lógica operativa ya apuntan a una migración concebida bajo principio de control y vigilancia.
Reforma de inteligencia: facultades inéditas para la SIDE
El DNU 941/2025, dictado en diciembre de 2025 y publicado en enero de 2026, reconfiguró la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, reorganizando el sistema y otorgando a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) un rol central y superior sobre toda la comunidad de inteligencia. Bajo este esquema:
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Los servicios pueden aprehender personas en el marco de sus tareas de inteligencia y contrainteligencia cuando así se argumente, incluso sin orden judicial previa.
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Se facilita el acceso a comunicaciones, datos personales e intercambio de información con organismos públicos y privados bajo criterios de “seguridad nacional” o amenazas emergentes.
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Se amplía la cooperación operativa entre fuerzas federales, servicios de inteligencia y organismos de seguridad.
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SIDE administra discrecionalmente el presupuesto de gastos reservados y se erige como eje del Sistema de Inteligencia Nacional.
Esto marca un salto respecto del diseño original de la Ley de Inteligencia y de su propósito de subordinar la producción de inteligencia al control civil y constitucional, limitando facultades coercitivas de los agentes.
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DNU 941/2025 reorganiza el sistema de inteligencia y otorga facultades de aprehensión y acceso a datos sin orden judicial.
Debate y resistencias
La reforma fue instrumentada por decreto durante el receso legislativo, lo que habilita su aplicación inmediata pero deja su ratificación definitiva en manos del Congreso cuando sesione. Sectores de la oposición, especialistas y organizaciones de derechos humanos alertan que la ampliación de poderes de inteligencia puede devenir en herramienta de persecución política, espionaje y vigilancia masiva de la población. Un comunicado conjunto de más de 20 ONG advirtió que el decreto “permite aprehensiones sin intervención judicial” y plantea riesgos de “intimidación y represión arbitraria”.
Legisladores de bloques como Provincias Unidas y partidos de centro también expresaron preocupación por el debilitamiento de controles civiles sobre la inteligencia y la potencial transformación de fuerzas armadas y de seguridad en actores de la seguridad interior.
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El esquema remite a modelos como el de la ICE en EE.UU., que combina control migratorio con lógica de seguridad y vigilancia amplia.
Las reformas en materia migratoria y de inteligencia no son cambios aislados de estructura burocrática: conforman un marco creciente de institucionalización del control social y de seguridad interior en Argentina.
La normalización del uso de la fuerza antes que la justicia, y la delegación de facultades represivas a organismos con bajo control judicial, remiten a experiencias históricas donde el Estado prioriza la “seguridad” frente a derechos ciudadanos.
Argentina tiene memoria de cómo doctrinas de seguridad nacional y estructuras de inteligencia sin contrapesos pueden derivar en persecución del “enemigo interno” —antes “militantes armados”, hoy movilizaciones sociales, trabajadores, jubilados, migrantes y estudiantes. La combinación de una agencia migratoria policializada y servicios de inteligencia con poderes ampliados crea un dispositivo de control que tensiona garantías democráticas y civiles de la política.
