El Gobierno empuja la ratificación del acuerdo con Europa como bandera de “inserción al mundo”, pero el entramado pyme industrial advierte que, sin medidas previas, la apertura puede acelerar cierres, caída del empleo y una reprimarización de exportaciones. Reclaman una mesa de trabajo urgente y reglas parejas para competir.
La foto del 17 de enero en Asunción —con el Mercosur y la Unión Europea anunciando la firma del acuerdo de asociación— abrió una nueva etapa política y, al mismo tiempo, reactivó una vieja discusión: ¿Qué pasa con la industria y el empleo cuando se reduce la protección arancelaria en un país con costos en dólares, crédito caro y mercado interno en retroceso?.
En Buenos Aires, Javier Milei decidió convertir la ratificación en prioridad parlamentaria y pidió un trámite rápido, con sesiones extraordinarias y agenda enfocada en reformas estructurales. La señal es clara: el Gobierno quiere que el acuerdo funcione como sello de previsibilidad y como pieza del paquete pro-mercado.
Del otro lado, la alarma pyme llegó con una frase que hizo ruido: “una bomba” para la producción. El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sostuvo que, si la apertura avanza sin un plan de competitividad, el impacto podría traducirse en el cierre de hasta el 20% de las fábricas. En su planteo, el problema no es “comerciar con el mundo”, sino hacerlo con una cancha inclinada: incentivos europeos, financiamiento barato y escalas productivas muy superiores frente a empresas argentinas que hoy trabajan con márgenes finos, energía cara y crédito restrictivo.
Rosato pidió “inmediata conformación” de una mesa de trabajo con medidas concretas: financiamiento productivo, beneficios para invertir, reducción de costos operativos en moneda dura y un rumbo económico más nítido. También advirtió sobre el riesgo de primarización: vender materias primas y comprar manufacturas, con un saldo externo frágil en dólares.
El planteo no quedó sólo en IPA. Raúl Hutin, dirigente vinculado a la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), reforzó un punto sensible: la falta de información pública y debate sobre la “letra chica” y los plazos reales de implementación. En redes, habló de “más dudas que certezas” para las pymes y reclamó discusión abierta antes de comprometer la estructura productiva.
Desde APYME, el diagnóstico viene en la misma dirección, aunque con foco en el contexto local: costos en dólares, mercado interno debilitado y presión importadora. En declaraciones recientes, su presidente Julián Moreno advirtió que un esquema de “dólar barato y costos carísimos en dólares” deja fuera de competencia a muchas pymes, y que una liberalización plena pondría en riesgo lo poco que queda en pie.
El Movimiento Productivo 25 de Mayo, por su parte, se alineó en enero con un pronunciamiento regional de ALAMPYME —firmado en Argentina por MP25M, APYME, CEEN y otras entidades— que denuncia procesos de desindustrialización y subordinación comercial, y llama a políticas de integración y fortalecimiento productivo. Aunque el texto no se centra exclusivamente en el Mercosur–UE, funciona como marco político del rechazo a aperturas sin red: primero sostener empleo, empresas y cadenas de valor; después, negociar.
El contrapunto está del lado de las grandes cámaras y del agro, que ven oportunidad. La Delegación de la UE en Argentina presentó el acuerdo como un mercado ampliado y una plataforma para más inversión, estándares y acceso. En la misma línea, sectores empresarios y entidades rurales celebraron la firma como “día histórico” y destacaron ventajas para exportaciones agroindustriales y previsibilidad de largo plazo.
La discusión de fondo, entonces, se corre del titular fácil (“sí o no al acuerdo”) hacia el cómo. Las pymes piden un “puente” antes del salto: crédito productivo, modernización tecnológica, alivio de costos logísticos y energéticos, políticas de sustitución inteligente en rubros sensibles y mecanismos de defensa comercial ágiles cuando haya competencia desleal. Sin eso, repiten, la apertura deja de ser integración y pasa a ser selección natural.
Con el trámite político en marcha, el debate real recién empieza: si el acuerdo se convierte en una palanca para invertir y ganar productividad, o si termina siendo un atajo para importar más, cerrar más pymes y exportar cada vez menos valor agregado.
