Axel Kicillof volvió a poner sobre la mesa la reforma que habilite nuevas reelecciones municipales. No lo hace por capricho: si la ley sigue igual, decenas de intendentes quedan fuera de carrera en 2027 y el peronismo pierde músculo territorial. El problema es que el debate no viene solo: La Libertad Avanza empuja Boleta Única de Papel y los radicales esperan, porque tiene muchos intendentes que finalizan su mandato. En el medio, Massa y La Cámpora miran el reloj, cuentan votos y cuidan su propio poder.
El verano bonaerense arrancó con una postal conocida y un ruido distinto. En la Costa, Kicillof reunió a su tropa política y el tema que dominó la conversación no fue la inflación ni la seguridad: fue la supervivencia territorial. La ley provincial que limitó la reelección de intendentes a dos mandatos consecutivos amenaza con dejar a decenas de jefes comunales sin posibilidad de competir en 2027, en un mapa donde la gestión municipal es el motor de la campaña y la base de la fiscalización.
El punto de partida es normativo y tiene nombre y fecha: Ley 14.836 (2016), que fijó el límite de una sola reelección consecutiva para intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales. Luego vino una corrección clave, la Ley 15.315 (2021), que ajustó criterios sobre cómo contar mandatos en casos de reemplazos o licencias y reabrió, de hecho, la ingeniería política para “sortear” el límite.
Sobre ese tablero se apila la política real: distintos relevamientos coinciden en que más de 80 intendentes quedarían impedidos de ir por un nuevo mandato si no se cambia la norma. El número exacto puede variar según cómo se compute cada situación, pero el dato duro es otro: es una presión transversal, que atraviesa al peronismo, al radicalismo y al PRO. Y cuando el problema cruza fronteras partidarias, la negociación suele aparecer, aunque sea por caminos laterales.
En el peronismo, la discusión golpea donde más duele: el armado bonaerense no se sostiene solo con consignas, sino con intendentes que controlan territorio, estructura y agenda local. Kicillof lo sabe y por eso reabrió el debate apenas arrancó el año político. El problema es que, puertas adentro, no hay unidad. Sergio Massa, que fue impulsor de la “ley antirreelección” en su momento, mantiene una posición restrictiva y en su entorno vienen marcando límites a una habilitación lisa y llana. El kirchnerismo, por su parte, no suele regalarle herramientas al gobernador si eso altera el equilibrio interno: acompaña cuando le conviene y se planta cuando percibe que la reforma fortalece un liderazgo que todavía discute.
Con ese frente interno trabado, aparece el plan B: buscar votos afuera. Ahí entra La Libertad Avanza con una oferta que huele a intercambio. El bloque libertario en el Senado bonaerense presentó un proyecto para implementar Boleta Única de Papel en categorías provinciales y municipales, capitalizando la experiencia nacional reciente y empujando una reforma electoral de fondo. En la lógica de la Legislatura, el mensaje es claro: “si quieren reelecciones, discutan reglas de votación”. No hace falta que exista un pacto escrito para que la negociación empiece a tomar forma.
La Boleta Única, además, no es un detalle técnico: reordena el poder. En Buenos Aires, la boleta larga —con el peso del aparato municipal— fue históricamente un activo del peronismo y, sobre todo, de los oficialismos locales. Cambiar el instrumento altera la estrategia de campaña, el armado de listas, la tracción entre categorías y hasta el negocio de la fiscalización. Por eso, incluso dentro del peronismo, hay dirigentes que miran la reforma con desconfianza: no quieren cambiar el sistema de votación a cambio de sostener intendencias, porque temen que el remedio termine debilitando la columna vertebral.
Del otro lado del mostrador, UCR y PRO tampoco están tranquilos. Los radicales tienen varios intendentes que quedarían afuera si la ley no se toca, y el macrismo también carga con su lote de municipios en riesgo. Es decir: la demanda de “habilitar” no es solo peronista, aunque el costo político se lo coma el peronismo por gobernar la provincia.
En paralelo, el peronismo bonaerense discute otro poder: la conducción del PJ provincial. Kicillof acelera el armado de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, y el cristinismo mira con cautela cualquier movimiento que parezca un salto directo a la jefatura del distrito. La pelea partidaria se superpone con la legislativa: sin orden interno, cualquier reforma se vuelve más cara, porque los votos “propios” no están garantizados.
¿Y si la política no resuelve? Asoma el camino judicial. Ya hubo antecedentes y, en estos días, volvieron a circular planteos sobre constitucionalidad y eventuales presentaciones ante tribunales para frenar interpretaciones o artículos específicos vinculados al conteo de mandatos.
El resultado, por ahora, es una provincia en discusión permanente: reelecciones que se justifican como “defensa del territorio”, boleta única vendida como “transparencia”, y una interna peronista que —otra vez— mezcla argumentos institucionales con disputas de poder. Lo que se cocina no es solo una reforma: es la letra chica de la unidad hacia 2027, con aliados inesperados y una pregunta de fondo que nadie quiere responder en voz alta: si cambia la regla para que no caigan intendentes, ¿Quién se queda con el control del peronismo bonaerense?
