La cancelación de la política industrial, la apertura comercial irrestricta y el atraso cambiario configuran un combo que golpea de lleno a la producción y al empleo.
por Antonio Muñiz
En dos años cerraron 21 mil empresas —mayoritariamente industriales— y se perdieron 130 mil puestos manufactureros. Educación, ciencia y cultura ya habían sufrido el recorte; ahora la motosierra avanza sobre el corazón productivo del país.
La consigna de la “motosierra”, convertida en emblema del gobierno de Javier Milei, dejó de ser una metáfora para transformarse en una política pública con efectos mensurables sobre la economía real. Tras el ajuste sobre educación, ciencia y cultura, el impacto se extiende con fuerza sobre la industria, uno de los blancos históricos del dogma neoliberal. La decisión de desmantelar instrumentos de promoción productiva, liberalizar el comercio y sostener un dólar artificialmente barato está reconfigurando el entramado productivo argentino con consecuencias que ya se reflejan en cierres de empresas y pérdida de empleo.
Los datos oficiales son contundentes: en los últimos dos años cerraron 21 mil empresas, la mayoría vinculadas a actividades industriales, y se perdieron 130 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero. Detrás de estas cifras hay cadenas de valor fragmentadas, pymes sin espalda financiera y territorios que vuelven a enfrentar procesos de desindustrialización conocidos por la historia reciente.
El retorno de un libreto conocido
La política económica actual retoma un libreto aplicado en otros momentos críticos del país: apertura comercial amplia, reducción del rol del Estado y anulación de herramientas de política industrial. La industria, concebida por el ideario neoliberal como una distorsión a corregir y no como un pilar del desarrollo, queda expuesta a competir en condiciones asimétricas con economías que sí protegen y financian a sus sectores productivos.
El atraso cambiario funciona como un factor adicional de estrangulamiento. Un dólar barato reduce costos de importación, pero encarece la producción local medida en moneda dura, deteriora la competitividad exportadora y empuja a muchas empresas a operar con márgenes negativos. El resultado es previsible: caída de la producción, suspensiones, despidos y cierres.
Impacto sectorial y territorial
La pérdida de empleo industrial no es homogénea. Golpea con mayor intensidad a sectores intensivos en trabajo —metalmecánica, textil, calzado, muebles, autopartes— y a regiones donde la industria cumple un rol central como generadora de empleo y dinamizadora del mercado interno. Parques industriales que habían crecido al calor de políticas de promoción y crédito productivo hoy registran galpones vacíos y líneas de producción detenidas.
Este proceso no solo afecta a las empresas directamente involucradas. Cada cierre industrial arrastra servicios asociados, proveedores, logística y comercio local. El efecto multiplicador negativo se traslada a municipios y provincias, tensionando finanzas locales y deteriorando el tejido social.
Educación, ciencia y cultura: el antecedente inmediato
El ajuste sobre la industria no ocurre en el vacío. Viene precedido por recortes en educación, ciencia y tecnología, áreas estratégicas para la innovación y el aumento de la productividad. La reducción del financiamiento universitario, la parálisis de programas científicos y el freno a la transferencia tecnológica debilitan la capacidad del país para agregar valor y competir en sectores de mayor complejidad.
En ese marco, la industria queda privada no solo de protección macroeconómica, sino también de los insumos estratégicos que provee el sistema científico–tecnológico. La desarticulación entre conocimiento y producción profundiza la primarización de la economía.
Trabajo en retroceso y mercado interno en caída
La pérdida de 130 mil empleos manufactureros tiene un impacto directo sobre el mercado interno. El trabajo industrial suele ser empleo registrado, con salarios que sostienen consumo y recaudación. Su destrucción acelera la precarización laboral y contrae la demanda, retroalimentando la recesión.
Distintos estudios sectoriales advierten que, aun en empresas que continúan operando, se observa una caída de horas trabajadas, suspensiones y reducción de turnos. La incertidumbre sobre la continuidad del negocio desalienta inversiones y posterga decisiones productivas, incluso en ramas con potencial exportador.
Un debate que vuelve
El escenario actual reabre un debate histórico de la economía argentina: el rol del Estado, la industria y el trabajo en la estrategia de desarrollo. Las experiencias previas de apertura abrupta y desregulación —desde la década del noventa hasta otros ciclos de ajuste— muestran resultados similares: desindustrialización, concentración económica y mayor vulnerabilidad externa.
Mientras tanto, a nivel global, las principales economías refuerzan políticas industriales activas, subsidios, protección selectiva y financiamiento estratégico. En contraste, la Argentina parece avanzar en sentido inverso, renunciando a instrumentos que otros países consideran centrales para sostener empleo y soberanía productiva.
El costo social del ajuste
Más allá de los indicadores macroeconómicos, el desmantelamiento de la política industrial tiene un costo social difícil de revertir en el corto plazo. La pérdida de capacidades productivas, de oficios y de entramados locales no se recompone con facilidad. Cada fábrica que cierra implica años de acumulación que se pierden.
La “motosierra” aplicada a la industria y al trabajo no es solo un ajuste presupuestario: es una definición de modelo. Y como muestran los datos de cierres y despidos, su impacto es casi siempre devastador para la producción, el empleo y el desarrollo. En ese cruce entre ideología y economía real se juega, una vez más, el futuro productivo del país.
