El gobernador bonaerense reunió a referentes técnicos, científicos y sindicales para rechazar el intento del Gobierno nacional de privatizar Nucleoeléctrica. Advirtió que está en juego un sector estratégico, con impacto directo en el desarrollo, el empleo calificado y el posicionamiento internacional de la Argentina.
En un contexto de fuertes tensiones entre la Nación y las provincias por el rumbo del modelo productivo y energético, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes una reunión clave con referentes del sector nuclear argentino y representantes sindicales vinculados a la actividad. El encuentro se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense y tuvo como eje central el rechazo al intento del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, Kicillof planteó una defensa explícita del sistema nuclear como política de Estado y como uno de los activos estratégicos más relevantes construidos por la Argentina a lo largo de décadas.
“Hace muchos años que la Argentina decidió invertir en el área de energía nuclear, lo que llevó a posicionar al país en un lugar de privilegio a nivel internacional y contar con un activo estratégico clave”, afirmó el mandatario. Y agregó: “Lamentablemente, todo eso hoy se ve amenazado por un Gobierno nacional entreguista que, con su idea privatizadora, apunta a generar un gran negocio para unos pocos”.
Nucleoeléctrica, en el centro de la disputa
El encuentro funcionó como un espacio de articulación política y técnica frente a la iniciativa del Ejecutivo nacional de modificar el estatus de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa pública que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Central Nuclear Embalse, pilares del parque de generación nuclear del país.
NASA no solo es responsable de la operación segura de estas centrales, sino que además comercializa la energía producida en el mercado eléctrico mayorista. Sus balances, según datos oficiales, muestran resultados positivos y la posicionan como una empresa de referencia en el plano internacional, tanto por estándares técnicos como por niveles de seguridad y capacitación de su personal.
En ese marco, Kicillof subrayó que la discusión excede la propiedad de una empresa: “La idea de este encuentro es demostrar que el sector no está solo. Ante un Presidente que se subordina a intereses extranjeros y ataca a nuestra soberanía, cuentan con el compromiso y el acompañamiento de un Gobierno bonaerense dispuesto a defenderlo”.
El gobernador fue categórico al cerrar su intervención: “Vamos a potenciar todas las iniciativas que estén encaminadas a detener la privatización de Nucleoeléctrica. No podemos permitir que destruyan un sector clave para las perspectivas de futuro de los argentinos y las argentinas”.
Energía nuclear, desarrollo y soberanía
Desde el Gobierno bonaerense insisten en que el sistema nuclear no puede analizarse con una lógica puramente fiscal o de corto plazo. En esa línea, Bianco remarcó que “el sector nuclear es un componente clave para la soberanía energética y el desarrollo del país”, y sostuvo que la Provincia trabaja de manera coordinada con científicos, técnicos, sindicatos y empresarios para visibilizar el reclamo y sostener la continuidad del desarrollo nuclear.
La Argentina cuenta con una trayectoria nuclear reconocida a nivel mundial, con capacidades que abarcan desde la investigación científica hasta la ingeniería, la operación de centrales y la formación de recursos humanos altamente calificados. Buena parte de ese entramado se articula con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), universidades públicas y empresas del complejo industrial nacional.
Ghioni puso el foco en ese recorrido histórico: “La Argentina tiene una tradición nuclear muy importante, con científicos reconocidos a nivel mundial por sus aportes. Lamentablemente, los planes del sector siempre se vieron interrumpidos por gestiones del mismo signo político”. Y advirtió: “Como en otras oportunidades del pasado, este Gobierno nacional vuelve a instalar en la agenda la idea de privatizar el sistema nuclear argentino”.
Un rechazo transversal
La reunión contó con una amplia participación de funcionarios provinciales, dirigentes sindicales y referentes técnicos del sector, lo que reflejó un rechazo transversal a la privatización. Estuvieron presentes el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; y el director provincial de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli.
También participaron representantes sindicales como Guillermo Moser, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), y Oscar de Isasi, de la CTA Autónoma bonaerense, además de dirigentes del entramado industrial y exautoridades del sector nuclear, entre ellos el expresidente de NASA, José Luis Antúnez.
La presencia de investigadores y técnicos de la CNEA reforzó el diagnóstico compartido: la privatización de Nucleoeléctrica no solo pondría en riesgo empleos altamente calificados, sino que podría afectar la seguridad operativa, la continuidad de proyectos estratégicos y la autonomía tecnológica del país.
Una disputa que excede lo energético
El posicionamiento de Kicillof se inscribe en una disputa más amplia con el Gobierno de Javier Milei sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. Mientras la administración nacional impulsa un programa de privatizaciones y desregulación, la Provincia de Buenos Aires busca consolidarse como un actor de resistencia institucional en áreas clave como energía, ciencia y producción.
En ese marco, la defensa del sistema nuclear aparece como un símbolo: no solo de soberanía energética, sino también de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la industria nacional y la planificación de largo plazo. Para el Gobierno bonaerense y los actores del sector, lo que está en juego no es una empresa, sino una política de Estado construida durante décadas y estrechamente ligada a las perspectivas de futuro del país.
