Con el argumento del déficit cero, el Gobierno logró sancionar una ley que redefine prioridades del Estado y consolida un fuerte recorte en educación, ciencia y defensa. La votación expuso el nuevo equilibrio de poder en el Congreso y el costo estructural del ajuste.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el Presupuesto 2026 impulsado por el Poder Ejecutivo, en una sesión que cerró el año parlamentario con una de las discusiones más sensibles desde el inicio del gobierno de Javier Milei. El proyecto fue aprobado con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, y contiene artículos que eliminan o reducen significativamente el financiamiento destinado a educación, ciencia y defensa, en línea con la estrategia oficial de sostener el superávit fiscal como eje excluyente de la política económica.
La votación coronó una intensa negociación política encabezada por el oficialismo, que logró ordenar voluntades en el Senado luego de tropiezos previos en Diputados. El festejo libertario fue inmediato: el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, difundió una imagen junto a Patricia Bullrich y Diego Santilli, dos figuras centrales en el armado de consensos con gobernadores y bloques dialoguistas.
La ingeniería política del oficialismo
Bullrich y Santilli fueron claves para destrabar el tratamiento en el recinto. Ambos coordinaron contactos con senadores provinciales y gobernadores, ofreciendo previsibilidad fiscal y continuidad de transferencias específicas a cambio del respaldo al proyecto. En esta ocasión, el oficialismo volvió a utilizar la votación por capítulos, una táctica que había fracasado en Diputados, pero que en el Senado permitió aislar los puntos más conflictivos y asegurar mayorías parciales.
El resultado dejó en evidencia un nuevo esquema de gobernabilidad: un Ejecutivo con minoría parlamentaria propia, pero capaz de construir acuerdos tácticos cuando el ajuste fiscal se presenta como condición necesaria para evitar una crisis financiera mayor. El Presupuesto 2026 se convirtió así en la principal herramienta política del Gobierno para cerrar el año con una señal clara hacia los mercados.
El ajuste estructural: educación y ciencia en retroceso
El núcleo más controvertido del Presupuesto es el recorte en áreas estratégicas de largo plazo. Según los números oficiales, la ley reduce el gasto en educación hasta el equivalente al 6% del PBI y el destinado a ciencia y tecnología al 1%. A partir de 2026, universidades nacionales, organismos de investigación y programas de formación técnica deberán funcionar con menos recursos reales, en un contexto en el que ya arrastraban pérdidas por la licuación inflacionaria de partidas durante 2024 y 2025.
Entre las medidas más cuestionadas se encuentra la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, una herramienta clave para la formación de mano de obra calificada y la articulación entre el sistema educativo y el entramado productivo. También se disuelve el Fondo Nacional de la Defensa, lo que limita la capacidad de planificación a mediano plazo de las Fuerzas Armadas y refuerza la lógica de un Estado reducido a funciones mínimas.
Desde sectores académicos y científicos, el recorte fue interpretado como un cambio de paradigma: la ciencia deja de ser considerada una inversión estratégica y pasa a ser tratada como un gasto prescindible en el marco del ajuste. Rectores universitarios y referentes del sistema científico advirtieron que el impacto no será inmediato, pero sí acumulativo, con efectos directos sobre la capacidad de innovación, la formación de recursos humanos y la soberanía tecnológica.
La señal al mercado y las variables macro
El Gobierno defendió el Presupuesto como una pieza central para estabilizar expectativas financieras. El texto aprobado proyecta un superávit financiero del 0,3%, una inflación anual del 20%, un crecimiento económico del 5% y un tipo de cambio oficial de $1.423 por dólar. Estas proyecciones son clave para enfrentar los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero y sostener la estrategia de refinanciación en un contexto de acceso limitado al crédito internacional.
Para el Ejecutivo, la sanción de la ley envía una señal de disciplina fiscal y previsibilidad, dos condiciones que considera indispensables para consolidar la baja del riesgo país y sostener la incipiente recuperación de la actividad. Sin embargo, economistas heterodoxos advierten que el ajuste concentrado en áreas como educación y ciencia puede comprometer el crecimiento futuro y profundizar la reprimarización de la economía.
Un debate que excede el número fiscal
La aprobación del Presupuesto 2026 no solo ordena las cuentas públicas: redefine el rol del Estado y las prioridades del desarrollo. El debate dejó al descubierto una tensión de fondo entre la lógica del equilibrio fiscal inmediato y la necesidad de sostener políticas públicas que producen resultados a largo plazo.
Con la ley ya sancionada, el Gobierno logró cerrar el año legislativo con una victoria política relevante. El costo, sin embargo, queda planteado como una discusión abierta: qué tipo de país se construye cuando educación, ciencia y defensa dejan de ocupar un lugar central en la planificación presupuestaria. Esa pregunta, más allá de la votación, seguirá marcando el debate público durante 2026.
