El oficialismo busca aprobar antes de fin de año el proyecto presupuestario bajo el ancla del déficit cero. Negociaciones con aliados, reformas económicas en agenda y un calendario parlamentario que anticipa un verano cargado de tensiones legislativas.
La última semana de diciembre se convirtió en una instancia clave para el Gobierno nacional en el Congreso. Con el período de sesiones extraordinarias en marcha hasta el 30 de diciembre —con la excepción del feriado del 25—, el oficialismo intenta cerrar el año con la aprobación del Presupuesto 2026, una pieza central de la estrategia económica de la administración de Javier Milei.
El proyecto avanza en el Senado en un contexto político complejo, atravesado por negociaciones con bloques aliados y dialoguistas, y por el impacto que tendrán las reformas económicas y estructurales que el Ejecutivo busca consolidar antes del recambio de agenda legislativa. En la Casa Rosada confían en que el texto pueda ser sancionado sin mayores demoras, pese a las modificaciones introducidas en Diputados y a las resistencias sectoriales que persisten.
El ancla fiscal y los límites del consenso
La agenda parlamentaria definida por el oficialismo mantiene un eje inalterable: el compromiso con el déficit cero. En las últimas horas, Milei ratificó que el Gobierno “acomodará las partidas” para cumplir ese objetivo sin recurrir a la creación de nuevos impuestos y descartó, por ahora, la posibilidad de vetar el Presupuesto, incluso tras la eliminación del capítulo XI en Diputados, que incluía disposiciones vinculadas a la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario.
Ese recorte expuso uno de los puntos más sensibles del debate: la tensión entre el ajuste fiscal y el sostenimiento de áreas sociales estratégicas. Aunque el oficialismo logró sostener el núcleo duro del proyecto, la discusión dejó al descubierto los límites del consenso parlamentario en un escenario de minoría legislativa.
Ley de Inocencia Fiscal: el debate que viene
Uno de los debates centrales de la semana tendrá lugar el viernes 26, cuando el Senado aborde la llamada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que acompaña al Presupuesto 2026 y que ya cuenta con media sanción de Diputados. El proyecto introduce modificaciones de peso en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683), el Código Civil y Comercial, y crea un régimen de declaración jurada simplificada.
El punto más controvertido es la instauración de un “Régimen simplificado de Ganancias”, que, según el texto impulsado por el Ejecutivo, otorgaría un blindaje permanente a los contribuyentes que adhieran. Para el Gobierno, se trata de una herramienta clave para fomentar la formalización y reducir la litigiosidad tributaria; para sectores de la oposición, el esquema podría abrir zonas grises en materia de control fiscal y equidad impositiva.
Reformas estructurales postergadas y agenda 2026
En paralelo al Presupuesto, La Libertad Avanza busca ordenar el resto del paquete de reformas estructurales. La más relevante es el Proyecto de Modernización Laboral, cuyo tratamiento fue postergado para 2026 y se retomará a partir del 10 de febrero. La decisión fue confirmada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, al anunciar el dictamen de mayoría en la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
La reforma laboral es uno de los pilares del programa económico del Gobierno y también uno de los proyectos que mayor resistencia genera en sindicatos y sectores de la oposición. Su postergación no implica un retroceso, sino una reprogramación estratégica para encarar el debate con un escenario político más ordenado tras la aprobación del Presupuesto.
A esa iniciativa se suman las modificaciones al Código Penal, que aún no tienen fecha definida, pero que forman parte del mismo paquete de reformas de fondo que el Ejecutivo pretende consolidar durante el primer trimestre del año próximo.
La Ley de Glaciares y el factor federal
Otro de los proyectos que ocupa un lugar destacado en la agenda es la modificación de la Ley de Glaciares. El oficialismo, con el acompañamiento de provincias mineras, impulsa cambios orientados a flexibilizar los alcances de la protección ambiental en determinadas zonas, con el objetivo de fomentar inversiones en el sector extractivo.
La iniciativa reabre un debate histórico entre desarrollo económico y resguardo ambiental, y anticipa un fuerte contrapunto político y social en los primeros meses de 2026. Para las provincias mineras, el proyecto representa una oportunidad de expansión productiva; para organizaciones ambientales y sectores opositores, un retroceso en materia de protección de bienes comunes.
Extraordinarias de verano y horizonte político
Bullrich confirmó además que el Gobierno convocará a un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero. En ese tramo, el oficialismo buscará avanzar tanto con la Modernización Laboral en el Senado como con la reforma de la Ley de Glaciares, consolidando así un núcleo duro de transformaciones estructurales.
El cierre del año legislativo encuentra al Gobierno con una hoja de ruta clara, pero también con desafíos evidentes: sostener la disciplina fiscal, ampliar acuerdos parlamentarios y administrar el costo político de un programa de reformas que impacta de lleno en el entramado social y productivo.
La aprobación del Presupuesto 2026 no será solo un trámite contable. Funcionará como una señal política hacia los mercados, los gobernadores y la propia base electoral del oficialismo, y marcará el tono de un 2026 que se anticipa intenso en términos legislativos y de conflictividad política. En esa pulseada, el Congreso vuelve a ser el escenario central donde se juega el equilibrio —siempre inestable— entre gobernabilidad, ajuste y reformas de largo alcance.
