El proyecto de “libertad educativa” que impulsa el gobierno libertario se presenta como un derecho individual, pero en realidad es un intento de desarmar el sistema común que sostuvo a la Argentina durante más de un siglo. La idea de que los padres son los agentes primarios de la educación ignora la realidad concreta de millones de familias que no tienen tiempo, recursos ni condiciones para acompañar a sus hijos.
En un país atravesado por la pobreza, el narcotráfico, la violencia intrafamiliar y la precariedad laboral, trasladar la responsabilidad educativa a los hogares es condenar a los sectores más vulnerables a quedar fuera de cualquier garantía mínima.
La escuela pública, con todas sus falencias, sigue siendo el espacio de contención, de socialización y de igualdad. Romper con ella en nombre de la “libertad” es dinamitar el único puente que todavía conecta a los hijos de trabajadores con la posibilidad de ascenso social. El discurso libertario no es neutral: busca quebrar la tradición humanista y cristiana que entendió la educación como bien común, como proyecto colectivo, como parte de la hispanidad y de la patria grande artiguista. Es también un golpe contra el peronismo, que hizo de la educación pública un instrumento de integración nacional y de movilidad social.
Es obvio que esta reforma es un ataque directo a los valores y principios con los que se constituyó nuestra patria, los mismos que nos inspiran a la unidad de los pueblos hispanoamericanos y que permitieron el surgimiento del peronismo como movimiento de justicia social. Una Argentina vacía espiritualmente es una Argentina sin futuro, y esa vaciedad no solo beneficiaría a los libertarios, sino también a otros grupos políticos que históricamente han enfrentado a la religión y buscan borrar cualquier vestigio de identidad cultural compartida.
La apertura hacia el homeschooling y la fragmentación pedagógica favorece a grupos religiosos y predicadores que ya avanzan en las provincias del interior. La Iglesia Católica, más institucionalizada, perderá terreno frente a los evangélicos pro-norteamericanos, que se adaptan rápido y aprovechan la ausencia del Estado para expandir su influencia. Lo que se presenta como libertad educativa es, en los hechos, una privatización cultural que entrega la formación de los niños a intereses particulares, sean económicos o religiosos.
La Argentina no necesita más organismos ni slogans de libertad, necesita planificación, descentralización y un sistema educativo que garantice igualdad de oportunidades. La verdadera libertad educativa no consiste en dejar a cada familia librada a su suerte, sino en garantizar que todos los niños, sin importar su origen, tengan acceso a una formación nacional, humanista y cristiana. Lo demás es un retroceso disfrazado de progreso, una política que entrega la educación al mercado y a los púlpitos, y que amenaza con borrar la memoria de la patria grande y su proyecto de justicia social. Una nación que renuncia a sus valores fundacionales se convierte en un territorio vacío, incapaz de sostener un futuro común.
Luis Gotte
la trinchera bonaerense
