El informe final del cuerpo legislativo opositor concluye que el Presidente y su hermana Karina Milei tuvieron participación clave en el esquema detrás de la criptomoneda $LIBRA. El documento reclama que el Congreso evalúe si Javier Milei incurrió en mal desempeño de sus funciones y advierte sobre un “modus operandi” que se repite en otras maniobras financieras. También critica la falta de colaboración del juez De Giorgi y anuncia acciones penales contra funcionarios que obstruyeron la investigación.
Un informe que sacude la escena política
La Comisión Libra, integrada por 15 diputados opositores, presentó su informe final tras meses de investigación sobre el colapso de la criptomoneda $LIBRA, un episodio que afectó a miles de pequeños inversores. El documento, de 205 páginas, concluye que el Presidente Javier Milei prestó “colaboración imprescindible” para la maniobra, lo que abre una tensión institucional inédita desde el inicio de su mandato.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, sostuvo en conferencia de prensa que “los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Según explicó, las pruebas reunidas muestran vínculos económicos directos entre los desarrolladores de la criptomoneda —Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales—, quienes ya figuraban en investigaciones previas relacionadas con esquemas financieros irregulares.
El contrato publicado por Milei: el punto clave
Uno de los elementos más comprometedoras señalados por los diputados es la publicación, por parte del propio Milei, de un número de contrato vinculado a $LIBRA que no era de acceso público.
Según el informe, el Presidente “sigue sin explicar cómo obtuvo ese dato”, lo que refuerza la hipótesis de un contacto directo con los creadores de la criptomoneda. Para los investigadores, esa intervención no puede interpretarse como un gesto inocente ni como un simple error comunicacional: constituye, afirman, un aporte decisivo para dotar de legitimidad al proyecto que terminó desplomándose.
Ferraro insistió en que “las declaraciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto carecen de sustento fáctico”, en tanto la trazabilidad en blockchain —analizada por técnicos convocados por la comisión— detectó flujos de fondos entre los involucrados que coinciden en destino, montos y fechas con las denuncias originales.
Un patrón que se repite: CoinX, Vulcano y Kit Protocol
El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) puso el foco en lo que definió como un “modus operandi” recurrente. Según señaló, “la estafa Libra no constituye un hecho aislado”, sino que se vincula con antecedentes como los casos CoinX, Vulcano y Kit Protocol.
En todos ellos —destaca el informe— se repite la presencia de algunos de los mismos actores: Terrones Godoy, Novelli y Javier Milei en distintos roles públicos o comunicacionales. Este patrón, sostiene el documento, podría derivar en la tipificación de otros delitos además del previsto en el artículo 172 del Código Penal.
La oposición advierte que estos antecedentes conforman un ecosistema de maniobras financieras que operaron bajo el paraguas discursivo del “libre mercado” y la “innovación tecnológica”, pero que encubrieron operaciones de alto riesgo para miles de consumidores financieros. El fenómeno replica, en parte, lo ocurrido en otros países con proyectos cripto fraudulentos, lo que llevó a organismos como la SEC estadounidense, la CNMV española o la ESMA europea a endurecer los controles regulatorios sobre criptoactivos no auditados.
Señalamientos sobre Karina Milei y la justicia estadounidense
El informe también destaca la resolución emitida en octubre de 2025 por la jueza federal de Nueva York Jennifer Rochon, que investiga fondos asociados a la operación internacional de $LIBRA. En su escrito, Rochon sostuvo que “los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei”, una afirmación que la comisión calificó como “gravísima” y que, según indicaron, demanda una respuesta coordinada entre los poderes del Estado argentino.
Los legisladores señalan que los hermanos Milei poseen “responsabilidad política” por la cadena de hechos que rodeó al lanzamiento y la promoción de la criptomoneda, y plantean que esa conducta podría configurarse como mal desempeño presidencial.
Un choque institucional con el Poder Judicial
La Comisión Libra también apuntó contra quienes —según afirman— obstruyeron la investigación. En particular, cuestionaron al juez federal Sebastián De Giorgi por negarse a colaborar con los pedidos de información.
“Es inadmisible que el magistrado haya denegado el auxilio de la fuerza pública para asistir a los diputados en las citaciones”, sostuvo Ferraro. La comisión anticipó que elevará un recurso ante la Corte Suprema y que iniciará acciones penales contra funcionarios del Ejecutivo que impidieron el acceso a documentación clave.
Desde el oficialismo, en cambio, niegan cualquier irregularidad y aseguran que se trató de una “operación política” destinada a erosionar al gobierno. Hasta el momento, sin embargo, no se aportaron pruebas que desmientan los vínculos financieros identificados ni se ofrecieron explicaciones respecto del contrato difundido por el propio Presidente.
Una crisis política que recién comienza
El informe final de la Comisión Libra no constituye una sanción institucional, pero sí abre el camino para que el Congreso inicie un proceso de juicio político por mal desempeño, una posibilidad que dependerá de correlaciones de fuerza aún inciertas.
Lo cierto es que el caso vuelve a exponer un problema de fondo: la falta de regulación efectiva sobre proyectos financieros de alto impacto público apoyados, directa o indirectamente, por figuras políticas de primera línea. A nivel internacional, organismos como la OCDE han señalado que la mezcla entre política, criptomonedas y esquemas de inversión opacos representa uno de los principales riesgos emergentes para la integridad institucional.
Mientras el gobierno intenta minimizar la crisis, la oposición se prepara para avanzar con nuevas citaciones y ampliaciones de denuncia. En un contexto económico y social ya marcado por la inestabilidad, el llamado “Criptogate” amenaza con convertirse en uno de los escándalos políticos más importantes de la era Milei.
La investigación legislativa ya concluyó su primera etapa. Lo que sigue dependerá del Congreso, de la Justicia y del clima político que se configure alrededor de un informe que, lejos de cerrar la discusión, parece abrir un capítulo todavía más complejo.
