La familia del exministro denunció graves irregularidades en su detención en el penal de Ezeiza, desde la falta de acceso a medicamentos hasta impedimentos para higienizarse. Axel Kicillof y un amplio arco del peronismo bonaerense reclamaron garantías básicas y exigieron que se evalúe la prisión domiciliaria por razones de salud.
Denuncias por condiciones “gravísimas”
El clima político volvió a tensarse tras las denuncias difundidas por Alessandra Minnicelli, esposa del exministro Julio De Vido, sobre las condiciones en las que el exfuncionario permanece detenido en el hospital del penal de Ezeiza. En un escrito publicado el sábado, Minnicelli aseguró que la situación es “gravísima” y señaló una serie de hechos que, en su opinión, constituyen un maltrato incompatible con cualquier estándar de derechos humanos.
Según detalló, el exfuncionario no había recibido sus pertenencias personales al momento de la visita. “Estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados; todavía no le habían entregado su bolso, que estaba en revisión”, señaló. La falta de acceso a ropa adecuada se suma, según su denuncia, a la negativa del personal penitenciario a permitirle higienizarse: “No lo dejaron bañarse”.
Problemas con la alimentación y falta de medicación
El punto más crítico de la denuncia tiene que ver con la salud del exministro. De Vido es diabético insulinodependiente y, según Minnicelli, la alimentación provista por el Servicio Penitenciario no se adecua a los requerimientos médicos: “El desayuno fue cinco panes, y la harina se metaboliza en azúcar. Es veneno para él”.
La alimentación inadecuada, sumada a la presunta falta de acceso a su medicación, encendió alarmas entre especialistas. Fuentes consultadas en el ámbito de la salud penitenciaria señalaban que “todo recluso con enfermedades crónicas debe recibir tratamiento continuo y controlado”. Minnicelli también denunció que su esposo no pudo comunicarse con la familia debido a que solo hay un teléfono para uso de internos, que funciona con tarjeta y cuyo uso “no le fue explicado”. A esto agregó que incluso se le negó agua caliente para preparar un mate cocido.
Reacción política y pedido de intervención
Las denuncias tuvieron rápida repercusión política. Durante la noche del sábado, Axel Kicillof difundió un comunicado de solidaridad firmado junto a la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez, y los ministros Andrés Larroque y Walter Correa, entre otros dirigentes del peronismo bonaerense.
El texto expresa preocupación por la salud del exministro: “Nos preocupa especialmente que la privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”. El documento reclama que De Vido reciba “la atención médica necesaria para el tratamiento de su enfermedad crónica” y pide evaluar de inmediato la posibilidad de otorgar la detención domiciliaria, recurso previsto para personas cuyo estado de salud puede agravarse en contexto carcelario.
Los firmantes recordaron que los derechos vinculados a la salud y la integridad física están protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. Señalaron además que “resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo”.
El marco del lawfare y el caso De Vido
El término lawfare —interpretable como el uso instrumental de la vía judicial para fines políticos— ha sido utilizado por diversos analistas y actores políticos en Argentina para interpretar la transformación de causas judiciales que, según plantean, avanzan más allá de la lógica estricta del derecho penal. Un estudio académico advierte que en América Latina el uso del término se extendió desde 2016 para describir “aquellas estrategias que utilizan procedimientos legales irregulares para perseguir a líderes políticos de izquierda”.
En el caso de Julio De Vido, el entorno y sectores del peronismo argumentan que su detención —dispuesta en octubre de 2017, unos días antes de las elecciones legislativas— y la reactivación de causas sobre el filo de la prescripción ilustran ese esquema. Además, su absolución en la causa vialidad, pese al pedido de condena de diez años, y la posterior confirmación de condenas en otras causas generan para sus defensores una lógica de persecución más que de justicia meramente penal.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Desde el entorno de De Vido anticiparon que presentarán nuevos escritos ante la Justicia para exigir medidas urgentes. Juristas consultados señalan que los pedidos de detención domiciliaria por razones de salud suelen avanzar cuando hay constancia médica de riesgo, pero advierten que la decisión depende de los informes del propio Servicio Penitenciario y de la evaluación judicial.
Mientras tanto, la familia insiste en que “no se trata de privilegios, sino de garantías básicas”. Para Minnicelli, lo que ocurre es un “maltrato injustificado” y un riesgo concreto para la salud del exministro. Organizaciones de derechos humanos analizan intervenir con pedidos formales de verificación médica independiente.
El caso, que combina denuncias sanitarias, tensiones políticas y cuestionamientos al Poder Judicial, promete escalar en los próximos días. La situación de Julio De Vido vuelve a abrir un interrogante sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar derechos fundamentales, incluso en causas de alto voltaje político.
