El Gobierno aprovecha el envión electoral para relanzar las reformas laboral y tributaria que prometen “modernizar” el país, pero que en los hechos implican una nueva ola de precarización y transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. Mientras el oficialismo festeja, se prepara una avanzada legislativa que pone en juego derechos conquistados y el modelo social argentino.
La calma en la Casa Rosada, tras la euforia del domingo electoral, fue apenas una puesta en escena. En los pasillos del poder se respira una sensación distinta: la del momento decisivo para consolidar un proyecto económico que, bajo el argumento de la eficiencia, busca desmontar los últimos resabios del Estado social argentino. “Ayer festejamos, hoy volvemos al trabajo”, resumió un funcionario. El trabajo, en este caso, no es otro que el de desarmar décadas de conquistas laborales y fiscales.
Javier Milei ordenó acelerar los tiempos. Las reformas laboral y tributaria están redactadas y serán enviadas al Congreso en diciembre, cuando el oficialismo tenga más bancas y un escenario legislativo más favorable. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, dijo el Presidente en A24.
El poder del voto como cheque en blanco
El resultado electoral es leído en Balcarce 50 como una carta de legitimación para profundizar el rumbo. La victoria legislativa fortaleció a La Libertad Avanza, que pasó de ser una fuerza minoritaria a contar con más de 90 diputados y un peso creciente en el Senado. “No es lo mismo tener 35 que 90 y pico”, celebró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Pero esa expansión numérica no implica consenso social. Por el contrario, los proyectos que prepara el Ejecutivo anticipan una confrontación abierta con los trabajadores, los sindicatos y gran parte de las pymes. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que la reforma laboral incluirá “salarios dinámicos”, pago en distintas monedas y convenios por empresa. Bajo la retórica de la libertad contractual, el plan oficial implica una flexibilización integral del trabajo, que debilita las paritarias, precariza el empleo y legaliza el multiempleo y los despidos baratos.
“Ganamos todos”, dijo Milei, pero los antecedentes de los noventa —cuando el mismo argumento se usó para justificar la desregulación laboral de Domingo Cavallo— muestran que las únicas ganadoras fueron las corporaciones empresarias y financieras.
Una reforma tributaria hecha a medida del poder económico
En paralelo, la reforma tributaria que impulsa el Gobierno busca reducir la carga impositiva a los grandes capitales y concentrar la recaudación en pocos tributos. El discurso de “simplificación” oculta un nuevo esquema regresivo: menos impuestos a la renta y al patrimonio, más peso sobre el consumo y las provincias. Según especialistas citados por Ámbito Financiero y Página/12, el recorte afectaría directamente la coparticipación y los ingresos de las jurisdicciones más pobres, mientras se favorece a los exportadores y grupos concentrados.
Lejos de ser una modernización del sistema, se trata de una reconfiguración del contrato fiscal argentino hacia una lógica neoliberal clásica: menos Estado, menos derechos y más dependencia de la inversión externa.
El nuevo tablero político: acuerdos o extorsión
Con los números en alza, Milei prepara su ofensiva legislativa con cautela, pero también con una clara estrategia: negociar desde la fuerza. Patricia Bullrich y Diego Santilli, recién electos, funcionan como operadores con los gobernadores “dialoguistas”, mientras Guillermo Francos y Santiago Caputo tejen vínculos con los bloques provinciales. “El triunfo nos da margen para negociar con menos costo político”, admitió un alto funcionario.
En los hechos, ese margen significa presionar a las provincias con recursos fiscales, obras y cargos a cambio de votos en el Congreso. No hay diálogo federal, sino un toma y daca condicionado por el poder central.
El Consejo de Mayo y el relato del consenso
El Ejecutivo promueve el llamado Consejo de Mayo como “espacio institucional” de acuerdos entre empresarios, sindicatos y el Congreso. Sin embargo, lejos de un pacto social, se perfila como una mesa de legitimación del ajuste. En ese foro, los representantes del poder económico marcarán los límites de las reformas, mientras el Gobierno busca encubrir bajo un ropaje republicano decisiones tomadas de antemano.
La postergación de los cambios de gabinete hasta diciembre responde a una misma lógica: preservar el control político mientras se cocina la arquitectura del ajuste. Los relevos de Patricia Bullrich y Luis Petri se definirán cuando el nuevo esquema esté consolidado, lo que anticipa un cierre aún más tecnocrático del elenco gobernante.
Una victoria que no se traduce en poder popular
El Gobierno siente que ganó “tiempo”, pero la pregunta es: ¿tiempo para quién? El triunfo electoral refuerza la capacidad de imponer su programa económico, pero no resuelve las tensiones sociales que genera. La inflación sostenida, la caída del consumo y el deterioro del salario real configuran un contexto explosivo. En ese marco, avanzar con reformas que benefician al capital financiero y debilitan el mercado interno puede ser políticamente suicida.
