El Ejecutivo enviará al Congreso el 10 de diciembre un proyecto que introduce los “salarios dinámicos” y los “convenios por empresa”. El Gobierno promete más empleo formal, pero los sindicatos advierten que la flexibilidad laboral vuelve a ser la puerta de entrada a la pérdida de derechos.
El Gobierno nacional, a través del secretario de Trabajo Julio Cordero, adelantó los principales ejes de la reforma laboral que enviará al Congreso el próximo 10 de diciembre. Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Cordero explicó que el proyecto forma parte de las “reformas de segunda generación” impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, con el objetivo declarado de “dinamizar el empleo y mejorar la productividad”.
El funcionario confirmó que se trabaja en un plan de incremento salarial dinámico, orientado a elevar los sueldos reales por encima de los de convenio. Según detalló, la propuesta busca que “los empleadores paguen más a los trabajadores que se destaquen”, introduciendo un diferencial por mérito que rompa con la lógica tradicional de aumentos homogéneos atados a la inflación.
Otro de los puntos centrales será la posibilidad de establecer “convenios por empresa”, lo que permitiría que cada compañía negocie directamente con su sindicato cuando las paritarias nacionales o de actividad queden “desfasadas”. Según Cordero, este mecanismo otorgará mayor flexibilidad al sector privado y contribuirá a reducir la informalidad laboral.
Flexibilidad o precarización
La idea de “flexibilizar” el mercado de trabajo no es nueva en la Argentina. Desde las reformas impulsadas por Domingo Cavallo en la década del noventa, la promesa de que la flexibilidad generaría más empleo terminó, en la práctica, derivando en precarización laboral, caída del salario real y abaratamiento de los despidos.
Bajo el argumento de “modernizar” las relaciones laborales, aquellas políticas habilitaron la proliferación de contratos temporales, subcontrataciones y modalidades que fragmentaron el empleo formal, debilitando el poder sindical y reduciendo derechos adquiridos. Para los gremios, la nueva propuesta retoma una lógica conocida: “flexibilizar” en nombre de la competitividad termina significando trabajo más inestable y menos protegido.
La CGT manifestó su “rechazo categórico a cualquier intento de reforma laboral que vulnere derechos fundamentales bajo el pretexto de la eficiencia o la productividad”. Desde la central obrera advierten que los llamados “salarios dinámicos” pueden derivar en un sistema de competencia individual que erosione los convenios colectivos y consolide la desigualdad dentro de las empresas.
Los ejes de la iniciativa
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
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Salarios dinámicos, atados al rendimiento individual y a la productividad.
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Convenios por empresa, que permitirían negociar condiciones particulares y diferenciales por fuera de las paritarias generales.
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Reducción de sanciones laborales, bajo el argumento de fomentar la formalización.
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Prioridad de convenios empresariales sobre los de actividad, lo que implicaría un cambio estructural en el esquema legal vigente.
El Gobierno sostiene que este modelo modernizará el mercado de trabajo y atraerá inversiones en un contexto donde más del 40 % de los trabajadores se desempeña en la informalidad. Sin embargo, especialistas advierten que el problema no es la rigidez de las normas laborales, sino la falta de políticas productivas y de un horizonte de crecimiento sostenido.
Un debate que vuelve
El anuncio se da en un escenario de estanflación y conflictividad social creciente, donde el oficialismo busca mostrar iniciativa antes de las elecciones de octubre. La estrategia económica combina ajuste fiscal, apertura comercial y flexibilización laboral como pilares para recuperar competitividad. Pero el costo social del programa ya se siente en la caída del consumo, el cierre de pymes y el deterioro de los ingresos.
En el Congreso, el proyecto enfrentará una resistencia firme del movimiento obrero y de parte de la oposición política, que anticipa su rechazo a cualquier reforma que rompa el sistema de paritarias o debilite los derechos laborales.
El Gobierno presenta la reforma laboral como un paso hacia un mercado más moderno y meritocrático. Sin embargo, detrás del discurso de la “flexibilidad dinámica” persiste una tensión histórica: cada vez que se flexibilizaron las leyes laborales en Argentina, el resultado fue pérdida de derechos, precarización y despidos más baratos.
La experiencia de los años noventa dejó una advertencia que vuelve a tener vigencia: cuando la flexibilidad se impone sin equilibrio entre capital y trabajo, el ajuste siempre recae sobre los asalariados. La nueva reforma reabre esa vieja disputa sobre qué modelo de país se busca construir y quién pagará el costo de su “modernización”.
